Abel Fuentes Lugo

Expediente 100/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 21 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
100/2021
Año
2021
Actuaciones
21
Última actuación
16/12/2021

Partes del expediente

  • Abel Fuentes Lugo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, acusando recibo del oficio 18463/2021, del índice de este órgano jurisdiccional, mediante el cual se remitió digitalmente este expediente; asimismo, hace del conocimiento que en proveído del trece de diciembre de la presente anualidad, confirmó la incompetencia planteada y se avocó a conocer de la demanda de amparo promovida por Abel Fuentes Lago. Por otra parte, visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. El cuaderno principal es susceptible de depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que por una parte se negó la protección constitucional y por otra se declaró la incompetencia para conocer del acto reclamado. El original del incidente de suspensión es depurable, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido en líneas que anteceden en virtud de que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa fue concedida. En términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, en su oportunidad y previo desglose, este Juzgado Federal procederá a la destrucción del mismo, conforme a los lineamientos que establece ese Acuerdo. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa, agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y vía electrónica a la parte tercero interesada. Lo acordó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/4063/2021, del veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante sentencia del trece de septiembre de este año, este Juzgado resolvió por una parte negar el amparo y protección al quejoso Abel Fuentes Lugo, y por otra se declaró la incompetencia de este órgano jurisdiccional para conocer del acto reclamado por los motivos ahí expuestos; asimismo, por auto del ocho de octubre siguiente, causo ejecutoria dicha resolución y se solicitó al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, la boleta de turno correspondiente a efecto de identificar el órgano colegiado al que le asignó el mismo. Ahora bien, en virtud de que de dicha boleta se advierte que por razón de turno, tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con sede en Toluca, mediante oficio 18463/2021 del índice de este Juzgado de Distrito se realizó vía interconexión el envío del presente asunto, sin que a la emisión de este acuerdo se tenga conocimiento de la determinación que haya emitido. En tales condiciones, solicítese amablemente al citado Tribunal Colegiado que de no tener inconveniente legal alguno, indique el estado procesal que guarda este juicio de amparo a efecto de continuar con la tramitación del mismo. Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa, agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y vía electrónica a la parte tercero interesada. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes quejosa y tercero interesada, así como la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita interpongan recurso de revisión contra la sentencia del trece de septiembre pasado, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que por una parte negó y por otra se declaró la incompetencia de este órgano jurisdiccional para conocer del acto reclamado en este juicio, ha causado ejecutoria. Infórmese a las partes la presente determinación, háganse las anotaciones respectivas, y glósese a este expediente los cuadernos relativos al incidente de suspensión. Finalmente, como se ordenó en la sentencia emitida en este juicio, con copia simple de la papeleta de turno y de la demanda de amparo, remítase el oficio correspondiente al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa, agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, así como vía electrónica a la parte tercero interesada y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las doce horas con treinta y seis minutos del trece de septiembre de dos mil veintiuno hora y día señalados para la celebración de la audiencia derivada del juicio de amparo 100/2021-III, promovido por **************, por propio derecho, ante el licenciado Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia de alguna de las partes. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, el secretario da cuenta al Juez de Distrito con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, por la responsable al rendir su informe justificado y, por el tercero interesado. Acto seguido, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas; así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, que ofrece la parte quejosa y tercero interesado, se tomarán en consideración al dictar la sentencia correspondiente. Sin pruebas pendientes de desahogar se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que únicamente fueron formulados por la parte tercero interesada y las demás partes no lo hicieron. De lo anterior se acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidos los alegatos de la parte tercero interesada. Se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar, se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 100/2021-III; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, turnado a este órgano jurisdiccional el día veinticinco de febrero del mismo año, ************, por propio derecho, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán-Texcoco, Estado de México y otra autoridad. II. Previa aclaración, por auto del dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, se registró con el número 100/2021-III; se pidió a las autoridades responsables rindieran su respectivo informe justificado; se dio la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada y, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 49 y 61, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la demarcación territorial en la que este órgano ejerce competencial. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que atento al estudio integral de la demanda de amparo, se tiene que la parte quejosa reclama: De la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán-Texcoco, Estado de México y Actuario adscrito a dicha junta, el emplazamiento practicado en el juicio laboral J.3/592/2018 y, en vía de consecuencia todo lo actuado con posterioridad al emplazamiento respectivo, incluido el laudo. TERCERO. La Presidenta en representación de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán-Texcoco, Estado de México, al rendir su correspondiente informe justificado, acepta el acto reclamado, consistente en el emplazamiento de la parte quejosa en el juicio laboral J.3/592/2018, así como lo actuado con posterioridad al mismo; por lo que se tienen como ciertos los actos reclamados. El Actuario adscrito a dicha Junta, fue omiso en rendir su correspondiente informe justificado, a pesar de estar debidamente notificado, como se desprende de la constancia de notificación que obra en autos, por lo que se presume cierto el acto que se le reclama. Certeza que se corrobora al tenor de las copias certificadas del expediente J.3/592/2018, del índice de la Junta responsable; documentales que adquieren pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según el artículo 2°. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cincuenta y tres, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, tomo VI, Parte SCJN, quinta época, con el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Previo al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, lo aleguen o no las partes; toda vez que son de orden público, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sin que al efecto se haya hecho valer causal de improcedencia alegada por las partes o advertida de oficio, se procede a entrar al estudio del fondo de la cuestión debatida. QUINTO. Los motivos de disenso aducidos son los visibles en el capítulo correspondiente del escrito inicial de demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal trascripción, ni por ello se dejaría en estado de indefensión a alguna de las partes en el presente asunto. En lo conducente, respecto del acto materia del presente juicio de amparo indirecto, consistente en el emplazamiento, se hacen valer como conceptos de violación, los siguientes argumentos: a) Que se transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que nunca fue emplazado al juicio laboral J.3/592/2018, por lo que se le dejó en estado de indefensión. b) Que el Actuario jamás se constituyó en el domicilio del quejoso para notificarle la demanda y mucho menos el acuerdo que señalaba el día y hora de audiencia, ya que el lugar en que se constituyó el fedatario, es diverso al domicilio en que tiene su fuente de trabajo, así como de su domicilio particular, por lo que, el quejoso no se encontraba, ni tiene su principal asiento en el lugar en que fue emplazado, lo que refiere acreditar con las documentales consistentes en copia simple de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, como empleado de César Pérez Moreno y Cédula de Identificación Fiscal de la persona antes mencionada. c) Que el Actuario infringió el artículo 743, fracciones I y VI, de la Ley Federal del Trabajo, porque no se cercioró que el domicilio en el que actuó correspondiera efectivamente al quejoso. d) Que se transgrede en su perjuicio el principio de tutela jurisdiccional adecuada, porque no se le permite una defensa adecuada. e) Refiere que nunca se cerciora que la persona a quien supuestamente se notificó, se encontrara ordinaria, habitual y permanentemente en el domicilio señalado. f) Aduce que el fedatario nunca se cerciora que la persona con la que entendió la diligencia era quien decía ser (empleada) en el domicilio del quejoso, así como, que laborara en el mismo; ni el por qué se encontraba en dicho lugar, al igual que no otorga su media filiación, ni datos del documento con el que se identificó. g) Que se encuentra rebasada la fe con que está investido el Actuario, al considerar que se desvirtúa la diligencia de emplazamiento y, por tanto, no existe constancia de que realmente se haya constituido en el domicilio del quejoso. h) Solicita se aplique a su favor la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, así como también la aplicación del principio pro persona, para el efecto de que se le aplique la interpretación más favorable. De las consideraciones vertidas por la parte quejosa, se tiene que, sus conceptos de violación resultan en una parte inoperantes, e infundados en otra. Para arribar a lo anteriormente considerado es preciso invocar el contenido del artículo 739, 741, 742 fracción I, 743, 751 y 752, de la Ley Federal del Trabajo. "Artículo 739. Las partes, en su primera comparecencia o escrito, deberán señalar domicilio dentro del lugar de residencia de la Junta para recibir notificaciones; si no lo hacen, las notificaciones personales se harán por boletín o por estrados, según el caso, en los términos previstos en esta Ley. Asimismo, deberán señalar el domicilio del demandado para recibir notificaciones, o el último lugar donde el trabajador prestó sus servicios. La notificación es personal y se diligenciará conforme a lo dispuesto en el artículo 743. La persona que comparezca como tercero interesado en un juicio, deberá señalar domicilio dentro del lugar de residencia de la Junta para recibir notificaciones; si no lo hace, se estará a lo dispuesto en la parte final del primer párrafo de este artículo. En caso de que las partes señalen terceros interesados, deberán indicar en su promoción inicial el domicilio de éstos para recibir notificaciones. "Artículo 741. Las notificaciones personales se harán en el domicilio señalado en autos, hasta en tanto no se designe nueva casa o local para ello; y las que se realicen en estas condiciones, surtirán plenamente sus efectos." "Artículo 742. Se harán personalmente las notificaciones siguientes: I. El emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer proveído que se dicte en el mismo; (.)". "Artículo 743. La primera notificación personal se hará de conformidad con las normas siguientes: I. El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para hacer la notificación; II. Si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará la resolución, entregando copia de la misma; si se trata de persona moral, el actuario se asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante o apoderado legal de aquélla; III. Si no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada; IV. Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en la casa o local; y si estuvieren estos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de entrada; V. Si en la casa o local designado para hacer la notificación se negare el interesado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia, a recibir la notificación, ésta se hará por instructivo que se fijará en la puerta de la misma, adjuntando una copia de la resolución; y VI. En el caso del artículo 712 de esta Ley, el actuario se cerciorará de que el local designado en autos, es aquel en que se prestan o se prestaron los servicios. En todos los casos a que se refiere este artículo, el actuario asentará razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye. "Artículo 751. La cédula de notificación deberá contener, por lo menos: I. Lugar, día y hora en que se practique la notificación; II. El número de expediente; III. El nombre de las partes; IV. El nombre y domicilio de la persona o personas que deban ser notificadas; y V. Copia autorizada de la resolución que se anexará a la cédula." "Artículo 752. Son nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad a lo dispuesto en este Capítulo." De los citados numerales se destacan las directrices respecto de las notificaciones que deben practicarse de manera personal y las reglas a las que debe ceñirse la autoridad al practicar una notificación de esa naturaleza, a saber: Entre las notificaciones que deben practicarse de manera personal se encuentra el emplazamiento a juicio de la parte demandada. Al llevar a cabo la respectiva diligencia, el actuario debe cerciorarse de que la persona que deba ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para hacer la notificación. Si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará la resolución, entregando copia de la misma; si se trata de persona moral, el actuario se asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante o apoderado legal de aquélla. Si no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada. Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en la casa o local; y si estuvieren estos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de entrada. Si en la casa o local designado para hacer la notificación se negare el interesado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia, a recibir la notificación, ésta se hará por instructivo que se fijará en la puerta, adjuntando una copia de la resolución. El actuario asentará razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye. Cabe precisar que, del artículo 743, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, se colige que el actuario debe cumplir con ciertas formalidades para que tanto el citatorio como el emplazamiento sean jurídicamente válidos. Esto es, debe cerciorarse que el lugar en el que se apersonó es aquel en el que debe actuar, así como en donde puede localizarse a la persona que debe notificar, porque ahí habita, trabaja o tiene su domicilio. Para cumplir con lo anterior, debe expresar las razones particulares o medios de convicción que tenga a su alcance para determinar que el domicilio en el que actúa es el correcto para practicar el emplazamiento a juicio y cualquier otra circunstancia objetiva que revele que se ubicó en el domicilio ordenado, y no únicamente mencionar que lo tuvo a la vista. Es decir, debe hacer constar en las actas respectivas los medios de que se valió, tanto objetivos (aquellos que aprecie directamente el funcionario), como subjetivos (los que le sean proporcionados por otras personas), para tener la certeza que en ese lugar habita, trabaja o tiene su domicilio la persona a quien se busca o en su caso al representante legal de la persona moral demandada, ya que si carece de tales datos, no puede sostenerse jurídicamente la legalidad del emplazamiento, no obstante la fe pública del funcionario. En el caso concreto, de las razones actuariales relativas a la diligencia de emplazamiento del quejoso demandado, practicada en el juicio de origen, se advierte que el actuario responsable expuso lo siguiente: Razón relativa al citatorio. "EXPEDIENTE J.3/592/2018 (.) EN TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS QUINCE HORAS CON CERO MINUTOS DEL DÍA DIEZ DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, EL SUSCRITO LIC. JOSÉ FIDEL RODRÍGUEZ CASTAÑEDA, EN FUNCIONES DE ACTUARIO DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLÁN-TEXCOCO, A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DICTADO POR ESTA JUNTA DE FECHA TRECE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, ME CONSTITUYO EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS COMO EL DE LA PARTE DEMANDADA: VÍCTOR ROQUE FUENTES LUIS, LILIA NAVA, ABEL FUENTES LUGO, UBICADO EN VÍA GUSTAVO BAZ NÚMERO 292, ESQUINA MARIO COLÍN, COLONIA LA LOMA, EN TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO; Y CERCIORADO DE SER ÉSTE EL DOMICILIO CORRECTO, POR ASÍ INDICARLO EL NOMBRE DE LA AVENIDA VISIBLES EN LAS ESQUINAS PRÓXIMAS AL DOMICILIO EN QUE SE ACTÚA, SOBRE DICHA AVENIDA EN PLACAS OFICIALES, POR SER EL MUNICIPIO, LA COLONIA, EL NÚMERO VISIBLE, POR INFORMES Y CORROBORARLO EMPLEADOS DE DICHO DOMICILIO Y DE LOS VECINOS DEL LUGAR, DE QUE SE TRATA DE LA DIRECCIÓN INDICADA Y QUE EN DICHO DOMICILIO TRABAJAN, TIENEN SU DOMICILIO TODOS Y CADA UNO DE LOS DEMANDADOS Y SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS Y SER LA RESIDENCIA DE LOS DEMANDADOS, Y QUE EN ESTE DOMICILIO SE ENCUENTRA EL CENTRO DE ACTIVIDADES DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE SE BUSCAN (SIC), ASÍ COMO SU PRINCIPAL ASIENTO DE NEGOCIOS Y SU ADMINISTRACIÓN, Y ACUDE (SIC) A DICHO DOMICILIO EN FORMA HABITUAL A DESEMPEÑAR SUS LABORES EN FORMA COTIDIANA, Y CON APOYO EN LO ESTABLECIDO POR LA TESIS (.). POR INFORMACIÓN EXPRESA QUE SE RECIBE DE QUIEN ME ATIENDE Y COMPARECE ANTE EL SUSCRITO, PERSONA QUE ME INFORMA LO ANTERIOR Y QUE MANIFIESTA LLAMARSE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: C. LILIA MORA QUIEN SE OSTENTA COMO: EMPLEADA EN EL DOMICILIO EN QUE SE ACTÚA, ANTE QUIÉN ME IDENTIFICÓ Y SOLICITO HAGA LO PROPIO, MANIFESTANDO QUE EN ESTOS MOMENTOS SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, MISMA QUE SE TUVO A LA VITA EN ORIGINAL Y SE DEVUELVE A LA COMPARECIENTE; ASÍ MISMO QUIEN MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN DICHO DOMICILIO SE ENCUENTRAN LABORANDO Y TIENEN SU DOMICILIO LAS PERSONAS FÍSICAS CITADAS EN LÍNEAS ANTERIORES PARA LAS CUALES ELLA TRABAJA Y RECIBE REMUNERACIÓN POR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, ACTO SEGUIDO LE HAGO SABER EL MOTIVO DE MI PRESENCIA MEDIANTE LECTURA EN VOZ ALTA DEL ACUERDO ANTES CITADO QUE SE DILIGENCIA, EN ESTE ACTO LE REQUIERO LA PRESENCIA DE LOS C. VÍCTOR ROQUE FUENTES LUIS, LILIA NAVA, ABEL FUENTES LUGO, CONTESTANDO EN CONSECUENCIA LA PERSONA COMPARECIENTE Y QUE ME ATIENDE QUE LAS PERSONAS QUE BUSCO SI LAS CONOCE YA QUE HABITAN LABORAN Y TIENE SU DOMICILIO, NO ENCONTRÁNDOSE PRESENTES EN ESTOS MOMENTOS, E IGNORA LA HORA EN QUE PUEDA LOCALIZARLAS, EN CONSECUENCIA CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LAS FRACCIONES III Y IV DEL ARTÍCULO 743 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PROCEDO A DEJAR