Abel Gustavo Fuentes Arcos

Expediente 75/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 15 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
75/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
31/03/2022

Partes del expediente

  • G.A. F. S. y Otros.
  • Abel Gustavo Fuentes Arcos
  • G.A. F. S.
  • Abel Gustavo Fuentes Arcos y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Vista la cuenta, se aprecia que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto de diez de marzo del año en curso, en que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia. Con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en lo dispuesto en el punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se concedió la suspensión de plano en el presente asunto, este expediente es susceptible de depuración, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Por otra parte, de las constancias que obran en autos se advierte que obran documentos susceptibles de devolución, exhibidos por la parte quejosa; en esa medida, requiérasele para que en el plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado a recoger dicha documentación, bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, será destruida. Asimismo, se le informa que para la entrega de éstos, deberá agendar la cita respectiva en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, a fin de generar el código QR correspondiente para su ingreso para ello, de conformidad con la fracción II del artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Finalmente, acuérdese lo relativo en los autos del incidente de suspensión correspondiente al juicio de amparo en que se actúa, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Incidental

    Vista la cuenta, se aprecia que en esta fecha causó estado el acuerdo de auto diez de marzo del año en curso, en que se sobreseyó en el juicio principal, fuera de audiencia; por ende, se provee: Es necesario precisar que la determinación que se emite en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo, concediendo o negando la suspensión definitiva solicitada, tiene efectos y subsiste jurídicamente solo hasta que se declare firme la resolución que decida el juicio de amparo. En tales condiciones, es dable concluir que el presente incidente de suspensión carece de materia, dado que en acuerdo de diez de marzo en curso, se sobreseyó en el juicio principal, fuera de audiencia constitucional; ello, en virtud de que este juzgado consideró que respecto al menor de iniciales ********************se actualizó la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción II del numeral 5 y fracción III del diverso arábigo 108, todos de la Ley de Amparo. Lo anterior, habida cuenta que el promovente fue prevenido para designar como autoridades responsables al (1) Director General de Promoción a la Salud de la Secretaría de Salud Federal, al (2) Subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud de la Secretaría de Salud Federal, así como a la (3) Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), y no lo hizo. Lo cual resultaba esencial, pues su intervención es preponderante en la omisión que reclama, pues las primeras dos participaron en la elaboración, revisión y autorización de la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", mientras que a la tercera corresponde dictaminar si es procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech contra la COVID-19, a fin de ampliar la indicación terapéutica para su posible aplicación al grupo etario no fue contemplado. Por ende, con el dictado de la determinación precitada se decidió en definitiva el juicio principal del presente cuaderno incidental. Resulta aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 2/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación, visible en la página 431, del tomo XXVII, enero de dos mil dieciocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 170502, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sntencia debe declararse sin materia." Estimar lo contrario no traería consigo fin practico alguno para la impartición de justicia y contravendría el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, y para ello emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. De ahí que se declara sin materia el presente incidente de suspensión. Por tanto, déjese sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia incidental, programada para las nueve horas con veinticinco minutos del once de abril de dos mil veintidós. Por lo expuesto, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee: a) Con fundamento en el artículo 21, inciso c), el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión del presente acuerdo, previa acta correspondiente. b) Con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de seis meses, contado a partir de la emisión del presente acuerdo, previa acta correspondiente.

  3. Incidental

    Vista la cuenta, se aprecia que no obra en autos el informe previo de la autoridad responsable Secretaría de Salud Federal, con residencia en la Ciudad de México, ni acuse de recibo del oficio girado para tal efecto.-Por otro lado, se observa que el oficio 4266/2022 dirigido al Secretaría de Salud Federal reexpedido el ocho de marzo del presente año, fue enviado vía estafeta al domicilio ubicado en calle Lieja, número 7, piso número 1, colonia Juárez, Ciudad de México.-Sin embargo, es un hecho notorio para este juzgado que en diversos juicios de amparo que aquí se tramitan, entre ellos el 1313/2021- VI, el Subdirector de Área adscrito a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud Federal, quien ha señalado como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en Ciudad de México, ha rendido informe justificado en representación del Secretario de Salud Federal. -Por tanto, a fin de evitar dilación procesal, reexpídase el oficio 4266/2022 del índice de este juzgado, y envíese a su destinatario, teniendo en cuenta los datos antes señalados. -Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL ONCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo.

