Abel Enrique Soto Torres
Expediente 1233/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1233/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/10/2022
Partes del expediente
- Abel Enrique Soto Torres
Actuaciones
- Principal
Visto, el oficio de cuenta, signado por la Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, del Juzgado Tercero del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, por medio del cual , acusa recibo del oficio 22836/2022, en el cual le fue devuelto el expediente original 49/2019 y los documentos base de la acción. Al efecto, se acuerda: Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, téngase a la referida autoridad acusando recibo del mencionado oficio y anexos, y agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Vista, La certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, sin que haya sido recurrido el auto de doce de septiembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Abel Enrique Soto Torres. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio de la que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres año, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Devuélvase al Juzgado Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en esta ciudad, la constancia que remitió en apoyo a su informe justificado, así como los documentos base de la acción, solicitando que de no existir inconveniente alguno acuse de recibo por tratarse de documentos originales. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Visto; el oficio 5270/2022 signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual hace del conocimiento que ese órgano colegiado se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por ****; asimismo, remite informe justificado de la autoridad responsable, original y seis copias de la demanda de amparo, constancia de notificación relativa al emplazamiento realizado a la parte tercera interesada, los documentos base de la acción y original del expediente 49/2019. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Con fundamento en el artículo 45, de la Ley de Amparo, SE ACEPTA LA COMPETENCIA PLATEADA Y ESTE JUZGADO SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DEL PRESENTE ASUNTO. En ese tenor, acúsese el recibo correspondiente al tribunal oficiante de las constancias descritas supralíneas. REGISTRO. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 1233/2022-I y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absoluta de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible tener una convicción diversa, con independencia de los elementos que de manera eventual pudieran allegar las partes. Resulta ilustrativa sobre el particular, por similitud jurídica, la jurisprudencia I.1º.A.J./4 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Ahora, del oficio de cuenta y del escrito de demanda se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional, consisten en: El auto de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve que recibe y/o abre el juicio a prueba. La omisión y/o falta de notificación del auto que ordenó recibir el juicio a prueba por medio de edictos publicado dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en términos del artículo 617, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de aplicación supletoria al Código de Comercio. La omisión y/o falta de notificación de los puntos resolutivos de la sentencia definitiva por medio de edictos, en términos del artículo 617, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de aplicación supletoria al Código de Comercio. Todos ellos, dictados del expediente 49/2019, del índice del Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad, relativo al juicio ordinario mercantil, promovido por Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, en contra de Grupo AS y Compañía, Sociedad Anónima de Capital Variable, y Abel Enrique Soto Torres, aquí quejoso. Luego, este resolutor estima que respecto de los actos reclamados que hace valer la parte quejosa, identificados con los incisos a) y b) de la relación que antecede, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción V, 170, fracción I, 171, párrafo primero y 172, fracciones III, VII y XII, de la citada Ley, que establecen respectivamente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ..V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional;." "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo.." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: .III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley;. . VII. Sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes; ..XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo.." Lo anterior es así, puesto que los anteriormente mencionados constituyen actos intraprocesales, esto es, actos dentro de juicio que pueden repararse a través de una sentencia favorable que llegue a pronunciarse en dicho asunto y que por lo mismo no se han consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate, ni tampoco se trata de un acto que sea de imposible reparación. El juicio, para efectos del amparo, inicia con la presentación de la demanda y termina con la sentencia definitiva ejecutoriada o ejecutoria; de manera que todos los actos procesales verificados en el periodo comprendido entre esas dos actuaciones deben considerarse como "actos dentro del juicio". Ahora bien, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107, fracción V, 170, fracción I, 171, párrafo primero y 172, fracciones III, VII y XII, de la Ley de Amparo, se concluye que por regla general los "actos dentro de juicio" o "intraprocesales" son