Abel Hernández Guevara
Expediente 689/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 689/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Abel Hernández Guevara
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, once de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 689/2019-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 689/2019-ll-B, promovido por ABEL HERNÁNDEZ GUEVARA, por su propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con sede en Cuernavaca, turnada y recibida al día siguiente en este órgano jurisdiccional, ABEL HERNÁNDEZ GUEVARA, por su propio derecho, solicitó la protección de la justicia federal contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo, se señaló fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y tercero interesado (fojas 5 a 7). Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, el acto reclamado consiste en: La omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 01/1093/16. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es inexistente el acto reclamado; sin soslayar, que la autoridad responsable informó que es cierto el mismo, como lo advierte al momento de rendir su informe justificado (fojas 13 y 14). Tal inexistencia que afirma este juzgador, se confirma con la documental que exhibió el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos en copia certificada relativa al auto de once de junio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 01/1093/16, del cual se advierte que el juicio se encuentra en etapa de alegatos (foja 28); la cual amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, se advierte que en el juicio laboral que nos ocupa al momento de la presentación de la demanda de amparo, no se había cerrado la instrucción, motivo por el cual no se había dictado el laudo correspondiente en el expediente 01/1093/16 del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, circunstancia que se reafirma en el entendido de que esta última al momento de darle vista con el informe justificado rendido por la responsable, no se pronunció al respecto; ya que de conformidad con el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, al no haber sido cerrada la instrucción en el juicio de origen, no es posible dictar la resolución en forma de laudo, en virtud de que se encontraba transcurriendo el termino concedido a las partes para formular alegatos, circunstancia que impide el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Sirve de apoyo la Jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, página 926, con número de registro 2018110 y rubro siguiente: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO." Bajo ese contexto, atento a que la parte quejosa presentó la demanda de amparo el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, en la que manifestó que reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, la omisión de dictar el laudo correspondiente en el expediente laboral 01/1093/16. En ese sentido, el acto combatido es inexistente porque a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veintiuno de mayo de dos mil diecinueve), no existía la omisión por parte de la autoridad responsable de dictar la resolución en forma de laudo en el juicio de origen, toda vez que no se encontraba cerrada la instrucción en el juicio burocrático de origen, como se indica en los párrafos que anteceden. En esas condiciones, el acto atribuido a la citada autoridad responsable, es inexistente; lo anterior, atendiendo a que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, en aplicación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, en el caso al veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, para evitar que la sentencia se ocupe de actos posteriores y distintos de los que dan origen a la queja. La aludida regla general se funda en la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de la Octava Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." De igual modo, ilustra lo anterior, la tesis VII.1o.C.4 K, localizable con el número de registro 198320, visible a página 433, tomo VI, julio de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis". (el subrayado y resaltado no es de origen) Consecuentemente, al no demostrarse la existencia del acto reclamado, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por ABEL HERNÁNDEZ GUEVARA, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia y por las razones indicadas en el considerando tercero. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, trece de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con el mismo y con las constancias que a él se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, asimismo, téngase por hechas las designaciones que refiere. Por lo que respecta a la solicitud en el sentido de que se autorice la utilización de medios electrónicos para copiar y reproducir las constancias procesales y autos que se decreten en el presente juicio de amparo, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; al respecto se acuerda: En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, se le autoriza la copia de actuaciones por medios electrónicos como escaners, cámaras digitales o cualquier otro dispositivo eléctrico o electrónico; no obstante a ello, dichas herramientas deberán ser utilizadas con lealtad procesal, sin que se puedan reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; asimismo, por seguridad jurídica, se deberá dejar constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados. Lo anterior, encuentra sustento en lo conducente, en la tesis I.3o.C.725C, localizada en la novena época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, página 2847. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe. aec
