Abel Martínez Velázquez
Expediente 77/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 77/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Abel Martínez Velázquez
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que Abel Martínez Velázquez, no interpuso recurso de queja, contra el auto de dieciséis de febrero del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, habiendo transcurrido el término concedido para tal efecto; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso B, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto sobreseído, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso B, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión al no haber admitido la demanda intentada por la parte quejosa. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Vista la constancia de notificación, así como la certificación que antecede, se advierte que Abel Martínez Velázquez, al constituirse la actuaria en el lugar de su reclusión (Centro de Readaptación Social de Tehuantepec, Oaxaca) el diez de febrero del año en curso, dicha fedataria asentó ".quedar legalmente notificado del auto y requerimiento y que no firma por no ser así su voluntad, ya que por indicaciones de su abogado no lo va a hacer hasta en tanto hable con él"; sin embargo, agréguese el ocurso de Abel Martínez Velázquez, con el que manifiesta dar cumplimiento a la prevención contenida en el acuerdo de ocho de febrero del año en curso. Visto el escrito de demanda firmado por Abel Martínez Velázquez, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Matías Romero Avendaño, Oaxaca y 2. Director del Centro de Reinserción Social de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, que hace consistir literalmente en lo siguiente: *************** De la autoridad señalada como EJECUTORA, reclamo; el incumplimiento que de manera ilegal tratan de cumplimentar la medida cautelar impuesta al haberse decretado la prisión preventiva oficiosa en mi contra, manteniéndonos recluidos en el centro de reinserción social en santo domingo Tehuantepec, Oaxaca." DESECHAMIENTO Previo a acordar lo conducente, es necesario examinar el escrito inicial a fin de determinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se actualiza algún motivo manifiesto e indudable para estimar lo contrario, en términos del artículo 113 de la ley de Amparo, del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. **************** En este sentido, este órgano jurisdiccional estima actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 17 y 18, del mismo ordenamiento legal, en virtud que resulta extemporánea la presentación de la demanda. Para evidenciarlo, es preciso indicar que los artículos en cita establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. - - -- [...]" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." El primer precepto aludido establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que fijan los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo; arábigos que disponen que el plazo genérico para la promoción del juicio de amparo es de quince días, que se computará a partir del día siguiente a aquél en que: a) surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) el quejoso haya tenido conocimiento del acto o su ejecución; c) o se ostente sabedor del mismo (salvo el caso de la fracción I del artículo 17). Así, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis, pues son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno; es decir, el plazo dentro del cual debe ejercerse la acción de amparo puede contarse indistintamente a partir de que se actualice cualquiera de los citados supuestos normativos; como lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo XXXIII, enero de 2011, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 163172, del tenor siguiente: ************** Referido lo anterior, se reitera que los actos reclamados en este juicio de amparo son las determinaciones de veintiuno de febrero del dos mil veinte y veintisiete de febrero del año dos mil veinte, emitidas en la causa penal 155/2019, por el Juez de Control del Distrito Judicial de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, por medio de la cual calificó de legal la detención y vinculó a proceso; la segunda resolución aludida fue notificada a Abel Martínez Velázquez en esa misma audiencia (veintisiete de febrero de dos mil veinte). Circunstancia que se corrobora con lo informado en el juicio de amparo 379/2020 de este índice, por el Juez de Control del Circuito Judicial Sede Matías Romero, Oaxaca, en el sentido de que la resolución combatida fue notificada a Abel Martínez Velázquez el veintisiete de febrero de dos mil veinte, el cual fue asistido por Benito Martínez García, defensor público del Estado; asimismo, hizo del conocimiento que no calificó de legal la detención del quejoso porque la audiencia de veintiuno de ese mes y año fue con la finalidad de formular imputación en cumplimiento a una orden de aprehensión: lo anterior, constituye un hecho notorio para este Juzgado Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 