Abel Lira González
Expediente 973/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 973/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Abel Lira González
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, nueve de noviembre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el oficio en que el Apoderado General para la Defensa Jurídica de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Ciudad de México, hace del conocimiento que el Director General de Administración y Finanzas, informó que no cuenta con los recursos en la partida presupuestal 5812 "adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de terrenos", que permitan cubrir el pago a la parte quejosa, toda vez que no fueron otorgados recursos a esa partida por parte de la Secretaria de Administración y Finanzas al momento de efectuar la asignación de presupuesto para dos mil veinte, por lo que solicitó al Titular de la Subsecretaria de Egresos, la autorización de recursos para el pago de la indemnización, por lo que se encuentra en espera de la respuesta respectiva, por lo cual, solicita una prórroga; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de mérito tomando conocimiento de su contenido. En atención a lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridades directamente responsables y vinculada en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, que a su obligación de pago no es oponible excusa, pretexto o dilación alguna, en razón de la asignación del presupuesto, pues el cumplimiento de los mandatos de amparo no está sujeto a la voluntad de las autoridades responsables, sino al imperio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo, en lo conducente, las jurisprudencias P./J. 9/2011 y P./J. 8/2011, de rubros siguientes: SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA PAGOS A CARGO DE LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. AL CONSTITUIR PRESUPUESTO DEVENGADO, SU MONTO DEBE INCLUIRSE CON PRECISIÓN EN EL ANTEPROYECTO, PROGRAMARSE EN EL PROYECTO Y APROBARSE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS. SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO A CARGO DE AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE ESA ENTIDAD NO IMPIDE A ÉSTAS, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, REALIZAR ADECUACIONES PRESUPUESTALES PARA CUMPLIR CON AQUÉLLAS CUANDO SE AGOTE LA PARTIDA PRESUPUESTAL AUTORIZADA PARA TAL EFECTO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. Luego, toda vez que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero de la Ley de Amparo y en el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley invocada, se REQUIERE al Director General de Asuntos Jurídicos y al Director General de Administración y Finanzas ambos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México y al Titular de la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, para que en el término de DIEZ DÍAS, dada la naturaleza de los actos a realizar, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acrediten ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento, en lo que en el ámbito de sus atribuciones corresponde, a la ejecutoria de amparo, en el entendido de que para ello deben acreditar: En particular, se requiere al Titular de la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México para que dentro del mismo término, acredite que realizó los ajustes necesarios, para que se le dé el trato de urgentes a las solicitudes de Suficiencia Presupuestal para el pago de las cantidades devengadas al aquí quejoso. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como en los artículos 3, numerales 1, fracción I, inciso a), 7, fracción I, incisos a) y d), del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, REQUIÉRASE al Secretario Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, para que en su calidad de superiores jerárquicos respectivamente, del Director General de Asuntos Jurídicos, del Director General de Asuntos Jurídicos Director General de Administración y Finanzas ambos la citada dependencia, los conminen en cumplir con el fallo protector y remitan a este órgano jurisdiccional, dentro del término de DIEZ DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, dada la naturaleza de los actos a realizar, las constancias con las que acrediten haber ordenado a las directas responsables el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismos a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo en cita, ejercen sobre ellas poder o mando para obligarlas a actuar o dejar de actuar en los términos exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismos. En adición a lo anterior, con fundamento en el artículo 192, en relación con el 197, de la Ley de Amparo, se REQUIERE al Secretario de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, en su carácter de autoridad vinculada en el cumplimiento de la ejecutoria de garantías, para que dentro del término de DIEZ DÍAS, dada la naturaleza de los actos a realizar, acrediten ante este Juzgado de Distrito que en el ámbito de sus respectivas competencias, realizaron los actos necesarios para el eficaz cumplimiento de la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo, esto es, remitan copia certificada de las constancias con las que acrediten que se autorizó y puso a disposición de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, la suficiencia presupuestal para el pago en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Se determina lo anterior, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá a su titular multa por cien unidades de cuenta en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, veintiuno