Abel López Jiménez

Expediente 102/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 28 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
102/2022
Año
2022
Actuaciones
28
Última actuación
07/03/2023

Partes del expediente

  • Abel López Jiménez
  • Miguel Ángel Cortes Chavez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se negó la protección constitucional; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Por otro lado, tomando en consideración que la autoridad responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; en consecuencia, devuélvase a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. ARCHÍVESE EL ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro electrónico. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, el ambiente o gestión ambiental; que no contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de temas de trascendencia jurídica, política, social o económica, el presente juicio de amparo no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se trata de un asunto en el que por un lado se sobreseyó en el juicio y por otra se negó la protección constitucional. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva de los actos reclamados; por lo que, una vez que transcurran más de tres años, en que se haya ordenado su archivo, deberá depurarse debiendo conservarse, únicamente las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo Vigésimo del acuerdo en cita. No obra en autos documento original, en los términos que establece el numeral 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Por último, en cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, el secretario certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: ejusticia.cjf.gob.mx/BuscadorSISE/#/BusqExp, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    EXPEDIENTILLO Vista la certificación que antecede, se advierte que a las diez horas con cuarenta minutos del cinco de diciembre de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional en el juicio de amparo 102/2022, y está pendiente de dictarse la sentencia que corresponde, por lo que se ordena formar el expedientillo con la promoción de cuenta y, se provee: Agréguese el escrito del apoderado del tercero interesado ..., atento a su contenido, se autoriza a las personas que señala para los efectos que refiere, sin que implique revocación alguna a los conferidos con anterioridad. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 102/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ****, asistido de ***, Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación la Secretaria hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo y su escrito aclaratorio; B) Oficio por el cual las autoridades responsables rindieron su informe justificado; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que la parte quejosa ofreció la testimonial, la pericial en materia de valuación y la inspección judicial descritas en su ocurso con folio 9388, mismas que se desecharon en auto de siete de junio de dos mil veintidós, lo que fue confirmado por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que ninguna de las partes los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe

  4. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 102/2022, promovido por ..., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Vigésimo Noveno Civil de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. La parte quejosa demandó el amparo contra el acto de la citada autoridad, por considerarlos violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 8, 13, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Este Juzgado admitió la acción de amparo, -previo acogimiento del recurso de queja que interpuso la quejosa-; en ese auto, el suscrito dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, requirió a las autoridades responsables su informe justificado, ordenó el emplazamiento de la tercera interesada, y fijó hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que la autoridad responsable rindió su informe justificado; la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; la parte tercera interesada fue emplazada; finalmente, y la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver este asunto de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 y 107 fracción IV de la Ley de Amparo; en atención a que se trata de un juicio contra actos derivados de un procedimiento del orden civil seguido ante un juzgado con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión. Conforme lo dispone el artículo 74, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa el acto reclamado en los siguientes términos: De la lectura integral de la demanda se advierte que el quejoso reclama el proveído de dos de febrero de dos mil veintidós, emitido en el juicio especial hipotecario ... del índice del Juez Vigésimo Noveno Civil de la Ciudad de México, donde ordenó la entrega voluntaria del inmueble ubicado en Calle ..., con apercibimiento de lanzamiento forzoso; así como su ejecución. Además, a modo de violaciones procesales, señala las siguientes: - Resolución de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, que aprobó el remate del inmueble litigioso. - Interlocutoria de catorce de diciembre del mismo año, que declaró infundado el recurso de revocación contra la determinación anterior. En el entendido que por su naturaleza, éstas no constituyen acto reclamado destacado, sino una cuestión procesal que se disipa previo al estudio de fondo, de conformidad con lo que establece el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo. Al respecto se invoca la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con registro: 181810. