Abel Manuel Lanzarïn Roldán

Expediente 631/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 11 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
631/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
07/11/2022

Partes del expediente

  • Juez Octavo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, autoridad sustituta del Juez Séptimo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco
  • Abel Manuel Lanzarïn Roldán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, siete de noviembre de dos mil veintidós. Solicita baja del usuario electrónico. Téngase por recibido el escrito que signa Abel Manuel Lanzarin Roldán, quejoso; y atento a su petición, se procede a dar de baja del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes el usuario: "JessicaMejia" que se registró y autorizó en el presente asunto para su consulta electrónica, lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, a treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Causa estado. Como se advierte de la certificación que antecede, transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara con el auto de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, por la que se sobreseyó en el juicio e hiciera valer el recurso de revisión en su contra, sin que lo haya hecho, en consecuencia, con apoyo en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme. Orden de archivo. En consecuencia, toda vez que el presente asunto se encuentra concluido, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente como asunto concluido. Toda vez que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso a) del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Lorena Guadalupe Frías Oviedo, que autoriza y da fe. RAAG/LGFO/Rina

  3. Principal

    Informe justificado. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Juez Octavo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, mediante el cual, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, rinde informe justificado; póngase a la vista de las partes para los efectos legales conducentes, acorde a lo establecido en el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme al numeral 2o., párrafo segundo, de esta última norma. Hágase la relación respectiva al celebrarse la audiencia constitucional. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia se tienen por admitidas y desahogadas las documentales que acompaña, las que serán valoradas en el momento procesal oportuno. Se sobresee fuera de audiencia. Ahora, del aludido oficio y de las constancias certificadas que adjuntó a su informe la responsable sustituta, se advierte que ha sobrevenido una causa de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. Bajo esa postura, el artículo 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de garantías. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar las violaciones de garantías que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso concreto, el acto reclamado se hace consistir en: ". la omisión negativa y demora por parte de la autoridad responsable de EMITIR ACUERDO respecto al escrito presentado con fecha veinticinco de agosto de dos mil veinte, a través del cual se solicita SE EXTRAIGA DEL ARCHIVO JUDICIAL EL EXPEDIENTE del juicio natural de número de expediente 410/2016, del índice del Juzgado Séptimo de lo Mercantil, y además se promueve Incidente de Revocación y Levantamiento de Medida Cautelar y en consecuencia se girara oficio al titular del Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad a efecto de que cancelara la transcripción únicamente de la medida cautelar que se dictó en dicho juicio." Luego, de las constancias que acompañó al oficio de cuenta la responsable sustituta se advierte que han cesado los efectos de tal acto reclamado, dado que se proveyó el ocurso del quejoso, tal y como se aprecia de las siguientes imágenes: Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado en virtud de que como se estableció, el acto del que se duele la parte quejosa en su demanda de garantías, fue cubierta con el proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Bajo ese contexto, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobresee en el juicio de amparo fuera de audiencia. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. Como consecuencia de lo acordado anteriormente, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional que estaba señalada en el presente juicio. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Diferimiento. Vista la certificación que antecede, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días concedido la responsable sustituta en proveído de trece de julio de dos mil veintiuno, a fin de que rinda su informe justificado. Diferimiento. En tales condiciones, con la finalidad de permitir que acontezca lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. En otro contexto, de conformidad con los artículos 29, 30 y 31, del mismo ordenamiento legal, se ordena que las notificaciones a las autoridades responsables en el presente juicio de amparo indirecto, o de los recursos que llegaren a interponerse, entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deben notificarse por lista; salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se les notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable a página mil doscientos cincuenta y tres, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, que por rubro señala: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS"

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