Abel Marín Mendoza

Expediente 7/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 28 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
7/2018
Año
2018
Actuaciones
28
Última actuación
24/10/2018

Partes del expediente

  • Abel Marín Mendoza
  • Tribunal de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Guerrero, Con Sede En Chilpancingo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa para hacer las manifestaciones que estimara convenientes en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que lo haya hecho así; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si con las constancias que obran en autos se encuentra o no cumplida. En primer término, se tiene que Abel Marín Mendoza, como actor en el juicio burocrático 49/2009, y su acumulado 391/2009, reclamó del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, la omisión de tomar las medidas necesarias para que se cumpliera el laudo ahí pronunciado. En la ejecutoria materia de esta resolución, se concedió el amparo para el efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero: " (.) dicte las medidas necesarias para que se emita y entregue a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado el oficio correspondiente, asimismo se notifique al Ayuntamiento demandado el proveído de veintitrés de enero pasado, y en caso de que éste desatienda lo ahí ordenando, haga efectivo el apercibimiento decretado y requiera nuevamente el cumplimiento del laudo." A la anterior conclusión se arribó al ponderarse las siguientes circunstancias: " (.) la actitud del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, a través de su Presidente Ejecutor transgrede el derecho consagrado en el artículo 17 Constitucional, pues en el trámite de la ejecución de laudo para procurar su eficaz e inmediato cumplimiento, ha soslayado hacer uso de las medidas que contemplan los ordinales artículos 95 al 98 de la Ley 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero; ya que desde el quince de febrero de dos mil dieciséis, en que se dictó auto de ejecución al veintitrés de enero de dos mil dieciocho, previa petición de la parte interesada, el Presidente ejecutor sólo ha requerido al Ayuntamiento demandado el cumplimiento del laudo y ha hecho efectiva una multa por la cantidad de mil pesos, sin que obre en el sumario constancia alguna que acredite la emisión y entrega del oficio correspondiente a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, así como de las notificaciones relativas a los requerimientos de tres de junio de dos mil dieciséis y veintitrés de enero de dos mil dieciocho, al Ayuntamiento demandado, obligación que le corresponde a la autoridad responsable informar en cualquier etapa del juicio de amparo. Atento a lo anterior, se colige que hasta el momento no se ha materializado lo mandado en acuerdo de veintitrés de enero pasado lo que denota que la responsable ha sido omisa en llevar a cabo los mecanismos necesarios para lograr ese objetivo, es decir, no ha tomado las medidas necesarias para lograr el cumplimiento del laudo, pues es insuficiente sólo ordenar la ejecución del laudo, dado que lo importante y necesario es que tal actuación se cumpla para lo cual deben tomarse medidas efectivas para lograr ese objetivo, esto es, acatando los acuerdos y en todo caso las diligencias que se dicten con la finalidad de cumplimentar lo ordenado en el laudo, aunado a que ha soslayado en aplicar medidas de apremio más severas que prevén los citados numerales, esto es, dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes conforme al ordinal 97 de la referida legislación. Lo anterior es así, ya que para que un laudo tenga eficacia, debe ser ejecutado, para lo cual las autoridades respectivas podrán hacer uso de los medios a su alcance con la finalidad de lograr ese propósito." Por otro lado, es importante destacar que en la propia sentencia amparadora se fijaron los alcances de dicho fallo, esto es, que "(.) tales efectos, deben limitarse únicamente a los actos indicados, atento al contenido de la tesis 2a. CV/2013 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732, de rubro "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN LIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMEINTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA Ja./J45/2007)". Luego, la intelección de lo reseñado con antelación da cuenta de que el hecho que motivó la concesión de la protección de la justicia federal derivó de que no se comprobó que el auto de veintitrés de enero de dos mil dieciocho haya sido cumplimentado, es decir, que se hubiera notificado al destinatario del requerimiento ahí contenido y que en caso de desacato, se le impusiera la medida de apremio con la que se le apercibió, siendo esto el núcleo esencial del fallo. Lo anterior adquiere congruencia si se parte del hecho de que la Ley 51 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, sólo prevé como medida de apremio la multa, de modo que lo dispuesto por el artículo 97 de dicha legislación debe interpretarse en armonía con lo establecido en los diversos ordinales 33, fracción VIII, y 98, que dan cuenta de que la gama de instrumentos para lograr hacer cumplir sus determinaciones pende de la petición expresa que sobre el particular haga el interesado; del auxilio que se solicite a otras autoridades, lo que en este caso derivó de la intervención de la autoridad exactora a la que se encomendó hacer efectiva la medida de apremio respectiva; o bien, de la infracción a la obligación antes citada. Es ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 133/2008 que integró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 227, del Tomo XXVIII, septiembre de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "LAUDOS. ADEMÁS DE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUENTA CON UNA AMPLIA GAMA DE INSTRUMENTOS LEGALES PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fija la garantía a la tutela jurisdiccional y acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias, de ahí que las leyes locales y federales deban establecer los medios necesarios para garantizar su cumplimiento, pues de lo contrario se haría nugatoria dicha garantía. A partir de lo anterior, el artículo 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado ordena al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, a cuyo efecto dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. A su vez, conforme al artículo 151 de la ley citada, la primera actuación del procedimiento de ejecución consiste en dictar acuerdo ordenando ésta a través de la presencia de un actuario, en compañía de la parte actora en el domicilio de la demandada, a quien requerirá el cumplimiento de la resolución bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrán las medidas de apremio previstas en el artículo 148, el cual sólo prevé la imposición de multa hasta por $1,000.00. Por otra parte, las fracciones III y IV del