Abel Garcia Salanueva

Expediente 1250/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1250/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
28/01/2021

Partes del expediente

  • Abel Garcia Salanueva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Agréguense a estos autos para que obren como legalmente corresponda, los correos electrónicos remitidos por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Decimocuarto Circuito, mediante los cuales adjunta la boleta de turno en relación al recurso de revisión interpuesto por Luis Artemio Aldana Burgos, Edwin José Gutiérrez Ruiz, Miriam Monserrat Ferrer Ortega, Celia Isela Selem Salas, Luis Armando Sarmiento Franco, en su carácter, respectivamente, de Secretario General, Secretario de Conflictos y Asuntos Jurídicos, Secretario de Actas y Acuerdos, Secretario de Finanzas y Secretario de Organización, representantes de la mesa Directiva de la agrupación sindical denominada Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Yucatán, parte quejosa en los presentes autos, en contra de la sentencia firmada el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, en autos del juicio de amparo 1130/2019-II, de la cual se advierte que el mismo fue turnado al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan estos autos y toda vez que conforme al Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitido el diecisiete de marzo de dos mil veinte, en el que se determinó adoptar una serie de medidas preventivas con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello la propagación del coronavirus COVID-19, así como sus acuerdos modificatorios todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el periodo de la vigencia, se advierte que éste concluyó el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Asimismo, mediante Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Coordinador de Asesores de Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció en su punto primero que se regresaba al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública del virus COVID-19, por lo que únicamente se daría trámite a los escritos iniciales que se calificaran como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, y se daría seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad. Asimismo, se recibirían y tramitarían los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones". Asimismo se estableció que se suspendían los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrán resolverse aquellos expedientes que estén listos para sentencia, y que esta medida tendría vigencia del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno; periodo durante el cual se suspenden los plazos y términos, con las salvedades del referido punto. Finalmente, mediante Circular SECNO/1/2021 de ocho de enero de dos mil veintiuno, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció en su punto dos, por lo que respecta a este Circuito, que la operación de este Juzgado será el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Por tanto, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el doce de febrero de dos mil veintiuno. En tales condiciones, se reanuda el procedimiento en este asunto por lo que se hace del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, dado que la audiencia constitucional estaba señalada para las diez horas con veinte minutos del seis de enero de dos mil veintiuno, periodo en el que se suspendieron las actividades como medida preventiva frente a la pandemia derivada del coronavirus COVID-19, de conformidad con la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Coordinador de Asesores de Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se hace del conocimiento de las partes, que se fija como nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional las doce horas con cincuenta minutos del veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos en los que se advierte que aún no obran las constancias que les fueron requeridas a las autoridades responsables mediante auto de treinta y uno de agosto de dos mil veinte. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo aplicable y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se requiere nuevamente a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días debidamente computados, remita copia certificada de dicha documentación, a fin de que este Juzgado se encuentre en aptitud de resolver lo que legalmente proceda en este asunto, apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo aplicable. Se hace del conocimiento de las partes que para el caso que consideren necesario imponerse de los autos, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar el expediente y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en términos del artículo 29, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Tomando en consideración que fue el propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quien determinó la reanudación de los plazos y términos procesales, así como el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, bajo un esquema que permita preservar la salud e integridad de las partes y del personal de los órganos jurisdiccionales, a través del Acuerdo General 21/2020, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de julio de dos mil veinte, resulta innecesaria la notificación personal de la presente determinación a todas las partes, dado que es del conocimiento público, la reanudación de los términos procesales de los juicios tramitados ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan estos autos y toda vez que