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, en Materia(s): Común, Página: 255, que dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Existencia. Al rendir su informe justificado las responsables aceptaron el acto que se le reclama; lo que se corrobora con las constancias certificadas remitidas, a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2º. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. El catorce de marzo de dos mil diecisiete, Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, por conducto de sus apoderados, demandó en la vía especial hipotecaria a ..., dictándose sentencia condenatoria el doce de septiembre de dos mil diecisiete. Seguido el procedimiento de ejecución de sentencia, el veinticinco de junio de dos mil diecinueve se ordenó sacar a remate el bien inmueble ubicado en Calle ...., en esta ciudad. El veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo el remate en tercera almoneda del inmueble referido, adjudicándose a ...., por la cantidad de $550,000.00 (quinientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional). El veintidós de octubre de dos mil veintiuno, se dictó interlocutoria aprobando el remate en tercera almoneda y se adjudica el inmueble a .... . (esta se alega en vía de violación procesal) Inconforme, el aquí quejoso promovió recurso de revocación que se resolvió el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, confirmando la interlocutoria impugnada. (esta constituye una segunda violación procesal alegada) El veintisiete de enero de dos mil veintidós, ...., por conducto de su apoderado, solicitó se le pusiera en posesión del inmueble adjudicado, sin perjuicio de que aún no se hubiera llevado a cabo la protocolización de la adjudicación por remate. El dos de febrero de dos mil veintidós, el juez responsable ordenó requerir personalmente a la parte demandada para que dentro del término de cinco días, hiciera entrega voluntaria a la actora del bien inmueble materia del juicio, apercibido que de no hacerlo, se procedería al lanzamiento a su costa. El catorce de febrero de dos mil veintidós, la autoridad desechó el recurso de revocación que el quejoso interpuso contra el auto de dos de ese mes y año. Determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. QUINTO. Procedencia. Por certeza jurídica, el suscrito considera pertinente definir un aspecto de la procedencia del presente juicio, a modo de cuestión previa al fondo. Si bien es cierto los autos del proceso de origen revelan que la parte quejosa interpuso un recurso de revocación contra el auto de dos de febrero de dos mil veintidós y éste fue desestimado; tal circunstancia no acarrea en la especie una improcedencia por sustitución procesal, dado que el 527 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, establece: "ARTICULO 527 La última resolución dictada para la ejecución de una sentencia no admite recurso alguno.". Luego, si la última resolución no es susceptible de recurrirse, tal supuesto se actualiza con motivo del auto de dos de febrero del año pasado al ordenar la entrega voluntaria del inmueble litigioso, ya que para efectos del juicio de amparo indirecto, dicha determinación califica como esa resolución en términos del artículo 107, fracción IV, de modo que es dispensable interponer algún medio de impugnación al tenor de dicho numeral; por lo que haberlo interpuesto no tiene incidencia en cuanto a la procedibilidad de la acción constitucional. Al respecto, se invoca la tesis I.11o.C.1 C (11a.), Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, en Materias(s): Común, Civil. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 13, Mayo de 2022, Tomo V, página 4779, que dispone: "REMATE. PARA DETERMINAR CUÁL ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EN DICHO PROCEDIMIENTO Y SI EN SU CONTRA PROCEDE ALGÚN RECURSO PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBE INTERPRETARSE EL ARTÍCULO 527 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, ACORDE CON LA DEFINICIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN IV, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE LA MATERIA. Hechos: La demandada en el juicio hipotecario de origen reclamó en amparo indirecto las resoluciones emitidas en fechas distintas, mediante las cuales se ordenó tirar la escritura de adjudicación por remate y la entrega del bien rematado. