Abel González Parra
Expediente 711/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 711/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 18/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Abel González Parra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con once minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veinte, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa en unión de Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe de sus actos, declaró abierta la presente audiencia. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y los informes con justificación rendidos por las autoridades responsables. Asimismo, se hace constar que revisado el estado procesal de autos, se advierte que en auto de admisión, se reservó proveer respecto al señalamiento de terceros interesados; a lo que el juez acuerda: atento al contenido de los informes justificados, se concluye que no existe tercero interesado, al no actualizarse alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se hace constar que, en relación con la autoridad responsable ejecutora comisario jefe, en ausencia del comisario general de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, por Ministerio de Ley, con sede en esta ciudad, no le transcurre a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impongan del contenido del informe justificado rendido por dicha autoridad; empero, debe precisarse que no es necesario esperar a que acontezca tal circunstancia. Se explica. No se inadvierte que el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", en tanto que, en el caso, el artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada, que guarda similar redacción con la del precepto 117 de la ley de la materia vigente, fue interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 54/2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.". En dicho criterio, el Alto Tribunal sostuvo esencialmente que cuando la autoridad responsable no rinda el informe justificado al menos con ocho días de anticipación al de la celebración de la audiencia constitucional y, el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación; ello, con el objeto de que las partes tengan la posibilidad de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo. Sin embargo, en torno a la circunstancia de que no medie el mencionado plazo respecto de la autoridad en trato, este juzgador considera que, en la especie, no se contraviene el artículo transitorio apuntado, en razón de que el alcance del referido artículo 117 se obtiene al adminicularlo con el diverso 93, fracción IV, de la propia ley, el cual regula la hipótesis concerniente a que las violaciones procesales cometidas en sede constitucional, deben ser reparadas siempre que su trascendencia impacte en la sentencia; hipótesis que no se contenía en la Ley de Amparo anterior, en el numeral 91, fracción IV, que disponía que la reposición sólo era procedente cuando "hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva". Es decir, la aludida jurisprudencia interpretó el numeral 149 de la Ley de Amparo abrogada, donde no había disposición expresa por parte del legislador que colocara una condicionante a las reposiciones del procedimiento cuando era patente que durante la substanciación del juicio de amparo el juzgador había incurrido en una infracción de carácter procesal, como sí ocurre con la ley que la sustituyó. Ciertamente, la expedición de la actual Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, incorporó al sistema del derecho de amparo instituciones novedosas y trascedentes cambios que, como en el caso que nos ocupa, obligan a construir una nueva forma de concebir el medio de control constitucional por excelencia. Así, por conducto del nuevo ordenamiento se buscó la actualización de algunos de los postulados que rigen dicho mecanismo jurisdiccional, en aras de ciudadanizarlo mediante la agilización del trámite, la des-tecnificación de sus reglas, el mejoramiento y fortalecimiento de sus efectos, y la ampliación de su ámbito de protección. En conclusión, con motivo de la nueva redimensión de la Ley de Amparo, que busca un efecto útil en la solución de las controversias que se planteen ante los órganos de control constitucional, es dable insistir que, en la especie, el hecho de que la parte quejosa no hubiese conocido del informe justificado de que se trata, con la anticipación de ocho días que marca la ley, no impacta en el resultado del fallo, como se explicará a continuación y, ante ese panorama, de ordenar el diferimiento de la audiencia constitucional para otorgar el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución de los juicios de amparo sin ningún resultado práctico, sobre todo porque las propias actuaciones del juicio otorgan noticia de elementos suficientes para emitir la presente sentencia. A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto al interpretar la Ley de Amparo abrogada como la vigente, ha establecido directrices que se decantan por privilegiar la solución del fondo de los asuntos cuando, a pesar de que existan violaciones procesales, el órgano de control constitucional no advierta que generen perjuicio en los justiciables; circunstancia que, desde luego, debe entenderse en el sentido de que el operador jurídico no debe constituirse en un autómata que, al detectar un posible quebrantamiento a las disposiciones reguladoras del procedimiento, como las previstas en el artículo 117 de la Ley de Amparo ordene el diferimiento de la audiencia constitucional, sino que debe examinar las particularidades de cada caso, para advertir si esa decisión es la más viable y si impactará al resultado del fallo, puesto que sólo así se respetará el principio de justicia pronta reconocida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Jurisprudencia de la que deriva que, con independencia del sentido del fallo, aun cuando exista una violación procesal, si su resultado es intrascendente no resulta dable ordenar la reposición del procedimiento porque a ningún fin práctico conduciría y, por el contrario, retrasaría la impartición de justicia en contravención al postulado previsto en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, en este supuesto, el hecho de brindar a las partes la posibilidad de ofrecer pruebas traería en realidad un perjuicio para ellas al dilatar la solución del asunto, porque ese aparente derecho no podría ser ejercido por más tiempo que al efecto se les concediera, en la medida de que tendrían que demostrar que no es verdad que el acto reclamado subsiste y de ordenarse el diferimiento de la audiencia constitucional, lo único que produciría es el retardo en la solución del asunto en detrimento de la economía procesal y en perjuicio de la propia parte quejosa. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y se da cuenta con las documentales exhibidas por la autoridad responsable. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su naturaleza las aludidas probanzas, para los efectos legales correspondientes. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: téngase por perdido el derecho para expresarlos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 711/2020; y Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el día siguiente hábil, por razón de turno, a este juzgado, Abel González Parra solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama del juez Oral de lo Penal, con sede en esta ciudad y otras autoridades. En diecinueve de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que el acto de reclamo emana de una autoridad con residencia en el ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados, orden de investigación y/o localización y/o presentación y/o comparecencia y/o aprehensión. Inexistencia de los actos reclamados No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables en su denominación correcta, por así haberlo manifestado al rendir informe justificado: Agente Ministerial de Investigación Criminal encargado del Departamento Jurídico, (en ausencia del comisario general de la referida Agencia Ministerial), con sede en esta ciudad. Ministerio Público Especializado en Homicidio, Feminicidios y Lesiones Graves Dolosas, con sede en esta ciudad. Administrador del Juzgado Oral Penal, del Distrito Judicial Uno, con sede en esta ciudad. Comisario jefe, en ausencia del comisario general de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, por Ministerio de Ley, con sede en esta ciudad. Sin que pase inadvertido, que la autoridad Administrador del Juzgado Oral Penal, del Distrito Judicial Uno, con sede en esta ciudad, manifestara que el quejoso tiene el carácter de imputado en el cuaderno preliminar 1043/2020 de su índice; sin embargo, no se desprende la emisión del acto aquí reclamado, a saber, orden de investigación y/o localización y/o presentación y/o comparecencia y/o aprehensión librada en contra de la parte quejosa. Aunado a que la parte quejosa no aportó pruebas que corroboraran las aseveraciones planteadas en su demanda de amparo, ni desvirtuaran las negativas formuladas por las autoridades; lo que ineludiblemente lleva a concluir la inexistencia de los actos reclamados. En consecuencia, en el caso se actualiza la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y, por ende, se debe decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." No es óbice a lo anterior, el hecho de que en relación al informe justificado rendido por la autoridad responsable comisario jefe, en ausencia del comisario general de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, por Ministerio de Ley, con sede en esta ciudad, aún no le transcurre a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impongan del contenido del informe rendido. En efecto en nada trasciende lo anterior, si se considera que en el caso las autoridades responsables señaladas como ordenadoras, negaron categóricamente la existencia del reclamo constitucional, y como a la responsable que se menciona, amén de que negó la existencia de lo reclamado, le reviste el carácter de autoridad ejecutora y en el caso concreto el acto no se reclama por vicios propios, sino como consecuencia de los actos atribuidos a las autoridades ordenadoras. Se asevera lo anterior, toda vez que de la demanda de amparo se desprende que señala como acto reclamado la orden de privativa de libertad y, en específico, a la citada autoridad se le reclama la ejecución de dicha orden, sin que se advierta que se hubieren formulado conceptos de violación dirigidos a atacar el acto a ésta atribuido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número VI. 2o. J/7, sustentada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". Decisión En las relatadas condiciones, al ser inexistentes los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el apartado que antecede, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Abel González Parra, respecto de los actos precisados en el apartado III del presente fallo, por las razones expuestas en el apartado IV de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Actos tendentes. Agréguense a los autos el oficio y anexo remitidos por la autoridad responsable, mediante los cuales informa los actos tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Ahora bien, atendiendo a lo informado por la autoridad responsable, con fundamento en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, se tiene como autoridad vinculada para el cumplimiento de la ejecutoria al Congreso del Estado de Sonora. Requerimiento a la autoridad vinculada. En consecuencia, requiérasele para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe qué resolvió respecto la petición del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, mediante proveído de diecinueve de octubre actual, recibido en esa dependencia el veinte siguiente, en relación a la asignación de presupuesto extraordinario al Ayuntamiento de Bácum, Sonora. .
- Incidental
Informe previo. Visto el informe previo que remite el comisario jefe en ausencia del comisario general de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, por Ministerio de Ley, con sede en esta ciudad; agréguese a sus autos únicamente para que obre como corresponda, en virtud de que ya se resolvió en definitiva el presente incidente de suspensión. Cúmplase. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Informes justificados. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos los oficios que remiten el agente Ministerial de Investigación Criminal encargado del Departamento Jurídico, (en ausencia del comisario general de la referida Agencia Ministerial), el Ministerio Público Especializado en Homicidio, Feminicidios y Lesiones Graves Dolosas y el administrador del Juzgado Oral Penal, del Distrito Judicial Uno, los tres, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales rinden su respectivo informe justificado; dese vista a las partes con sus contenidos, para su conocimiento y efectos legales.
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