conforme al Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitido el diecisiete de marzo de dos mil veinte, en el que se determinó adoptar una serie de medidas preventivas con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello la propagación del coronavirus COVID-19, así como sus acuerdos modificatorios todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el periodo de la vigencia, se advierte que éste concluyó el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Asimismo, mediante Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Coordinador de Asesores de Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció en su punto primero que se regresaba al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública del virus COVID-19, por lo que únicamente se daría trámite a los escritos iniciales que se calificaran como "urgentes" ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, y se daría seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad. Asimismo, se recibirían y tramitarían los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones" De igual manera, se estableció que se suspendían los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrán resolverse aquellos expedientes que estén listos para sentencia, y que esta medida tendría vigencia del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno; periodo durante el cual se suspenden los plazos y términos, con las salvedades del referido punto. Mediante Circular SECNO/1/2021 de ocho de enero de dos mil veintiuno, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció en su punto dos, por lo que respecta a este Circuito, que la operación de este Juzgado será el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Por tanto, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el doce de febrero de dos mil veintiuno. En tales condiciones, se reanuda el procedimiento en este asunto por lo que se hace del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, dado que la audiencia constitucional estaba señalada para las nueve horas con treinta minutos del veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, periodo en el que se suspendieron las actividades como medida preventiva frente a la pandemia derivada del coronavirus COVID-19, de conformidad con la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Coordinador de Asesores de Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se hace del conocimiento de las partes, que se fija como nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional las nueve horas con cincuenta minutos del ocho de febrero de dos mil veintiuno. Por otra parte, toda vez que hasta la presente fecha la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado no ha remitido las constancias solicitadas en acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veinte; con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase nuevamente a la mencionada Junta, para que en el término de tres días computados legalmente, remita a este Juzgado copia debidamente certificada de todas y cada una de las constancias que integran el juicio laboral 595/2019 del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, apercibiéndolo que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo fijado, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, vigente al dictado del presente acuerdo Se hace del conocimiento de las partes que para el caso que consideren necesario imponerse de los autos, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" dentro del cual encontrarán el sistema "Agenda OJ" en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar el expediente y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en términos del artículo 29, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por último, tomando en consideración que fue el propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quien determinó la reanudación de los plazos y términos procesales, así como el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, bajo un esquema que permita preservar la salud e integridad de las partes y del personal de los órganos jurisdiccionales, a través del Acuerdo General 21/2020, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de julio de dos mil veinte, resulta innecesaria la notificación personal de la presente determinación a todas las partes, salvo por la autoridad antes señalada, dado que es del conocimiento público, la reanudación de los términos procesales de los juicios tramitados ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 303/2020-III, promovido por Mauro May Cauich, por conducto de su defensora Lorena Dzib Couoh, contra los actos que reclama del Juez Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Valladolid, Yucatán por estimarlo violatorio de los artículos 1, 14, 16 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el catorce de febrero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y ante este juzgado el diecisiete de febrero siguiente, Mauro May Cauich, por conducto de su defensora Lorena Dzib Couoh solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Juez Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Valladolid, Yucatán. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de dieciocho de febrero de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y finalmente, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo de acuerdo al acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse un acto con ejecución dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de actos. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es oportuno precisar que la parte quejosa reclama de la autoridad señalada como responsable: - El auto de vinculación a proceso decretado en su contra el veintitrés de enero de dos mil veinte, en la carpeta administrativa 9/2020, que se le instruye por el delito de homicidio calificado. Tercero. Acto existente. El Juez Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, al rendir su informe justificado, aceptó la certeza del acto reclamado, de ahí que el mismo deba considerarse como existente. Además, la autoridad responsable acompañó la copia certificada de las constancias remitidas, en la que se destaca el acta de la respectiva audiencia de vinculación a proceso celebrada en autos del expediente 09/2020, así como del contenido del disco versátil digital (DVD), remitido por el citado Juez como justificación al informe, las cuales, tienen valor probatorio pleno de documentos públicos, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, pues de su contenido se advierte que el citado Juez decretó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso, por su probable intervención en la comisión del hecho señalado en la ley como delito de homicidio calificado. Es aplicable la jurisprudencia 1ª./J.43/2013 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, con rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Cuarto. Análisis del fondo del asunto y conceptos de violación. No existiendo causa de improcedencia que hagan valer las partes, ni advirtiéndose de oficio alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, que por economía procesal se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no encontrarse este resolutor obligado a la transcripción de los mismos. En principio, conviene destacar que de la imposición del disco compacto que fue remitido por la autoridad responsable, se advierte que en la audiencia de formulación de la imputación y de la solicitud de la vinculación a proceso al darle uso de la voz a la defensora de oficio que asistió al aquí quejoso, ésta expresó que no tenía nada que manifestar, por lo que en aplicación de la figura de la suplencia de la queja deficiente en beneficio del imputado, se debe considerar todos los argumentos formulados por su defensora en la demanda de amparo, aun cuando no se hayan hecho valer en la audiencia de imputación. Apoya esta determinación la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 689 del Libro I, Octubre de 2011 Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época con Registro digital: 160950, que dispone: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, EN SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, DEBE CONSIDERAR TODOS LOS ARGUMENTOS FORMULADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS O EN EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS TENDENTES A DESVIRTUAR LAS RAZONES QUE MOTIVARON SU DICTADO, AUN CUANDO NO SE HAYAN PLANTEADO EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE. El artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, prevé la suplencia de la queja deficiente en beneficio del reo, aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios; esta figura obliga al juez de distrito a analizar de oficio las posibles violaciones de derechos fundamentales, por tanto, cuando éstas no son alegadas, por ejemplo, con motivo de una actuación deficiente de la defensa o la reserva del derecho del imputado a no realizar manifestación alguna, el juez de amparo es quien, a través de la suplencia de la queja, debe analizar si tales violaciones han acontecido y, en su caso, otorgar el amparo. Por tanto, el órgano de control constitucional, en aplicación de la figura de la suplencia de la queja deficiente en beneficio del imputado, debe considerar todos los argumentos formulados por él o su defensor en la demanda de garantías o en el escrito de expresión de agravios, que estén encaminados a controvertir las razones que motivaron al juez de control o juez de garantía a dictar el auto de vinculación a proceso y el valor convictivo de los datos de investigación en que se apoya esta determinación, así como la deficiente valoración de los datos aportados en su defensa, supliéndolos en su deficiencia, aun cuando no los hayan hecho valer en la audiencia de imputación, a fin de verificar que los datos de investigación aportados por el Ministerio Público y en que se apoya tal determinación, se hayan ofrecido y desahogado conforme a derecho; y que las razones que motivaron su dictado tienen el debido sustento legal, esto es, la suplencia se torna absoluta, aun ante la ausencia de motivos de inconformidad, cuando deba subsanar de oficio posibles violaciones a derechos fundamentales, sin subrogarse en el papel de defensor". En tales consideraciones, la parte quejosa básicamente argumenta: - Que la determinación reclamada contraviene el artículo 19 constitucional, ya que de los datos de prueba anunciados por la fiscalía no son aptos ni suficientes para el dictado de vinculación a proceso, porque no hay indicios razonables que permitan suponer la posibilidad de que el quejoso cometió o participó en el hecho catalogado en la ley como delito de homicidio calificado. Agrega, que la autoridad responsable viola el artículo 316, fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues de los datos de prueba anunciados no son razonables conforme a la lógica, las máximas de la experiencia y la sana crítica. Lo anterior porque, a su parecer, la entrevista al agente de la policía estatal José Israel Ruelas Mena lo único que arroja es una simple manifestación por parte de la denunciante