Abel Godínez Ayala
Expediente 1516/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1516/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Abel Godínez Ayala
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guarda el presente juicio de amparo, toda vez que de la certificación que antecede se advierte que se encuentra dentro de los supuestos que refiere el artículo 4° del Acuerdo General 26/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en la ciudad del mismo nombre, así como las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito de la entidad federativa y residencia indicados, que establece: "Artículo 4°. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha señalada en el artículo 2 de este acuerdo, los asuntos que se encuentren en trámite en los Juzgados Primero y Segundo de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en la ciudad del mismo nombre, deberán distribuirse de manera equitativa, de manera tal, que la existencia final en los tres Juzgados sea lo más equilibrada posible. Para ese fin, los Juzgados Primero y Segundo clasificaran por orden de antigüedad los expedientes a su cargo, y remitirán los más recientes al de nueva creación, en el número de asuntos necesarios para lograr el equilibrio que esta medida pretende. En esa remisión no deberán incluirse los asuntos que por su naturaleza sean urgentes, los pendientes de resolución, los asuntos con recurso interpuesto en el tribunal de alzada (pendientes de resolución o resueltos), los asignados con motivo de un conflicto competencial y aquellos que en términos de la ley o la jurisprudencia deban conservar, así como los turnados de manera relacionada en términos de los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales.". En esas condiciones; al estimarse que el presente juicio encuadra en el supuesto a que hace referencia dicho numeral, sin que además se encuentre en los diversos de excepción, se ordena remitir el presente a la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, para que por su conducto se turne al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Colima, para la continuación de la sustanciación y resolución correspondiente. Por tanto, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional respectiva, en el entendido que será el nuevo órgano jurisdiccional quien de acuerdo a su agenda señalará la fecha correspondiente. Toda vez que el citado acuerdo establece diez días para la remisión de los juicios de amparo, se determina que esto se realice de manera paulatina, hasta que se logre el equilibrio de las cargas de trabajo de este juzgado en relación con el Juzgado Segundo y el de nueva creación.
- Incidental
Visto el estado que guarda el presente juicio de amparo, toda vez que de la certificación que antecede se advierte que se encuentra dentro de los supuestos que refiere el artículo 4° del Acuerdo General 26/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en la ciudad del mismo nombre, así como las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito de la entidad federativa y residencia indicados, que establece: "Artículo 4°. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha señalada en el artículo 2 de este acuerdo, los asuntos que se encuentren en trámite en los Juzgados Primero y Segundo de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en la ciudad del mismo nombre, deberán distribuirse de manera equitativa, de manera tal, que la existencia final en los tres Juzgados sea lo más equilibrada posible. Para ese fin, los Juzgados Primero y Segundo clasificaran por orden de antigüedad los expedientes a su cargo, y remitirán los más recientes al de nueva creación, en el número de asuntos necesarios para lograr el equilibrio que esta medida pretende. En esa remisión no deberán incluirse los asuntos que por su naturaleza sean urgentes, los pendientes de resolución, los asuntos con recurso interpuesto en el tribunal de alzada (pendientes de resolución o resueltos), los asignados con motivo de un conflicto competencial y aquellos que en términos de la ley o la jurisprudencia deban conservar, así como los turnados de manera relacionada en términos de los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales.". En esas condiciones; al estimarse que el presente juicio encuadra en el supuesto a que hace referencia dicho numeral, sin que además se encuentre en los diversos de excepción, se ordena remitir el presente a la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, para que por su conducto se turne al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Colima, para la continuación de la sustanciación y resolución correspondiente. Por tanto, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional respectiva, en el entendido que será el nuevo órgano jurisdiccional quien de acuerdo a su agenda señalará la fecha correspondiente. Toda vez que el citado acuerdo establece diez días para la remisión de los juicios de amparo, se determina que esto se realice de manera paulatina, hasta que se logre el equilibrio de las cargas de trabajo de este juzgado en relación con el Juzgado Segundo y el de nueva creación.
