Abel Jiménez Zavala
Expediente 1228/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 25 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1228/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 20/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Abel Jiménez Zavala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el diecinueve de enero de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitieron las autoridades responsables 1. Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (anexos I a III), y 2. Juez de lo Penal de Huejotzingo, Puebla (anexo IV y V), en apoyo a su informe justificado, devuélvanseles, y requiéraseles para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirvan acusar el recibo de estilo correspondiente. Apercibidos que de no hacerlo se les impondrá una multa por separado equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos del original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo del punto vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido cinco años, para lo cual se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, transcurridos seis meses a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de enero de dos mil diecisiete. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de seis de enero de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el once de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 84 a 94), se sobreseyó en parte y se concedió en lo demás el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el fiscal responsable realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución dictada el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, en el toca penal número ******************** de su índice; y, 2. En su lugar, con plenitud de jurisdicción y bajo su más estricta responsabilidad, emita una nueva que podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero en la que resuelva integralmente sobre los agravios formulados por el inculpado al interponer el recurso de apelación, precisados en esta sentencia." Resolución que el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis causó ejecutoria, por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 161 y 162). Ahora bien, mediante oficio 69 de cuatro de enero de dos mil dieciséis, la Sala responsable remitió copia certificada de la resolución del día tres del mes y año en cita, de la que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente la resolución reclamada de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis (foja 173). - Con la plenitud de jurisdicción que le fue concedida, dictó nueva resolución en la cual procedió a confirmar el auto de formal prisión de treinta y uno de enero de dos mil catorce, dictado en el proceso penal 455/2013 del índice del Juzgado de lo Penal de Huejotzingo, Puebla. Resolución en la cual, procedió a dar respuesta integral a los agravios formulados por el inculpado al interponer el recurso de apelación (fojas 178 a 184), los cuales fueron señalados en la sentencia respectiva como: "Se afirma esto, pues es evidente que la sala responsable nada dijo en torno al agravio formulado por el inculpado relativo a que el juez primario en el auto de formal prisión impugnado no dio cumplimiento a las exigencias previstas en el artículo 16 constitucional en relación con el 83 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, ya que no fijó con precisión los elementos objetivos, normativos y subjetivos del delito de lenocinio; como tampoco la sala responsable nada expuso con relación a que el juez natural no precisó con qué pruebas se demostró cada uno de los elementos objetivos, normativos y subjetivos de dicho ilícito. Igualmente la sala responsable omitió contestar lo alegado por el inculpado al señalar que el juez de origen omitió establecer el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito, como también evidenciar el grado de participación en la comisión del delito que se le imputa, si fue de manera directa o indirecta, o conjunta, como coparticipes o por sí, como también nada dijo respecto a lo alegado por el inculpado en sus agravios de que el juez adujo hechos y circunstancias previstos en la fracción II del artículo 226 del Código Penal del Estado de Puebla, al presuntamente obtener una ventaja económica por alquilar cuartos, pero también hace alusión a la hipótesis de la fracción I de dicho numeral que alude a una ventaja económica por producto del comercio carnal. Tampoco se advierte respuesta alguna al argumento del inculpado de que el juez de origen dictó en su contra auto de formal prisión, pese a existir contradicciones en tiempo y circunstancias que demuestran la inverosimilitud de las pruebas, como las que se advierte en las declaraciones de ******************** y ********************, elementos de la policía ministerial, y la declaración de la agraviada ********************, por lo que debió negarles valor probatorio. Igualmente soslayó responder el diverso argumento vertido por el inculpado de que el ateste ********************, es un testigo singular y de oídas, quien no refirió la hora en que presuntamente acontecieron los hechos, y además por no constarle los hechos. La autoridad tampoco expuso nada de los argumentos del quejoso vertidos en sus agravios con relación a que el juez malversó a su conveniencia las declaraciones de cargo y que además hizo una indebida valoración de las pruebas que obran en la causa penal de origen. Ni tampoco respondió al inculpado lo que dijo en el sentido de que fue ilegalmente detenido, imputándole cargos falsos por el delito de lenocinio, lo que se demostró con el interrogatorio formulado por su defensor a la agraviada ********************. Asimismo, tampoco se advierte que la responsable haya dado respuesta a lo planteado por el quejoso en su agravio, en el que señaló que a la declaración de la pasivo ******************** no debió otorgarle ningún valor probatorio, por no encontrarse sustentada con otro elemento de convicción eficaz para sustentar la verdad de los hechos. Como también nada contestó la sala responsable el argumento del inculpado que vertió en el sentido de que las inspecciones ministeriales no poseen valor probatorio, pues no prueban los elementos del delito que se les imputa." Lo anterior, pues, por cuanto hace al punto marcado por la autoridad responsable como inciso a), dijo que el juez de origen sí preciso los elementos del cuerpo del delito imputado de lenocinio, así como los elementos de prueba con los cuales se tenían por acreditados los mismos, como fueron la declaración de la agraviada ********************, del testigo ******************** y de los elementos de policía ******************** y ********************; declaraciones que incluso transcribe. Respecto del punto marcado como inciso b), dijo que el juez de origen sí precisó las circunstancias de lugar, tiempo y modo del delito imputado, así como el grado de participación en la comisión del mismo; al indicar que el hecho delictivo fue en el bar denominado "Cervecería la Curva", ubicado en calle Libertad Sur, número seiscientos cuatro, de la colonia Los Dicios, del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, el día diez de septiembre de dos mil trece, aproximadamente a las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos; lugar en donde el activo cobraba veinte pesos por el alquiler del cuarto, donde se prestaría el servicio sexual, constituyendo dicho numerario la ventaja económica, Indicando además que el grado de participación del quejoso fue de manera directa en términos del artículo 21, fracción I del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado. Por cuanto hace al punto marcado con el inciso c), dijo que si bien existe contradicción en cuando al tiempo en que dijeron los remitentes sucedieron los hechos, con lo declarado con la denunciante, ello no es causa de nulidad de dichos medios de prueba pues coinciden en lo esencial de los hechos, que fue que los elementos de policía ingresaron al bar (lugar de los hechos) en compañía del dueño, y encontraron a la agraviada ******************** quien acababa de dar un servicio sexual por el cual cobró cien pesos de los cuales veinte eran para el dueño. Por cuanto hace al punto marcado con el inciso d), refirió que es infundado que el testigo ********************, sea un testigo de oídas, pues según refirió el mismo acababa de tener relaciones sexuales con la agraviada Maximina Martínez Martinez, en uno de los cuartos del bar, lo cual sirve como testimonio de que en dicho lugar se ejercía la prostitución. Respecto del punto marcado como inciso e), la sala responsable dijo que es infundado lo manifestado por el quejoso de que el juez malverso las declaraciones de cargo, ya que no se advierte de la declaración de la agraviada ********************, y de los testimonios de los elementos aprehensores Luis Ortiz Amaro y ********************, ni del testigo ********************; y que los testimonios de descargo de Erasmos Oliveros Escobar y Laura Muñoz Hernández no les otorgó valor probatorio. Respecto del punto marcado con el inciso f), refirió que el inculpado, aquí quejoso fue detenido en flagrancia delictiva por elementos de policía, cuando la agraviada salía de uno de los cuartos anexos al bar, y detrás salía el testigo ********************, quien refirió que acaba de pagar cien pesos por el servicio. Respecto del inciso g), la Sala penal refirió que es infundado el agravio del quejoso de que la declaración de la agraviada Maximina Martínez Martinez, no tiene valor probatorio, ya que su dicho fue corroborado con el de los elementos aprehensores y del testigo ********************. Y, por cuanto hace al inciso h), refirió que igualmente es infundado el argumento del quejoso de que las inspecciones ministeriales no poseen valor probatorio, ya que dichas inspecciones no fueron tomadas en cuenta para tener por acreditado el cuerpo del delito de lenocinio, ni la probable responsabilidad penal del quejoso. