Abel Hernández Cruz

Expediente 1657/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1657/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
06/01/2023

Partes del expediente

  • Abel Hernández Cruz y Otros.
  • Abel Hernández Cruz
  • Abigail Hernández García y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    (7) Visto el estado que guarda el presente juicio de amparo, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós (fojas 62 a 69), en que se negó el amparo a la parte quejosa; luego, de conformidad con los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que carece de relevancia documental. De igual forma, se destaca que en el presente juicio se negó el amparo, por lo que de conformidad al numeral 18, inciso b), del acuerdo general en cita, es susceptible de depuración, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    (7)...R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a....

  3. Principal

    (7) Glósese el informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo, al cual anexa copia certificada del auto de doce de octubre del año en curso, dictado en el expediente laboral ******* de su índice. En consecuencia, se tiene por rendido el citado informe, con su contenido y anexo dese vista a las partes de conformidad con el artículo 117, primer párrafo, de la Ley de Amparo, para que manifiesten lo que a sus intereses legales convenga.

  4. Principal

    (7) Visto el estado de autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, que a la fecha transcurrió el término de cinco días concedido a los quejosos ******, para dar estricto y cabal cumplimiento a la prevención efectuada en auto de veintisiete de octubre del año en curso, sin que realizaran ello. En esas condiciones, y ante su omisión, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto citado en el párrafo precedente, por lo que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo intentada por lo que respecta a dichos quejosos. Provéase lo que en derecho corresponda respecto al escrito inicial de demanda, en lo referente al resto de quejosos. Decisión sobre la acción de amparo Desechamiento Así, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, la juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. Apoya a la anterior consideración, la jurisprudencia que se cita: "Novena Época Registro: 193379 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Septiembre de 1999 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/19 Página: 730 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Con base en un análisis integral a la demanda, en lo que respecta a los impetrantes *******, esta juzgadora advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable. En el caso, en lo referente a los quejosos precitados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 6 de ese ordenamiento jurídico y 107, fracción I, de la Constitución Federal, que establecen lo siguiente: "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (.)" De los citados artículos se desprende el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona a quien la norma, acto u omisión reclamados le produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, ya sea por propio derecho, por su representante o por su apoderado, o cualquier persona en los casos previstos en la ley. En ese sentido, de acuerdo con los artículos 6° y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto debe formularse por escrito o por medios electrónicos, en la inteligencia de que en todo caso la misma deberá contener la firma de quien promueve. Lo anterior se entiende si consideramos que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; en razón de que es a través de ésta, que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover el juicio de amparo. En ese contexto, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquel en la que revele la misma para promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, la impresión de la huella digital. Caso concreto Ahora, el escrito de demanda que se atiende se presentó en forma física, empero, como se advierte de la certificación de cuenta, no se encuentra firmado y/o rubricado de manera autógrafa por los promoventes *******, es decir, no se encuentra firmado por el puño y letra de estos, esto es, ninguno de los escritos exhibidos cuenta con firma original, incluyendo el que cuenta con el sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, ni las cuatro que anexó para correr traslado a las partes, qué no son más que copia simple de la demanda original. Aunado a ello, en el caso fueron los propios promoventes quienes depositaron su escrito de demanda y copias del mismo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, por tanto, no existió la intervención de persona alguna del personal adscrito a esta institución jurisdiccional para poder revisar y denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley; por lo que la obligación de verificar que éste se encontrara debidamente firmado, recayó en los mismos usuarios; en consecuencia, sin duda alguna la recepción de la demanda se hizo sin la firma de los promoventes ******, requisito sine qua non que manifiesta la voluntad de quien suscribe el documento y que no es susceptible de ser sobrentendida ni inferirse a través de la búsqueda o deducción de la presentación de la demanda. Asimismo, cabe señalar que el asunto no se contempla dentro de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, y que en todo caso, aun dentro de dicho supuesto cuando se presenta el libelo en forma física, se requiere de la firma de quien promueve el amparo a nombre de la parte quejosa. Apoya lo anterior, por analogía, los precedentes cuyos datos de localización, título y texto son: "Época: Décima Época Registro: 2019715 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 65, Abril de 2019, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 8/2019 (10a.) Página: 79 DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." "Época: Décima Época Registro: 2018943 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 11 de enero de 2019 10:12 h Materia(s): (Común) Tesis: P./J. 32/2018 (10a.) DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." Por lo anterior, si en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes de ejercer un derecho se manifiesta a través de su firma, y la presente demanda de amparo carece de la misma de forma autógrafa, se desconoce si es voluntad de los