materia, en su caso, del amparo directo, pues es esta vía es la idónea para impugnar violaciones al procedimiento cometidas por tribunales judiciales, entre otros, siempre y cuando afecten las defensas de la parte quejosa y trasciendan al resultado del fallo. Como una excepción a lo anterior, existen actos intraprocesales que son reclamables en amparo indirecto, tal como se advierte de la fracción V, del artículo 107, de la Ley Amparo, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no así cuando sólo se afectan derechos adjetivos o procesales. Cabe mencionar, que la actual redacción de la fracción V del artículo 107 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, cuya publicación se realizó el viernes dos de mayo de dos mil catorce, a las doce horas con cinco minutos, con número de registro IUS 2006338, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." De lo anterior, queda claro que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener un laudo favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate y, precisamente por ello, en estos supuestos puede acudirse sin demora al amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el laudo definitivo en el procedimiento ordinario pues, como ya se dijo, las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían aunque el afectado obtuviese laudo favorable a sus intereses. Así las cosas, al examinar los actos que dentro de juicio puedan tener una ejecución de imposible reparación, debe tomarse en cuenta también el efecto que dichos actos puedan tener para dar por terminado el juicio, esto es, cuando se devastan los elementos integrantes de la acción que en el caso, impedirían que se llegara al dictado de la resolución que corresponda. Por exclusión, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza meramente adjetiva o procesal, cuyos efectos son exclusivamente formales, y que al presentarse se colocan en una posibilidad latente de desaparecer, o bien, resultan intrascendentes si es que se dicta una sentencia favorable al afectado. La razón de ser de dichos derechos adjetivos o procesales encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del interesado al no alterarse algún derecho sustantivo y sin dejar huella alguna. Efectivamente, estos actos, en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho humano contenido en la Constitución Política del país, sino que tan sólo crean la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para el resultado de la sentencia. Por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas del quejoso, trasciendan al resultado del fallo adverso y hayan sido impugnados durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis número 61 de la extinta Tercera Sala, que se publica en la página 39, del Tomo VI, Materia Común, de la compilación de 1995, cuyo texto es el siguiente: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUÁNDO Y CÓMO PROCEDE.- La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar 'las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo'. La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto." Así las cosas, se concluye que los actos reclamados en los incisos a) y b), consistentes en, a) El auto de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, que recibe y/o abre el juicio de prueba y b) La omisión y/o falta de notificación del auto que ordenó recibir el juicio a prueba por medio de edictos publicados dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en términos del artículo 617 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, al de Comercio, ambos acaecidos dentro del expediente 49/2019, del índice del Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad; si bien fueron verificados dentro de ese juicio, éstos pueden repararse a través de una sentencia favorable que llegue a pronunciarse en dicho asunto y que por lo mismo no se han consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate. Ahora bien, en el caso que dichos actos hayan trascendido al resultado de la sentencia que se dicte en el juicio de origen, éstos podrán reclamarse como violaciones procesales en el amparo directo que se promueva contra la resolución definitiva en términos del artículo 172, fracciones III, VII y XII, de la Ley de Amparo; asimismo, tampoco se está en el caso que se afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, ni se trata de actos que de concederse la protección federal a través de una sentencia de amparo, haga imposible reparar las violaciones reclamadas. Por el contenido jurídico que la orienta es aplica al caso la tesis X.1o.20 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, Materia Común, Novena Época, página 1196, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. De conformidad con el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción XVIII, ibídem, resulta improcedente el juicio de garantías promovido contra el acuerdo que desechó el recurso de revocación interpuesto en contra del diverso que denegó la designación de perito tercero en discordia, al no tener aquél una ejecución de imposible reparación, precisamente porque se trata de una violación a las leyes que rigen el procedimiento, reclamable al través del juicio de amparo directo, en el supuesto de que trascienda al resultado del fallo con afectación a las defensas del quejoso. Los razonamientos expuestos con antelación ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del presente controvertido, lo cual resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de quien resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de garantías y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, en relación al acto reclamado sintetizado en el inciso c), de la relación fijada en párrafos que anteceden, consistente en c) La omisión y/o falta de notificación de los puntos resolutivos de la sentencia definitiva por medio de edictos publicados dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en términos del artículo 617 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al de Comercio, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que torna improcedente el juicio de amparo biinstancial, en términos del artículo 113 del cuerpo legal en comento, por los motivos que a continuación se expresan: El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo Vigente, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "I. . . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." Los elementos que integran la causa de improcedencia de referencia, son los siguientes: a).- Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b).- Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c).- Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d).- Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Se dice lo anterior, pues respecto del acto anteriormente mencionado, procede el incidente de nulidad de notificaciones contemplado en los artículos 76 y 78 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, de aplicación supletoria al Código de Comercio, por disposición de su artículo 1054, los cuales disponen lo siguiente: "ART. 76.- Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo V del título segundo, serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviese legítimamente hecha." "ART. 78.- Solo formara artículo de previo y especial pronunciamiento la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento. Los incidentes que se susciten con motivo de otras nulidades de actuaciones o de notificaciones se tramitaran y resolverán en forma incidental, sin suspensión del procedimiento. Si a juicio del juez de los autos, la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento, solo se interpuso para suspender el procedimiento y es notoriamente frívola e improcedente, previa fundamentación y motivación; se impondrá al promovente y a su abogado solidariamente multa de treinta y hasta sesenta días de salario mínimo vigente en el estado. No se dará curso a la nulidad por falta de emplazamiento, si al interponerla, no se garantiza en cualquiera de las formas establecidas por la ley, el máximo de la multa a que se refiere el párrafo anterior." "Art. 1,054. En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y, en su defecto, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso de que no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, la ley de procedimientos local respectiva." En efecto, del análisis sistemático de los artículos antes transcritos, se pone de manifiesto que con la interposición del incidente antes mencionado, se pueden nulificar la actuación de que se duele el impetrante de amparo, constituyendo el medio ordinario idóneo de defensa que eventualmente pudiese resolverse a su favor. Lo anterior es así, porque al ser impugnable la falta o ilegal notificación de la sentencia reclamada, a través del incidente de nulidad de notificaciones, conforme a los artículos 76 y 78 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, es indudable que antes de acudir al juicio de amparo, la parte quejosa tenía la obligación de interponerlo, y al no agotar ese recurso antes de ocurrir al juicio de amparo, el acto reclamado carece de definitividad. En efecto, el juicio de amparo se rige por diversos principios, de entre los que se encuentra el de "definitividad", el cual establece que para la procedencia de amparo es preciso agotar todos los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley por medio de los cuales el acto reclamado pueda, previamente al juicio constitucional, ser modificado, revocado o nulificado; así los ordinarios 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y el señalado 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establecen que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, en razón de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa y, por lo tanto, para acudir a él es necesario agotar, en la vía ordinaria, en el caso concreto, el incidente de nulidad de actuaciones contemplado en los preceptos antes anotados, salvo en los casos de excepción, contenidos en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal e incisos a) al d), de la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en la medida en que los medios ordinarios de defensa están instituidos para que los afectados los hagan valer, conforme al principio de definitividad del juicio de amparo, que es un medio extraordinario de defensa, de modo que si las partes no tuvieran la carga de agotar defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de aquélla. Por tanto, si el señalado incidente de nulidad sólo tiene por finalidad dejar sin efectos la notificación o actuación que se estima ilegal, efectuada después de emitida la sentencia de primera instancia, para que se practique nuevamente esa comunicación procesal, pero conforme a derecho, sin alterar el contenido de ese fallo, es evidente que con él puede combatirse la notificación de una sentencia de primer grado, pues de lo contrario, el afectado no tendría a su alcance ningún medio ordinario ni extraordinario para emprender su defensa. Es aplicable la tesis VI.2o.C.454 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Diciembre de 2005, Materia Civil, página 