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la expresión "última resolución dictada para la ejecución de la sentencia" contenida en el artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, debe interpretarse acorde con la definición prevista en el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; ello, a fin de establecer cuál es la última resolución dictada en el procedimiento de remate y, a partir de esa premisa, determinar si contra los actos reclamados emitidos en esa fase procesal procede o no algún recurso regulado en el citado ordenamiento, previamente a promover el juicio de amparo indirecto. Justificación: Lo anterior, porque el artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, dispone que la última resolución dictada para la ejecución de una sentencia no admite recurso alguno. Lo cual implica, a contrario sensu, que contra las resoluciones emitidas en la fase de ejecución de sentencia -dentro de la cual se ubica el procedimiento de remate-, que no constituyan la última resolución en esa etapa procesal, son recurribles a través de los recursos que regula el citado código. No obstante, dicho código no precisa ni define qué debe entenderse por última resolución en la fase de ejecución de sentencia, ni especifica cuál es la última resolución en el procedimiento de remate. Por tanto, a fin de garantizar el respeto a la tutela judicial efectiva y dar certeza jurídica sobre las resoluciones que en el procedimiento de remate son impugnables a través de algún recurso ordinario y cuáles no, con fundamento en lo previsto en los artículos 1o., párrafo segundo, 14, párrafo segundo y 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se estima que, ante el silencio del legislador ordinario en establecer qué debe entenderse por "última resolución dictada para la ejecución de una sentencia", y específicamente, cuál es la última resolución dictada en el procedimiento de remate; debe acudirse, por analogía y mayoría de razón, a la definición que a ese respecto establece el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, ante la inexistencia de otra norma general, prevista en el ordenamiento procesal aplicable al juicio de origen, que proporcione una interpretación o definición diferente. De esta forma la última resolución dictada en el procedimiento de remate es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Además, no debe perderse de vista que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), de título y subtítulo: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", sustentó que la última resolución en el procedimiento de remate es aquella que, de forma indistinta, ordena la entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos derivados de un procedimiento de remate, la última resolución en dicha fase procesal es, indistintamente, cualquiera de las siguientes que se dicte primero en tiempo: 1) La que ordena la entrega del bien rematado; 2) La que ordena se tire la escritura de adjudicación; y, 3) Aquella que, en forma conjunta, ordene la realización de los anteriores actos. Ahora bien, con base en las premisas señaladas, acorde con lo previsto en el artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México: I. Todas las resoluciones emitidas para la ejecución de una sentencia son recurribles a través de los recursos previstos en el referido ordenamiento procesal. II. La última resolución dictada en ese periodo no es recurrible. III. En el procedimiento de remate sólo son irrecurribles cualquiera de las siguientes resoluciones que se emita primero en tiempo: a) La que ordena la entrega del bien rematado; b) Aquella que ordena se tire la escritura de adjudicación; y, c) La que de manera conjunta ordene la realización de los anteriores actos." Al no haberse invocado causa de improcedencia por los contrarios de la parte quejosa; y al no advertirse una distinta de oficio como lo marca el artículo 62 de la Ley de la materia, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. SEXTO. Violaciones procesales. Como se dijo, en el presente asunto se calificó al acto reclamado como la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia -fase de remate-; por lo que éste sería el momento procesal oportuno para hacer valer y examinar las violaciones procesales acaecidas en el mismo, como lo dispone el artículo 107, fracción IV, último párrafo en relación con el segundo de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de estudio preferente. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil doscientos cuarenta y cuatro del Tomo XCVII del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "PROCEDIMIENTO, PREFERENCIA DEL ESTUDIO DE LAS VIOLACIONES AL. El estudio y decisión de las violaciones procesales, es preferente al estudio de las violaciones que se alegan a las leyes de fondo, porque el examen de las primeras tiene por objeto establecer si se han llenado u omitido los preceptos procesales señalados por la ley, porque toda resolución debe ser fundada y motivada". En el caso, la parte quejosa hizo valer dos violaciones procesales, mismas que se desestiman al tenor de los siguientes razonamientos: A) Por lo que hace a la resolución de veintidós de octubre de dos mil veintiuno; que aprobó el remate del inmueble litigioso, debe desestimarse dado que respecto de dicha actuación operaría una sustitución procesal que ha hecho que cesen sus efectos; pues fue el objeto y materia del recurso de revocación que dio lugar a la determinación de catorce de diciembre de ese año. En efecto, con la decisión que recae a un recurso, la determinación impugnada queda sustituida y cesan sus alcances y vigencia jurídica, pues son los de la segunda decisión los que rigen en el juicio, dada la firmeza que generan procesalmente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, Marzo de 1993, página 198, que dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando contra la resolución impugnada en el juicio de garantías, se interpuso recurso al cual recayó nueva resolución, que vino a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la ley que lo reglamenta". También se cita la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1492, Tomo XXX, Diciembre de 2009, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." Luego, si dicha determinación fue objeto de estudio mediante un posterior recurso que la confirmó, se actualiza el supuesto de cesación de efectos respecto de dicha violación procesal y por ende, son inoperantes los motivos de inconformidad en su contra, ante la imposibilidad jurídica de estudiar un acto superado procesalmente y respecto del cual, si se estudiara autónomamente, operaría la causal de improcedencia relativa a la cesación de efectos. Por analogía, se invoca la tesis P. LXXXI/99 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, en Materias(s): Constitucional, Común. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Noviembre de 1999, página 40, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y AGRAVIOS EN EL AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. SON INOPERANTES SI RESPECTO DEL PRECEPTO U ORDENAMIENTO LEGAL QUE SE ESTIMA INCONSTITUCIONAL SE ACTUALIZA UNA HIPÓTESIS RESPECTO DE LA QUE SERÍA IMPROCEDENTE EL JUICIO SI SE TRATARA DE AMPARO INDIRECTO. Conforme al artículo 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, en el amparo directo puede alegarse la inconstitucionalidad de algún precepto en los conceptos de violación; sin embargo, si respecto del precepto reclamado se actualiza alguna de las hipótesis que, si se tratare de un juicio de amparo indirecto, determinaría la improcedencia del juicio en su contra y el sobreseimiento respectivo, tratándose de un juicio de amparo directo, al no señalarse como acto reclamado tal norma general, el pronunciamiento del órgano que conozca del amparo debe hacerse únicamente en la parte considerativa de la sentencia, declarando la inoperancia de los conceptos de violación respectivos, pues ante la imposibilidad de examinar el precepto impugnado, resultarían ineficaces para conceder el amparo. Por aplicación de idéntico principio, deben declararse inoperantes los agravios expresados en el amparo directo en revisión cuando, respecto del precepto impugnado en los conceptos de violación, se actualizaría una causa de improcedencia si se tratara de un juicio de amparo indirecto." B) Interlocutoria de catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Sobre tal determinación, la parte quejosa hace valer los siguientes argumentos: 1. El juez de la causa no dio respuesta a todos los agravios formulados (destacando el primero en el sentido de que el avalúo empleado para rematar ya tenía una antigüedad de más de seis meses para la primera almoneda y ocho para la segunda), lo que hizo fue declararlos inoperantes, en una decisión carente de fundamentación y motivación. 2. Tampoco estudio el agravio relativo la falta de notificación personal para requerir el pago de lo sentenciado. 3. También aduce que se hizo valer que no se le notificó personalmente el requerimiento para nombrar perito valuador, impidiéndole intervenir efectivamente en el remate. 4. Dice el quejoso que hizo valer como agravio que el perito debe constituirse en el interior del inmueble para conocerlo plenamente, lo cual no ocurrió en el caso; bastando ver que el dictamen del experto se apoyó en suposiciones; situación que fue soslayada por el juez, perdiendo de vista que con un dictamen en esos términos (genérico y por el exterior) no se tendría certeza sobre el precio comercial del inmueble, al dejarse de apreciar sus condiciones reales, acabados o mejoras. 5. Se expuso como agravio que antes de procederse al remate debe recabarse el certificado de libertad de gravámenes por diez años y citar a los acreedores que ahí aparezcan; empero, equivocadamente se dijo que ello solo puede ser invocado por los acreedores y no por el demandado, pues con esto se inobserva una norma del procedimiento. 6. También se hizo valer que los edictos no llamaban suficientemente la atención de posibles compradores por lo que no cumplieron su cometido, máxime que los periódicos en que se publicaron no son de mayor circulación; situación que fue convalidada por la autoridad sin un estudio de fondo de dichos agravios. 7. Asimismo se invocó como una irregularidad que no hubo dilación de media hora para esperar postores, disenso que el juez omitió resolver, limitándose a englobar el análisis y declarando inoperantes varios de ellos, privándolo de una decisión individual para cada uno de los motivos de disenso. 