Abel García Luna
Expediente 1169/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1169/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 31/01/2022
Partes del expediente
- Abel García Luna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad de México, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la resolución emitida por este Juzgado Federal el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo promovido por ****************; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En esas condiciones, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el cual se sobreseyó; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, 2 inciso a), del citado Acuerdo General, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado Acuerdo General; hecho que deberá realizarse en un término de treinta días posterior al plazo de seis meses, que establece el artículo antes referido. 4. Transferir el cuaderno original del incidente de suspensión a los depósitos dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen el penúltimo y último párrafo del artículo 18, del citado Acuerdo General. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. Requiérase a la quejosa, para que en el plazo de noventa días comparezca ante este juzgado a recoger los documentos originales que exhibió en el juicio de amparo en que se actúa, apercibida que, de no recogerlos, se enviarán junto con el expediente al centro de referencia. Se instruye a la Secretaria encargada de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se 3 trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de la Secretaria Ana Cruz Morales Ramírez, que autoriza y da fe.
- Principal
... CUARTO. Improcedencia y sobreseimiento. Previamente al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las propongan las partes, o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Este juzgador advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.)" Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 203/2017, abordó distintos temas, entre ellos, el relacionado con la causal de improcedencia destacada. En ese sentido, precisó que el Máximo Tribunal -en distintos precedentes- ha establecido que se actualiza cuando en el juicio de amparo se reclama un acto de autoridad de naturaleza procesal, emitido dentro de un procedimiento judicial o uno administrativo seguido en forma de juicio, respecto del cual no es posible decidir sobre su constitucionalidad sin afectar el estado de cosas provocado por un acto nuevo y posterior, también procesal, que sustituye como rector de la situación jurídica de la parte quejosa, al inicialmente reclamado. Así, estableció que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a. El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un administrativo seguido en forma de juicio; b. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto que reclamó en el amparo. c. No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d. Exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Lo anterior, destaca la Primera Sala, revela que no se trata de cualquier cambio de situación jurídica, sino únicamente el derivado de los diferentes estadios en los que se divide el procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; es decir, esta causal de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica por el dictado de un acto posterior al reclamado, que por su existencia o validez, goza de autonomía frente al anterior, de modo que puede subsistir con independencia de que el combatido en el juicio de amparo pudiera ser ilegal, por lo que impide examinar las violaciones alegadas respecto al acto que se reclama, pues de hacerlo se afectaría la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido. En ese tenor, se explica en la citada contradicción de tesis, que para actualizar la referida causal de improcedencia, se requiere indefectiblemente que se pronuncie una determinación que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa al momento de promover el juicio de amparo y, que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado que definía su situación jurídica; por lo que, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas. La consumación irreparable de las violaciones señaladas en un procedimiento respectivo, concluye la Primera Sala, se presenta cuando el acto reclamado se ejecuta en su totalidad, sin que sea posible volver las cosas a su estado original, en virtud de que no subsiste ningún efecto jurídico. Por tanto, el cambio de situación jurídica requiere de la plena extinción de las consecuencias del acto reclamado. En el caso, se reúnen los requisitos para la actualización de la causa de improcedencia de mérito. Condiciones a. y b. - Abel García Luna, señaló como actos reclamados, entre otros la audiencia de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno (foja 114 de autos), atribuida al Director General de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. - El veinticuatro de septiembre de la presente anualidad (fojas 145 a 152 de autos), se dictó la resolución definitiva con la que culminaron los procedimientos administrativos disciplinarios antes mencionados en el punto anterior, donde se impuso como sanción la destitución del puesto que ocupaba la parte quejosa. Eso significa que con posterioridad a la presentación del juicio constitucional se pronunció la resolución con la que concluyerón los procedimientos administrativos, por tanto cambió la situación jurídica en que se encontraba el justiciable. Lo anterior se advierte de las constancias remitidas por la autoridad responsable, consistente en copia certificada de la resolución de los procedimientos disciplinarios RH/0845/21-04 y RH/1082/21-04 (fojas 145 a 152 de autos), documentales a las que se otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2, párrafo segundo, pues corresponden a documentos de carácter público, al ser expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Condiciones c. y d. Consistentes en que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. De lo contrario, se afectaría la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido. Se afirma lo anterior, dado que no podrían analizarse las violaciones cometidas en la audiencia de desahogo de pruebas y formulación de alegatos de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, puesto que éstas ya se consumaron de