al agente policiaco, sin que haya narrado circunstancias de la privación de la vida Deny Enrique Ku Cen, aunado a que estaba en shock, por ende, no le pudo proporcionar información de cómo ocurrieron los hechos, así como tampoco refiere en dicha acta si acompañó a los agentes policiacos para el operativo de búsqueda y localización. Además, contrario a lo lógica, la entrevistada proporciona características de quiénes son las personas y cuáles con sus vestimentas, por lo que si estaba en shock cómo pudo decirles nombres y características de las personas, siendo que el fiscal al referirse a dicha acta de entrevista, en ningún momento refiere que la víctima se calmó o recobró la calma, máxime que, según indica, no hay señalamiento alguno que acredite que la querellante estaba lúcida, que tenía discurso coherente minutos anteriores a la detención del quejoso; de lo que se infiere que el Juez no realizó una correcta valoración de acuerdo a la lógica y las máximas de la experiencia. Asimismo, el quejoso argumenta que la testigo en una primera entrevista no refirió en ningún momento, las características físicas de las personas que entraron a su predio y mucho menos aporta características de la persona que disparó el arma que permita suponer que el quejoso disparó o privó de la víctima al occiso, pues insiste que el policía entrevistado refirió que la denunciante se encontraba en shock. Agrega la parte quejosa que en la entrevista a la denunciante relató que se encontraba en el predio donde dormía con la víctima y los hijos de ambos, por lo que a su parecer, no resulta creíble que estando dormida haya escuchado que abran la puerta, haya podido ver a los agresores entrar, haya podido proporcionar características muy específicas de vestimenta de los agresores e incluso ver que uno de ellos tenía puesto un guante de látex y que haya visto que andaban en una motocicleta, cuando lo más lógico es que, al escuchar el ruido de alguna detonación, se haya despertado a ver qué sucedía, prender la luz y al ver herido a su esposo prestarle el auxilio. Además refiere la parte quejosa, que si bien la denunciante hace una imputación directa de quien privó de la vida al occiso, claramente refiere que disparó el coacusado del quejoso; por lo que único que lo incrimina es que el peticionario entró a un predio y realizó un grito, pero resulta claro, de acuerdo a la lógica y sana critica, que una persona en shock, como el que estaba la entrevistada, no percibe lo que pasa a su alrededor, sumado a que no dio características físicas del quejoso, ni hubo una diligencia de señalamiento con el fin de comprobar si es a la que se refiere como "el chino". Asimismo, la parte quejosa sostiene que la fiscal no anunció dato de prueba con el fin de sustentar que había un acuerdo previo entre el quejoso y coacusado con el fin de privar de la vida al hoy occiso, siendo que el juez no toca ese tópico, pero sí le da la calidad de coautor al quejoso. Agrega que los datos de pruebas aportados por el fiscal no permiten suponer la existencia de roles repartidos entre los presuntos responsables del delito, siendo que de los datos de prueba, se desprende que sólo una persona llevaba un arma y una lámpara y la denunciante refiere que fue el coacusado del aquí quejoso. Reitera que en nada le incrimina la entrevista practicada al primo de su coacusado, por el contrario, ya que en ningún momento lo posiciona como la persona que acompañó a su coacusado a ejecutar el hecho ahora calificado como delito, pues el entrevistado únicamente refirió que ese día se encontró con su referido primo pero nunca indicó que se encontraba acompañado por el aquí quejoso o que le hubiere mencionado que con él iría a quemar la casa del occiso. Son infundados los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, sin que se advierta queja deficiente que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Así es, debe precisarse que la finalidad del auto de vinculación a proceso ubicado procesalmente en la etapa de investigación, tiene como su efecto más evidente convertir a la investigación inicial o desformalizada, en una investigación judicializada o formalizada. Dicho en otras palabras, la continuación de esta investigación requiere que no sólo sea presentada una solicitud por el órgano de investigación, sino que sea acompañado de datos de prueba que la sustenten, es decir, el acto (vinculación a proceso) se convierte en la garantía para el imputado de que sólo se le puede investigar si existen datos de pruebas que lo justifiquen; bajo esa naturaleza se le evita un acto de molestia con una investigación inmotivada. También es importante dejar sentado que se requiere un nivel de certeza distinto para cada una de las etapas, por tanto la exigencia para dictar la resolución en estudio será menor que la requerida en la etapa de juicio. Por ello, dado que el fallo reclamado no implica la privación de la libertad por sí misma, se considera que la vinculación a proceso se trata de un control a la investigación en curso, por ello no sería razonable exigir un parámetro probatorio elevado; así, las exigencias probatorias son más flexibles, cercanas al del concepto de causa probable norteamericano, o la sospecha vehemente del proceso penal alemán; tal situación es relevante por lo que se hará ver más adelante. Al respecto es aplicable la Jurisprudencia por contradicción de tesis 87/2016, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se refiere que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo, en relación a estos últimos se requiere que: 1) existan