88 de Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Aunado a que el juicio de amparo 379/2020 de este índice, fue promovido a favor del mismo quejoso por Clemente Ramírez Rodríguez, quien se ostentó defensor particular del impetrante, contra los mismos actos que ahora reclama, por lo que ante tal circunstancia, se requirió al juez de origen a efecto que manifestara si tenía tal carácter, informando que hasta esa data, no tenía reconocida la personalidad con la que se ostentó en el escrito inicial de demanda (defensor particular); ordenándose la notificación del quejoso a efecto de que ratificara dicho ocurso. En ese sentido, si bien es cierto que dicho justiciable no ratificó la demanda, ante la prevención formulada, también lo es que resulta incuestionable que desde esa fecha en que se le notificó formalmente los actos que ahora reclama, tiene conocimiento de los mismos. Por lo que aun cuando la determinación en que se tuvo por no presentada la primigenia demanda, no hace inejercitable en el caso concreto la acción constitucional de amparo contra los actos que reclama, ya que esto está condicionado a que la misma se promueva dentro del plazo previsto en la propia ley de amparo, según la naturaleza del acto controvertido. *************** Por otra parte, los numerales 82, fracción I, inciso a), y último párrafo, en relación con el 84, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen: "Artículo 82. Formas de notificación. Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: En Audiencia; - - - -- - (...) Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación." "Artículo 84. Regla general sobre notificaciones. Las resoluciones deberán notificarse personalmente a quien corresponda, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que se hayan dictado. Se tendrán por notificadas las personas que se presenten a la audiencia donde se dicte la resolución o se desahoguen las respectivas diligencias. - -- - (...)". Entonces, la notificación de la resolución emitida en la audiencia de diez de abril de dos mil veinte surtió efectos el día siguiente al en que fue practicada, esto es, el trece de abril del mismo año. PRECISIÓN SOBRE ACUERDOS GENERALES EMITIDOS POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. Es importante destacar que con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante Acuerdos Generales 4/2020 y 6/2020, en términos generales, tomó medidas de protección y preventivas para protección de las servidoras y los servidores públicos, así como los justiciables, por lo que suspendió labores y estableció medidas de contingencia y esquemas de trabajo para los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, a partir del dieciocho de marzo hasta el cinco de mayo del año que transcurre, decretando, entre otros aspectos, que durante ese periodo no correrían plazos y términos procesales, no se celebrarían audiencias y tampoco se llevarían a cabo sesiones de los Plenos de Circuito, salvo en los órganos jurisdiccionales en guardia, exclusivamente, para la atención de casos urgentes, considerando como tales, los previstos en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 48 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Posteriormente, en sesión extraordinaria de veintisiete de abril del año en curso, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el diverso Acuerdo General 8/2020, mediante el cual aprobó el trámite a los casos nuevos que se calificaran de urgentes, promovidos de forma física o juicio en línea, a partir del seis de mayo de dos mil veinte, ampliando el catálogo de casos urgentes, entre los cuales se consideraron los autos de vinculación a proceso. En efecto, los artículos 1, 3 y 4, fracción II, inciso f), de tal Acuerdo General, disponen: "Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 6 al 31 de mayo de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados: I. Trámite y resolución de casos urgentes. Únicamente se dará trámite a los casos nuevos que se califiquen como "urgentes", ya sea que se promuevan de forma física o mediante "juicio en línea" en uso de la firma electrónica, de conformidad con lo dispuesto en Capítulo I del presente Acuerdo. Para efectos del presente acuerdo, la "firma electrónica" comprende a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). (...). II. Resolución de casos tramitados físicamente. (...). III. Trámite y resolución de casos tramitados mediante "juicio en línea". (...). IV. Suspensión de plazos y términos para casos restantes. Tratándose de solicitudes, demandas, recursos, juicios y procedimientos en general distintos a los previstos en las fracciones anteriores, así como para la interposición de recursos en contra de las sentencias y resoluciones dictadas conforme a la fracción II, no correrán plazos y términos procesales, no se celebrarán audiencias ni se practicarán diligencias. Con independencia de lo anterior, en el Capítulo IV se establecen algunas reglas específicas para la actuación de los órganos jurisdiccionales que conozcan de asuntos de naturaleza