CITATORIO DE LEY CON LA MISMA PERSONA POR QUIEN SOY ATENDIDO A EFECTO DE QUE EL C. VICTOR ROQUE FUENTES LUIS, SE SIRVA ESPERARME EN ESTE MISMO DOMICILIO EN QUE SE ACTÚA EL PRÓXIMO DÍA ., LA C. LILIA NAVA, SE SIRVA ESPERARME EN ESTE MISMO DOMICILIO EN QUE SE ACTÚA EL PRÓXIMO DÍA. Y EL C. ABEL FUENTES LUGO, SE SIRVA ESPERARME EN ESTE MISMO DOMICILIO EN QUE SE ACTÚA, EL PRÓXIMO DÍA ONCE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS QUINCE HORAS CON DIEZ MINUTOS." (foja 61 de autos). Razón de emplazamiento. "EXPEDIENTE: J.3/592/2018 (.) EN TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS QUINCE HORAS CON CERO MINUTOS DEL DÍA ONCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, EL SUSCRITO LIC. JOSÉ FIDEL RODRÍGUEZ CASTAÑEDA, EN FUNCIONES DE ACTUARIO DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLÁN-TEXCOCO, A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DICTADO POR ESTA JUNTA DE FECHA TRECE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, ME CONSTITUYO NUEVAMENTE EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS COMO EL DE: VÍCTOR ROQUE FUENTES LUIS, LILIA NAVA, ABEL FUENTES LUGO, UBICADO EN VÍA GUSTAVO BAZ NÚMERO 292, ESQUINA MARIO COLÍN, COLONIA LA LOMA, EN TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO; Y CERCIORADO DE SER ÉSTE EL DOMICILIO CORRECTO, POR ASÍ INDICARLO EL NOMBRE DE LA AVENIDA VISIBLES EN LAS ESQUINAS PRÓXIMAS AL DOMICILIO EN QUE SE ACTÚA, SOBRE DICHA AVENIDA EN PLACAS OFICIALES, POR SER EL MUNICIPIO, LA COLONIA, EL NÚMERO VISIBLE, POR INFORMES DE EMPLEADOS, ASÍ COMO DE LOS VECINOS DEL LUGAR, DE QUE SE TRATA DE LA DIRECCIÓN INDICADA, AMÉN DE YA HABER IDENTIFICADO EL DOMICILIO EN QUE SE ACTÚA CON ANTERIORIDAD COMO CONSTA EN MI RAZÓN ACTUARIAL QUE PRECEDE Y A LA QUE ME REMITO EN LO CONDUCENTE, Y QUE EN DICHO DOMICILIO SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS LOS DEMANDADOS Y QUE EN ESTE DOMICILIO SE ENCUENTRA EL CENTRO DE ACTIVIDADES Y RESIDENCIA DE LOS MISMOS, ASÍ COMO SU PRINCIPAL ASIENTO DE NEGOCIOS Y SU ADMINISTRACIÓN, Y ACUDEN A DICHO DOMICILIO EN FORMA HABITUAL A DESEMPEÑAR SUS LABORES EN FORMA COTIDIANA; Y CON APOYO EN LO ESTABLECIDO POR LA TESIS (.). POR INFORMACIÓN EXPRESA QUE SE RECIBE DE QUIEN ME ATIENDE Y COMPARECE ANTE EL SUSCRITO, PERSONA QUE ME INFORMA LO ANTERIOR Y QUE MANIFIESTA LLAMARSE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: C. LILIA MORA QUIEN SE OSTENTA COMO: EMPLEADA EN EL DOMICILIO EN QUE SE ACTÚA, ASÍ MISMO QUIEN MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN DICHO DOMICILIO SE ENCUENTRAN, TRABAJAN Y TIENEN SU DOMICILIO LAS PERSONAS FÍSICAS PARA LA CUAL (SIC) ELLA TRABAJA Y RECIBE REMUNERACIÓN POR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, A QUIEN A CONTINUACIÓN ., ASÍ TAMBIÉN, SIENDO LAS QUINCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA EN QUE SE ACTÚA, EN ESTE ACTO LE REQUIERO LA PRESENCIA DEL C. ABEL FUENTES LUGO; CONTESTANDO EN CONSECUENCIA LA PERSONA COMPARECIENTE Y QUE ME ATIENDE QUE NUEVAMENTE MANIFIESTA SÍ CONOCE A LAS PERSONAS REQUERIDAS YA QUE LABORAN EN ESE DOMICILIO, PERO NO SE ENCUENTRAN EN ESTOS MOMENTOS, E IGNORA LA HORA EN QUE PUEDA LOCALIZARLAS, NO OBSTANTE DE HABERLES DEJADO CITATORIO DE LEY ANTERIORMENTE CON LA MISMA PERSONA POR QUIEN SOY ATENDIDO, MOTIVO POR EL CUAL Y DE CONFORMIDAD POR LO DISPUESTO POR ARTÍCULO 743 FRACCIÓN IV Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PROCEDO A NOTIFICAR Y EMPLAZAR A JUICIO A CADA UNA DE LAS PERSONAS MORALES Y FÍSICAS ANTES REQUERIDAS (SIC) POR CONDUCTO DE LA COMPARECIENTE, PARA QUIEN TRABAJA, PARA CADA UNA DE ELLAS, CORRIÉNDOLE TRASLADO CON COPIAS SIMPLES DE LA DEMANDA PARA TODOS Y CADA UNO DE LOS DEMANDADOS ANTES MENCIONADOS, DEBIDAMENTE SELLADAS Y COTEJADAS DEL ACUERDO DE RADICACIÓN DE FECHA TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, MISMOS QUE EN ESTE ACTO NOTIFICO A LOS DEMANDADOS ANTES MENCIONADOS Y MEDIANTE INSTRUCTIVO DE LEY, QUE SE ENTREGAN A LA PERSONA COMPARECIENTE PARA QUIEN PRESTA SUS SERVICIOS PARA CADA UNA DE LAS PERSONAS MORAL Y FÍSICA (SIC), PARA QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, MISMA QUE SE DEJA EN PODER DE LA PERSONA QUE ME ATIENDE, COPIAS QUE RECIBE DE CONFORMIDAD Y SÍ FIRMA EN EL ACUERDO PARA CONSTANCIA Y DE NOTIFICADO.". (foja 65). Del contenido de las citadas razones se puede advertir que el actuario responsable para cerciorarse que se constituyó en el domicilio correcto y de que la parte demandada que debía ser notificada habitaba, trabajaba o tenía su domicilio en el lugar en que se constituyó, obtuvo los siguientes elementos, como lo son: I. Que se cercioró que se constituyó en el domicilio ubicado en Vía Gustavo Baz número 292 (doscientos noventa y dos), esquina Mario Colín, Colonia La Loma, en Tlalnepantla, Estado de México, por: El nombre de la Avenida, visible en las esquinas más próximas, al domicilio en que se constituyó, placas oficiales, por ser el municipio, colonia y número visible. Por informes vecinos del lugar y empleados de dicho domicilio de que se trata del domicilio correcto. Así como, por manifestación expresa de quien le atendió en el domicilio, quien dijo llamarse Lilia Mora y ser empleada de la parte demandada. II. Que se cercioró que se constituyó en el domicilio de la parte demanda: Por el dicho de los vecinos y empleados, quienes de acuerdo con el contenido de tales razones le informaron que efectivamente en ese domicilio trabajan, tienen su domicilio todos y cada uno de los demandados y se encuentran establecidos, así como ser la residencia de la parte demandada y que en ese domicilio se encuentra su centro de actividades, principal asiento de negocios y administración. El dicho de la persona que indicó llamarse Lilia Mora, quien señaló bajo protesta de decir verdad que en ese domicilio labora y tiene su domicilio la parte demandada buscada, además que era empleada de esa fuente de trabajo y recibe remuneración por servicios profesionales, así como, se identificó con credencial para votar, expedida por el Instituto Federal Electoral, documento que señala el fedatario tuvo a la vista en original. Que la parte demandada buscada, no se encontraba presente en ese momento. En esas condiciones, los datos precisados por el fedatario adminiculados entre sí acreditan no sólo su cercioramiento de haberse constituido en el domicilio correcto señalado en los autos como el del demandado (aquí quejoso), sino también que correspondía al lugar donde el mismo podía ser emplazado. Ciertamente, pues se destaca que no sólo se basó en el dicho de la persona que lo atendió para corroborar que estaba en el