datos de que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; por lo que no se necesitan de pruebas ni se exige comprobar que ocurrió un hecho ilícito, pues basta encuadrar la conducta a la norma penal aplicable, para la continuación de la investigación complementaria, en su fase judicializada, cuyo rubro y texto son los que siguen: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Ahondando al respecto, los requisitos de forma y de fondo para el dictado del auto de vinculación a proceso están previstos en los artículos 19 de la Constitución Federal y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. (.)" Los primeros son: REQUISITO DATO SE CUMPLE Debe dictarse a más tardar dentro de las 72 horas (o 144 horas ante la solicitud de ampliación del plazo) a partir de la puesta a disposición del indiciado ante la autoridad judicial o de la celebración de la audiencia de formulación de la imputación. El plazo inició en la audiencia de formulación de la imputación a las quince horas con treinta y un minutos del veintiuno de enero de dos mil veinte. En dicha audiencia, el imputado solicitó se resolviera su situación jurídica en el plazo de setenta y dos horas. Se dictó la vinculación a proceso a las doce horas con tres minutos del veintitrés de enero de dos veinte. Deben expresarse el delito que se imputa al inculpado, así como las circunstancias de su ejecución. Delito Homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 368, 378 379 380, fracción II y IV, 381, 382 y 384 del Código Penal del Estado de Yucatán en vigor. Circunstancias. De tiempo: A las tres horas con treinta minutos del diecinueve de enero del año dos mil veinte. De lugar: En el predio sin número de la calle diecisiete entre treinta y treinta y dos la localidad de Calotmul, Yucatán. De modo: El diecinueve de enero de dos mil veinte, aproximadamente a la tres horas con treinta minutos, dos personas del sexo masculino ingresaron de manera furtiva al predio sin número de la calle diecisiete entre treinta y treinta y dos de Calotmul, Yucatán, donde dormía la víctima, la denunciante y los hijos de ambos y auxiliándose de una lámpara se dirigieron hacia la hamaca donde se encontraba el occiso a quien le dispararon en la frente con un arma de fuego y como resultado de la anterior causaron la muerte de la víctima. Que se haya formulado imputación. La fiscalía formuló imputación al inicio de la audiencia celebrada el veintiuno de enero de dos mil veinte, y posteriormente se le preguntó al imputado sobre el plazo en que deseaba se resolviera su situación jurídica. Jurisprudencia 1ª./J.120/2017(10ª.) Haberle dado la oportunidad de declarar. La persona imputada en la audiencia de formulación de imputación hizo uso de su derecho de no declarar. Que no se actualice causal de extinción. Se estableció en la resolución que no se actualiza ni extinción de la acción penal, ni excluyente de delito. Analizadas las posibles violaciones no se encontró motivo por el cual sea necesaria suplencia respecto de situaciones de forma, y por el contrario se advirtió que se cumplieron todas, como se desprende del cuadro arriba inserto, por ello se tienen válidamente por acreditados por el juez responsable. Ahora bien, los requisitos de fondo son: La existencia de datos que establezcan que se ha realizado una conducta que la ley señala como delito; y, que una persona pudo haberla cometido o participado en su comisión. Como ha quedado establecido, esta autoridad se circunscribe al estudio de los agravios expuestos, sin encontrar violación a los derechos humanos del imputado; al respecto, el quejoso se duele de la infracción al artículo 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues, a su parecer, los datos de prueba no se apreciaron razonablemente conforme a la lógica, las máximas de experiencia y la sana crítica. Sin embargo, en lo relativo a los requisitos de fondo, contrario a lo aducido, igualmente se observa que se tienen por acreditados, con el estándar requerido para ese momento procesal, dado que existen los datos de prueba indispensables, con los que se establece un hecho que reviste carácter de delito, esto a través de la abstracción del enunciado, previsto y sancionado en los artículos 368, 378, 379, 380, fracción II y IV, 381, 382 y 384 todos del Código Penal del Estado, de la conducta que se le recrimina al imputado por el fiscal; artículos que establecen lo siguiente: "Artículo 368. Comete el delito de homicidio quien sin derecho priva a otro de la vida". "Artículo 378. Se entiende que las lesiones o el homicidio son calificados, cuando se cometen con premeditación, ventaja, alevosía, traición o se ejecuten en lugar concurrido por personas ajenas a los hechos que en forma inminente pudieran resultar muertas o lesionadas". "Artículo 379. Hay premeditación siempre que el imputado obre dolosamente, después de haber reflexionado sobre el delito que va a cometer. Se presumirá que existe premeditación cuando las lesiones o el homicidio se cometan por inundación, incendio, minas, bombas o explosivos; por medio de veneno o cualquiera otra substancia nociva a la salud, contagio venéreo o de alguna otra enfermedad fácilmente transmisible en los términos del artículo 189 de este Código, por asfixia, enervantes, retribución dada o prometida, tormento, motivos depravados o brutal ferocidad". "Artículo 380. Se entiende que hay ventaja cuando: . II. Sea superior por armas, instrumentos u objetos que emplee; por su mayor destreza en el manejo de ellos o número de las personas que lo acompañen; . IV. Este se halle inerme o caído y