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. ADMISIÓN DE DEMANDA. Visto el escrito de demanda presentado por ABEL HERNÁNDEZ GUEVARA por su propio derecho contra actos del TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS; fórmese el expediente 689/2019-ll-B; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 37, 107, 108, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se admite la demanda de amparo. DETERMINACIÓN SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Con fundamento en el artículo 125, de la Ley de Amparo, no se ordena la apertura del incidente de suspensión, en razón de que no fue solicitado. SOLICITUD DE INFORME A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, el que de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, deberá rendir dentro del término de quince días hábiles contados desde el día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique de este acuerdo, conforme al artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo, en el que tendrá que expresar si es cierto o no el acto reclamado y exponer las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, con la obligación de remitir copia certificada legible de la totalidad de las constancias en que lo apoyen, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Infórmese a la autoridad responsable que en caso de que la documentación a que se refiere el párrafo anterior contenga información clasificada como confidencial o reservada deberá hacerlo del conocimiento de este Juzgado, previo análisis, valoración y, en dado caso, aplicación de la prueba de daño, para que, de así proceder, la remita en versión pública, por corresponder al ámbito de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108, 113, 114 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIJACIÓN DE FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente corresponde ya que es parte en el presente juicio, conforme al artículo 5, fracción IV, de la ley de la materia. OBLIGACIÓN DE LAS PARTES. Se precisa que la parte quejosa y autoridades responsables, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este tribunal de amparo, en cuanto tengan conocimiento de la existencia de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten, en términos de lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo; apercibidas que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se indica que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha y la autoridad será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. DETERMINACIÓN SOBRE LA PARTE TERCERA INTERESADA. No obstante que la parte quejosa manifieste bajo protesta de decir verdad que no existe tercero interesado, del estudio integral de la demanda se advierte que la parte demandada en el juicio laboral de origen 01/1093/16 es el Ayuntamiento de Jojutla, Morelos; por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene con el carácter de tercero interesado al AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA, MORELOS, en ese sentido, con fundamento en el inciso b), de la fracción II, del artículo 26, de la Ley de Amparo, se ordena emplazarlo por oficio; corriéndole traslado con copia simple del escrito inicial de demanda y copia simple del presente proveído, haciéndole de su conocimiento, que si así lo estima pertinente, con tal carácter puede comparecer en el presente juicio de garantías en defensa de sus derechos. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. El artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día siguiente de su publicación, ordena hacer públicas las sentencias que causen estado o ejecutoria; por tanto, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, de conformidad con el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que con independencia que se opongan o no la publicación de sus datos personales, debe privilegiarse el derecho a su protección, por lo que deberán suprimirse de las versiones públicas, de las resoluciones y sentencias que, en su caso, se llegase a dictar, sus nombres, datos personales e información reservada, lo anterior de conformidad con el párrafo último del artículo 2 transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se hace saber a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ conforme a los pasos que ahí se precisan. NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO. Sin que haya lugar a notificar personalmente a la parte quejosa el presente auto, en virtud de que es obligación del promovente de amparo cerciorarse del auto de admisión; aunado a ello, el numeral 26, de la Ley de Amparo, no establece la obligación de notificar personalmente al quejoso el acuerdo de admisión de su demanda, habida cuenta que este tipo de notificación se hace en el emplazamiento del tercero interesado -siempre que exista- y de la primera notificación que deba hacerse a personas distintas de las partes en el juicio, no así al impetrante de amparo. En otro orden de ideas, se instruye al Actuario judicial para que los subsecuentes acuerdos que se lleguen a presentar cuya trascendencia no amerite notificar personalmente, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia constitucional no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29, de la legislación federal en consulta, al actualizarle el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, aunado que a través de ella se les informa en su residencia oficial o en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que deba ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocadas por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. La anterior determinación encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de dos mil trece, Tomo 2, correspondiente a la Décima Época, del rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". DOMICILIO PROCESAL Y PERSONAS AUTORIZADAS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa, asimismo, se tienen por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo, a las personas propuestas. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
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