modo irreparable, con motivo del dictado de la resolución definitiva con la que concluyó dicho procedimiento, donde se impuso como sanción la destitución del justiciable en el cargo de policía segundo. En el presente caso, por identidad jurídica, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 49/2016 (10a.), de rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO" determinó que el juicio de amparo procede contra el acuerdo de inicio de procedimiento de separación de servidores públicos sujetos al sistema de carrera ministerial, policial y pericial. Si bien en el presente asunto no reclama la parte quejosa el acuerdo de inicio de procedimiento de los de los procedimientos disciplinarios RH/0845/21-04 y RH/1082/21-04, también lo es que la audiencia de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno relativa al desahogo de pruebas y formulación de alegatos, es una etapa que deriva de esos procedimientos. Luego, según el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, constitucional, está prohibido reinstalar a los Fiscales Ejecutivos Titulares adscritos, peritos y miembros de las corporaciones policiales en los tres niveles de gobierno, aun cuando en las instancias judiciales se demuestre la ilegalidad del procedimiento administrativo de separación del cargo y, en consecuencia, de la resolución con la que culmine. Por ello, el Máximo Tribunal del país concluyó que una violación cometida durante el inicio del procedimiento se traduciría, en última instancia, en una transgresión que trasciende irremediablemente al derecho sustantivo al trabajo y a no ser separados injustificadamente de él, reconocido tanto a nivel constitucional como convencional. - Pues bien, con base en dicho criterio, aun cuando en el presente asunto se demostrara que durante la audiencia de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno relativa al desahogo de pruebas y formulación de alegatos reclamada se cometieron violaciones, éstas han quedado consumadas de modo irreparable con motivo de la resolución que puso fin a los mismos, donde se determinó la destitución del cargo de la parte quejosa, al existir una imposibilidad jurídica para reinstalar al quejoso. - Aunado a lo anterior, existe una irreparabilidad jurídica para examinar las violaciones alegadas respecto al acto reclamado, por virtud del dictado de un acto posterior, pues de hacerlo se afectaría la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido. Es así, pues los procedimientos administrativos disciplinarios seguidos en contra del quejoso se dividen en diversas etapas, entre ellas la audiencia relativa al desahogo de pruebas y formulación de alegatos; mientras que la última es la resolución con la que concluye, en este caso, donde se impuso como sanción la destitución del cargo. Entonces, no puede analizarse la audiencia de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno sin afectar la situación jurídica creada con motivo de la resolución definitiva. Además esta última no puede analizarse en el presente juicio de amparo, dado que no constituye acto reclamado y, por tanto, no forma parte de la litis. Máxime que por proveído de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa para que en el término de quince días, manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo, y señalar como acto reclamado la resolución de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno; con el apercibimiento que de no hacerlo, se continuaría con el trámite del presente asunto únicamente por cuanto hace a los actos reclamados y autoridades responsables hasta ahora señaladas. En cumplimiento a lo anterior, el tres de diciembre de dos mil veintiuno, el autorizado del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, informó que contra la resolución dictada en los procedimientos administrativos RH/0845/21-04 y RH/1082/21-04 acumulados de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, la parte quejosa interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 118 TER de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para lo cual acompañó copia del escrito correspondiente. En mérito de lo expuesto, se actualiza la causal de improcedencia que se anunció. La anterior determinación no implica desatender lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, en materia de administración de justicia, pues la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, ya que los órganos jurisdiccionales se encuentran obligados a analizar previamente los supuestos de procedencia previstos tanto en la Constitución Federal como en la propia Ley de Amparo. Así, al quedar evidenciada la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, del propio ordenamiento. Sin que pase inadvertido que la parte promovente impugne la inconstitucionalidad de: - La discusión, aprobación, expedición y promulgación del Decreto por el que se abroga la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal y se expide la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el uno de agosto de dos mil diecinueve, en específico el artículo 118 bis, fracción V, párrafo segundo. - La expedición del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veinticinco de febrero de dos mil veinte, en específico, el artículo 43, fracciones II, V, VI y IX. Ello con motivo de su primer acto de aplicación consistente en la audiencia de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno (foja 114 de autos), atribuida al Director General de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; ya que debe estimarse que ante la cesación de los efectos del acto que se considera el primer acto de aplicación en perjuicio de la parte quejosa, los efectos de las normas reclamadas también han desaparecido en la esfera jurídica del peticionario de amparo y, el sobreseimiento aquí declarado no le impide en modo alguno impugnar los preceptos controvertidos a razón de un segundo acto de aplicación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XLII/95, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 223, del Tomo I, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y cinco, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias Constitucional y Común, con número de registro 200789, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. ES PROCEDENTE AUNQUE SE RECLAME EN CONTRA DEL SEGUNDO ACTO DE APLICACION, SI EL PRIMERO SE DECLARO