8. Por otro lado, se expuso que la venta judicial sin sujeción a tipo le priva de más del 70% del valor del bien adjudicado; y de nueva cuenta, esta cuestión fue omitida de resolver por parte del juez de origen, haciéndose un estudio global de los motivos de disenso, sin atender individualmente la inconformidad expuesta en cada uno. Son infundadas e inoperantes las alegaciones hechas por el quejoso. En primer término, contrario a lo que afirma, sí se le dio contestación a los diversos motivos de inconformidad que planteó en lo tocante a la antigüedad del certificado de libertad de gravámenes (que estaban formalmente vencidos); la falta de notificaciones personales que le permitieran una efectiva defensa y vinculación en el remate; la falta de constitución al interior del inmueble por parte del experto y vicios del dictamen que merman su eficacia; la ausencia del certificado complementario de diez años para citar acreedores diversos; deficiencias en los edictos, por sus especificaciones y medios de publicación; el periodo de espera de postores; y el daño patrimonial causado por rematar en una almoneda sin sujeción a tipo. Ello es así, porque la revisión integral de la resolución de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, pone de manifiesto que las respuestas correspondientes a dichos tópicos, esencialmente consistieron en lo siguiente: 1. Sobre la vigencia de los certificados: El juez contestó que las alegaciones eran infundadas, porque el juicio se rige por el principio dispositivo, donde los interesados son quienes deben gestionar la actualización del avalúo; lo cual apoyó en la jurisprudencia 1a./J. 11/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "REMATE. EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A ORDENAR DE OFICIO EL REAVALÚO DE LOS BIENES EMBARGADOS CUANDO POR MEJORAS O POR EL TRANSCURSO DEL TIEMPO HUBIERE VARIADO SU PRECIO (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DE LOS ESTADOS DE SINALOA, JALISCO Y EL DISTRITO FEDERAL)." 2. En cuanto a las notificaciones personales: El juez de origen determinó que sí tuvo conocimiento de las etapas procesales del asunto, pues el dos de agosto de dos mil diecinueve compareció a manifestar que era su voluntad llegar a un acuerdo de pago con el banco actor; añadiendo que de una interpretación del artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, no advertía que las partes debieran imponerse del avalúo, a diferencia de la legislación mercantil, lo cual apoyó en la tesis I.8o.C.264 C del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "AVALÚO, NOTIFICACIÓN A LAS PARTES EN JUICIOS CIVILES. ES IMPROCEDENTE LA APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA POR CONTRADICCIÓN NÚMERO 15/98, CUYO RUBRO ES "AVALÚO, COMO REQUISITO PARA EL LEGAL ANUNCIO DE VENTA JUDICIAL, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE A LAS PARTES LA RENDICIÓN DEL." Y en cuanto a la falta de notificación del término para pagar antes de proceder al remate, el juez sostuvo que eran alegaciones inoperantes, por no ser materia del recurso y por no haberse impugnado oportunamente. 3. Respecto de la falta de constitución al interior del inmueble por parte del experto y vicios del dictamen: La autoridad sostuvo que dicha inconformidad debió hacerse valer en tiempo y forma cuando se le otorgaron las vistas de siete de marzo de dos mil diecinueve y veintisiete de abril de dos mil veintiuno; por lo que no era dable examinarlo en vía de revocación, pues ello no es materia del recurso; lo cual apoyó con la tesis jurisprudencial de rubro: "ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO." 4. En cuanto a la ausencia del certificado complementario: El juez, con fundamento en los artículos 566, 567 y 568 del Código de Procedimientos Civiles para esta entidad, sostuvo que ese derecho corresponde a los acreedores que en su caso aparezcan en la certificación complementaria, por lo que no causa agravio al recurrente, y al efecto citó la tesis de jurisprudencia I.3o.C. J/55 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "CERTIFICADO DE GRAVÁMENES. SU FALTA DE ACTUALIZACIÓN CAUSA PERJUICIO AL ACREEDOR QUE NO FUE CITADO AL REMATE, Y NO AL DEUDOR." 5. Por lo que hace a las deficiencias en los edictos, el Juez resolvió que eran meras afirmaciones sin sustento o fundamento; siendo que la publicidad cumplió lo establecido por el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles, cumpliendo en la especie con los requisitos de periodicidad y completitud, para lo cual citó el criterio I.3o.C.871 C del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, intitulado: "EDICTOS. ELEMENTOS QUE DEBEN CONTENER PARA QUE TAL ANUNCIO SEA EFICAZ EN LA ETAPA DE REMATE."; y en cuanto a los edictos de la tesorería sostuvo que solo era un anuncio al público, no en sí una actuación judicial, lo que apoyó en el diverso criterio jurisprudencial 1a./J. 17/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de rubro: EDICTOS PARA EL REMATE DE BIENES. SU PUBLICACIÓN EN LOS PERIÓDICOS NO ES UNA ACTUACIÓN JUDICIAL (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL). Añadiendo que los desméritos de las publicaciones sobre la letra, condiciones del bien, sección de publicación y demás deficiencias de los edictos, eran también meras apreciaciones subjetivas. 6. En cuanto al periodo de espera de postores; sostuvo que el argumento relativo resultaba infundado, porque en la primera almoneda sí fue asentada la espera de media hora; e igualmente en la segunda y tercera; añadiendo que si bien es cierto en la primera se concedió la media hora a partir del inicio de la audiencia, no menos cierto es que el artículo 579 del Código de Procedimientos Civiles señala que el día del remate a la hora de la audiencia el juez pasará lista a los postores y concederá media hora para admitir a los que de nuevo se presenten, sosteniendo que dicho precepto puede interpretarse en el sentido de que en la audiencia debe establecerse que se concedió esa media hora a partir del momento que se pase lista a los postores, pero de ninguna manera en el sentido de que precise exactamente a qué hora empezó a contarse ese plazo, pues basta que no exista duda de que se otorgó ese plazo desde el momento oportuno, para que se cumpla con la formalidad legal. Añadió que las manifestaciones eran insuficientes para la procedencia de la revocación de la interlocutoria recurrida, dado que la audiencia de primera almoneda no fue materia de la misma. 