promoventes *******, ejercer la acción constitucional en contra del acto de la autoridad que señalan como responsable, motivo por el cual y en virtud de que el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, debe considerarse que al carecer de la firma autógrafa de la parte quejosa, constituye sólo un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna. Así, cuando el escrito inicial carece de la firma autógrafa de quien promueve, no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien acude a esta instancia al haberse afectado en los intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. En efecto, la demanda de amparo debe estar suscrita por los justiciables, pues tal formalidad es indispensable al ser la firma lo que le da autenticidad, con todas sus consecuencias legales. Por tanto, si dicha demanda no está signada por quien aparece como promoventes, al no plasmarse su firma al pie de la misma, esto es, en el espacio inferior inmediato a la conclusión de ésta, debe considerarse que no se ha promovido legalmente el juicio de derechos fundamentales. Por lo anteriormente expuesto, se concluye que si la demanda de amparo no fue firmada por ******, debe estimarse que no existe instancia de dicha parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad de los directamente interesados precitados, en la promoción del juicio de derechos. En consecuencia, la falta de firma autógrafa o electrónica de *****, actualiza la improcedencia de la acción constitucional al tenor del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 6º, ambos de la Ley de Amparo; por lo que, en términos del diverso ordinal 113 de la ley reglamentaria en cita, procede desechar la demanda de cuenta en lo que respecta a los accionantes de esta vía excepcional en comento. Cobra aplicación la tesis XVII.7 K (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo III, Mayo de 2015, Libro 18, página 2154, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN LOS BUZONES JUDICIALES DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 32/2011 (10a.)]. En el caso específico del depósito de documentos en los Buzones Judiciales de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, para la recepción de asuntos nuevos y promociones de término que no tengan el carácter de urgentes en horario nocturno, es inconcuso que, al operar fuera del horario de oficina, no obra intervención alguna por el personal adscrito para poder revisar y denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, o bien, para asentar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente, conforme al Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 17 de mayo de 2011 en el Diario Oficial de la Federación. Por esta razón, la obligación de verificar que los asuntos y promociones depositados estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a los Tribunales de Circuito o Juzgados de Distrito a los que presta servicio la Oficina de Correspondencia Común de que se trate, recae en los usuarios de dichos buzones. En consecuencia, si el Juez de Distrito que recibe la demanda de amparo presentada en los Buzones Judiciales advierte que carece de firma autógrafa, requisito sine qua nn que manifiesta la voluntad de quien suscribe el documento y que no es susceptible de ser sobrentendida ni inferirse a través de la búsqueda o deducción de la presentación de la demanda, debe desecharla de plano, por existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en esta hipótesis es inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 4, enero de 2012, página 3632, de rubro: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA." Asimismo se cita en apoyo a lo anterior, la tesis cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Época: Séptima Época Registro: 235463 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 80, Segunda Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 29 FIRMA, DEMANDA DE AMPARO CARENTE DE. Si el escrito en que se formula la demanda de garantías no está suscrito por quien se supone que es el agraviado y si se toma en cuenta que las promociones son el medio de que se valen los gobernados para poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales, debe decirse que es indispensable que esas promociones estén suscritas por el interesado, sobre todo cuando se trata del primer escrito o promociones que, por ser la demanda, constituye la base de todo el procedimiento legal y mediante tal escrito se puede considerar a quien lo suscribió como parte actora. Por tanto, la falta de la firma tiene como consecuencia que el repetido escrito no constituya demanda y que no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, puesto que ese requisito, el de la firma, por ser obvio, no es necesario que se precise como tal en ninguna disposición de la Ley de Amparo, aunque su ausencia sí es bastante para tener por no hecha la promoción de que se trata." "Época: Octava Época Registro: 231247 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Administrativa Tesis: Página: 241 DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE FIRMA EN LA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA Y NO IRREGULARIDAD EN EL ESCRITO DE DEMANDA. No puede sostenerse válidamente que la ausencia de firma en la demanda de garantías constituya una irregularidad en el escrito y que por ello sea factible que el juez de Distrito se encuentre facultado para ordenar que la misma se subsane en los términos previstos por el artículo 146 de la Ley de Amparo, supuesto que un escrito presentado en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendiente a darle curso, en la medida en que, al no encontrarse firmado, debe estimarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Por consiguiente, en esos casos procede que se deseche de plano la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia." Admisión Ahora bien, por lo que hace al resto de los quejosos ******, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal, 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda. III. Audiencia constitucional. Se señalan las diez horas con diez minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional prevista en el artículo 115 de la Ley de Amparo. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Autoridad (es) responsable (s). a. Informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) para que en el plazo de quince días rinda(n) su informe con justificación, apercibida(s) que de no hacerlo se presumirán como ciertos el(los) acto(s) reclamado(s) y se le(s) impondrá multa por el equivalente a cien veces el importe de la unidad de medida y actualización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley citada, que asciende a nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional. Ello, en el entendido que si las autoridades responsables no consideran necesario remitir constancias, los informes justificados correspondientes deberán enviarse ÚNICAMENTE por correo electrónico a la dirección 2jdo29cto@correo.cjf.gob.mx, pues constituye hecho notorio para la suscrita, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que el servicio postal ordinario que presta Correos de México se encuentra gravemente afectado por la pandemia generada por el virus SARS-CoV2-19. b. Informe vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. A fin de agilizar la integración del expediente, en caso de haberlas, remítase vía interconexión el(los) oficio(s) correspondiente(s) a la(s) autoridad(es) que constituye(n) órgano(s) jurisdiccional(es) del Poder Judicial de la Federación, o bien, a la(s) autoridad(es) con la(s) que el Consejo de la Judicatura Federal ha celebrado convenio(s) respectivos, solicitándose atentamente que el informe que rinda(n) se envíe por la misma vía, a excepción de los casos en que deban remitir constancias que deban exhibirse forzosamente en forma física (discos compactos, etcétera), conforme a lo ordenado en este apartado. Finalmente, en caso que los actuarios adscritos cuenten con el correo electrónico oficial de la(s) autoridad(es) responsable(s), se les instruye para que remitan el(los) oficio(s) derivado(s) de este acuerdo por tal vía, siempre y cuando puedan constatar, por cualquier medio, su recepción. c. Multa por no recibir oficios. Con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, apercíbase a la(s) autoridad(es) responsable(s) que si se niega(n) a recibir los oficios librados en el presente juicio, se le(s) impondrá multa por el equivalente de cien unidades de medida y actualización, conforme al diverso segundo transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, que asciende a la cantidad de nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional. De igual forma, hágase del conocimiento de la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s), que de conformidad con el artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, está(n) obligada(s) a recibir el(los) oficio(s) que con motivo de este juicio se le(s) dirija(n), por lo que en caso de negarse a recibirlo(s), con excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial (verbigracia, por tratarse de encargado y no titular, o viceversa; o bien por no estar completa la denominación) si no existe duda y resulta evidente la existencia de la(s) autoridad(es), sobre todo, en caso que no exista organigrama o directorio que tanto este juzgador como las partes puedan consultar en línea para determinar con precisión el nombre del cargo), se tendrá(n) por hecha(s) la(s) notificación(es) y será(n) responsable(s) de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que el(los) propio(s) oficio(s) contenga(n); en el entendido que podrá(n) hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación, e incluso el domicilio correcto, al rendir su respectivo informe o en su defecto mediante oficio; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, con la razón actuarial que se levante, o bien lo que informe el funcionario de correos o telégrafos, se dictará el acuerdo correspondiente, sin perjuicio que se les imponga una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme al último de los numerales invocados, que asciende a la cantidad de nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional. d. Informe de causas de sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 64 de la Ley de Amparo, se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) para que en caso que tenga(n) conocimiento o con su conducta provoque(n) la actualización de alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, o bien, si sabe(n) que la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo que pueda tener relación con el presente asunto y en qué órgano jurisdiccional se radicó, lo comunique(n) de inmediato a este Juzgado de Distrito en cualquier estado procesal que se encuentre el juicio de amparo, haciendo de su conocimiento que si no cumple con esa obligación, se le(s) impondrá una multa equivalente a treinta unidades de actualización y medida, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 251 del ordenamiento legal en cita, que asciende a dos mil ochocientos ochenta y seis pesos, moneda nacional. e. Requerimiento de expediente generador y constancias relacionadas con el asunto. Con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) para que remita(n) en el plazo de quince días, contados desde el momento en que le(s) sea notificado el presente acuerdo, las constancias que integran el expediente generador del(los) acto(s) reclamado(s) o que sirvieron de apoyo para emitirlo(s), así como aquéllas que en su caso tuvieran relación con el presente asunto (en forma completa y legible, debidamente foliadas, rubricadas, entreselladas y signadas por funcionario público facultado para dicho cotejo), toda vez que resulta necesario para resolver el presente juicio, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del término señalado o de no informar las causas legales o materiales que se lo impidan, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional 2. Tercero(s) interesado(s). a. Quién Sin que haya lugar a tener como tercero interesado a quien refieren lo quejosos, en virtud que en el caso se señala como acto reclamado una dilación procesal, por lo que consecuentemente no podría existir interés de la contraparte de los impetrantes en el juicio de origen, en que subsista la misma. 3. Representación Social. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado la intervención que legalmente le corresponde, asentándose en el acta respectiva que se le corre traslado con copia del escrito de demanda y diverso aclaratorio. V. Incidente de suspensión. No ha lugar a abrir el incidente de suspensión, en atención a que la parte quejosa no solicitó el dictado de la medida cautelar, sin que se esté en el supuesto establecido en el artículo 126 de la Ley de Amparo.

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