domicilio correcto, y de que la persona física que debía ser notificada habitaba, trabajaba o tenía su domicilio en el lugar en que se constituyó, ya que también solicitó informe a vecinos del lugar, e incluso pudo constatar que existían señalamientos en el lugar que daban razón de encontrarse en la calle y colonia buscados, asimismo que en el inmueble en que se constituyó, la persona que lo atendió manifestó ser empleada de la parte demandada (aquí quejoso) y recibe remuneración por servicios profesionales de la misma. Por ende, el fedatario se cercioró en términos de la fracción I del precepto 743 invocado, que en ese lugar podía emplazar al demandado, aquí quejoso. Ahí que, es infundado lo alegado por la quejosa en sus conceptos de violación marcados con los incisos c) y e), con relación a que no fue emplazada conforme derecho, porque el actuario responsable no se cercioró de que el domicilio en que se constituyó fuera el suyo, así como, no se cerciora que la persona a quien supuestamente se notificó, se encontrara ordinaria, habitual y permanentemente en el domicilio señalado. Lo anterior, pues como quedó evidenciado el actuario sí realizó el cercioramiento correspondiente a través de los datos ya citados; sin que las disposiciones normativas que regulan dicha actuación establezcan que deba tener a la vista algún documento oficial para confirmar esa circunstancia; aunado que, conforme a los datos recabados con vecinos y empleados, le informaron que efectivamente en ese domicilio trabaja, tiene su domicilio la parte demandada (aquí quejoso) y se encuentra establecido, así como ser la residencia de la parte demandada y que en el mismo se encuentra el centro de actividades, principal asiento de negocios y administración. Y, de mayor relevancia, el dicho de la persona que indicó llamarse Lilia Mora, quien señaló bajo protesta de decir verdad que en ese domicilio labora y tiene su domicilio la parte demandada buscada, además que era empleada de esa fuente de trabajo y recibe remuneración por servicios profesionales. Por otra parte, resulta infundado el concepto de violación enunciado en el inciso b), en el que en esencia señala que el domicilio en que se constituyó el actuario, es diverso en el que tiene su fuente de trabajo, así como de su domicilio particular, lo que aduce acredita con las probanzas consistentes en la documental de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, como empleado de César Pérez Moreno y Cédula de Identificación Fiscal de la persona antes mencionada. Tal aserto, deviene del valor que le es atribuible a las documentales que hace mención ya que fueron ofrecidas en copia simple, las que son ineficaces para justificar que el quejoso cuenta con diverso domicilio al en que se llevó a cabo el emplazamiento reclamado, ya que tales documentales, son ineficaces para acreditar domicilio alguno, puesto que sobre tal aspecto, la Cédula de Identificación Fiscal, tiende a establecer el lugar en que se encuentra obligado el contribuyente para hacer frente a sus obligaciones tributarias, más no así respecto de la ubicación de la negociación correspondiente. De igual forma, resulta ineficiente la documental consistente en el alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, para acreditar el extremo para el que fue propuesta, ya que de tal documental no se desprende domicilio alguno en que se ubique el lugar en el que en su caso preste labores el quejoso. Al margen de lo anterior y toda vez que las probanzas de referencia fueron ofrecidas en copia simple, dada su naturaleza, carecen de valor probatorio pleno y sólo generan la simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen, por lo que su valor probatorio es de simple indicio, en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En efecto, el valor de un documento obtenido en copia fotostática es únicamente presuncional de su existencia e insuficiente para justificar el hecho o derecho a demostrar o ejercitar, ya que de acuerdo a su forma de obtención, sólo son simples reproducciones fotográficas de instrumentos que el interesado coloca en una máquina diseñada para ese fin, por ende, de acuerdo a la naturaleza de la misma reproducción y lo avanzado de la ciencia, cabe la posibilidad de que esa multiplicidad de datos no proceda de un documento realmente existente, sino de uno prefabricado que para efecto de su fotocopiado permita reflejar la existencia irreal del pretendido hacer valer. Resulta aplicable la jurisprudencia IV.3o. J/23, del otrora Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en la página 510, Tomo III, Mayo de 1996, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto es: "DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE. No se puede otorgar valor probatorio aun cuando no hayan sido objetadas en cuanto a su autenticidad, las copias simples de un documento, pues al no tratarse de una copia certificada, no es posible presumir su conocimiento, pues dichas probanzas por sí solas, y dada su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se pueden confeccionar, por ello, es menester adminicularlas con algún otro medio que robustezca su fuerza probatoria, razón por la que sólo tienen el carácter de indicio al no haber sido perfeccionadas." Asimismo, resulta infundado el concepto de violación contenido en el inciso f), de la reseña correspondiente a los conceptos de violación; lo anterior, puesto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, no establece que el fedatario reúna mayores requisitos en la diligencia de emplazamiento, que los previstos en tal dispositivo, como los que aduce el quejoso, en el sentido que el fedatario debió cerciorarse de la calidad con que se ostentó la persona con la se entendió la diligencia de emplazamiento (empleada), el por qué se encontraba en dicho lugar, asentar la media filiación y los datos del documento con el que se identifique, pues ninguna disposición legal prevé dichas circunstancias. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 162/2004, con registro digital 180149, Novena Época, Materias(s) Laboral, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Noviembre de 2004, página 68, del rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO EN MATERIA LABORAL. LOS ACTUARIOS ESTÁN OBLIGADOS A ASENTAR EN EL ACTA RESPECTIVA, CIERTOS DATOS QUE PERMITAN APOYAR SU DICHO, SIN LLEGAR AL EXTREMO DE EXPRESAR LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, Y DEMÁS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA CON QUIEN SE ENTIENDE, SI ÉSTA SE NEGÓ A DAR SU NOMBRE Y A DECIR POR QUÉ SE ENCUENTRA EN EL LUGAR. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, basta que se encuentre en el domicilio alguna persona que informe sobre la presencia o ausencia de la persona a quien ha de notificarse, y pueda confirmar que en ese lugar habita o trabaja la persona buscada, sin que se le pueda obligar a dar su nombre o a que se identifique, o a dar razón del porqué de su presencia en el domicilio, pues ninguna disposición legal prevé dicha circunstancia. En esa virtud, el que el actuario exprese o no en su acta determinadas características de la persona que lo atendió, no cambia la afirmación que hace en el sentido de haber sido atendido o recibido por una persona, pues el hecho de que la última parte del precepto legal que se analiza, obligue al actuario a señalar con claridad los elementos de convicción en que se apoye, no llega al extremo de mencionar los rasgos físicos de la persona, ni su edad o sexo, o cualquier otro dato, por lo que ha de bastar su afirmación en el sentido de que hubo alguien que le proporcionó la información requerida, partiendo principalmente de la premisa de que está en el domicilio correcto, como elemento esencial para la validez de la diligencia. Lo anterior es así, ya que resultaría carente de sentido común la exigencia de la pormenorización de determinados elementos de identificación de una persona, pues ante la fe pública de que está investido el actuario en el ejercicio de sus funciones, difícil resulta pensar que pudieran desvirtuarse las características por éste asentadas, cuando sean negadas por quien impugna la notificación, pues sería la prueba de hechos negativos, es decir, que no existe una persona con tales características, a diferencia de las circunstancias respecto de que se cercioró de ser el domicilio correcto, por ser una situación objetivamente demostrable. Ello en el entendido de que nada le impide señalar cuantos datos estime necesarios para apoyar su dicho respecto de la persona que lo atendió al practicar la diligencia, dado que esa es una forma de corroborar, en su caso, la razón pormenorizada de su actuación." Por otra parte, resultan infundados los conceptos de violación enunciados en el inciso a) y g), en el que se señala el quejoso que se transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que nunca fue emplazado al juicio laboral J.3/592/2018, por lo que se le dejó en estado de indefensión, así como, que se encuentra rebasada la fe con que está investido el Actuario, al considerar que se desvirtúa la diligencia de emplazamiento y por tanto, no existe constancia de que realmente se haya constituido en el domicilio del quejoso. Lo anterior, atento a las consideraciones vertidas en párrafos precedentes, de las que se pone de manifiesto que, contrario a lo señalado por el aquí quejoso, fue emplazado al juicio laboral, por lo que, el dicho en el sentido que nunca se le realizó notificación o emplazamiento alguno al juicio natural, deviene insuficiente para comprobar el extremo que pretende, toda vez, que dicha manifestación sin prueba idónea que la respalde, por sí sola, carece de valor probatorio alguno. Ello, en razón que el fedatario judicial goza para el desempeño de su trabajo, de fe pública, lo que en el caso no fue desvirtuada, ni rebasada como lo menciona el quejoso; por tanto, el dicho del peticionario de amparo, no puede dejar sin efecto lo actuado por el actuario responsable, sino que se necesitan diversas probanzas a fin de que en conjunto puedan controvertir debidamente la actuación del fedatario, lo que en el presente caso no ocurre. Encontrando sustento a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 202, Tomo: XI, Marzo de 1993, Número de registro 216814, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto: "ACTUACION JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso; por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad." Así como la diversa tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 55, Tomo: II, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1988, Número de registro 229704, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto: "ACTUARIO, FE PÚBLICA DEL, NO PUEDE DESVIRTUARSE SINO CON PRUEBAS FEHACIENTES Y CONTUNDENTES. Si bien es cierto que la fe pública de que está investido un actuario judicial no convalida las marcadas alteraciones y contradicciones en que incurra, también lo es que no puede aceptarse que esa fe quede desvirtuada con pruebas que no demuestren en forma fehaciente y contundente las respectivas alteraciones o contradicciones en que haya podido incurrir ese funcionario, por lo que si se toma en cuenta lo antes asentado, resulta incuestionable que no puede estimarse que un simple informe del centro de trabajo del arrendatario y su respectiva tarjeta de control de asistencia, sean suficientes para desvirtuar la fe pública con que cuenta el actuario que llevó a efecto la notificación para manifestarle a la demandada la voluntad del arrendador de dar por terminado el contrato respectivo." Con relación a lo señalado en el inciso h), debe precisarse que en el caso, resulta inoperante, dado que la suplencia de la queja en materia laboral únicamente opera a favor de la parte trabajadora; por tanto, en la especie no se actualiza la citada figura, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que de las constancias del juicio laboral de origen se advierte, que la parte quejosa tiene el carácter de patrón, de ahí que el análisis de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa tendentes a controvertir los actos reclamados, se atendieran conforme al principio de estricto derecho. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 305, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a septiembre de 1997, que establece: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DE LA PARTE PATRONAL, IMPROCEDENCIA DE LA. El artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en su fracción IV, establece que en materia laboral la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador; luego, resulta inconcuso que no es dable la operancia de dicha institución jurídica en favor del patrón. El anterior aserto deriva de una interpretación gramatical, histórica, sistemática y finalista, que lleva a esta Segunda Sala a concluir que la suplencia de la queja en la materia laboral únicamente se justifica en favor del trabajador, en tanto que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos. La desigualdad procesal se sustenta, primordialmente, en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, que regulan la relación laboral como un derecho de clases; así