7. Por cuanto hace al daño patrimonial causado por rematar en una almoneda sin sujeción a tipo, el juez indicó que eran inoperantes porque el acto ofreció como postura $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 m.n.) que corresponde a más de las dos terceras partes del precio fijado como postura legal; importe en el cual se fijó el remate a su favor. Y aunque fue una almoneda sin sujeción a tipo, el actor ofreció como postura legal la cantidad total por la cual existe condena en el juicio, superando las dos terceras partes del valor del bien, por lo que no coinciden los argumentos con la realidad de la audiencia de remate. Como se puede ver de la revisión integral de la resolución, contrario a lo que sostiene el quejoso, sí se le dio contestación a sus motivos de inconformidad; y además se hizo fundando y motivando la causa legal de cada postura del juez, por lo cual no se violentó alguna formalidad del procedimiento con motivo de dicha resolución. Además, el hecho de que la autoridad examinara de manera conjunta o por grupos los motivos de inconformidad, no representa en sí mismo una violación a las formalidades del procedimiento, de modo que estas aseveraciones por parte de la quejosa, deben desestimarse. Al efecto se cita, por sus conmiseraciones, la tesis 1a. CCCXXXIX/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, en Materias(s): Constitucional, Civil, que establece: "AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. SU ANÁLISIS CONJUNTO NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS AL DEBIDO PROCESO Y DE ACCESO A LA JUSTICIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). Los artículos 610 y 619 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo prevén la carga del apelante de expresar los agravios que le cause la resolución recurrida, así como el deber del tribunal de alzada de estudiarlos. Por su parte, dentro del debido proceso puede considerarse el derecho a la sentencia, es decir, a que el tribunal atienda o resuelva todo lo pedido por las partes dentro de un juicio y, en el ámbito de la segunda instancia, a que el tribunal de alzada decida sobre los agravios formulados, sin omisiones. Tal derecho tiene correspondencia con el de justicia completa contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque mediante la resolución y atención de todo lo pedido por las partes en el ejercicio del derecho de acción o de defensa, se satisface el derecho a la jurisdicción ante los tribunales. Ahora bien, no hay afectación al derecho a la jurisdicción ni a las garantías del debido proceso por la sola circunstancia de que puedan estudiarse dos o más agravios conjuntamente, si se toma en cuenta que no hay impedimento alguno para que ese estudio abarque todas las cuestiones o aspectos de los agravios. Ante esa posibilidad, no hay razones para estimar que, inexorablemente, esa forma de estudio de los agravios conduzca a la afectación al derecho de obtener una sentencia donde se traten todos los puntos planteados por el justiciable. Consecuentemente, la forma de estudio, conjunta o separada, no es lo determinante para satisfacer los derechos al debido proceso o de acceso a la justicia, sino la circunstancia de que el estudio abarque todos los argumentos, sin omisión alguna." Atento a lo anterior, los restantes señalamientos que se traen al amparo sobre la irregularidad de las respuestas de la autoridad son inoperantes, pues no atacan la totalidad de las razones que se dieron al recurrente, mismas que están fundadas en diversas disposiciones del código procesal local y criterios jurisprudenciales y aislados vinculados al tema de debate. Lo anterior encuentra apoyo, por analogía, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 19/2012 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro: 159947. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Materia(s): Común, Página: 731, que de título: "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA." Por las razones expuestas en este considerando, se concluye que no hay cuestión procedimental que reparar, por lo que el trámite de esta sección queda indemne, pasándose al análisis de la determinación reclamada al juez de origen, consistente en el auto de dos de febrero de dos mil veintidós. SÉPTIMO. Conceptos de violación, análisis y decisión. Una lectura integral de la demanda permite sostener que la parte quejosa medularmente se duele de que el acuerdo de dos de febrero de dos mil veintidós aplica retroactivamente y en perjuicio del quejoso, una jurisprudencia. Indica que el actor pidió que se le pusiera en posesión del inmueble rematado sin antes haberse concluido el proceso de escrituración de dicho bien, para lo cual citó la tesis 1a./J. 37/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "REMATE