Abel García Dehesa
Expediente 457/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 457/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Abel García Dehesa
Actuaciones
- Principal
Vista la razón de cuenta que antecede y en virtud de que ha transcurrido el término de cinco días para la interposición del recurso de queja que establece el artículo 97 de la Ley de Amparo, en contra del auto dictado el treinta de mayo de dos mil dieciséis, en que se desechó la demanda de amparo; consecuentemente, SE DECLARA FIRME EL MISMO. Por lo tanto, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Sin embargo, se hace la observación de que el presente expediente es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues al desecharse la demanda no se decidió el juicio en lo principal dándose por concluido el mismo. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita.
- Principal
procede desechar la demanda de garantías, por ser notoriamente improcedente.
- Principal
Vista la demanda de garantías promovida por su propio derecho, contra actos del Juez Quincuagésimo Tercero de lo Civil Familiar en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, por considerar violadas sus garantías consagradas en los artículos 1°, 14 y 16 constitucionales; fórmese expediente y regístrese con el número 457/2016-II. Ahora bien, a efecto de acordar lo que proceda sobre su admisión, requiérase a la parte quejosa mediante notificación personal, para que dentro del término de CINCO DÍAS, y con fundamento en el artículo 114, fracción IV, en relación con el 108 de la Ley de Amparo, bajo protesta de decir verdad: a).- Narre sucinta y cronológicamente todo lo actuado en el juicio de origen, conforme a las constancias que obren en el expediente 164/2016, debiendo precisar el juicio de que se trata y en qué etapa se encuentra. b).- Indique si hizo valer algún medio de impugnación contra el acuerdo de cuatro de mayo de dos mil dieciséis. Por otro lado, dígasele al ocursante que deberá presentar su aclaración EN ORIGINAL Y COPIAS SUFICIENTES, de acuerdo con el artículo 110 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales; apercibido que de no dar cumplimiento a lo ordenado, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo. Ahora bien, y toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, en tal virtud, las mismas se le harán por medio de lista, de conformidad con la Tesis sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, consultable en la página 1067, del tomo VIII, del mes de diciembre de 1998, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época; cuyo criterio comparte este órgano jurisdiccional, la cual es del tenor siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. DEL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 28, FRACCIÓN III, 29, FRACCIÓN III Y 30, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE AMPARO, SE COLIGE QUE POR DOMICILIO O CASA PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, EN EL LUGAR DE RESIDENCIA DEL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO, DEBE ENTENDERSE EL SEÑALAMIENTO QUE HAGA EL QUEJOSO DE UN LUGAR DIVERSO A LOS ESTRADOS, HIPÓTESIS EN LA CUAL, SI LA AUTORIDAD JUDICIAL ORDENA UNA NOTIFICACIÓN PERSONAL, EL ACTUARIO DEBE APEGARSE A LAS FORMALIDADES A QUE ALUDE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 30 DE DICHA LEY; EMPERO, SI SEÑALA COMO TAL LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL, POR ANALOGÍA, SE ESTARÁ A LO QUE PREVÉ LA PRIMERA PARTE DE LA FRACCIÓN II DEL PROPIO DISPOSITIVO LEGAL, EN EL SENTIDO DE QUE CUANDO NO CONSTE EN AUTOS EL DOMICILIO DEL QUEJOSO, NI LA DESIGNACIÓN DE CASA O DESPACHO PARA OÍR NOTIFICACIONES, LA NOTIFICACIÓN SE HARÁ POR LISTA; PUESTO QUE LA FORMA DE NOTIFICAR POR ESTRADOS, ACORDE CON LO QUE PRECEPTÚA EL NUMERAL 28, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE LA MATERIA, ES A TRAVÉS DE UNA LISTA QUE SE COLOCA EN LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL O JUZGADO, EN UN LUGAR VISIBLE AL PÚBLICO". Por lo que respecta a los licenciados YONATAN FLORES MELÉNDEZ Y RICARDO VALENCIA GONZÁLEZ, no ha lugar a tenerlos por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que su cédula profesional, no se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por lo que únicamente se les autoriza para oír y recibir notificaciones. Finalmente, con fundamento en los artículos 1° al 9°, 12 al 16, 18 al 23, 61 al 64 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales con motivo de la tramitación de este procedimiento, en la inteligencia de que la falta de oposición hasta antes de la sentencia que dicte este juzgado federal, conlleva el consentimiento de dicha publicación; además, se les hace saber que en el caso de ofrecimiento de documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial, siempre que tal clasificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados, pues de lo contrario, no se considerarán con tales características.
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