como en la circunstancia genérica, consistente en la mayor posibilidad económica del patrón, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados, caso contrario del trabajador; así también, porque al tener el patrón la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio. La protección a bienes básicos tiene como base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral. En tal virtud, al no existir tales justificantes para el patrón, por ningún motivo o pretexto es correcto apartarse de los lineamientos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, ni menos todavía interpretarlos o pretender soslayarlos por analogía o mayoría de razón, habida cuenta de que la fracción VI del susodicho artículo 76 bis no es aplicable para suplir la deficiencia de la queja en favor del patrón, ni aun excepcionalmente, tratándose de una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, tal y como ocurre por la falta de emplazamiento o su práctica defectuosa, toda vez que la norma específica debe prevalecer sobre la genérica, esto es, si la voluntad del legislador hubiera sido que en materia laboral se aplicara en favor del patrón la fracción VI, hubiese utilizado un texto distinto, por ejemplo, la suplencia de la queja sólo se aplicará en favor del trabajador "con excepción de lo previsto (o cualquier otra similar) en la fracción VI", lo cual no ocurrió así; entonces, no tiene por qué interpretarse en otro sentido. Es menester indicar que existe una excepción derivada de lo previsto en la fracción I del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para el caso de que el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, supuesto en el cual sí es factible la suplencia en favor del patrón. Conviene agregar que el artículo 107, fracción III, inciso c), en concordancia con la fracción VII, constitucional, establece la figura de "tercero extraño a juicio", hipótesis normativa recogida por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, figura jurídica que, trasladada a la materia laboral, permite al patrón impugnar todo lo actuado en el juicio natural a través del amparo indirecto, aunque necesariamente debe realizar el razonamiento lógico-jurídico que demuestre la transgresión de garantías impugnada, porque pretender lo contrario implicaría dejar en estado de indefensión a la otra parte, la trabajadora; situación que se agudiza en el recurso de revisión, pues aceptarse otra cosa implicaría atentar contra la naturaleza jurídica del recurso y en perjuicio de la parte trabajadora." Conviene destacar que la exclusión de beneficiarse con la citada prerrogativa procesal no puede considerarse violatoria del derecho humano a la igualdad, pues aun cuando existe un trato diferenciado entre los trabajadores y los patrones respecto de los actos derivados de un juicio laboral, lo cierto es que dicha distinción se encuentra justificada por guardar una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, consistente en compensar la situación de desventaja histórica en que se ha ubicado la clase trabajadora frente a la patronal. Lo anterior encuentra sustento, en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 359, del Libro 25, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de diciembre de 2015, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO LABORAL, LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO OPERE EN BENEFICIO DEL TRABAJADOR, NO VULNERA EL DERECHO HUMANO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. l artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, sustituido por el numeral 79, fracción V, de la ley de la materia en vigor al día siguiente, al prever expresamente que la suplencia de la queja deficiente en materia laboral procede sólo a favor del trabajador, es producto de los procesos históricos de reforma constitucional y legal, cuya distinción de trato, en relación con el patrón, radica en que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos, derivado de que: a) el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo regulan la relación laboral como un derecho de clases; b) el patrón tiene mayores posibilidades económicas, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados y, al tener la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio; y, c) la protección a bienes elementales tiene como base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral; motivo por el cual se le liberó de la obligación de ser experto en tecnicismos jurídicos, lo que contribuyó, por un lado, a que no se obstaculizara la impartición de justicia y, por otro, a la salvaguarda de los derechos fundamentales consagrados en el referido artículo 123 de la Carta Magna. En esas condiciones, la Segunda Sala reitera el criterio de la jurisprudencia 2a./J. 42/97 (*), en el sentido de que es improcedente la suplencia de la queja deficiente a favor del patrón, inclusive bajo el contexto constitucional sobre derechos humanos imperante en el país, y en consecuencia, la circunstancia de que sólo opere en beneficio del trabajador, no vulnera el de igualdad y no discriminación, porque la distinción de trato en referencia con el trabajador está plenamente justificada y, por lo mismo, resulta proporcional, es decir, sí guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, ya que tal diferenciación constituye una acción positiva que tiene por objeto medular compensar la situación desventajosa en que históricamente se ha encontrado la clase trabajadora frente a la patronal." En ese contexto, resulta evidente que contrario a lo señalado por el quejoso en el inciso d), de la reseña de conceptos de violación, no se transgrede en su perjuicio el principio de tutela jurisdiccional adecuada, porque no se le permitió una defensa adecuada, ya que bajo el análisis de los conceptos de violación hechos valer por el impetrante de amparo, no se advierte la existencia de las violaciones a sus derechos fundamentales que alega, puesto que desde el momento en que se hizo el emplazamiento, estuvo en aptitud de comparecer a la controversia instaurada en su contra, pues con ello se le estaba brindando la oportunidad que, conforme a derecho le corresponde para comparecer a juicio, en la que bien pudo contestar la demanda y ofrecer pruebas que estimara pertinentes, respecto de la controversia respectiva. En ese contexto, se impone negar el amparo y protección solicitado, en virtud de que las autoridades señaladas como responsables acreditaron el emplazamiento realizado al aquí quejoso Abel Fuentes Lugo, en el juicio laboral J.3/592/2018. SEXTO. Por último, respecto al acto reclamado consistente en el laudo del dieciocho de noviembre de dos mil veinte, emitido dentro del expediente laboral J.3/592/2018, que se reclama por vicios propios en los conceptos de violación; debe decirse que no puede ser motivo de pronunciamiento en este juicio tramitado por la vía indirecta, pues ello es materia de examen a través del amparo directo; esto es, ante un tribunal colegiado de circuito, en términos de lo dispuesto en los artículos 34 y 171, de la Ley de Amparo, ya que, por un lado, se trata de una resolución definitiva que puso fin al juicio, y por otro, en función de que se advierten argumentos encaminados a controvertir dicho fallo laboral, por vicios propios. En estas condiciones, al haberse negado el amparo por lo que hace al emplazamiento, procede declarar la incompetencia de este órgano jurisdiccional para conocer del citado laudo, dictado en el proceso laboral de origen, al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en turno. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la Jurisprudencia P./J. 70/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de dos mil diez, visible en la página nueve, que ordena: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005). Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio laboral o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que podrá impugnar su ilegalidad o ausencia a través del amparo, el cual compete conocer a un Juez de Distrito, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, y podrá reclamar simultáneamente el laudo como acto destacado. Así, una vez que se ha decidido la legalidad del emplazamiento reclamado, para determinar la consecuencia legal correspondiente en relación con los conceptos de violación en contra de las sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se deben diferenciar dos supuestos: a) que carezcan de definitividad; o b) que se trate de resoluciones definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario. En el primer supuesto, el Juez de Distrito deberá declarar inoperantes los conceptos de violación aducidos en contra de dicho acto, dado el impedimento técnico para su análisis al no haberse agotado el principio de definitividad, pues, al advertir que el quejoso no es extraño al procedimiento, la falta o indebida defensa que tuvo durante éste sólo le es imputable a él; de ahí que al determinarse la legalidad del emplazamiento, debe considerarse que el peticionario de garantías estuvo en posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra de las resoluciones que le causaron algún perjuicio. En el segundo supuesto, al tratarse de una resolución definitiva que pone fin a un juicio tramitado por un tribunal del trabajo, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley Suprema, sí pueden ser susceptibles de análisis los conceptos relativos al laudo, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, supuesto en el cual el Juez de Distrito deberá negar el amparo por cuanto hace al emplazamiento y, al resultar incompetente para resolver sobre el laudo, deberá escindir la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. Lo anterior, en el entendido de que al estar en presencia de una "jurisdicción escalonada", el trámite de la competencia está supeditado a la firmeza de la determinación tocante al emplazamiento y que el trámite inicial de la demanda como amparo indirecto, no implica la posibilidad de ofrecer nuevos medios de prueba en relación con el laudo, ya que la materia se circunscribe a los actos competencia del Juez de Distrito, de manera que, en todo caso, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá ceñirse a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, apreciando el laudo tal como aparezca probado ante la responsable. Finalmente, es importante precisar que la declaratoria de incompetencia del Juez de Distrito y su remisión al Tribunal Colegiado de Circuito no prejuzga sobre la procedencia del amparo respecto del laudo, incluyendo el cómputo para la oportunidad de la demanda; pues, al ser la competencia de análisis previo y preferente, corresponderá al Tribunal Colegiado su estudio por ser competente para pronunciarse sobre este aspecto." En tal razón, una vez que cobre firmeza esta sentencia, se deberá escindir la demanda y, remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para que resuelva lo que proceda con relación al laudo; por lo que, sin necesidad de previo acuerdo, comuníquese mediante oficio el contenido de esta resolución, con copia simple de la papeleta de turno y de la demanda de amparo, al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, para que realice el turno correspondiente del juicio de amparo; hecho lo cual remita a este Juzgado de Distrito la boleta de turno por correo electrónico con el fin de identificar el órgano colegiado al que le fue asignado el asunto y continuar con el trámite de este juicio de amparo. Una vez acontecido lo anterior, sin ulterior acuerdo, remítase el expediente electrónico al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, que corresponda para su substanciación. En la inteligencia de que la remisión electrónica de este expediente obedece al acatamiento de las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2, con la finalidad de privilegiar el uso de herramientas electrónicas y tecnológicas de la información para el envío y tramitación de los diversos expedientes que corresponde conocer a los órganos jurisdiccionales, como lo ha procurado el Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega el amparo y protección solicitado por el quejoso *****************, por propio derecho, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán-Texcoco, Estado de México y Actuario adscrito a dicha junta, precisado en el considerando quinto, por los motivos expuestos en el mismo. SEGUNDO. Se declara la incompetencia de este órgano jurisdiccional para conocer del acto reclamado, consistente en el laudo del dieciocho de noviembre de dos mil veinte, emitido dentro del expediente laboral J.3/592/2018, por lo que, se ordena remitir la demanda de amparo y sus anexos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, que corresponda, de conformidad con lo indicado en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa, agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, así como vía electrónica a la parte tercero interesada y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, secretario quien certifica que la presente resolución, se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy fe.

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