aquél armado o de pie. ." "Artículo 381. Sólo será considerada la ventaja como calificativa de los delitos de que hablan los Capítulos anteriores de este Título, cuando sea tal que el imputado no corra riesgo alguno de ser muerto ni herido por la víctima y aquél no obre en legítima defensa". "Artículo 382. La alevosía consiste en sorprender intencionalmente a alguien, de improviso o empleando asechanza u otro medio que no le dé lugar a defenderse, ni a evitar el mal que se le quiere hacer". "Artículo 384. Al responsable de un homicidio calificado se le impondrán de veinte a cuarenta años de prisión". Como puede observarse, comete el delito de homicidio quien sin derecho priva a otro de la vida. Antijurídico que puede ser calificado si se realiza con premeditación, ventaja, alevosía, traición o se ejecuten en lugar concurrido por personas ajenas a los hechos que en forma inminente pudieran resultar muertas o lesionadas; entendiéndose que existe premeditación, entre otros, cuando el imputado obre dolosamente, después de haber reflexionado sobre el delito que va a cometer; se entiende que hay ventaja cuando sea superior por armas, instrumentos u objetos que emplee; por su mayor destreza en el manejo de ellos o número de las personas que lo acompañen o este se halle inerme o caído y aquél armado o de pie; y hay alevosía cuando se sorprende intencionalmente a alguien, de improviso o empleando asechanza u otro medio que no le dé lugar a defenderse, ni a evitar el mal que se le quiere hacer. Tal descripción por la que se le acusa es contrastada con lo que se le imputa al quejoso Mauro May Cauich consistente en que dos sujetos del sexo masculino con fecha diecinueve de enero de dos mil veinte, aproximadamente a las tres horas con treinta minutos ingresaron de manera furtiva al predio sin número de la calle diecisiete entre treinta y treinta y dos de Calotmul, Yucatán, donde dormía la víctima Deny Enrique Ku Cen, la denunciante y los hijos de ambos y auxiliándose de una lámpara se dirigieron hacia la hamaca donde se encontraba la mencionada víctima a quien le dispararon en la frente con el arma de fuego como resultado de lo anterior la causaron la muerte. A juicio de este resolutor, los datos de prueba con los que se integró la carpeta de investigación (investigación inicial) que ahora integran la carpeta administrativa 09/2020, son suficientes para dictar vinculación a proceso, a efecto de continuar una investigación exhaustiva (investigación complementaria). Ello, en virtud que de los datos de prueba que fueron objeto de la imputación del órgano de investigación y sobre los cuales se sustenta la vinculación a proceso, se advierte que dos personas del sexo masculino ingresaron al predio donde dormía la víctima y auxiliándose de una lámpara se dirigieron hacia la hamaca donde se encontraba y le dispararon en la frente con el arma de fuego como resultado de lo anterior la causaron la muerte, hecho que constituye el delito de homicidio calificado. Datos de prueba que derivaron esencialmente de los medios de convicción que reseñó el fiscal en su imputación y que posteriormente la juez responsable mencionó al decretar el auto de vinculación reclamado, entre los cuales se encuentran: 1) El Oficio de diecinueve de enero de dos mil veinte, con el cual se pone a disposición del fiscal investigador a los hoy imputados. 2) Oficio de diecinueve de enero de dos mil veinte del policía estatal de Investigación David Raymundo Caamal Canché y la ratificación del mismo en la propia fecha. 3) Entrevista al agente Jorge Yazair Aké Arjona, quien indicó que en esa fecha cerca de las cuatro horas con cuarenta y cinco minutos reciben el aviso que en el predio sin número de la calle diecisiete entre treinta y treinta y dos de Calotmul, Yucatán estaba el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino por el impacto de bala llevado a cabo por parte de dos sujetos del sexo masculino, que junto son sus compañeros se unió a la búsqueda de los sujetos que le fueron indicados y una vez que entrevistaron a la denunciante, la abordaron a la unidad, por lo que estando haciendo alto para dar preferencia de paso se percataron que sobre la calle veinte transitaba una motocicleta con dos sujetos que coincidan con las característica que le fueron indicadas por lo que al identificarlos la denunciante se procedió a la detención de los referidos sujetos. Entrevista y denuncia por parte de Adriana Leticia Ku Braga, hecha el diecinueve de enero de dos mil veinte, en donde indicó que en ese fecha estaba en su casa con su esposo el cual dormía en una hamaca con su hijo de cuatro años de edad, cuando escuchó que abran la puerta y vio que entren Crilin y Chino, que el primero tenía un arma de fuego en la mano derecha con un guante de látex y en la otra mano una lámpara, que ese sujeto alumbró para después disparar el arma en la frente de su esposo y luego de ello chino le dijo al otro sujeto "ya le dimos en la madre, vámonos", y en segunda comparecencia indicó que sabía que las personas que privaron de la vida a su esposo eran Edgar Israel Herrera Meneses (alias Crilin) y Mauro May Cauich (alias Chino), quienes ya habían sido detenidos por la policía. Entrevista al agente estatal José Israel Ruelas Mena de fecha diecinueve de enero de dos mil veinte y el informe policial que rindiera en esa fecha, quien refirió que en esa data aproximadamente a las tres horas con cincuenta minutos al estar de vigilancia con otro elemento en la ciudad de Tizimín, Yucatán, recibió la indicación de acudir al predio donde había una persona fallecida, al