JUDICIAL. LA ESCRITURA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN NO CONSTITUYE UN REQUISITO PREVIO PARA QUE SE PONGA AL ADJUDICATARIO EN POSESIÓN DEL BIEN INMUEBLE (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL ESTADO DE JALISCO)." Ello quiere decir que la aplicación de tal tesis es retroactiva y en perjuicio del enjuiciado, pues primero debía iniciar y concluir el procedimiento de escrituración, pues así lo preveía otra jurisprudencia que regía al procedimiento hasta el doce de julio de dos mil diecinueve (fecha de publicación de la nueva jurisprudencia); máxime que el asunto inició en el año dos mil diecisiete por lo que no podía aplicarse un criterio posterior. Y al efecto invoca la tesis 2a./J. 199/2016 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que establece: "JURISPRUDENCIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE AQUÉLLA TUTELADO EN EL ARTÍCULO 217, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo al citado principio, la jurisprudencia puede aplicarse a los actos o hechos jurídicos ocurridos con anterioridad a que cobre vigencia, siempre y cuando ello no conlleve un efecto retroactivo en perjuicio de las personas, como acontece cuando: (I) al inicio de un juicio o procedimiento existe una jurisprudencia aplicable directamente a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional; (II) antes de emitir la resolución jurisdiccional respectiva, se emite una jurisprudencia que supera, modifica o abandona ese entendimiento del sistema jurídico; y (III) la aplicación del nuevo criterio jurisprudencial impacta de manera directa la seguridad jurídica de los justiciables. De ahí que si el gobernado orientó su proceder jurídico o estrategia legal conforme a una jurisprudencia anterior, siguiendo los lineamientos expresamente establecidos en ésta -ya sea para acceder a una instancia jurisdiccional, para plantear y acreditar sus pretensiones, excepciones o defensas o, en general, para llevar a cabo alguna actuación jurídica-, no es dable que la sustitución o modificación de ese criterio jurisprudencial afecte situaciones legales definidas, pues ello conllevaría corromper la seguridad jurídica del justiciable, así como la igualdad en el tratamiento jurisdiccional de las mismas situaciones y casos, con lo cual, se transgrediría el principio de irretroactividad tutelado en el artículo 217, párrafo último, de la Ley de Amparo." Además, la sentencia de aprobación de remate no preveía que se ordenara el lanzamiento sin antes tener la escritura. Aunado a que otras autoridades ya han reconocido en diversas sentencias que no debe aplicarse de forma retroactiva la jurisprudencia, como lo demuestra una resolución de Alzada que cita, que aunque no sea obligatoria su contenido apoya para revelar la ilegalidad de la determinación reclamada. Los conceptos de violación son infundados puesto que la observancia de criterio de un órgano superior posterior no implica su aplicación retroactiva en perjuicio, pues debe atenderse no solo al aspecto temporal, sino también a un criterio de verticalidad. De ahí que atender una solicitud apoyada en el criterio la contradicción de tesis 420/2018 de la Primera Sala de la que derivó la tesis jurisprudencial 1a./J. 37/2019 (10a.) de título: "REMATE JUDICIAL. LA ESCRITURA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN NO CONSTITUYE UN REQUISITO PREVIO PARA QUE SE PONGA AL ADJUDICATARIO EN POSESIÓN DEL BIEN INMUEBLE (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL ESTADO DE JALISCO)."; en lugar de la PC.I.C. J/38 C (10a.) del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, que fue superada por aquella, no se traduce en un acto de ilegalidad. En efecto, la tesis 2a./J. 199/2016 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, hace referencia a los supuestos que deben concurrir para considerar aplicada retroactivamente una jurisprudencia, siendo estos: Que al inicio de un juicio o procedimiento existe una jurisprudencia aplicable directamente a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional. Antes de emitir la resolución jurisdiccional respectiva, se emite una jurisprudencia que supera, modifica o abandona ese entendimiento del sistema jurídico; y La aplicación del nuevo criterio jurisprudencial impacta de manera directa la seguridad jurídica de los justiciables. Sin embargo, atendiendo a la ejecutoria del Amparo Directo en Revisión .. del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, -que fue uno de los precedentes que dieron lugar al referido criterio por reiteración- debe atenderse también al factor de verticalidad, pues no puede desconocerse la jerarquía que impone observar el artículo 217 de la Ley de Amparo. En dicho precedente se estableció: ".el principio de irretroactividad de la jurisprudencia previsto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, no lleva a desconocer la jerarquía existente entre los órganos del Poder Judicial y, por ende, el referido principio debe enmarcarse dentro del ámbito propio de los distintos órdenes o niveles jurisprudenciales existentes. En ese sentido, el alcance del principio de irretroactividad de la jurisprudencia debe armonizarse con el diverso principio de verticalidad de la jurisprudencia, el cual se encuentra tutelado por el propio