Abel Mañez de la Fuente
Expediente 27/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 27/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Abel Mañez de la Fuente
Actuaciones
- Principal
HA TRANSCURRIDO EL TERMINO PARA QUE LAS PARTES INTERPUSIERAN RECURSO DE REVISION EN CONTRA DEL AUTO DE******DICTADA EN ESTOS AUTOS, EN EL QUE SE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA, SE DECLARA QUE LA MISMA HA CAUSADO ESTADO, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL ASUNTO, ES SUSCEPTIBLE DESTRUCCION...LA INFORMACION ES PUBLICA Y ESTARA A DISPOSICION DE LAS PARTES CUANDO LO SOLICITEN...
- Principal
Visto lo de cuenta, se provee; téngase por recibido el pedimento signado por **** mediante el cual formula alegatos y solicita se le expida copia de la resolución que se dicte en el presente juicio; atento a su solicitud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por exhibido el pedimento de mérito, sin perjuicio de dar cuenta al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Por último**** expídasele copia *******
- Principal
Villahermosa, Tabasco, catorce de enero de dos mil diecinueve. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Visto lo de cuenta, se provee; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. En ese sentido, toda vez que a criterio de este órgano jurisdiccional de momento no se advierten causales de improcedencia que conduzcan al desechamiento del presente asunto, así como tampoco de incompetencia que impidan a este órgano jurisdiccional conocer de la presente demanda de amparo, en esas circunstancias, con fundamento en los artículos 108, 109, 110, 112 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda en sus términos. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno como el juicio ********************y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. TRAMITACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin tramitarse incidencia alguna por no haberse solicitado expresamente la suspensión de los actos reclamados, ni tratarse de ninguno de los supuestos en los que debe proveerse de manera oficiosa. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De conformidad con lo establecido en el artículo 115, de la Ley de Amparo, cítese a las partes para la audiencia constitucional, que deberá tener lugar a las DIEZ HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Asimismo, se le informa a las autoridades responsables que no habrá necesidad de emitirles oficios para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una notificación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la nueva fecha y hora acordada para ese efecto las podrán consultar en la página de internet ********************., con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídaseles a las autoridades responsables su respectivo informe con justificación, que deberán rendir en el plazo improrrogable de quince días hábiles posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído, en el entendido que se tendrán por rendidos extemporáneamente aun y cuando se rinda antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomaron en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. De conformidad con lo establecido en el sexto artículo transitorio de la Ley de Amparo, tiene aplicación por las razones que la informan el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la tesis publicada en la página 351, del tomo I, Segunda Parte-1, Febrero a Junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes." Indíqueseles a las autoridades responsables que la Ley de Amparo, en su artículo 260, en relación con el diverso 238, dispone que podrá multárseles con cien a mil unidades de medidas de actualización, al momento de realizarse la conducta sancionada, en caso de que no rindan sus informes justificados o lo hagan sin remitir, en su caso con copias certificadas completas y legibles de las constancias necesarias para la solución del juicio. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN. De igual forma, comuníqueseles que se le sancionará con multa de cien a mil unidades de medidas de actualización, en términos del artículo 245 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 238, en caso de que se niegue a recibir la notificación a que se refiere el artículo 28, fracción I, del ordenamiento legal en cita, conforme al artículo Tercero transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y su actualización será acorde con lo dispuesto en el resultando segundo de la resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. REQUERIMIENTO A LAS PARTES RESPECTO DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Asimismo, con fundamento en los artículos 16 y 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento de alguna causa de improcedencia o del fallecimiento de la parte quejosa, lo comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional y de ser posible, acompañen las constancias que lo acrediten o proporcionen los datos necesarios para ese efecto, apercibidas que de no hacerlo se les impondrán las multas previstas en numerales 251 y 242 del ordenamiento legal en cita, respectivamente. REQUERIMIENTO A LAS PARTES RESPECTO DE LA EXISTENCIA DE DIVERSOS JUICIOS. En otro orden, se requiere a las partes en el presente juicio, para que informen a este Juzgado de Distrito sobre la existencia de diversos juicios de amparo promovidos contra actos derivados del juicio, proceso o procedimiento de origen, o bien que pudieren estar relacionados con los actos reclamados en el presente sumario, a efecto de determinar la competencia de este juzgador. PUNTUALIZACIÓN RESPECTO DE LA DENOMINACIÓN ERRÓNEA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la normatividad en comento); sin embargo, el suscrito considera que no es posible fijar a priori reglas absolutas sobre el grado de precisión en el señalamiento requerido para singularizar a una autoridad, sino que eso dependerá del contexto de cada asunto; puesto que algunas ocasiones el error o imprecisión del gobernado al nombrar una autoridad, podría impedir individualizarla o distinguirla de otras con denominaciones similares; por lo que de ser ese el caso, no es dable sustituir al quejoso en la expresión de la autoridad responsable. Esto en aras de una interpretación de la demanda sin rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, previsto en los artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Resulta aplicable al caso la Tesis Aislada XXVII.3o.17 K (10a.) sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la página 1933 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materia(s): Constitucional, Común; de rubro y texto siguientes: .....INTERVENCIÓN DE LAS DEMÁS PARTES De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional. Por otra parte, respecto al emplazamiento de la parte tercera interesada no ha lugar a ordenar su emplazamiento, atendiendo al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, por tanto, es de continuarse con la secuela procesal del juicio en que se actúa hasta la celebración de la audiencia constitucional, pues de ordenar su llamamiento a juicio traería consigo el retardo en la impartición de justicia, contraviniendo el derecho consagrado en el precepto constitucional citado. Aunado a que en el presente sumario el acto reclamado se hace consistir en la dilación procesal en la que ha incurrido la Junta responsable dentro de los autos del juicio de origen; por tanto, es inconcuso que ningún perjuicio le depara a la parte tercera interesada el sentido de la resolución que se dicte en el presente asunto. PRUEBAS DE LA PARTE QUEJOSA. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de la parte quejosa la presuncional legal y humana misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Asimismo, en lo que respecta a las pruebas consistentes en la instrumental de actuaciones del juicio laboral de origen y el informe justificado que ofrece la parte quejosa, se reserva proveer lo conducente hasta en tanto sean recibidas en este sumario. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su libelo de cuenta y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona. AUTORIZACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otro lado, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la nueva Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles, ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo elevado a rango de derecho humano constitucionalizado. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese en términos de ley y los oficios dirigidos a las autoridades responsables resguárdense en la actuaria de este órgano jurisdiccional hasta que las mismas reanuden sus labores..."
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