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de enero de dos mil diecisiete. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de seis de enero de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el once de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 84 a 94), se sobreseyó en parte y se concedió en lo demás el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el fiscal responsable realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución dictada el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, en el toca penal número ******************** de su índice; y, 2. En su lugar, con plenitud de jurisdicción y bajo su más estricta responsabilidad, emita una nueva que podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero en la que resuelva integralmente sobre los agravios formulados por el inculpado al interponer el recurso de apelación, precisados en esta sentencia." Resolución que el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis causó ejecutoria, por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 161 y 162). Ahora bien, mediante oficio 69 de cuatro de enero de dos mil dieciséis, la Sala responsable remitió copia certificada de la resolución del día tres del mes y año en cita, de la que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente la resolución reclamada de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis (foja 173). - Con la plenitud de jurisdicción que le fue concedida, dictó nueva resolución en la cual procedió a confirmar el auto de formal prisión de treinta y uno de enero de dos mil catorce, dictado en el proceso penal 455/2013 del índice del Juzgado de lo Penal de Huejotzingo, Puebla. Resolución en la cual, procedió a dar respuesta integral a los agravios formulados por el inculpado al interponer el recurso de apelación (fojas 178 a 184), los cuales fueron señalados en la sentencia respectiva como: "Se afirma esto, pues es evidente que la sala responsable nada dijo en torno al agravio formulado por el inculpado relativo a que el juez primario en el auto de formal prisión impugnado no dio cumplimiento a las exigencias previstas en el artículo 16 constitucional en relación con el 83 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, ya que no fijó con precisión los elementos objetivos, normativos y subjetivos del delito de lenocinio; como tampoco la sala responsable nada expuso con relación a que el juez natural no precisó con qué pruebas se demostró cada uno de los elementos objetivos, normativos y subjetivos de dicho ilícito. Igualmente la sala responsable omitió contestar lo alegado por el inculpado al señalar que el juez de origen omitió establecer el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito, como también evidenciar el grado de participación en la comisión del delito que se le imputa, si fue de manera directa o indirecta, o conjunta, como coparticipes o por sí, como también nada dijo respecto a lo alegado por el inculpado en sus agravios de que el juez adujo hechos y circunstancias previstos en la fracción II del artículo 226 del Código Penal del Estado de Puebla, al presuntamente obtener una ventaja económica por alquilar cuartos, pero también hace alusión a la hipótesis de la fracción I de dicho numeral que alude a una ventaja económica por producto del comercio carnal. Tampoco se advierte respuesta alguna al argumento del inculpado de que el juez de origen dictó en su contra auto de formal prisión, pese a existir contradicciones en tiempo y circunstancias que demuestran la inverosimilitud de las pruebas, como las que se advierte en las declaraciones de ******************** y ********************, elementos de la policía ministerial, y la declaración de la agraviada ********************, por lo que debió negarles valor probatorio. Igualmente soslayó responder el diverso argumento vertido por el inculpado de que el ateste ********************, es un testigo singular y de oídas, quien no refirió la hora en que presuntamente acontecieron los hechos, y además por no constarle los hechos. La autoridad tampoco expuso nada de los argumentos del quejoso vertidos en sus agravios con relación a que el juez malversó a su conveniencia las declaraciones de cargo y que además hizo una indebida valoración de las pruebas que obran en la causa penal de origen. Ni