Abel Hernández Pérez
Expediente 404/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 15 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 404/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 10/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Abel Hernández Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto del auto de fecha veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 196 y 201 de la Ley de Amparo vigente, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el considerando Décimo Sexto del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de depuración, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído; por lo que, previa digitalización, únicamente deberán conservarse la demanda, sentencia y ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, tomando en consideración que los cumplimientos de las ejecutorias de amparo, son de orden público se procede a proveer sobre el mismo. Mediante sentencia de fecha veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, este Juzgado de Distrito sobreseyó y concedió el amparo y la protección de la Justicia federal, para el efecto de que: "(.) a) Deje insubsistente el auto de formal prisión de fecha dieciocho de marzo del año dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 19/2015 de su índice, únicamente por lo que hace al quejoso Abel Hernández Pérez; y, b) Deberá reponer el procedimiento en el estado de preinstrucción, a fin de que durante el término constitucional que debe otorgarse nuevamente al quejoso -aun ampliado, si así fue solicitado- se señale hora y fecha para el desahogo de las pruebas ofrecidas y admitidas en el proceso penal, o se acuerde lo que en derecho proceda;, y, hecho lo anterior, resuelva su situación jurídica conforme a derecho, y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución en donde sean valorados la totalidad de los medios de convicción ofrecidos, admitidos y desahogados durante la preinstrucción, al emitir el auto de término constitucional, como es su obligación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución General de la República, en el entendido de que dicho término comenzará a correr a partir de que el juez responsable se encuentre debidamente notificado del auto por el que se declare ejecutoriada esta resolución. c) Prescinda de otorgar alcance probatorio a la declaración ministerial del indiciado hoy quejoso, Abel Hérnandez Pérez; d) Hecho lo anterior, reitere la vista que ordenó a la Procuradora General de Justicia del Estado de Tlaxcala para la investigación de los actos de tortura que aducen haber sufrido el solicitante de amparo; e) Al resolver la situación jurídica del impetrante de amparo, deberá abstenerse de tomar en consideración las confesiones que fueron realizadas ante el fiscal investigador, de los diversos indiciados mencionados, al no haberse corroborado la legalidad de la detención practicada sobre ellos y existir indicios de tortura. f) Realice el estudio de la totalidad de las constancias y determine que las mismas son insuficientes para calificar la detención de Abel Hernández Pérez, ante el agente del Ministerio Público, adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. g) Hecho lo anterior, deberá decidir si los medios de prueba que subsisten, son suficientes e idóneos para acreditar el ilícito que se imputa al quejoso Abel Hernández Pérez; así como su probable responsabilidad. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 59/96, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 200030, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE APREHENSION Y AUTO DE FORMAL PRISION. EFECTOS DEL AMPARO QUE SE CONCEDE POR FALTA O DEFICIENCIA DE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE ESAS RESOLUCIONES. Tratándose de órdenes de aprehensión y de autos de formal prisión, el amparo que se concede por las indicadas irregularidades formales, no produce el efecto de dejar en libertad al probable responsable, ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, sino que en estos casos, el efecto del amparo consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, con lo cual queda cumplido el amparo. De ahí que en la primera de esas hipótesis las irregularidades formales pueden purgarse sin restituir en su libertad al quejoso y sin demérito de las actuaciones posteriores, porque no estando afectado el fondo de la orden de aprehensión o de la formal prisión, deben producir todos los efectos y consecuencias jurídicas a que están destinadas". Dicha concesión deberá hacerse extensiva a los actos de ejecución reclamados al Director del Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco, Tlaxcala; porque la ilegalidad de los actos de ejecución se hace depender del acto reclamado atribuido a la autoridad ordenadora y no por vicios propios. Asimismo, en el acumulado se concedió para el efecto de que: a) Deje insubsistente el auto de formal prisión de fecha dieciocho de marzo del año dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 19/2015 de su índice, únicamente por lo que hace al quejoso Juan Carlos Yañez Osornio; y, b) Deberá reponer el procedimiento en el estado de preinstrucción, a fin de que durante el término constitucional que debe otorgarse nuevamente al quejoso -aun ampliado, si así fue solicitado- se señale hora y fecha para el desahogo de las pruebas ofrecidas y admitidas en el proceso penal, y, hecho lo anterior, resuelva su situación jurídica conforme a derecho, y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución en donde sean valorados la totalidad de los medios de convicción ofrecidos, admitidos y desahogados durante la preinstrucción, al emitir el auto de término constitucional, como es su obligación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución General de la República, en el entendido de que dicho término comenzará a correr a partir de que el juez responsable se encuentre debidamente notificado del auto por el que se declare ejecutoriada esta resolución. c) Prescinda de otorgar alcance probatorio a la declaración ministerial del indiciado hoy quejoso, Juan Carlos Yañez Osornio, y de los diversos indiciados mencionados; d) Hecho lo anterior, reitere la vista que ordenó a la Procuradora General de Justicia del Estado, para la investigación de los actos de tortura que aduce haber sufrido el solicitante de amparo; e) Al resolver la situación jurídica del impetrante de amparo, deberá abstenerse de tomar en consideración las confesiones que fueron realizadas ante el fiscal investigador, al no haberse corroborado la legalidad de la detención practicada sobre ellos y existir indicios de tortura. f) Realice el estudio de la totalidad de las constancias y determine que las mismas son insuficientes para calificar la detención de Juan Carlos Yañez Osornio, ante el agente del Ministerio Público, adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. g) Hecho lo anterior, deberá decidir si los medios de prueba que subsisten, son suficientes e idóneos para acreditar el ilícito que se imputa al quejoso Juan Carlos Yañez Osornio; así como su probable responsabilidad. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 59/96, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 200030, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE APREHENSION Y AUTO DE FORMAL PRISION. EFECTOS DEL AMPARO QUE SE CONCEDE POR FALTA O DEFICIENCIA DE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE ESAS RESOLUCIONES. Tratándose de órdenes de aprehensión y de autos de formal prisión, el amparo que se concede por las indicadas irregularidades formales, no produce el efecto de dejar en libertad al probable responsable, ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, sino que en estos casos, el efecto del amparo consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, con lo cual queda cumplido el amparo. De ahí que en la primera de esas hipótesis las irregularidades formales pueden purgarse sin restituir en su libertad al quejoso y sin demérito de las actuaciones posteriores, porque no estando afectado el fondo de la orden de aprehensión o de la formal prisión, deben producir todos los efectos y consecuencias jurídicas a que están destinadas". Dicha concesión deberá hacerse extensiva a los actos de ejecución reclamados al Director del Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco, Tlaxcala; porque la ilegalidad de los actos de ejecución se hace depender del acto reclamado atribuido a la autoridad ordenadora y no por vicios propios. (.)" Inconforme con la resolución que antecede el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito en materia de Amparo, interpusieron recurso de revisión, del cual tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede San Andrés Cholula, Puebla, quien remitió ejecutoria de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, confirmando la sentencia recurrida. Por acuerdos de fechas doce y diecinueve de junio, ambos de dos mil diecisiete, se requirió a las autoridades responsables, que cumplieran con la misma. Mediante oficios 1747 y 1626/2017 de fechas veintidós y veintiséis de junio del presente año, los Jueces Primero y Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, respectivamente, remitieron diversas constancias que demuestran el cumplimiento; asimismo, el Director del Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco, Tlaxcala, se acató al mismo. Con dicho cumplimiento se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que realizara diversas manifestaciones. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 315, del Tomo IX, Marzo de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que previene: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, UNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- Esta Segunda Sala, en la jurisprudencia 85/98, entre otras tesis, ha sostenido el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado de vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el tribunal de amparo resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad." Ahora bien, del análisis de la totalidad de las constancias que obran en el sumario, se llega al convencimiento de que en la especie, la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida; ya que las autoridades responsables, acreditaron que dejaron insubsistente el acto reclamado y en su lugar emitieron otro, en la que subsanaron la violación formal advertida, y por ende, se dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar con la reservas de ley a los quejosos Abel Hernández Pérez y Juan Carlos Yáñez Osorno. En consecuencia, con fundamento en el artículo 193, de la Ley de Amparo, en el momento procesal oportuno archívese el presente como asunto concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito. NOTIFÍQUESE y PERSONALMENTE AL QUEJOSO JUAN CARLOS YAÑEZ OSORNIO en el lugar donde se encuentra recluido y por estrados al quejoso ABEL HERNÁNDEZ PÉREZ.
- Principal
Vistas las razones actuariales que anteceden, en la que se hace constar que no le fue posible notificar los autos de veintisiete y veintiocho de junio del presente año, al quejoso ABEL HERNÁNDEZ PÉREZ, por el motivo que expone en las mismas; en tales condiciones, pásense nuevamente los autos al referido Actuario, para que proceda a notificar el indicado auto, por medio de lista, así como las subsecuentes notificaciones que sean de carácter personal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo.... AGREGUENSE LOS AUTOS DE VEINTISIETE Y VEINTIOCHO DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO... Agréguense a sus autos los oficios números 1626/2017 y 1422/2017, que signan el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Director del Centro de Reinserción Social Regional de Tlaxcala, con anexos, por medio de los cuales dan cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ahora bien, tomando en consideración, que por auto de fecha veintitrés del actual, se mandó a reservar el oficio número 1747, registrado ante este juzgado con el número 10863, signado por la Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, con anexos, por el que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en tales condiciones, dése vista a los amparistas ABEL HERNÁNDEZ PÉREZ y JUAN CARLOS YAÑEZ OSORNIO, por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal federal, resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el presente expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo del dos mil, a fojas 243, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98 DE ESTA SEGUNDA SALA)"....Visto el oficio número 1456/2017, de cuenta, signado por el Director del Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco, Tlaxcala, por medio del cual en vía de alcance al oficio número 1422/2017 de fecha veintitrés de junio del año en curso, da cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en tales condiciones, dése vista al quejoso ABEL HERNÁNDEZ PÉREZ, por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal federal, resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el presente expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo del dos mil, a fojas 243, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98 DE ESTA SEGUNDA SALA)". Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Visto el oficio número 1456/2017, de cuenta, signado por el Director del Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco, Tlaxcala, por medio del cual en vía de alcance al oficio número 1422/2017 de fecha veintitrés de junio del año en curso, da cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en tales condiciones, dése vista al quejoso ABEL HERNÁNDEZ PÉREZ, por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal federal, resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el presente expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo del dos mil, a fojas 243, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98 DE ESTA SEGUNDA SALA)". Notifíquese y personalmente al citado quejoso en el lugar donde se encuentra recluido.
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