parecer con arma de fuego y al llegar se percató que la denunciante se encontraba en shock indicando únicamente que Crilin y Chino mataron a su esposo, señalando como iban vestidos, con lo cual se dio aviso a fin de efectuar la búsqueda y localización de estos sujetos. Con el protocolo de necropsia de diecinueve de enero de dos mil veinte, efectuado en el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, que indica que la muerte se debió traumatismo craneoencefálico secundario a disparo de arma de fuego corroborada por medio de: Informes de fecha diecinueve de enero de dos mil veinte del perito criminalística respecto del resguardo fotográfico. Documentales existentes exhibidas, entre otros en la certificación de datos del acta de nacimiento de Deny Enrique Ku Cen. Informe del agente David Raymundo Caamal Canché de diecinueve de enero del año dos mil veinte, que contiene la entrevista del testigo Ángel Gabriel López Herrera. Entrevista al testigo Ángel Gabriel López Herrera, de diecinueve de enero de dos mil veinte, quien refirió que es primo de Edgar Israel Herrera Meneses, alias, "Crilin", que el dieciocho de enero de dos mil veinte aproximadamente a las veintitrés horas con treinta minutos, al estar sobre la calle veinticuatro entre diecisiete y diecinueve de Calotmul, Yucatán se encontró con su referido primo con el cual se detuvo a platicar y se percató que se encontraba medio tomado, con olor a cerveza, el cual le dijo que esa noche quemaría la casa de Denis, levantando su playera y sacando de su cintura una pistola negra diciéndole que con esa pistola lo mataría de un plomazo en la cabeza por haber apedreado la casa de su primo David, que de esa noche no pasaba, que al día siguiente llegó la mamá de su primo y preguntó si sabían dónde estaba su primo Edgar ya que no había ido a dormir y contando además que habían matado a Deni. Informes químicos de diecinueve de enero de dos mil veinte en los cuales se estableció que la muestra de sangre tomada al cadáver corresponde al grupo sanguíneo O positivo. Informe de procesamiento del lugar de los hechos de veinte de enero de dos mil veinte, que indica que se trata de un predio sin número de la calle diecisiete entre treinta y treinta y dos de Calotmul, Yucatán en donde se apreció al cadáver de una persona del sexo masculino acostado en una hamaca de colores en posición de cúbito dorsal tapado con un cobertor con la cabeza hacia el noreste con playera azul y estampado en forma de ancla y boxer amarillo con una lesión sangrante en la parte frontal derecha, de igual forma se encontraron manchas rojas debajo de la hamaca y que se puede cerrar la pieza desde adentro pero que se puede acceder desde la parte exterior girando la manija se abre la puerta, de igual forma, se indicaron como indicios, el cuerpo sin vida, manchas de sangre en el piso, la referida puerta, fragmentos lofoscópicos de la puerta, el cobertor sin marca con manchas rojas en sus caras y una hamaca de colores. Informe de inspección del arma de fuego de veinte de enero de dos mil veinte. >Dictámenes de balística de veinte de enero de dos mil veinte, que indican que se trata de un arma de fuego de color negra con cacha de plástico con la leyenda Mendoza y K62, hecho en México, descargada y de regular estado de conservación y que su mecanismo de disparo es de un sólo tiro, de acción simple, en condiciones de uso y funcionabilidad y que el fragmento balístico obtenido se encuentra en el rango del arma calibre 22. Probanzas que de manera adecuada fueron tomadas en consideración por la juez responsable para precisar diversos aspectos de los hechos delictivos imputados, debido a que como bien determinó, éstas resultan idóneas y suficientes para demostrar la realización de la conducta que la ley señala como el delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 368, 378, 379, 380, fracción II y IV, 381, 382 y 384 todos del Código Penal del Estado, pues de ellas se desprende que el diecinueve de enero de dos mil veinte, aproximadamente a las tres horas con treinta minutos, dos personas del sexo masculino ingresaron de manera furtiva al predio sin número de la calle diecisiete entre treinta y treinta y dos de Calotmul, Yucatán, donde dormía la víctima, la denunciante y los hijos de ambos y auxiliándose de una lámpara se dirigieron hacia la hamaca donde se encontraba la mencionada víctima a quien le dispararon en la frente con el arma de fuego como resultado de lo anterior la causaron la muerte. Conducta que encuadra en la definición del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 368, 378, 379, 380, fracción II y IV, 381, 382 y 384 todos del Código Penal del Estado, imputado al ahora quejoso. Así las cosas, no le asiste la razón a la parte quejosa, puesto que como se aprecia hasta este momento procesal, existe un hecho que configura un tipo penal al que se le atribuye su comisión, pues existen imputaciones directas sobre su persona y, hay datos de prueba suficientes que permiten actualizar ambos extremos. Es así que, los elementos probatorios presentados por la fiscalía, a criterio de este juzgado fueron bastantes para el dictado de la vinculación a proceso reclamado, emitido en contra del quejoso Mauro May Cauich, en audiencia de veintitrés de enero de dos mil veinte, celebrada en la carpeta administrativa 09/2020, por el Juez Primero de Control del Quinto Distrito Judicial Especializado en el Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Valladolid, Yucatán, por los hechos que la ley señala como el delito de homicidio calificado, con lo que se justifica