Abel Ernesto Magaña Álvarez
Expediente 1560/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1560/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/10/2016
Partes del expediente
- Abel Ernesto Magaña Álvarez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.
- Principal
RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase promoviendo demanda de amparo a *************, por propio derecho, contra actos de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos. DESECHAMIENTO. Ahora bien, la parte quejosa refiere como acto reclamado la integración de una carpeta de investigación, este juzgado considera que con relación al aludido acto reclamado en la presente demanda de amparo, se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, con relación con el 107, fracción III, inciso b), interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, mismos que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: . b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". Lo anterior se afirma así, toda vez que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar en forma inmediata alguno de los llamados derechos sustantivos del gobernado, tutelados por la Constitución Política Federal, a través de los derechos fundamentales ahí consagrados así como en los tratados internacionales de los que México sea parte. En efecto, la tramitación de la carpeta de investigación, no puede afectar a la parte indiciada mientras que en ella no se ordene que se le prive de la libertad, de sus posesiones o derechos, o sirva de base para una determinación que lesione su esfera jurídica, como lo sería, en su caso, la orden de aprehensión o comparecencia que se llegara a pronunciar por la autoridad jurisdiccional, pues es claro que la relación de hechos y la calificación de las pruebas que en su caso estimara el Fiscal Investigador, al dictar la determinación de consignación, no constituye una resolución que afecte sus derechos, ya que está sujeta a la apreciación que de los hechos y de las pruebas realice la autoridad jurisdiccional. Máxime, que de llegar a estimarse procedente el juicio biinstancial promovido en contra del inicio y tramitación o integración de una orden de investigación conllevaría el entorpecimiento de las facultades y obligaciones conferidas al Fiscal por mandato constitucional, en cuanto a la investigación y persecución de los delitos. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese; personalmente al promovente.
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