Abel Espíritu Morales
Expediente 166/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 25 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 166/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 28/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Abel Espíritu Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se aprecia que ha transcurrido el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, promoviera inconformidad contra el auto de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, en el que este Juzgado Federal declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, sin que a la fecha lo haya hecho así, no obstante estar legalmente notificada para ello, como se desprende de la constancia relativa (foja 263); en consecuencia, se le tiene por consentido dicho auto. Con apoyo en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido y hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, de las constancias de autos se advierte que el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se aprecie documento alguno en original exhibido por las partes, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio. Finalmente, tomando en consideración que el presente juicio de amparo, dado que se encuentra dentro de los supuestos que prevé el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado, una vez transcurridos cinco años, contados a partir de la emisión de este auto, procédase a su depuración y consérvese únicamente la demanda y sentencia respectivas.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de esta fecha, de los que se advierte que mediante oficio 70, recibido el veintiséis de enero de dos mil dieciséis (foja 236), la autoridad responsable Jueza Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guerrero, residente en Tixtla, Guerrero, envió copia certificada de la resolución de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete (fojas 237 a la 255), con el que refirió que justificaba el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de amparo. Asimismo, en auto de veintisiete de enero de dos mil diecisiete (foja 256), este órgano jurisdiccional, ordenó dar vista a la parte quejosa con el aludido oficio y con las constancias relativas a la resolución de veinticuatro de enero del año en curso, dictada en autos de la causa penal 46/2015, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho procediera. Tal acuerdo se notificó personalmente al impetrante de garantías Abel Espíritu Morales, el uno de febrero del presente año (foja 257), sin que oportunamente hubieran desahogado esa vista, por lo que este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 80 de la Ley de Amparo, procede a pronunciarse sobre tal aspecto, y para ello, realiza el estudio de las constancias que envió la autoridad responsable, a fin de determinar si se encuentra cumplida o no la sentencia que concedió la protección constitucional por ser una cuestión de orden público y de análisis oficioso. En ese orden, se tiene que los efectos de la sentencia que concedió la protección constitucional fueron para que la autoridad responsable se constriñera a lo siguiente: "a) Que la Jueza Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guerrero, con sede en Tixtla deje sin efectos el auto de formal prisión dictado el catorce de enero de dos mil dieciséis, que obra en la causa penal 46/2015. b) En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita uno diverso, que puede ser en el mismo sentido o en otro, siempre que subsane las omisiones formales resaltadas en el cuerpo de esta sentencia, pues debe realizar el correspondiente estudio integral de todas y cada una de las constancias y pruebas que integran la causal penal y resolver lo que en derecho corresponda." Ahora bien, mediante oficio 70, recibido el veintiséis de enero de dos mil dieciséis (foja 236), la autoridad responsable Jueza Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guerrero, residente en Tixtla, Guerrero, envió copia certificada de la resolución de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, dictada en la causa penal 46/2015 (fojas 237 a la 255), en la que dejó insubsistente el auto de plazo constitucional de catorce de enero de dos mil dieciséis, y con plenitud de jurisdicción emitió la antes referida, subsanando las deficiencias formales apuntadas en la sentencia de mérito. Es decir, analizó todas y cada una de las pruebas señaladas en autos, con las cuales tuvo por no acreditados los elementos materiales del cuerpo del delito de fraude y decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar. En consecuencia, toda vez que la que suscribe no advierte que el cumplimiento a la ejecutoria de amparo rebase los limites o alcances fijados en el mencionado fallo, o que la conducta de la responsable implique carencia o falla con relación a los efectos para los cuales se concedió, es decir, no advierte exceso o defecto en su cumplimiento, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR. En virtud de lo anterior, hágase del conocimiento de las partes la anterior determinación para efectos de lo dispuesto en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación que antecede, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución que AMPARÓ ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guerrero, con sede en Tixtla, Guerrero, por conducto de su titular, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, se sirva informar a este Juzgado de Distrito sobre las medidas que está tomando para dar cumplimiento a la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional a efecto de que: "a) Que la Jueza Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guerrero, con sede en Tixtla deje sin efectos el auto de formal prisión dictado el catorce de enero de dos mil dieciséis, que obra en la causa penal 46/2015. b) En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita uno diverso, que puede ser en el mismo sentido o en otro, siempre que subsane las omisiones formales resaltadas en el cuerpo de esta sentencia, pues debe realizar el correspondiente estudio integral de todas y cada una de las constancias y pruebas que integran la causal penal y resolver lo que en derecho corresponda." Remitiendo las constancias que así lo acrediten; apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; además, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda para los efectos a que alude el artículo 193 de la Ley de la materia. Es de precisarse, que el término otorgado a la responsable para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de la violación transgredida, lo anterior, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto del ordenamiento legal invocado. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior o bien informe gestiones ineficaces o evasivas de conformidad con el artículo 193 de la ley de Amparo, así como con el punto segundo del Acuerdo General Numero 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a las atribuciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al ejercer la competencia delegada para conocer de los incidentes de Inejecución de Sentencia no se realizará un requerimiento subsecuente; puesto que al no dar cumplimiento al fallo protector en el plazo razonable estipulado, lo procedente es remitir el expediente al dicho órgano colegiado, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Sin que haya lugar a requerir al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, por conducto de su Presidente, para que la Jueza Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guerrero, con sede en Tixtla, Guerrero, de cumplimiento al fallo protector, toda vez que los Jueces de Primera Instancia, no tienen Superior Jerárquico, en Materia Jurisdiccional, para efectos del cumplimiento de ejecutorias de Amparo. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro: 2007295, Instancia: Plenos de Circuito Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, Tesis: PC.I.C. J/3 K (10a.) visible a página 1378, Materia Común, de rubro y texto que se transcribe: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias. PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO." Ahora bien, respecto a los cuadernos incidentales, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, antes citado, acuérdese en ellos lo conducente en relación a su archivo.
- Incidental
Visto el estado que guardan los autos del juicio principal del que deriva el cuaderno incidental en que se actúa, en específico el proveído de esta fecha, en el que causó ejecutoria la sentencia definitiva de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, por la que amparó en el juicio principal, por tanto, a efecto de observar lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se procede a la valoración de los presentes cuadernos. Por cuanto hace al original del incidente de suspensión, toda vez que en interlocutoria de veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, es susceptible de ser depurado, una vez transcurridos cinco años de dictada la resolución definitiva acorde con lo dispuesto en el punto Vigésimo Primero, fracción III, párrafo segundo; y respecto al duplicado del citado incidente, éste deberá de ser destruido una vez transcurridos seis meses de haberse resuelto la suspensión definitiva solicitada, de conformidad con lo establecido en el punto Vigésimo, fracción III, del Acuerdo General antes mencionado; en consecuencia, remítanse al archivo hasta en tanto transcurran los plazos antes señalados. Ahora bien, toda vez que de los presentes autos se advierte que la parte quejosa, exhibió el billete de depósito número para que surtiera efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados. En mérito del párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 36 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, pónganse el referido billete de depósito a disposición del peticionario de garantías quien deberá presentarse ante este órgano constitucional debidamente identificado con credencial de validez oficial que contenga su fotografía, a efecto de recoger el mismo, apercibido que de no hacerlo así, dicho billete prescribirá a favor del Fisco Federal en dos años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído.
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