2682, cuyo rubro y texto son: "INCIDENTE DE NULIDAD. ES PROCEDENTE CONTRA LA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, AUN CUANDO YA SE HUBIERE DECLARADO EJECUTORIADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). La notificación de la sentencia de primera instancia, si se estima ilegal, es impugnable a través del incidente de nulidad previsto en el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, aun cuando ya se hubiere emitido el auto que declara ejecutoriado dicho fallo; en principio, porque el auto que da firmeza a una sentencia no cierra ninguna fase procesal, como sí lo hace la sentencia de primer grado, mediante la cual termina la primera instancia, o la de segundo grado, con la que concluye la segunda instancia, ni se trata de la resolución que pone fin a la etapa de ejecución de sentencia, con la que concluye ese periodo, sino que se trata de una mera declaración, por virtud de la cual se hace del conocimiento de las partes que la sentencia de que se trata ha quedado firme por no ser susceptible de impugnación o por no haber sido recurrida por alguna de ellas; pero además, porque la indicada incidencia no atenta contra la firmeza de la cosa juzgada, pues ésta no estriba en el auto que declara ejecutoriada una sentencia, sino está en la propia resolución, pues es ésta la que contiene la verdad legal establecida por el juzgador, irrebatible e inmodificable por virtud de un medio de defensa accesorio que no tenga la característica de ser un recurso que la ley expresamente establezca para obtener su revocación o modificación. Por tanto, si el señalado incidente de nulidad sólo tiene por finalidad dejar sin efectos la actuación que se estima ilegal, efectuada después de emitida la sentencia de primera instancia y las practicadas con posterioridad, incluida en éstas el señalado auto de ejecutoriedad, para que se practique nuevamente esa comunicación procesal, pero conforme a derecho, sin alterar el contenido de ese fallo, es evidente que con él puede combatirse la notificación de una sentencia de primer grado, aun cuando se hubiere declarado firme, pues de lo contrario, el afectado no tendría a su alcance ningún medio ordinario ni extraordinario para emprender su defensa." Tampoco resulta obstáculo a lo anterior que la fracción XVIII del artículo 61de la Ley de Amparo, no hable de agotar precisamente incidentes, sino recursos ordinarios, en virtud de que tal fracción se refiere no sólo a recursos sino también a medios ordinarios de defensa dentro del procedimiento, por virtud de los cuales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones o actuaciones de que se trate, y en tanto el incidente de nulidad de actuaciones cumple con el último de los objetivos mencionados, pues mediante él puede lograrse la nulificación del acto materia del incidente, es válido su encuadramiento dentro de los medios ordinarios de defensa a que el precepto invocado se refiere. A lo antes considerado, tiene aplicación la tesis jurisprudencial III.1o.C. J/34, de la Novena Época, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 1041, Tomo XVI, Noviembre de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "NULIDAD DE ACTUACIONES, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. Si bien es cierto que la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo no habla de agotar precisamente incidentes, sino recursos ordinarios, también lo es que tal fracción se refiere no sólo a recursos sino también a medios ordinarios de defensa dentro del procedimiento, por virtud de los cuales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones de que se trate, y en tanto el incidente de nulidad de actuaciones cumple con el último de los objetivos mencionados, pues mediante él puede lograrse la nulificación del acto materia del incidente, es válido su encuadramiento dentro de los medios ordinarios de defensa a que el precepto invocado se refiere.". DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Por lo anteriormente considerado, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción V, 170, fracción I, 171, párrafo primero y 172, fracciones III, VII y XII, de la citada Ley; y, fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley en comento, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ****. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señalan en su escrito. Se tiene como autorizado a la persona que señala, en términos restringidos, que establece el artículo 12, de la Ley de Amparo, por haberlo así señalado. SOLICITUD DE MEDIOS MAGNÉTICOS. Ahora bien, por cuanto a la solicitud del uso de medios electrónicos; atento a ello, se autoriza el uso de dichos medios para los fines que solicita, previa razón que obre en autos, con la salvedad de que se le hace saber que de efectuar alguna modificación o circunstancia diversa en relación a la documentación que se le proporciona se le fincara responsabilidad, en términos de la Legislación Penal Federal. Por el sentido jurídico que la orienta tiene aplicación la Tesis aislada I.3o.C.725 C, que a continuación se transcribe: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. SE ORDENA GARDAR DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN. En otro orden, guárdese en la caja de documentos importantes de este órgano jurisdiccional el documento base de la acción que remite la autoridad oficiante, bajo la guarda y custodia del secretario encargado. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. -MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES- Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. Finalmente, una vez que cause firmeza el presente auto, deberá escindirse la demanda y remitir el asunto por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, al tribunal oficiante, a fin de que asuma su competencia y resuelva lo pertinente respecto al acto reclamado consistente en la sentencia definitiva de cuatro de marzo de dos mil veinte, emitida en el expediente 49/2019, del índice del Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad, relativo al juicio ordinario mercantil, promovido por Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, en contra de Grupo AS y Compañía, Sociedad Anónima de Capital Variable, y Abel Enrique Soto Torres, aquí quejoso . NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa: Visto; el oficio 5270/2022 signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual hace del conocimiento que ese órgano colegiado se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por ****; asimismo, remite informe justificado de la autoridad responsable, original y seis copias de la demanda de amparo, constancia de notificación relativa al emplazamiento realizado a la parte tercera interesada, los documentos base de la acción y original del expediente 49/2019. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Con fundamento en el artículo 45, de la Ley de Amparo, SE ACEPTA LA COMPETENCIA PLATEADA Y ESTE JUZGADO SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DEL PRESENTE ASUNTO. En ese tenor, acúsese el recibo correspondiente al tribunal oficiante de las constancias descritas supralíneas. REGISTRO. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 1233/2022-I y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absoluta de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible tener una convicción diversa, con independencia de los elementos que de manera eventual pudieran allegar las partes. Resulta ilustrativa sobre el particular, por similitud jurídica, la jurisprudencia I.1º.A.J./4 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Ahora, del oficio de cuenta y del escrito de demanda se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional, consisten en: El auto de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve que recibe y/o abre el juicio a prueba. La omisión y/o falta de notificación del auto que ordenó recibir el juicio a prueba por medio de edictos publicado dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en términos del artículo 617, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de aplicación supletoria al Código de Comercio. La omisión y/o falta de notificación de los puntos resolutivos de la sentencia definitiva por medio de edictos, en términos del artículo 617, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de aplicación supletoria al Código de Comercio. Todos ellos, dictados del expediente 49/2019, del índice del Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad, relativo al juicio ordinario mercantil, promovido por Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, en contra de Grupo AS y Compañía, Sociedad Anónima de Capital Variable, y Abel Enrique Soto Torres, aquí quejoso. Luego, este resolutor estima que respecto de los actos reclamados que hace valer la parte quejosa, identificados con los incisos a) y b) de la relación que antecede, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción V, 170, fracción I, 171, párrafo primero y 172, fracciones III, VII y XII, de la citada Ley, que establecen respectivamente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ..V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional;." "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo.." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: .III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley;. . VII. Sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes; ..XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo.." Lo anterior es así, puesto que los anteriormente mencionados constituyen actos intraprocesales, esto es, actos dentro de juicio que pueden repararse a través de una sentencia favorable que llegue a pronunciarse en dicho asunto y que por lo mismo no se han consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate, ni tampoco se trata de un acto que sea de imposible reparación. El juicio, para efectos del amparo, inicia con la presentación de la demanda y termina con la sentencia definitiva ejecutoriada o ejecutoria; de manera que todos los actos procesales verificados en el periodo comprendido entre esas dos actuaciones deben considerarse como "actos dentro del juicio". Ahora bien, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107, fracción V, 170, fracción I, 171, párrafo primero y 172, fracciones III, VII y XII, de la Ley de Amparo, se concluye que por regla general los "actos dentro de juicio" o "intraprocesales" son materia, en su caso, del amparo directo, pues es esta vía es la idónea para impugnar violaciones al procedimiento cometidas por tribunales judiciales, entre otros, siempre y cuando afecten las defensas de la parte quejosa y trasciendan al resultado del fallo. Como una excepción a lo anterior, existen actos intraprocesales que son reclamables en amparo indirecto, tal como se advierte de la fracción V, del artículo 107, de la Ley Amparo, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no así cuando sólo se afectan derechos adjetivos o procesales. Cabe mencionar, que la actual redacción de la fracción V del artículo 107 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, cuya publicación se realizó el viernes dos de mayo de dos mil catorce, a las doce