penal". "Artículo 3. Durante el período definido en el artículo 1, sólo se dará trámite a las solicitudes, demandas, incidentes y recursos nuevos, es decir, no radicados previamente, cuando se trate de casos urgentes, con independencia de que se promuevan física o electrónicamente". "Artículo 4. Deberán considerarse como urgentes, de forma enunciativa y no limitativa, los siguientes asuntos: (...) II. En materia penal: . f) Las vinculaciones a proceso; (...)". Después, el veinticinco de mayo de dos mil veinte, el Pleno del Consejo emitió el Acuerdo General 10/2020, mediante el cual prorrogó la vigencia del diverso 8/2020, hasta el quince de junio de dos mil veinte. Con posterioridad, el Pleno emitió el Acuerdo General 13/2020, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, a través del cual se prorrogó la suspensión de labores del dieciséis al treinta de junio de dos mil veinte, con el esquema de contingencia ahí establecido. Y con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se continuó con la suspensión de labores hasta el quince de julio de dos mil veinte, reanudándose las actividades jurisdiccionales contempladas en dicho acuerdo plenario. Posteriormente, se prorrogó tal circunstancia hasta el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Por Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, publicado el treinta y uno de julio del presente año, en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del tres de agosto siguiente; en específico en su artículo 2, se ordenó levantar la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al dos de agosto del año en curso. En tales condiciones, el actual esquema de actividades para los órganos jurisdiccionales exige que en los casos donde el acto reclamado se haya emitido dentro de los periodos en que el Poder Judicial de la Federación suspendió sus actividades, no debe atenderse únicamente a los lineamientos de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, sino también a los periodos en que los órganos no funcionaron o lo hicieron con motivo de su guardia para el despacho de casos urgentes, lo que es acorde con el contenido del numeral 19 de la legislación citada, en tanto enuncia que son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, mientras son inhábiles los supuestos en particular ahí precisados, así como aquellos en que las actividades se encuentren suspendidas o no se pueda funcionar por causa de fuerza mayor. Bajo esas consideraciones, de conformidad con los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo, en relación con los Acuerdos Generales 8/2020, 10/2020, 13/2020, 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el término de quince días para presentar la demanda de amparo transcurrió del dos al veintitrés de marzo de dos mil veinte, pues el veintiocho de febrero de ese año surtió efectos la notificación del auto de vinculación a proceso dictado en la audiencia de veintisiete de febrero del año próximo pasado; sin contar los días siete, ocho, nueve, quince, dieciséis, veintiuno y veintidós de marzo de dos mil veinte, por haber sido inhábiles. Luego, si la demanda de amparo se presentó hasta el tres de febrero de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz es innegable que resulta extemporánea; es decir, el auto de vinculación a proceso dictado en la audiencia de veintisiete de febrero de dos mil veinte, en la causa penal 155/2019, es un acto consentido tácitamente, por haberse reclamado fuera del plazo de quince días establecido en la Ley de Amparo. Aunado a ello, el auto de vinculación a proceso reclamados no es de los actos que se contemplan entre los supuestos de excepción a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo; ya que no se trata de una norma general de carácter autoaplicativa; un procedimiento de extradición; una sentencia condenatoria con pena privativa de la libertad; cualquier acto que pueda afectar derechos agrarios de la población ejidal; actos que tengan relación con la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; o incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; consecuentemente, con fundamento en el numeral 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda instada por Abel Martínez Velázquez. Como apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 38, libro 18, mayo de 2015, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA." Así como la diversa jurisprudencia penal de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, con registro 2022096, publicada el once de septiembre de dos mil veinte, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 9/2018 (10a.) EMITIDA POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, NO ES APLICABLE PARA DETERMINAR SI LOS DÍAS NO LABORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBEN DESCONTARSE DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PREVISTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, CUANDO SE RECLAME ALGUNA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN LA AUDIENCIA INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO Y ORAL." Notifíquese a la parte quejosa en el lugar de su reclusión.