la continuación del proceso en la etapa de investigación complementaria. Respecto a la posibilidad de que el quejoso Mauro May Cauich, haya podido ser quien cometió el hecho que se le imputa, igualmente se encuentra justificado el estudio que realizó el juez de control, ya que las entrevistas practicadas a los elementos captores, quienes, como bien refirió el Juez responsable, si bien no se percataron de la acción realizada por el activo, sin embargo, les fueron comunicado aspectos que hacen posible su participación. De igual forma resulta dable considerar lo manifestado por la denunciante Adriana Leticia Ku Braga, pues pone de manifiesto las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que el quejoso con cierta probabilidad participó en los hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado, sin que se advierta alguna causa de excluyente del delito. De ahí que se estimen infundadas las alegaciones de la parte quejosa, ya que contrario a lo argumentado, los datos de pruebas aportados por la fiscalía, fueron apreciados razonablemente y con sana crítica, ya que al margen de las apreciaciones subjetivas que realiza el peticionario del amparo respecto de la entrevista al policía estatal José Israel Ruelas Mena a la denunciante Adriana Leticia Ku Braga y al testigo Ángel Gabriel López Herrera, es de indicarse que aportan indicios que, corroborados con los restantes datos de prueba, se estiman suficientes para estimar acreditado hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado y la posibilidad que el quejoso participó en su comisión. Respecto a lo indicado por el quejoso en el sentido de que la entrevista al testigo Ángel Gabriel López Herrera, en modo alguno lo incrimina, sino que le beneficia pues no lo posiciona como la persona que ese día acompañó a su coacusado a ejecutar el hecho señalado como delito, es de indicarse que si bien dicho testigo no hace referencia que su primo estaba acompañado del quejoso, no por esa razón, podría presumirse que no participó en los hechos, pues según se advierte el testigo refirió que se encontró con su primo a las veintitrés horas con treinta minutos cuando los hechos ocurrieron a las tres horas con treinta minutos, esto es, con posterioridad al encuentro del testigo con su familiar. Por otro lado, resulta infundado lo argumentado respecto que se controvierte los numerales 14 y 16 Constitucional toda vez que, según indica, la fiscal no anunció dato de prueba con el fin de sustentar que había un acuerdo previo entre el quejoso y coacusado con el fin de privar de la vida al hoy occiso, siendo que el juez no toca ese tópico, pero sí le da la calidad de coautor al quejoso, además que los datos de pruebas aportados no permiten suponer la existencia de roles repartidos entre los presuntos responsables del delito, considerando que la denunciante manifestó que sólo uno llevaba el arma y la lámpara siendo el coacusado del quejoso. Se dice infundado lo anterior toda vez que, para el dictado del auto de vinculación a proceso, no resulta necesario que se aporte dato de prueba que demuestre un acuerdo previo entre los infractores del delito. En efecto, como se adelantó para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos establecidos en el artículo 19 Constitucional, esto es, que se deberá expresar: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; de ahí que baste con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)"; anteriormente transcrita. En ese sentido, se estima acertado que el Juez responsable haya decretado auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso, en términos de la fracción I del artículo 15 del Código Penal del Estado de Yucatán, que refiere que son autores o partícipes del delito: cuando lo realicen por sí o conjuntamente con otro u otros autores, ya que aun cuando la denunciante haya informado que el coacusado del quejoso era quien tenía el arma de fuego y la lámpara, no es suficiente para excluir una posible participación del quejoso en la ejecución del hecho señalado en la ley como homicidio calificado, si existen datos de prueba que aportan indicios de que posiblemente participó en los hechos que se investigan . Así las cosas, al haber resultado infundados los conceptos de violación planteados por el quejoso, sin que se advierta alguna queja deficiente que suplir, en los términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, procede negar el amparo solicitado respecto del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso decretado por la juez responsable en contra del quejoso por el delito de Homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 368, 378, 379, 380, fracción II y IV, 381, 382 y 384 del Código Penal del Estado de Yucatán en vigor. Quinto. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R e s u e l v e: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso Mauro May Cauich, por conducto de su defensora Lorena Dzib Couoh, contra el acto que reclama del Juez Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Valladolid, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Segundo. Se ordena que para el caso de atender una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, elaborar la versión pública de esta sentencia, testando las partes o secciones clasificadas e indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretario Marco Polo Robles Santoyo, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintiocho de diciembre de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores del Juzgado.

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