artículo 217 de la ley de la materia [.] En ese contexto, la proscripción de la aplicación retroactiva de la jurisprudencia en perjuicio de las personas, no tiene el alcance de que los órganos jurisdiccionales respectivos, al resolver los casos que les son presentados, dejen de observar un criterio jurisprudencial del Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en su lugar, apliquen un criterio vinculante que haya sido emitido de manera anterior por algún órgano inferior, como lo es un Pleno de Circuito o un Tribunal Colegiado de Circuito. Es decir, el principio de irretroactividad de la jurisprudencia únicamente tiene un ámbito de aplicación horizontal -esto es, en un mismo plano jurisdiccional- y no de verticalidad, de tal suerte que, conforme al orden jerárquico o grado de fuerza vinculante de la jurisprudencia que se encuentra reconocido en el sistema jurídico mexicano -y a fin de no generar incertidumbre respecto a este punto jurídico para los casos futuros-, se debe estar a las siguientes reglas:  La aplicación de la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia que resulte aplicable directamente a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional, únicamente podría ser retroactiva en relación con otro criterio vinculante que haya sido emitido previamente por el propio Tribunal Pleno de este Alto Tribunal y que se vea superado, modificado o abandonado por aquélla.  La jurisprudencia emitida por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, únicamente podría ser retroactiva respecto a un criterio jurisprudencial anterior de la Sala respectiva y que se ha visto superado, modificado o abandono por la entrada en vigor de aquélla.  La jurisprudencia emitida por los Plenos de Circuito sólo puede considerarse retroactiva en relación con un criterio vinculante que haya sido emitido por el propio Pleno de Circuito respectivo, y que ha sido superado, modificado o abandonado por aquélla.  Finalmente, la jurisprudencia emitida por los Tribunales Colegiados, sólo será considerada como retroactiva respecto de un criterio jurisprudencial emitido por el propio Tribunal Colegiado y que se encuentra superado, modificado o abandonado por la entrada en vigor de aquélla. De ahí que, se insista, la aplicación de la jurisprudencia no podría resultar retroactiva respecto a otro criterio vinculante que, aunque se refiera al mismo punto jurídico, haya sido emitido por un órgano de distinta jerarquía; pues, en tales casos, es el grado de fuerza vinculante de las jurisprudencias -conforme al ámbito de los distintos órdenes o niveles jerárquicos del órgano del que emanan-, lo que determina qué criterio jurisprudencial debe prevalecer para resolver la contienda jurisdiccional respectiva. [.]" Luego, si bajo la petición de que no se aplique retroactivamente, el quejoso pretende que se atienda a un criterio previo al de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que condicionaba la orden de lanzamiento al otorgamiento de la escritura [como es del superado del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 4/2016, que dio origen a la jurisprudencia PC.I.C. J/38 C (10a.), de título: "ADJUDICACIÓN DE BIENES INMUEBLES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PARA QUE PUEDAN ENTREGARSE AL ADJUDICATARIO ES NECESARIA SU PREVIA ESCRITURACIÓN."]; claramente no es posible acoger tal pretensión, pues atento al sistema jerárquico y de verticalidad que establece la Ley de Amparo, debe primar la atención a los pronunciamientos del Máximo Tribunal del País, sin que ello represente detrimento jurídico alguno contra el quejoso. De ahí que sea infundado el argumento central de la parte quejosa. Atento a lo anterior, son inoperantes los restantes argumentos de la parte quejosa sobre el orden estridulado en la sentencia de remate o las consideraciones de otros órganos al atender lo relativo a la jurisprudencia; pues en este fallo se ha explicado lo atinente conforme al principio de verticalidad, lo que deriva en la observancia obligatoria e indefectible de los criterios y posturas que al efecto sostenga la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto se invoca el criterio de jurisprudencia 1a./J. 14/97 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la novena época, en Materia(s): Común, que establece: "AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA. Resulta innecesario realizar las consideraciones que sustenten la inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado.". Decisión: Atento a lo anterior, el acto reclamado dictado en ejecución de sentencia, que ordena el lanzamiento del quejoso no violenta sus derechos fundamentales; y ante ello procede negarle el amparo y protección de la justicia federal. Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en los artículos 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ..., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Vigésimo Noveno Civil de la Ciudad de México, por las razones expuestas en este fallo. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma, ...., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante ...., Secretario que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy ocho de febrero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

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