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Abel Martínez Velázquez, por derecho propio, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Matías Romero Avendaño, Oaxaca y 2. Director del Centro de Reinserción Social de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, que hace consistir literalmente en lo siguiente: IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. La ilegalidad de los provistos de fecha 21 veintiuno de febrero del 2020 y 27 veintisiete de febrero del año 2020 dos mil veinte, en la causa penal 155/2019, dictados por el juez de control del distrito judicial de Matías romero Avendaño Oaxaca, Lic. Edgar Ruiz Santiago., por medio de la califico de legal la detención y vinculo a proceso. Los citados proveídos que se han dictado en la causa penal que se me instruyen por el delito de violación agravada, previsto y sancionado por los artículos 246 y 248 bis fracción I. del código penal estado de Oaxaca, violación agravada, previsto y sancionados en el artículo 247 y 248 bis fracción I. del código penal del estado de Oaxaca. Resulta ser violatoria de mis garantías constitucionales y derechos humanos al vincularme a proceso, la aplicación de los citados preceptos resulta ser ilegal su aplicación, toda vez que los elementos de pruebas del agente del ministerio público no son suficientes para acreditar mi participación en un hecho con apariencia de delito y los mismos se obtuvieron con violación a derechos humanos y debido proceso. De ahí que, el acto reclamado por esta vía me deja en estado indefenso para enfrentar un proceso penal en prisión preventiva por el que se me ha vinculado a proceso, violándose con ello nuestras garantías constitucionales, que consagra el artículo 14, constitucional, porque me tiene privado de mi libertad personal, sin que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, y ante los tribunales previamente establecidos. De la autoridad señalada como EJECUTORA, reclamo; el incumplimiento que de manera ilegal tratan de cumplimentar la medida cautelar impuesta al haberse decretado la prisión preventiva oficiosa en mi contra, manteniéndonos recluidos en el centro de reinserción social en santo domingo Tehuantepec, Oaxaca." ANOTACIONES Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 77/2021-VI-B. PREVENCIÓN Con fundamento en lo previsto por los artículos 108 y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de CINCO DÍAS contado a partir de la legal notificación del presente proveído, y bajo protesta de decir verdad, para los efectos del artículo 261 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y ." Desahoguen el siguiente requerimiento: 1. Deberá manifestar si ratifica o no el contenido de la demanda de cuenta; en los términos que a continuación se precisarán. Lo anterior es así, ya que ante la duda respecto de la legitimidad de la firma y a fin de que este Juzgado de Distrito, se cerciore de que la demanda fue promovida efectivamente por el gobernado a quien perjudica el acto de autoridad y dado que la firma constituye la manifestación de voluntad del agraviado, el suscrito, considera necesario, mandar ratificar la firma que calza la demanda de amparo que se provee. Por lo que, es dable requerir al promovente, para que en el acto de la notificación del presente proveído, manifieste bajo protesta de decir verdad, si dicha firma fue plasmada de su puño y letra y, por lo tanto, es suya la que calza el escrito de cuenta. Circunstancia que este órgano jurisdiccional considera necesaria, ya que en el diverso juicio de amparo 379/2020, del índice de este juzgado, promovido a nombre del mismo quejoso por tercera persona, obra la constancia de notificación personal al aquí impetrante, de catorce de diciembre del año próximo anterior, relativa al proveído de once ese mes y año, de la que se desprende la firma que éste estampó en presencia del actuario judicial, la cual diverge de manera evidente de la plasmada en el escrito de demanda que dio inicio al presente juicio; lo que constituye un hecho notorio para este Juzgado Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 88 de Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sin que para invocar como un hecho notorio dictado por el propio órgano jurisdiccional, o bien por uno distinto, deban agregarse copias certificadas de las constancias relativas, ya que bastará que al momento de invocar esa figura, se tengan a la vista aquéllas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 2018, Materia Común, del rubro y texto literal siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE) Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Así como la jurisprudencia 2a./J. 103/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Ello es así, ya que de proveer lo conducente en relación con la demanda, sin antes aclarar esa situación, es decir sin tener la certeza que la persona que la promueve efectivamente manifestó su voluntad, iría en franco perjuicio de las demás partes. Sustenta lo anterior, la