- Incidental
Se notifica por medio de lista de acuerdos al tercero interesado María Cristina Zamora Reynaga, el auto de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, que en su parte conducente dice: Visto el escrito de cuenta, signado por el quejoso ARMANDO CORIA CORTÉS, por medio del cual interpone recurso de inconformidad en contra del proveído de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, mediante el cual este órgano jurisdiccional declaró que el fallo protector quedó cumplido. Por tanto, con fundamento en los artículos 202 y 203 de la Ley de Amparo se le tiene por interpuesto dicho recurso; agréguese copia de ese escrito al expediente, y remítanse los autos al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, residente en esta ciudad de Colima, para la sustanciación de la inconformidad. En su oportunidad, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de tres días que se concedió a las partes para que desahogaran la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este juzgado federal se pronuncia en lo tocante al cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio de garantías, en los siguientes términos: Por sentencia pronunciada el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, declarada ejecutoria por auto de nueve de octubre de este mismo año, se resolvió lo siguiente: "La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a J. Jesús Rubio Orozco, en relación con el acto consistente en el auto de formal prisión de diez de marzo de dos mil diecisiete, dictada en su contra en el toca penal 05/2017, por el delito de ROBO CALIFICADO, reclamado a la Segunda Sala y Especializada en la Impartición de Justicia para Adolescentes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; por las razones y para los efectos contenidos en el apartado denominado "Estudio fundado y motivado de los conceptos de violación". De la lectura de dicha ejecutoria, se desprende que se concedió el amparo solicitado por el quejoso, para los efectos siguientes: 1. Deje sin efectos la resolución de diez de marzo de dos mil diecisiete, dictada dentro del toca penal 05/2017, de su índice y, con plenitud de jurisdicción, emita otra en la que precise con puntualidad porque considera que el hoy quejoso se apoderó del numerario que se estima hurtado y la razón por la cual no debe estimarse que ello fue parte de su labor como empleado. 2. Tomando solo en consideración las pruebas que obran en el juicio de origen, establezca con precisión el tiempo, lugar y circunstancias de ejecución, en que considere el inculpado se apoderó del bien mueble (numerario) que se le reprocha. 3. De ser el caso, analice si todos los eventos imputados al implicado que considere ilícitos, son autónomos o constituyen un delito continuo o continuado. 4. Precise en la parte considerativa y resolutiva, por cuales infracciones imputadas al implicado, decreta la formal prisión de éste, así como las diversas por las ordena su libertad. 5. Analice si existe comprobada o no a favor del inculpado, alguna de las causas de inexistencia del delito o que extinga la acción persecutoria del mismo. Por auto de nueve de octubre de dos mil diecisiete, se requirió a la responsable por el cumplimento de dicha sentencia, quien mediante oficio 1939, recibido en este juzgado el dieciséis siguiente, la autoridad responsable remitió copia autorizada de la resolución dictada el trece de ese mismo mes y año, en el expediente 05/2017, de la que se advierte que dejó insubsistente la resolución de diez de marzo de dos mil diecisiete, y remitió copia certificada de aquella resolución, en la que resolvió : "PRIMERO.- Se deja insubsistente la resolución de fecha 10 (diez) de marzo de 2017 (dos mil dieciséis), dictada por esta Segunda Sala Penal y Especializada en la impartición de Justicia Penal para Adolescentes, dentro del toca penal 05/2017. SEGUNDO.- Se modifica la resolución constitucional de fecha 17 (diecisiete) de abril de 2016 (dos mil dieciséis), dictada por el ciudadano Juez Segundo Penal del Tercer Partido Judicial con sede en la ciudad de Manzanillo motivo de esta alzada, de la forma siguiente: PRIMERO.- Se dicta auto de formal prisión a J. Jesús Junior Rubio Orozco, por el delito de robo calificado, previsto por el artículo 226 en relación al 227, inciso A, fracción III y 20, fracción I, del Código Penal para el Estado de Colima, cometido en agravio de Abarrotera del Duero S.A. de C.V.". En ese resolutivo, la responsable atribuyó al aquí quejoso el apoderamiento de $171,448.14 (ciento setenta y un mil pesos cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 14/100), respecto de diversos clientes de esa negociación por diferentes sumas, cuyos nombres de esos clientes y dichas cantidades, las dejó plasmadas. Además, determinó: SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 309 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima, se