tampoco respondió al inculpado lo que dijo en el sentido de que fue ilegalmente detenido, imputándole cargos falsos por el delito de lenocinio, lo que se demostró con el interrogatorio formulado por su defensor a la agraviada ********************. Asimismo, tampoco se advierte que la responsable haya dado respuesta a lo planteado por el quejoso en su agravio, en el que señaló que a la declaración de la pasivo ******************** no debió otorgarle ningún valor probatorio, por no encontrarse sustentada con otro elemento de convicción eficaz para sustentar la verdad de los hechos. Como también nada contestó la sala responsable el argumento del inculpado que vertió en el sentido de que las inspecciones ministeriales no poseen valor probatorio, pues no prueban los elementos del delito que se les imputa." Lo anterior, pues, por cuanto hace al punto marcado por la autoridad responsable como inciso a), dijo que el juez de origen sí preciso los elementos del cuerpo del delito imputado de lenocinio, así como los elementos de prueba con los cuales se tenían por acreditados los mismos, como fueron la declaración de la agraviada ********************, del testigo ******************** y de los elementos de policía ******************** y ********************; declaraciones que incluso transcribe. Respecto del punto marcado como inciso b), dijo que el juez de origen sí precisó las circunstancias de lugar, tiempo y modo del delito imputado, así como el grado de participación en la comisión del mismo; al indicar que el hecho delictivo fue en el bar denominado "Cervecería la Curva", ubicado en calle Libertad Sur, número seiscientos cuatro, de la colonia Los Dicios, del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, el día diez de septiembre de dos mil trece, aproximadamente a las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos; lugar en donde el activo cobraba veinte pesos por el alquiler del cuarto, donde se prestaría el servicio sexual, constituyendo dicho numerario la ventaja económica, Indicando además que el grado de participación del quejoso fue de manera directa en términos del artículo 21, fracción I del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado. Por cuanto hace al punto marcado con el inciso c), dijo que si bien existe contradicción en cuando al tiempo en que dijeron los remitentes sucedieron los hechos, con lo declarado con la denunciante, ello no es causa de nulidad de dichos medios de prueba pues coinciden en lo esencial de los hechos, que fue que los elementos de policía ingresaron al bar (lugar de los hechos) en compañía del dueño, y encontraron a la agraviada ******************** quien acababa de dar un servicio sexual por el cual cobró cien pesos de los cuales veinte eran para el dueño. Por cuanto hace al punto marcado con el inciso d), refirió que es infundado que el testigo ********************, sea un testigo de oídas, pues según refirió el mismo acababa de tener relaciones sexuales con la agraviada Maximina Martínez Martinez, en uno de los cuartos del bar, lo cual sirve como testimonio de que en dicho lugar se ejercía la prostitución. Respecto del punto marcado como inciso e), la sala responsable dijo que es infundado lo manifestado por el quejoso de que el juez malverso las declaraciones de cargo, ya que no se advierte de la declaración de la agraviada ********************, y de los testimonios de los elementos aprehensores Luis Ortiz Amaro y ********************, ni del testigo ********************; y que los testimonios de descargo de Erasmos Oliveros Escobar y Laura Muñoz Hernández no les otorgó valor probatorio. Respecto del punto marcado con el inciso f), refirió que el inculpado, aquí quejoso fue detenido en flagrancia delictiva por elementos de policía, cuando la agraviada salía de uno de los cuartos anexos al bar, y detrás salía el testigo ********************, quien refirió que acaba de pagar cien pesos por el servicio. Respecto del inciso g), la Sala penal refirió que es infundado el agravio del quejoso de que la declaración de la agraviada Maximina Martínez Martinez, no tiene valor probatorio, ya que su dicho fue corroborado con el de los elementos aprehensores y del testigo ********************. Y, por cuanto hace al inciso h), refirió que igualmente es infundado el argumento del quejoso de que las inspecciones ministeriales no poseen valor probatorio, ya que dichas inspecciones no fueron tomadas en cuenta para tener por acreditado el cuerpo del delito de lenocinio, ni la probable responsabilidad penal del quejoso. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado y anexo, visto su contenido, téngase a la referida sala manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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