horas con cinco minutos, con número de registro IUS 2006338, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." De lo anterior, queda claro que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener un laudo favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate y, precisamente por ello, en estos supuestos puede acudirse sin demora al amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el laudo definitivo en el procedimiento ordinario pues, como ya se dijo, las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían aunque el afectado obtuviese laudo favorable a sus intereses. Así las cosas, al examinar los actos que dentro de juicio puedan tener una ejecución de imposible reparación, debe tomarse en cuenta también el efecto que dichos actos puedan tener para dar por terminado el juicio, esto es, cuando se devastan los elementos integrantes de la acción que en el caso, impedirían que se llegara al dictado de la resolución que corresponda. Por exclusión, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza meramente adjetiva o procesal, cuyos efectos son exclusivamente formales, y que al presentarse se colocan en una posibilidad latente de desaparecer, o bien, resultan intrascendentes si es que se dicta una sentencia favorable al afectado. La razón de ser de dichos derechos adjetivos o procesales encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del interesado al no alterarse algún derecho sustantivo y sin dejar huella alguna. Efectivamente, estos actos, en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho humano contenido en la Constitución Política del país, sino que tan sólo crean la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para el resultado de la sentencia. Por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas del quejoso, trasciendan al resultado del fallo adverso y hayan sido impugnados durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis número 61 de la extinta Tercera Sala, que se publica en la página 39, del Tomo VI, Materia Común, de la compilación de 1995, cuyo texto es el siguiente: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUÁNDO Y CÓMO PROCEDE.- La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar 'las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo'. La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto." Así las cosas, se concluye que los actos reclamados en los incisos a) y b), consistentes en, a) El auto de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, que recibe y/o abre el juicio de prueba y b) La omisión y/o falta de notificación del auto que ordenó recibir el juicio a prueba por medio de edictos publicados dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en términos del artículo 617 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, al de Comercio, ambos acaecidos dentro del expediente 49/2019, del índice del Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad; si bien fueron verificados dentro de ese juicio, éstos pueden repararse a través de una sentencia favorable que llegue a pronunciarse en dicho asunto y que por lo mismo no se han consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate. Ahora bien, en el caso que dichos actos hayan trascendido al resultado de la sentencia que se dicte en el juicio de origen, éstos podrán reclamarse como violaciones procesales en el amparo directo que se promueva contra la resolución definitiva en términos del artículo 172, fracciones III, VII y XII, de la Ley de Amparo; asimismo, tampoco se está en el caso que se afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, ni se trata de actos que de concederse la protección federal a través de una sentencia de amparo, haga imposible reparar las violaciones reclamadas. Por el contenido jurídico que la orienta es aplica al caso la tesis X.1o.20 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, Materia Común, Novena Época, página 1196, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. De conformidad con el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción XVIII, ibídem, resulta improcedente el juicio de garantías promovido contra el acuerdo que desechó el recurso de revocación interpuesto en contra del diverso que denegó la designación de perito tercero en discordia, al no tener aquél una ejecución de imposible reparación, precisamente porque se trata de una violación a las leyes que rigen el procedimiento, reclamable al través del juicio de amparo directo, en el supuesto de que trascienda al resultado del fallo con afectación a las defensas del quejoso. Los razonamientos expuestos con antelación ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del presente controvertido, lo cual resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de quien resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de garantías y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, en relación al acto reclamado sintetizado en el inciso c), de la relación fijada en párrafos que anteceden, consistente en c) La omisión y/o falta de notificación de los puntos resolutivos de la sentencia definitiva por medio de edictos publicados dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en términos del artículo 617 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al de Comercio, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que torna improcedente el juicio de amparo biinstancial, en términos del artículo 113 del cuerpo legal en comento, por los motivos que a continuación se expresan: El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo Vigente, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "I. . . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." Los elementos que integran la causa de improcedencia de referencia, son los siguientes: a).- Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b).- Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c).- Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d).- Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Se dice lo anterior, pues respecto del acto anteriormente mencionado, procede el incidente de nulidad de notificaciones contemplado en los artículos 76 y 78 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, de aplicación supletoria al Código de Comercio, por disposición de su artículo 1054, los cuales disponen lo siguiente: "ART. 76.- Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo V del título segundo, serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviese legítimamente hecha." "ART. 78.- Solo formara artículo de previo y especial pronunciamiento la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento. Los incidentes que se susciten con motivo de otras nulidades de actuaciones o de notificaciones se tramitaran y resolverán en forma incidental, sin suspensión del procedimiento. Si a juicio del juez de los autos, la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento, solo se interpuso para suspender el procedimiento y es notoriamente frívola e improcedente, previa fundamentación y motivación; se impondrá al promovente y a su abogado solidariamente multa de treinta y hasta sesenta días de salario mínimo vigente en el estado. No se dará curso a la nulidad por falta de emplazamiento, si al interponerla, no se garantiza en cualquiera de las formas establecidas por la ley, el máximo de la multa a que se refiere el párrafo anterior." "Art. 1,054. En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y, en su defecto, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso de que no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, la ley de procedimientos local respectiva." En efecto, del análisis sistemático de los artículos antes transcritos, se pone de manifiesto que con la interposición del incidente antes mencionado, se pueden nulificar la actuación de que se duele el impetrante de amparo, constituyendo el medio ordinario idóneo de defensa que eventualmente pudiese resolverse a su favor. Lo anterior es así, porque al ser impugnable la falta o ilegal notificación de la sentencia reclamada, a través del incidente de nulidad de notificaciones, conforme a los artículos 76 y 78 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, es indudable que antes de acudir al juicio de amparo, la parte quejosa tenía la obligación de interponerlo, y al no agotar ese recurso antes de ocurrir al juicio de amparo, el acto reclamado carece de definitividad. En efecto, el juicio de amparo se rige por diversos principios, de entre los que se encuentra el de "definitividad", el cual establece que para la procedencia de amparo es preciso agotar todos los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley por medio de los cuales el acto reclamado pueda, previamente al juicio constitucional, ser modificado, revocado o nulificado; así los ordinarios 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y el señalado 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establecen que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, en razón de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa y, por lo tanto, para acudir a él es necesario agotar, en la vía ordinaria, en el caso concreto, el incidente de nulidad de actuaciones contemplado en los preceptos antes anotados, salvo en los casos de excepción, contenidos en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal e incisos a) al d), de la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en la medida en que los medios ordinarios de defensa están instituidos para que los afectados los hagan valer, conforme al principio de definitividad del juicio de amparo, que es un medio extraordinario de defensa, de modo que si las partes no tuvieran la carga de agotar defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de aquélla. Por tanto, si el señalado incidente de nulidad sólo tiene por finalidad dejar sin efectos la notificación o actuación que se estima ilegal, efectuada después de emitida la sentencia de primera instancia, para que se practique nuevamente esa comunicación procesal, pero conforme a derecho, sin alterar el contenido de ese fallo, es evidente que con él puede combatirse la notificación de una sentencia de primer grado, pues de lo contrario, el afectado no tendría a su alcance ningún medio ordinario ni extraordinario para emprender su defensa. Es aplicable la tesis VI.2o.C.454 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Diciembre de 2005, Materia Civil, página 2682, cuyo rubro y texto son: "INCIDENTE DE NULIDAD. ES PROCEDENTE CONTRA LA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, AUN CUANDO YA SE HUBIERE DECLARADO EJECUTORIADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). La notificación de la sentencia de primera instancia, si se estima ilegal, es impugnable a través del incidente de nulidad previsto en el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, aun cuando ya se hubiere emitido el auto que declara ejecutoriado dicho fallo; en principio, porque el auto que da firmeza a una sentencia no cierra ninguna fase procesal, como sí lo hace la sentencia de primer grado, mediante la cual termina la primera instancia, o la de segundo grado, con la que concluye la segunda instancia, ni se trata de la resolución