dicta Auto de Libertad con las reservas de ley a favor del inculpado J. Jesús Junior Rubio Orozco, por el delito de robo calificado, previsto por el artículo 226 en relación al 227, inciso A, fracción III y 20, fracción I, del Código Penal para el Estado de Colima, cometido en agravio de Abarrotera del Duero S.A. de C.V.". Puntualizo en ese resolutivo, que esa libertad fue decretada ante la insuficiencia probatoria para atribuir al aquí quejoso el apoderamiento de diversas cantidades en torno a diversos clientes de tal establecimiento comercial, cuyos datos de esos clientes y sumas también los dejó anotados. Debe decirse que el documento descrito, merecen valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo ordena el artículo 2o. de este último ordenamiento, al ser copia certificada de una de las actuaciones que conforman el juicio de origen. Corrobora lo expresado, por el espíritu que la informa, el criterio jurisprudencial que aparece publicado en la quinta época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XVIII, página quinientos cincuenta y ocho, que dice: "CERTIFICACIONES JUDICIALES.- Las copias expedidas por las autoridades, tienen el carácter de documentos públicos, y, como tales, hacen prueba plena". Del contenido de estas constancias, se advierte que la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó insubsistente la resolución de veinte de enero de dos mil diecisiete y remitió copia certificada de la nueva resolución emitida el diez de marzo de dos mil diecisiete, en el toca 05/2017, en la que se ciñó a los lineamientos ordenados. Se afirma que dichas actuaciones satisfacen los alcances del fallo protector, por lo siguiente: En principio, debe señalarse que el artículo 77 de la Ley de Amparo precisa los alcances de la sentencia que concede la protección constitucional, precepto que en su parte conducente, a la letra dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I.- Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y." Como se advierte de la anterior transcripción, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, como en el presente caso, los efectos del amparo se traducen en restituir a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de que se actualizara la violación.57 Bajo las anteriores premisas, se estiman ajustadas a las directrices de la ejecutoria de amparo, el acto verificado por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Esto es así, en principio, porque dejó sin efectos la resolución de diez de marzo de dos mil diecisiete, dictada dentro del toca penal 05/2017, de su índice y, con plenitud de jurisdicción, emitió otra en la que con razonamientos lógico y jurídicos, expuso porque consideró que el aquí quejoso se apoderó del numerario señalado en el primer punto resolutivo antes transcrito, como también señaló la razón por la cual estimó que esa conducta no la desempeño como parte de su labor como empleado. Además, precisó el tiempo, lugar y circunstancias de ejecución, en que considero que el inculpado se apoderó del numerario descrito y analizó todos los eventos imputados al implicado que consideró como un delito continuado, aclarando en la parte considerativa y resolutiva, por cuales infracciones imputadas al implicado, decretó la formal prisión de éste, así como las diversas por las que ordenó su libertad. Finalmente, analizó si existía comprobada o no a favor del inculpado, alguna de las causas de inexistencia del delito o que extinguiera la acción persecutoria del mismo. En ese sentido, se considera correcto el proceder de la autoridad responsable y se colma la garantía por cuya infracción se concedió el amparo, motivo por el cual, debe concluirse que lo procedente en el caso es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de la Materia sin que se advierta que la autoridad responsable haya incurrido en excesos ni defectos en su acatamiento. No impide arribar a la anterior determinación las manifestaciones realizadas por la parte quejosa a través del escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, pues al margen de que la responsable se pronunció en torno a algunos de los puntos que el quejoso afirma aquella omitió, lo cierto es que los diversos aspectos de fondo que refiere el quejoso relacionados con la determinación emitida en cumplimiento al fallo protector, la sentencia que concedió la protección constitucional solicitada no constriñó a la autoridad responsable a resolver en determinado sentido, sino únicamente a que dejara sin efecto jurídico la resolución reclamada y emitiera una nueva resolución siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria, de ahí que deban considerarse inatendibles esos argumentos. Finalmente, se ordena hacer del conocimiento de las partes el presente proveído, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.
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