de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por Abel Lira González, por propio derecho, contra actos del Comisionado de Prevención y Readaptación Social y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 973/2020-IX. Ahora bien, cabe precisar que es obligación del juez de amparo analizar la demanda de garantías en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional, en términos del criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 40/2000, de rubro y datos de localización siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. (Registro: 192097, Novena Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32) Ahora bien, del estudio integral de la demanda de garantías, se advierte que este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente incompetente por razón de materia para conocer de la presente demanda de garantías, según se expondrá de las consideraciones que enseguida se realizan: La jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Es importante mencionar que al respecto, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales o juzgados, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, entre otros, y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Esta distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Por su parte, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta de: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De la clasificación anterior que alude a la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la segunda, es decir, la definida por razón de materia. La competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Tiene la ventaja de que los Jueces de Distrito adscritos a un juzgado especializado en cierta rama del derecho, únicamente conocen de amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola rama del derecho y, además, repercute en la formación de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo de la materia de que se trate. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su título cuarto, denominado "De los Juzgados de Distrito", regula la competencia por materia de los Jueces de Distrito en los siguientes términos: "ARTICULO 48. Los jueces de distrito que no tengan jurisdicción especial conocerán de todos los asuntos a que se refieren los artículos del presente Capítulo. ARTICULO 49. Cuando se establezcan en un mismo lugar varios juzgados de distrito que no tengan competencia especial o que deban conocer de la misma materia, tendrán una o varias oficinas de correspondencia común, las cuales recibirán las promociones, las registrarán por orden numérico riguroso y las turnarán inmediatamente al órgano que corresponda de acuerdo con las disposiciones que dicte el Consejo de la Judicatura Federal. ARTICULO 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; (REFORMADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013) IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; (REFORMADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013) V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y (ADICIONADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013) VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ARTICULO 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo; (REFORMADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013) III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; (REFORMADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013) IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; y (ADICIONADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013) V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con los postulados de los preceptos transcritos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación regula la competencia por materia de los Jueces de Distrito, entre ellos Jueces de Distrito en Materia Administrativa y, Jueces de Distrito en Materia de Trabajo. Asimismo, de la interpretación de los citados artículos se advierte que para fijar la competencia por materia, el legislador tomó como base los siguientes criterios: a) La naturaleza del acto reclamado. b) La naturaleza de la autoridad responsable. Los criterios señalados justifican la especialidad por materia, pues, como se dijo, las determinaciones que se dicten en los juicios de amparo, requieren del conocimiento y de la experiencia de quienes se dedican en forma preferente a las diversas ramas del derecho, y por ese motivo pueden ponderar en forma expedita y más autorizada las distintas soluciones en los casos concretos, buscando con ello dar cumplimiento a los principios que alberga el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, sobre el tema de la competencia por razón de materia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en diversos criterios que esta especie del género de competencia debe definirse tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las leyes que las partes invoquen o por el tipo de autoridad que lo emitió; lo anterior regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda, pero en todo caso, se debe prescindir por completo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional. En ese contexto, es evidente que para resolver una cuestión competencial por razón de materia, se debe atender fundamentalmente a la naturaleza material del acto reclamado, prescindiendo de la calidad de la autoridad que lo haya emitido. Ahora bien, en el caso, la parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: "III. LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES; Lo son las siguientes: EN SU CARÁCTER DE ORDENADORA a) COMISIONADO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL. EN SU CARÁCTER DE EJECUTORAS b) DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL. c) TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS LEGALES Y DERECHOS HUMANOS DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL. c) DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 17 CPS MICHOACÁN. IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME; 1. A la autoridad señalada como ordenadora denominada: a) Comisionado de Prevención y Readaptación Social, reclamo lo siguiente: 1.1 El procedimiento administrativo sin mi presencia y/o la resolución definitiva emitida sin instruir un procedimiento administrativo en mi presencia que garantizara mi derecho humano al debido proceso (Audiencia y defensa), elaborada con motivo del REPORTE INTEGRAL DE EVALUACIÓN, derivado de las evaluaciones de Control de Confianza a las que fui sometido en el año 2016, que tiene como objeto DAR POR TERMINADOS LOS EFECTOS DE MI NOMBRAMIENTO y/o la REMOCIÓN y/o la BAJA ADMINISTRATIVA, del suscrito, dejándome en un estado de indefensión. 1.2 La orden de registrarme en el sistema nacional de seguridad pública como no aprobado o no apto para el servicio público en instituciones policiales, emitida con motivo del REPORTE INTEGRAL DE EVALUACIÓN, derivado de las evaluaciones de Control de Confianza a las que fui sometido en el año 2016, sin instruir un procedimiento administrativo en mi presencia que garantizara mi derecho humano al debido proceso (Audiencia y defensa)." En esas circunstancias, se estima pertinente señalar que los actos reclamados tienen su origen en la relación laboral que guarda la parte quejosa con el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en donde el quejoso tiene el carácter de Jefe de Departamento Técnico PRS "C", adscrito al órgano en cita, empleado de confianza, según se observa de sus recibos de pago, los cuales exhibió con cadena digital. En ese tenor, toda vez que el quejoso es un empleado de confianza, y reclama la terminación de su nombramiento en el lugar en el que actualmente labora, los actos reclamados son de naturaleza eminentemente laboral, pues inciden de manera directa en los derechos que derivan de la relación de trabajo entre el promovente y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Seguridad Y Protección Ciudadana, razón por la que este Juzgado Federal, considera que carece de competencia legal por razón de materia para conocer de la presente demanda de garantías. En este sentido, se considera que la competencia para conocer del presente juicio le corresponde a un Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece lo siguiente: ARTICULO 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; Del contenido del artículo transcrito, se desprende que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia de Trabajo, conocerán de los juicios de amparo que se promuevan en contra de actos u omisiones por autoridades distintas de la autoridad judicial en materia de trabajo, como en el caso lo constituye la terminación del nombramiento del quejoso, como trabajador de confianza de Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, razón por la cual el análisis de su legalidad habrá de efectuarse a la luz de los ordenamientos en materia de trabajo aplicables. Lo anterior encuentra sustento por analogía y en lo conducente, en la tesis I.14o.T.1 L, del tenor siguiente: ACTOS DE NATURALEZA LABORAL. ELEMENTOS QUE LOS DEFINEN PARA EFECTOS DE COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. Cuando surge la disyuntiva de si un acto es de naturaleza laboral o administrativa, para considerar lo primero no basta con que el acto de autoridad tenga sustento en un dispositivo de la Ley Federal del Trabajo, ni que éste sea aplicado por alguna de las autoridades previstas en el artículo 523 de esa legislación, sino que debe tomarse en cuenta que la materia laboral se sustenta en el artículo 123 constitucional, que tiene sentido ampliamente protector de los trabajadores, y que de acuerdo con la exposición de motivos de la Ley Federal del Trabajo de 1931, supera la concepción individualista que sustenta la relación de trabajo en el contrato libre, para dar paso a una concepción social que niega como función de la relación de trabajo el simple intercambio de bienes patrimoniales como se concibe en la doctrina liberal al trabajo y al salario, para en la nueva tendencia valorar en la más amplia dimensión los derechos humanos de los trabajadores. Además, debe tenerse presente que concebido el derecho del trabajo en el artículo 123 de la Constitución de 1917 como un sistema de mínimos derechos en favor de los trabajadores y máximas obligaciones a su cargo, se dota a la clase trabajadora de herramientas de lucha para superar sus derechos y disminuir sus obligaciones legales, como son la sindicación, la huelga y la contratación colectiva, que le permiten nivelar su fuerza social con la fuerza económica del patrón, entonces, también las controversias que tengan que ver con la formación, registro, funcionamiento y dirección de sus organizaciones, esto es, los conflictos intergremiales o de los sindicatos con sus agremiados, quedan comprendidas dentro del marco de la materia laboral. Por tanto, toda controversia que derive de una relación de trabajo o todo trámite administrativo que apunte a la preservación de los referidos derechos o a la consecución de esas mejoras que superen los mínimos y máximos constitucionales, o que se dé dentro del ámbito sindical, quedarán enmarcados en los objetivos del derecho del trabajo y, por consecuencia, constituirá la materia que deben conocer los tribunales de amparo en materia laboral, bajo los principios rectores del artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias, pues en ellos estará a discusión un derecho consagrado por la Constitución, por la ley o por contratos particulares en favor de los trabajadores o de los sindicatos de trabajadores o de los miembros de éstos. En conclusión, para que un acto de autoridad pueda considerarse de contenido materialmente laboral, no bastará que sea emitido por una dependencia prevista como autoridad del trabajo, ni que su actuación se sustente en la facultad para aplicar la Ley Federal del Trabajo, para vigilar y hacer efectivas las normas de esa legislación, ya que si no se vincula con alguno de los campos anteriormente señalados, se quedará en el mero ámbito de la relación autoridad-gobernado y, por consecuencia, deberá considerarse que se trata de un acto materialmente administrativo, cuyo conocimiento será de la competencia de un órgano de amparo en materia administrativa.(Registro 180735, visible en la página 1714 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, septiembre de 2004, relativo a la Novena Época, sustentada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito) debe resolverse en favor de la primera, fundamentalmente, porque la fracción XII del apartado B del artículo 123 constitucional, erige al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje como órgano competente para dirimir todas las controversias que se susciten entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Departamento del Distrito Federal, por una parte, y sus servidores por otra. De conformidad con la fracción XIII se exceptúan de esta regla general los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y personal del servicio exterior, que se rigen por sus propias leyes y, de acuerdo con el último párrafo de la fracción XII, se exceptúan también los servidores del Poder Judicial Federal, cuyos conflictos son resueltos por este Alto Tribunal. No estando comprendidos los servidores de confianza en ninguna de estas excepciones, deben considerarse regidos por la norma general, sin que sea obstáculo para esta conclusión que dichos trabajadores carezcan de acción para demandar su reinstalación, pues una cosa es la competencia del aludido órgano jurisdiccional y otra los derechos que el apartado B les otorga. En efecto, los trabajadores de confianza al servicio del Estado, de conformidad con la fracción XIV, sólo tienen derecho a las medidas protectoras del salario y a los beneficios de la seguridad social, pero no gozan de los otros derechos que tienen los trabajadores de base como el de la inamovilidad en el empleo. De ahí que puede suceder que en caso de inconformidad del empleado de confianza con el cese, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se declare competente, aunque resulte desestimada su demanda porque carezca de acción. Por tales razones y porque el cese de esta clase de servidores no es un acto de autoridad, toda vez que la relación que los une con el Estado se equipara a la laboral, la vía impugnativa no es el amparo, sino el juicio ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Esta opinión se confirma porque resultaría incongruente sostener que cuando se reclaman derechos salariales o de seguridad social de los trabajadores de confianza, sea competente este órgano jurisdiccional por considerarse laboral la relación y al Estado como patrón, pero cuando dichos trabajadores se inconformaran con el cese, dicha relación perdiera su carácter laboral y el cese se convirtiera en un acto de autoridad, por lo que tuviera que impugnarse en la vía de amparo." En esas condiciones, este juzgado estima que la instrucción combatida en la presente vía es de carácter laboral y no administrativa, pues como se dijo, los actos controvertidos en la presente instancia consisten en la terminación de la relación de trabajo que guarda el quejoso como Jefe de Departamento Técnico PRS "C", con el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Seguridad Y Protección Ciudadana. De la interpretación del artículo referido, en relación con el numeral 73 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se advierte que el régimen de excepción de derechos previsto en el precepto constitucional, sólo es aplicable a los miembros de las instituciones policiales que realicen la función de policía y que estén sujetos al Servicio Profesional de Carrera Policial; en consecuencia quienes, aun perteneciendo a dichas instituciones (trabajadores administrativos) no realicen funciones similares a las de investigación, prevención y reacción en el ámbito de seguridad pública y no estén sujetos al sistema de carrera policial, mantienen una relación de naturaleza laboral con tales instituciones, la cual se rige en términos de la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe decir que el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, establece: Art. 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: B.- Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social. El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones; De lo anterior, se advierte que la parte quejosa no se ubica en ninguna hipótesis de excepción a la aplicación del Apartado B del artículo 123 constitucional y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al no tener el carácter de militar, marino, agente del ministerio público, perito, personal del servicio exterior o miembro de alguna institución policial, quienes se regirán por sus propias leyes, lo cual genera una relación de naturaleza administrativa con el Estado. En ese sentido, cabe precisar que la situación particular del quejoso escapa al supuesto establecido en el artículo constitucional citado; puesto que se insiste, el cargo que ocupa el quejoso es de Jefe de Departamento Técnico PRS "C", del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Seguridad Protección Ciudadana, no así como policía, perito o ministerio público; por lo que, la naturaleza de la relación de la parte quejosa con el organismo en el que trabaja es de tipo laboral. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que las autoridades señaladas como responsables pudieran tener naturaleza administrativa, pues los actos que se reclaman en esta vía, son eminentemente laborales, lo cual debe ser analizado por un Juez de Distrito especializado en esa materia, conforme a lo dispuesto en el citado artículo 55 de la ley Orgánica del poder Judicial de la Federación antes transcrito. Es aplicable, en lo conducente, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9 del Tomo 205-216 Primera Parte, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: ACTOS DE CONTENIDO MATERIALMENTE LABORAL REALIZADOS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO. En tratándose de un problema competencial para conocer de un amparo indirecto, la resolución del conflicto debe atender exclusivamente a la naturaleza material del acto reclamado. Desde el punto de vista material, que atiende al acto en sí, el acto reclamado es de naturaleza laboral, cuando consista en una multa impuesta por el secretario de Trabajo y Previsión Social por infracción a disposiciones tanto de la Ley Federal del Trabajo, como de los Reglamentos de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y de Higiene en el Trabajo. La circunstancia de que la multa impuesta no haya derivado de un conflicto obrero-patronal, sindical o de un laudo, no implica que dicho acto no esté comprendido dentro de la materia de trabajo, pues las hipótesis que contempla el artículo 42 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no se agotan, únicamente, en ese tipo de conflictos, sino que comprenden, además, todas aquellas cuestiones que, sin mediar controversias entre patrones y trabajadores, miran la seguridad social de estos últimos, como sucede cuando se impone una multa por infracción a disposiciones de trabajo que tutelan los intereses de la parte obrera; aspecto éste que queda comprendido en la fracción III del artículo 42 bis de la invocada ley. Por los motivos antes señalados, se determina que el conocimiento de la presente demanda no corresponde a este órgano de control de la constitucionalidad; por ello, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo y el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de garantías y ordena remitir el presente expediente, al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en Turno, a quien se considera competente para conocer del asunto. Se solicita al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, que por razón de turno le corresponda conocer de la presente demanda de garantías, se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente informando sobre la aceptación o no de la competencia declinada. Sin que haya lugar a pronunciarse sobre la suspensión del acto reclamado, toda vez que no se está en los supuestos del artículo 48, de la Ley de Amparo; es decir, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. En consecuencia, toda vez que únicamente se enviará de manera electrónica el presente expediente y, con la finalidad de ahorrar recursos materiales y evitar la duplicidad de actuaciones, por el momento, no se forma cuaderno de antecedentes. Ahora bien, con fundamento en los artículos 74 y 79 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; hágase disponible la "vinculación con otro órgano" del presente asunto en el apartado respectivo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que el Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno, que por turno le corresponda conocer del presente asunto, se encuentre en aptitud de consultar la totalidad del expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa. Lo anterior, en el entendido que en caso de que el Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, correspondiente requiera las constancias físicas que integran el presente asunto, una vez que lo haga del conocimiento le serán remitidas de inmediato. Por lo que hace a su solicitud de imponerse de los autos en el sistema en línea con el usuario "liga681211" y a que se realicen por conducto de este usuario todo tipo de notificaciones, incluyendo las de carácter personal; como lo solicita el promovente, con fundamento en el artículo 3 de la ley de la materia, se autoriza la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, toda vez que dicho usuario se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, asimismo, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, 30, párrafo primero, fracción II y 31, fracción III de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, numeral 79; asimismo, se instruye al Actuario adscrito a este Juzgado de Distrito para que las notificaciones que deriven del presente asunto, incluso las personales se practiquen a la parte quejosa vía electrónica, por así haberlo solicitado en el escrito que se entiende. Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Asimismo, con fundamento en el artículo 3, del Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este órgano judicial. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, a fin de notificar las determinaciones que deban ser de carácter personal en el presente expediente, se habilitan días y horas inhábiles durante todo el procedimiento. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.
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