Abel Juárez Juárez

Expediente 712/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
712/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
09/04/2021

Partes del expediente

  • Abel Juárez Juárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión, en contra del auto de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual este órgano jurisdiccional sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio, sin que se haya hecho valer; por tanto, se declara firme dicho proveído. Notifíquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Sin que pase inadvertido para este juzgador el hecho de que se carezca con el acuse de recibo de los oficios con los que se les notificó la determinación referida a las autoridades responsables, a fin de computar si les trascurrió o no el plazo para interponer el recurso de revisión, toda vez que éstas carecen de legitimación para interponerlo, debido a que esa determinación no les depara perjuicio alguno en razón de que se sobreseyó respecto del acto que se le reclamó. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que el presente juicio se sobreseyó, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Por lo que hace al original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión provisional, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a) del indicado instrumento normativo, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a partir de esta fecha. Por ser innecesaria su retención, devuélvase al Titular del Juzgado Especializado en Juicios Orales Mercantiles del Primer Distrito Judicial de Querétaro, el tomo de prueba que se formó con motivo de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Incidental

    Agréguese en autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio signado por el Director de Seguridad Pública de Villagrán, Guanajuato, mediante el cual rinde su informe previo, toda vez que el ocho de marzo hogaño, se proveyó respecto de su contenido.

  3. Principal

    Agréguese en autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio signado por el Director de Seguridad Pública de Villagrán, Guanajuato, mediante el cual rinde su informe justificado, toda vez que el ocho de marzo hogaño, se proveyó respecto de su contenido.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNI A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, específicamente las constancias que adjuntó a su informe justificado el Juez Especializado en Juicios Orales Mercantiles del Primer Distrito Judicial de Querétaro, se desprende que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que deja de seguir surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque del estudio íntegro de la demanda de amparo, así como de las constancias allegadas al presente juicio; se desprende que el quejoso reclama: La orden para la desocupación del bien inmueble ubicado en calle *****************, del que aduce tener posesión con motivo del contrato de arrendamiento de uno de octubre de dos mil diecinueve, que firmó con ****************to; ello, con motivo del auto de veinte de agosto de dos mil diecinueve, emitido por el Juez Especializado en Juicios Orales Mercantiles del Primer Distrito Judicial de Querétaro, en los autos del juicio oral 709/2019 de su índice, promovido por ************, representantes legales de *************, en contra de *****************, contradictorio al que se ostenta como tercero extraño; así como su ejecución. Por tanto, de acuerdo con las constancias que remitió el Juez Especializado en Juicios Orales Mercantiles del Primer Distrito Judicial de Querétaro, se desprende que: El diez de julio de dos mil veinte, el juez responsable decretó la caducidad de la instancia, y ordenó la salida del expediente, como asunto totalmente concluido. Por tanto, es evidente que la orden de desposeimiento que tilda de inconstitucional cesó sus efectos, ya que es imposible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que se carece del objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la responsable decretó la caducidad de la instancia, y ordenó la salida del expediente, como asunto totalmente concluido, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, con la caducidad de la instancia dictada dentro del juicio oral 709/2019, cesó la ejecución de la orden que reclamó, dado que desaparecieron los efectos del desposeimiento que combate en esta instancia constitucional. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. Sin que sea obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

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