artículo 43 del indicado ordenamiento, imponen la obligación a los titulares de reinstalar a los trabajadores y ordenar el pago de los salarios caídos o cubrir la indemnización por separación injustificada y pagar las prestaciones correspondientes cuando fueron condenados por laudo ejecutoriado, mientras que el artículo 147 prevé que el mencionado Tribunal podrá solicitar el auxilio de las autoridades civiles y militares para hacer cumplir sus resoluciones. En consecuencia, si bien la imposición de una multa es la única medida de apremio expresamente establecida por la Ley Burocrática, no puede desconocerse que el referido artículo 150 ordena al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, por lo que también podrá dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes, para lo cual la ley pone a su disposición el auxilio de las autoridades civiles y militares y señala con claridad las obligaciones legales de los titulares condenados en laudo ejecutoriado, cuyo incumplimiento puede dar lugar a sanciones de distinta naturaleza, por lo que el análisis integral de todas estas disposiciones permite considerar que el indicado Tribunal cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de los laudos que emite y no solamente con la multa." Así, una vez definidos los lineamientos de la sentencia amparadora, particularmente sobre cuál es la conducta a la que quedaron constreñidas a realizar las autoridades responsable y vinculada, se procede ahora a verificar lo que al efecto informaron. En ese sentido, en atención a los diversos requerimientos efectuados en autos, mediante oficio 3437/2018 (foja 67), el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero remitió la constancia de notificación del auto de veintitrés de enero pasado a la partes así como del acuse de recibo del oficio 1222/2016, de veintitrés de enero pasado, dirigido a la Secretaría d Finanzas y Administración del Estado para que hiciera efectiva la multa impuesta en el juicio natural, con lo que quedó cumplimentado la parte del fallo protector consistente en notificar al Ayuntamiento del requerimiento de pago contenido en el aludido proveído, así como la remisión y entrega de la comunicación oficial relativa. Por otro lado, mediante diversos oficios 4955/2018, 4875/2018, 5550/2018 y 6730/2018 (fojas 78, 87, 113 y 126), remitió copia certificada de los autos de veinticuatro de abril y catorce de junio anteriores por los que se hicieron efectivas las multas contenidas en los acuerdos de veintitrés de enero y veinticuatro de abril en cita, y se formuló un nuevo requerimiento a la autoridad demandada, así como la respectiva constancia de notificación; mientras que por diversos oficios 7729/20189, 8438/2018 y 8974/2018 (folios 136, 147 y 182) remitió las constancias para acreditar las gestiones realizadas para que la autoridad exactora hiciera efectivas las medidas de apremio en comento. No obstante lo anterior, por acuerdos de veinticinco de junio pasado, veinte y treinta de agosto pasado, se requirió a la autoridad del trabajo para que entre otras cosas, "(.) c).- Además del apercibimiento de multa que como medida de apremio para hacer cumplir sus determinaciones establece el artículo 95 de la Ley 51 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero vigente, precise qué otras medidas ha adoptado en términos del diverso ordinal 97 para que se dé cumplimiento al laudo emitido en el juicio laboral burocrático 49/2009." y "c).- instrumente otros mecanismos legales para lograr el cabal cumplimiento al laudo emitido en el juicio laboral burocrático aludido, como lo establece el diverso ordinal 97 de la Ley 51 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero vigente; lo anterior con independencia de la multa establecida en el artículo 95 de la citada legislación, la cuál sólo constituye una medida de apremio para hacer cumplir sus determinaciones, y por tanto, de naturaleza diversa a las previstas en el referido arábigo 97 del mismo ordenamiento legal." A lo anterior, por el indicado oficio 7729/2018 (folio 136) la autoridad laboral informó la imposibilidad que tenía para ello, sobre la base de que únicamente se reconoce a la multa como medida de apremio para hacer cumplir sus determinaciones y en subsecuentes comunicaciones oficiales informó las gestiones realizadas para lograr que se hicieran efectivas las medidas de apremio impuestas a la autoridad demandada; afirmación que si bien, como se indicó con antelación resulta inexacta; tampoco puede soslayarse que la medida que adoptó en términos de lo dispuesto por el artículo 97 de la Ley 51 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero se encuentra relacionada con la petición de auxilio a la autoridad exactora para verificar que la medida de apremio fue efectivamente impuesta a su destinatario. En concatenación con lo anterior, por oficio recibido en auto de siete de septiembre de dos mil dieciocho, el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero remitió las constancias con las que se comprobó que se hicieron efectivas las medidas de apremio impuestas en el juicio natural, con lo que quedó colmado lo establecido en el fallo protector para el caso de que la autoridad demandada desatendiera el requerimiento efectuado. Así, las documentales antes reseñadas tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; y al tenor de las consideraciones antes expuestas, dan cuenta de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida al haberse obtenido el resultado a que les obligaba a las autoridades responsable y vinculada la ejecutoria de amparo, por lo que se considera que la parte quejosa ha sido restituida en el goce del derecho vulnerado y por tanto, procede declarar que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, sin excesos ni defectos. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por César Israel Santes Quevedo, Secretario adscrito al propio juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero, ocho de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito signado por Ricardo Cruz Ignacio, autorizado de la parte quejosa, atento a su contenido, una vez que este juzgado se pronuncie sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo se proveerá lo conducente. Notifíquese.

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero, tres de octubre de dos mil dieciocho. Vista la razón de cuenta secretarial levantada por la Actuaria Judicial adscrita a este juzgado federal, en la que hace constar los motivos por los cuales no le fue posible notificar a la parte quejosa el acuerdo de veintiocho de septiembre del año en curso; por tanto, para no dejarlo en estado de indefensión practíquese dicha notificación así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado federal, hasta en tanto designe domicilio para tal efecto. Notifíquese.

  4. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

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