tesis jurisprudencial 1a./J. 128/2005, con número de registro 176725, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Noviembre de 2005, Novena Época, página 11, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. PARA TENER POR MANIFIESTA LA VOLUNTAD DE PROMOVERLA, LA FIRMA O FIRMAS PUEDEN ESTAMPARSE EN HOJAS ANEXAS. El artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece que por suscripción de un documento, se entiende la colocación, al pie del escrito, de las palabras que con respecto a su destino sean idóneas para identificar a la persona que suscribe; sin embargo, tratándose de la demanda de garantías, la firma correspondiente puede ser plasmada en hojas anexas, pues el hecho de que la misma no se imprima al pie de la última hoja con la que termina el texto de la demanda sino en una o varias anexas, no significa que no existe el propósito de promover tal demanda, ya que al haberse acompañado al escrito relativo forma parte de ella y constituye el signo expreso e inequívoco de su voluntad, máxime si se toma en cuenta que el documento que contiene la demanda constituye un todo integral, salvo prueba en contrario, esto es, mientras no se demuestre que la firma de que se trata no fue puesta del puño y letra del titular de la demanda o de su representante. Además, en el caso de que el Juez o el tribunal del conocimiento tengan dudas respecto a la identidad y voluntad del quejoso para promover la demanda de garantías, podrá prevenirlo para que ratifique o haga la aclaración correspondiente, de acuerdo con los artículos 146 y 178 de la Ley de Amparo, respectivamente." Sustenta la anterior determinación, por las razones que contiene la tesis VI.2º.692 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, Tomo XIV, (noviembre de 1994), página 435, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 209959, que a la letra indica: "DEMANDA DE AMPARO. NO FIRMADA POR EL DIRECTAMENTE INTERESADO. En el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta a través de su firma, y cuando no saben, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho. Por lo tanto, si la demanda de garantías no fue firmada por el quejoso ni por su representante, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio de garantías, por lo que, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 4o. del mismo ordenamiento legal, máxime que de admitir y tramitar esa promoción, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que esa firma, que no corresponde a su puño y letra, es suya, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes." Asimismo, se cita la tesis con número de registro 218629, aprobada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Septiembre de 1992, página 345, Octava Época, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "RATIFICACION DE FIRMAS QUE CALZAN LA DEMANDA DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO TIENE FACULTAD PARA ORDENAR LA. La Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, no contempla en forma expresa facultad a favor del juez de Distrito para ordenar la ratificación de las firmas que calzan una demanda de garantías. Sin embargo, debe señalarse que el artículo 146 de la Ley de Amparo lo autoriza para mandar prevenir al promovente cuando advierta irregularidades en el escrito de demanda. Por tanto, ante la duda respecto de la legitimidad de las firmas y a fin de cerciorarse de que la demanda fue promovida efectivamente por el gobernado a quien perjudica el acto de autoridad y dado que la firma constituye la manifestación de voluntad del agraviado, el juez de Distrito puede, si lo considera necesario, mandar ratificar la demanda de amparo respectiva." Por lo que, ante la duda respecto de la legitimidad de las firmas, pues sin ser perito en la materia este Juzgado de Distrito advierte que, la rúbrica que calza la demanda que dio origen al juicio en que se actúa, es diferente a la constancia de notificación referida en párrafos que preceden. APERCIBIMIENTO Apercibido que de ser omiso o de no ratificar la firma que calza el escrito de cuenta en el acto de la notificación del presente proveído, se tendrá por no expresada la voluntad del promovente, esto es, como si careciera de firma y se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Por tanto, comisiónese al actuario de la adscripción para que se constituya en el Centro de Readaptación Social de Tehuantepec, Oaxaca, lugar en el que se encuentra privado de su libertad el quejoso y le notifique el presente proveído; asimismo, le ponga a la vista copia certificada del escrito inicial de demanda a efecto que esté en aptitud de desahogar la prevención que antecede; esto por así advertirse del juicio de amparo referido en la certificación de cuenta. Asimismo, el actuario de la adscripción, deberá hacerle expreso conocimiento que de ser la hipótesis, este juzgado ordenará de oficio el desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopía, a fin de verificar la autenticidad de la firma que calza la demanda de amparo; con las consecuencias legales que del resultado de esa experticia deriven para el promovente. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 59/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 1234, Libro 43, junio de 2017, Tomo II, con registro 2014436, de rubro y tenor literal siguientes: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES." DOMICILIO Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida Puerto Ángel número trescientos diez, Barrio Santa Rosa, en Salina Cruz, Oaxaca. Sin que haya lugar a proveer de conformidad la solicitud del promovente para su práctica en la dirección electrónica que menciona, toda vez que de la interpretación de las disposiciones relativas a las notificaciones en el juicio de amparo en el artículo 26 de la aludida Ley, si bien establece su práctica vía electrónica, lo cierto es que en la especie de la consulta realizada al "Reporte de autorizados para consultar expediente electrónico" visible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se aprecia que dicho correo no está asignado a usuario alguno, siendo obligación de las partes gestionarlo de manera expresa y proporcionar el usuario que asignaron al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo previsto en los numerales 35 en relación con el 55 del Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. No obstante, respecto de la citada dirección electrónica que proporciona, en términos del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones, se tienen como tal, siempre que no sean de aquellas comunicaciones procesales, como lo son las notificaciones que le correspondan, ello a efecto de salvaguardar su propia seguridad jurídica en este juicio respecto de plazos y apercibimientos que se le llegaran a formular. Asimismo, no ha lugar a proveer de conformidad la solicitud del promovente de tener los números telefónicos que proporciona, toda vez que de la interpretación de las disposiciones relativas a las notificaciones en el juicio de amparo en el artículo 26 de la aludida Ley, si bien establece su práctica vía electrónica, no es como tal para realizarla a través de dicho medio. Lo anterior, sin perjuicio de que en términos del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo se establecen formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones, se tenga como tal, siempre que no sean de aquellas comunicaciones procesales, como lo son las notificaciones que le correspondan, ello a efecto de salvaguardar su propia seguridad jurídica en este juicio respecto de plazos y apercibimientos que se le llegaran a formular. AUTORIZADO Por otra parte, téngase únicamente como autorizado para oír y recibir notificaciones a Clemente Ramírez Rodríguez, por no tener demostrada su personalidad en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en la segunda parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo. Por otra parte, téngase como autorizada para oír y recibir notificaciones a la diversa persona que indica, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Por otra parte, dado que en la especie el asunto que en esta data se provee fue promovido físicamente, es menester hacer mención a las partes que con fundamento en el numeral 22 del multicitado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, se les exhorta (invita) continúen dicha tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", ya que representa celeridad en el despacho del asunto, incluso hasta resolver en definitiva. En ese orden de ideas, se invita a las partes quienes en su caso no tengan autorizada la actuación "en línea", a que soliciten, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, en observancia a lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se les hace también mención, que para el caso de que no cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y con la finalidad de que la obtengan, se les invita a ingresar a la siguiente dirección http://firel.pjf.gob.mx. En el entendido que en caso contrario a lo anterior se harán las notificaciones por lista, misma que hasta en tanto no se permita el acceso libre a los órganos jurisdiccionales Federales, su consulta deberá efectuarse en la publicación que se realiza en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, o de ser el deseo de las partes consultarla físicamente, se visualizarán en el lugar de fácil acceso que designe la administración regional (de las que previamente este juzgado enviará vía correo a dicha área), y en términos de la segunda parte del numeral 29 de la Ley de Amparo. FEDATARIOS DE LA ADSCRIPCIÓN Ahora bien, se hace mención a los fedatarios de la adscripción que las notificaciones dirigidas a las partes y que tengan que realizar de manera personal en los domicilios señalados para tal efecto, deberán hacerlas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar su integridad y salud, así como la de aquéllos, en términos de lo previsto en la fracción XIV del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con la fracción I del numeral 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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