INVALIDO. Si en un juicio de amparo se reclama la inconstitucionalidad de una ley con motivo de un acto de aplicación y de los antecedentes se advierte que aunque había existido un acto de aplicación anterior, éste fue anulado legalmente, no cabe sobreseer en el juicio por consentimiento del referido acto primero de aplicación, pues si el mismo fue combatido por el medio ordinario de defensa, no se consintió; y si con ese motivo se obtuvo resolución favorable que lo anuló, ha de considerarse que el posterior acto de aplicación es el que, por afectar al quejoso de manera actual, es el que debe servir de base para impugnar la ley, de lo que se sigue que el plazo para la promoción del amparo debe computarse a partir de éste, que debe tenerse como primer acto de aplicación." En ese sentido, por las consideraciones expuestas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, se sobresee en este juicio respecto de dichos actos reclamados. Por lo expuesto y fundado; se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese; por lista al quejoso, electrónicamente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió Eliana Damián Gaspar, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la autorización de vacaciones aprobada a la Titular de este órgano por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de seis de diciembre de dos mil veintiuno, comunicada en el oficio CCJ/ST/4732/2021 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo mencionado realizado en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, asistida de Héctor Javier Ramírez Avendaño, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, tres de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito firmado por el autorizado del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual en cumplimiento al proveído de treinta de noviembre del año en curso, informa que en contra de la Resolución dictada en los procedimientos administrativos ****************** acumulados de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, la parte quejosa interpuso Recurso de Revisión previsto en el artículo 118 TER de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, circunstancia que se acredita con la versión digital formato PDF del citado recurso que adjunta al presente ocurso, de lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Lo proveyó Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Héctor Javier Ramírez Avendaño, que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio con terminación 11121/2021, suscrito por la apoderada general para la defensa jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en representación del Órgano Colegiado Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por el cual en cumplimiento al auto de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, remite copia certificada de la resolución definitiva de veinticuatro de septiembre pasado, dictada dentro de los expedientes ****************** (acumulados), en la que se destituyó al quejoso de su empleo, cargo o comisión como policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Ahora bien, debe decirse que el trece de septiembre de dos mil veintiuno, Abel García Luna, por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto contra actos del Congreso de la Ciudad de México y otras autoridades, por lo que mediante proveído de veintitrés de ese mes y año, se formó por duplicado el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1169/2021; de conformidad con el artículo 128 de la Ley de Amparo, se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional que solicitaba, para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que actualmente guardaban y por ende, no fuera emitida la resolución dentro de los procedimientos de mérito; ello, hasta en tanto se resolviera sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados; además, se solicitó el informe previo a las autoridades responsables y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental. Determinación que por oficio de número 13404/2021, de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, le fue notificado al Director General de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el veinticuatro siguiente a las dieciocho horas. El veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia incidental a que refieren los artículos 138, fracción II y 144, de la Ley de Amparo y en ella se determinó conceder la suspensión definitiva para el efecto de que la autoridad responsable continuara con la substanciación de los procedimientos administrativos acumulados **************, pero no dictara resolución definitiva en ellos hasta en tanto no se fallara en el fondo en este juicio de amparo. Al respecto, se concluye que la resolución de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, guarda estrecha relación con los actos reclamados en esta instancia; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17, 108, 110 y 111, fracción II, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que en el término de quince días, contado a partir del día hábil siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste si es su deseo ampliar su demanda de amparo, y señalar como acto reclamado la resolución referida en el párrafo anterior, y en caso afirmativo, indique la autoridad a la que le atribuye dicha actuación: de igual manera, exhiba tres copias de su escrito inicial de demanda, así como reproducciones suficientes de la promoción a través de la cual desahogue el presente requerimiento, a fin de emplazar a la autoridad responsable y correr traslado a las demás partes. Apercibida de que de ser omisa a lo anterior, se continuará con el trámite del presente asunto únicamente por cuanto hace a los actos reclamados y autoridades responsables hasta ahora señalados. Cobra aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia 2ª./J. 112/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y tres, del tomo XVIII, correspondiente a diciembre de dos mil tres, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA." En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para las trece horas del tres de diciembre próximo, y en su lugar se fijan las trece horas con treinta minutos del veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Héctor Javier Ramírez Avendaño, que autoriza y da fe.
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