  4. Principal

    Apoderado legal de la Secretaría e Instituto, ambos de Salud Pública del Estado de Guanajuato, informa que el tres de marzo de este año se aplicó la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el SARS-COV-2 a la menor de edad de iniciales A.V.F.S., y para acreditarlo anexa el comprobante de vacunación correspondiente. Ahora, con base en las documentales anexas al oficio que se provee, se advierte se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de que a la menor de edad de iniciales A.V.F.S., ya le fue suministrada la segunda dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2, por lo que ha completado su esquema de vacunación; por tanto, se concluye que han cesado los efectos de los actos reclamados en esta instancia constitucional.En el caso, el promovente esencialmente reclama la omisión por parte del Secretario de Salud (Federal), del Secretario de Salud del Estado de Guanajuato, y del Coordinador de las Brigadas Especiales en el Estado de Guanajuato, de aplicar la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México" en favor del directo quejoso G.A.F.S., en virtud de que es menor de doce años de edad, lo cual se traduce en que no le sea aplicada la vacuna preventiva desarrollada por la farmacéutica Pfizer-BioNTech. De una interpretación armónica de tales preceptos, se obtiene que la improcedencia del juicio de amparo no sólo se actualiza en los casos que prevé el referido artículo 61, sino también cuando el quejoso no satisface alguno de los presupuestos que contemplan otras disposiciones, siempre que éstos sean necesarios para abordar el estudio de constitucionalidad del acto que se combate. Uno de tales presupuestos es que en la demanda de amparo el quejoso señale a las autoridades responsables que tuvieron injerencia en la emisión del acto reclamado. Así, en caso de que la parte quejosa omita señalar como autoridades responsables a las que tuvieron injerencia en el acto reclamado, el juicio de amparo será improcedente. Pues no sería posible jurídicamente examinar la constitucionalidad de actos atribuidos a un órgano del Estado que no fue señalado como responsable, y por tanto, que no es llamado a juicio ni se le dio oportunidad de ser oído, de alegar lo correspondiente y de ofrecer pruebas para sostener la constitucionalidad de un acto que emitió. Criterio que a la par al anterior amerita ser invocado, pues establece como directriz la actualización de la causa de improcedencia en comento cuando el justiciable no enmienda su escrito inicial para señalar como responsable a una autoridad con intervención en el acto reclamado. Supuesto que en la especie se surte, habida cuenta que el promovente fue prevenido para designar como autoridades responsables al (1) Director General de Promoción a la Salud de la Secretaría de Salud Federal, al (2) Subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud de la Secretaría de Salud Federal, así como a la (3) Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), y no lo hizo. Lo cual resultaba esencial para la procedencia de la acción de amparo, pues su intervención es preponderante en la omisión que reclama, pues como se explicó las primeras dos participaron en la elaboración, revisión y autorización de la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", mientras que a la tercera corresponde dictaminar si es procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech contra la COVID-19, a fin de ampliar la indicación terapéutica para su posible aplicación a un grupo etario no fue contemplado con anterioridad. De manera que su falta de llamamiento al presente juicio como autoridades responsables -por voluntad propia del solicitante del amparo- patentiza una imposibilidad técnico-jurídica para examinar si efectivamente fueron violados los derechos fundamentales que aduce, traducido en la omisión o inacción por parte del Estado Mexicano en aplicar el biológico al infante menor de doce años que ahora acude a esta instancia constitucional. En razón que el análisis de constitucionalidad se centraría en la la disquisición a la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS- CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", y de no emplazarse a las autoridades indicadas al presente juicio, se verían vedadas de la oportunidad de defender la postura que asumieron en su injerencia en dicha política nacional o la falta de actuación por parte de autoridades del país que reclama la parte quejosa a fin de que sea incluido el grupo etario del directo quejoso G.A.F.S., y en su caso, de aportar las constancias que estimara pertinentes para sustentar sus informes justificados. Lo cual constituye la actualización de la causa de improcedencia invocada de forma manifiesta e indudable, pues pese a que continúe el trámite del juicio de amparo, no podría remediarse con alguna prueba o posterior argumento que las referidas autoridades no sean vinculadas a la litis constitucional; por ende, a ningún fin práctico conllevaría la admisión de su demanda de amparo. De acuerdo con lo anterior, se actualizan las causas de improcedencia previstas en las fracciones XXI y XXIII del artículo 61, en relación con la fracción II del numeral 5 y fracción III del diverso arábigo 108, todos de la Ley de Amparo y, por tanto, se sobresee en el presente juicio fuera de su audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la ley en cita. Estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia y contravendría el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, y para ello emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por tanto, déjese sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las nueve horas del once de mayo de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente.

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