que pone fin a la etapa de ejecución de sentencia, con la que concluye ese periodo, sino que se trata de una mera declaración, por virtud de la cual se hace del conocimiento de las partes que la sentencia de que se trata ha quedado firme por no ser susceptible de impugnación o por no haber sido recurrida por alguna de ellas; pero además, porque la indicada incidencia no atenta contra la firmeza de la cosa juzgada, pues ésta no estriba en el auto que declara ejecutoriada una sentencia, sino está en la propia resolución, pues es ésta la que contiene la verdad legal establecida por el juzgador, irrebatible e inmodificable por virtud de un medio de defensa accesorio que no tenga la característica de ser un recurso que la ley expresamente establezca para obtener su revocación o modificación. Por tanto, si el señalado incidente de nulidad sólo tiene por finalidad dejar sin efectos la actuación que se estima ilegal, efectuada después de emitida la sentencia de primera instancia y las practicadas con posterioridad, incluida en éstas el señalado auto de ejecutoriedad, para que se practique nuevamente esa comunicación procesal, pero conforme a derecho, sin alterar el contenido de ese fallo, es evidente que con él puede combatirse la notificación de una sentencia de primer grado, aun cuando se hubiere declarado firme, pues de lo contrario, el afectado no tendría a su alcance ningún medio ordinario ni extraordinario para emprender su defensa." Tampoco resulta obstáculo a lo anterior que la fracción XVIII del artículo 61de la Ley de Amparo, no hable de agotar precisamente incidentes, sino recursos ordinarios, en virtud de que tal fracción se refiere no sólo a recursos sino también a medios ordinarios de defensa dentro del procedimiento, por virtud de los cuales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones o actuaciones de que se trate, y en tanto el incidente de nulidad de actuaciones cumple con el último de los objetivos mencionados, pues mediante él puede lograrse la nulificación del acto materia del incidente, es válido su encuadramiento dentro de los medios ordinarios de defensa a que el precepto invocado se refiere. A lo antes considerado, tiene aplicación la tesis jurisprudencial III.1o.C. J/34, de la Novena Época, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 1041, Tomo XVI, Noviembre de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "NULIDAD DE ACTUACIONES, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. Si bien es cierto que la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo no habla de agotar precisamente incidentes, sino recursos ordinarios, también lo es que tal fracción se refiere no sólo a recursos sino también a medios ordinarios de defensa dentro del procedimiento, por virtud de los cuales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones de que se trate, y en tanto el incidente de nulidad de actuaciones cumple con el último de los objetivos mencionados, pues mediante él puede lograrse la nulificación del acto materia del incidente, es válido su encuadramiento dentro de los medios ordinarios de defensa a que el precepto invocado se refiere.". DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Por lo anteriormente considerado, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción V, 170, fracción I, 171, párrafo primero y 172, fracciones III, VII y XII, de la citada Ley; y, fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley en comento, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ****. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señalan en su escrito. Se tiene como autorizado a la persona que señala, en términos restringidos, que establece el artículo 12, de la Ley de Amparo, por haberlo así señalado. SOLICITUD DE MEDIOS MAGNÉTICOS. Ahora bien, por cuanto a la solicitud del uso de medios electrónicos; atento a ello, se autoriza el uso de dichos medios para los fines que solicita, previa razón que obre en autos, con la salvedad de que se le hace saber que de efectuar alguna modificación o circunstancia diversa en relación a la documentación que se le proporciona se le fincara responsabilidad, en términos de la Legislación Penal Federal. Por el sentido jurídico que la orienta tiene aplicación la Tesis aislada I.3o.C.725 C, que a continuación se transcribe: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. SE ORDENA GARDAR DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN. En otro orden, guárdese en la caja de documentos importantes de este órgano jurisdiccional el documento base de la acción que remite la autoridad oficiante, bajo la guarda y custodia del secretario encargado. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. -MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES- Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. Finalmente, una vez que cause firmeza el presente auto, deberá escindirse la demanda y remitir el asunto por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, al tribunal oficiante, a fin de que asuma su competencia y resuelva lo pertinente respecto al acto reclamado consistente en la sentencia definitiva de cuatro de marzo de dos mil veinte, emitida en el expediente 49/2019, del índice del Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad, relativo al juicio ordinario mercantil, promovido por Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, en contra de Grupo AS y Compañía, Sociedad Anónima de Capital Variable, y Abel Enrique Soto Torres, aquí quejoso . NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.
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