Abel Emigdio García Vázquez
Expediente 1050/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1050/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Abel Emigdio García Vázquez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado electrónicamente por la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, por el cual, transcribe el proveído de veintiséis de septiembre del año en curso, dictado en el juicio de amparo indirecto *** de su índice, del que se advierte, en lo que interesa, que no insistió en declinar la competencia a favor de este órgano jurisdiccional y se avocó al conocimiento del asunto. En consecuencia, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral, lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. De igual manera, procédase a la destrucción del presente expediente, una vez que haya transcurrido el plazo de tres años. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, signado por la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante el cual, remite el expediente de amparo indirecto 359/2022-III-C del índice de dicho órgano y sus respectivos cuadernos incidentales, formados con motivo de la demanda de amparo promovida por ***, ya que mediante resolución de cinco de septiembre de dos mil veintidós, dicho juzgado federal, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de derechos fundamentales. Acúsese el recibo correspondiente. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 1050/2022-J. Ahora, vista la demanda de amparo que promueve ***. Ahora bien, este Juzgado Federal no acepta la competencia planteada para el conocimiento de la demanda de amparo, por las razones que a continuación se exponen. En primer lugar, se tiene que los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;." "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". e lo anterior, se aprecia que la intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pudiera acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos, cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro. Es decir, solo de esa manera el justiciable puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia; intención que queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, donde se establece que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Con base en lo anterior, es posible sostener que si en la demanda de amparo el quejoso señala como acto reclamado la orden de aprehensión y asegura, bajo protesta de decir verdad -requisito formal de la demanda-, que a su domicilio se han presentado autoridades con la finalidad de realizar una investigación respecto del quejoso, no puede el Juez de Distrito ante quien se promueve, ipso facto, desconocer su competencia, ya que la naturaleza de los actos reclamados permite concluir que pueda ser ejecutado en cualquier lugar donde la persona pueda ser localizada, lo que no puede limitarse únicamente a aquel en que tenga su domicilio habitual. Máxime si del escrito de demanda se advierte que se señalaron autoridades responsables con jurisdicción dentro del distrito en que fue presentada la demanda; no así en relación con el Estado de Tlaxcala, de ahí que, en todo caso, se hubiera tenido que prevenir al promovente para que, subsanara dicha omisión y señalara autoridades responsables que pudieran ejecutar los actos reclamados en el estado de Tlaxcala. Así, la ausencia de una formalidad, como es no señalar a una autoridad responsable que puede tener participación en el acto reclamado, si no es enmendada por el juez de amparo, podría tornar nugatorio el derecho del peticionario de acceder al juicio constitucional a través del órgano bajo cuya jurisdicción se trata de ejecutar el acto reclamado, situación que podría dificultarle contar con mejores medios y posibilidades de defensa, lo cual iría en contra del espíritu que irradia el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así que, para el caso que nos ocupa, el juez de Distrito debió prevenir a la parte quejosa para que aclarara si era su deseo señalar a alguna autoridad ejecutora con residencia en el lugar donde aquella refiere tener su domicilio, toda vez que en su escrito de demanda señaló diversas autoridades con jurisdicción en el Estado de México -este último, lugar en que fue presentada la demanda de amparo-; y también señaló como autoridad responsable al Fiscal General de la República con jurisdicción en todo el territorio mexicano (quien negó la existencia del acto reclamado). De ahí que, al no existir señalamiento de autoridad alguna que pudiera ejecutar los actos que se reclaman en el presente juicio, en el Estado de Tlaxcala, la autoridad declinante, previo a declararse legalmente incompetente para conocer de la demanda intentada, debió prevenir a la parte quejosa para que aclarara su escrito de demanda y otorgar la posibilidad de señalar a alguna autoridad que tuviera jurisdicción en su lugar de residencia, situación que no ocurrió. Sin que pase inadvertido que dicho juzgado refiera que, el promovente manifestó bajo protesta de decir verdad que las autoridades se constituyeron en su domicilio (en el municipio de ***, Tlaxcala); no obstante, como quedó apuntado, dicha circunstancia, por sí sola no implica que este juzgador deba avocarse al conocimiento de la demanda, al tener origen la orden de aprehensión reclamada en el Estado de México. De ahí que sea insuficiente para avocarse al conocimiento del presente asunto, que la parte quejosa haya referido como domicilio de residencia el referido en párrafos que anteceden ubicado en el estado de Tlaxcala, pues lo cierto es que, al no haber señalado autoridad alguna que pudiera ejecutar los actos reclamados en dicho estado, lo procedente era que el juez declinante previniera a dicho quejoso para que aclarara su escrito de demanda. Además, la orden privativa de la libertad reclamada puede ejecutarse en cualquier lugar en el que físicamente se encuentre el quejoso, no únicamente en su domicilio particular. Por tanto, se considera que el juez de Distrito ante quien se presentó la demanda debió prevenir al quejoso para que indicara si era su deseo señalar como autoridad responsable a alguna de las que tengan residencia en el lugar en donde ejerce jurisdicción el juez de Distrito con residencia en Tlaxcala y, en caso de que lo hiciera, entonces sí declinar competencia en favor del Juez de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, en turno. Lo anterior, porque como se dijo, la orden de aprehensión reclamada puede ejecutarse tanto en el domicilio particular del quejoso, como en cualquier otro lugar en que físicamente se encuentre. Luego, si no se tiene certeza de dónde se ejecutará el mandamiento de captura, será juez competente para conocer de la demanda de amparo, previa prevención, cualquiera de los jueces de las jurisdicciones en donde pueda ejecutarse el acto reclamado. Aunado a lo expuesto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el resolver la contradicción de tesis 571/2012, estableció que tal prevención es necesaria, ya que la regla establecida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. En ese orden de ideas, al actualizarse la hipótesis establecida en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, se estima que es competente para resolver el juicio de amparo el juez de distrito declinante, en virtud de que ante él se presentó la demanda, no obstante que la orden de detención reclamada no únicamente puede ejecutarse en el domicilio particular del quejoso, sino en cualquier lugar en el que este se encuentre; en consecuencia, no se acepta la competencia planteada. En tal virtud, fórmese cuaderno de antecedentes con fotocopia certificada de las constancias conducentes y devuélvanse las constancias originales al juzgado remitente, solicitándole el acuse de recibo en el que se precise el sentido que recaiga a este acuerdo. En su oportunidad, emítase el pronunciamiento correspondiente al archivo del presente expediente, hasta en tanto el juzgado declinante remita el acuse de recibo solicitado e informe lo conducente. En diverso ámbito, téngase como autorizados en términos restringidos a *** por no contar con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. De igual forma, en atención a lo preceptuado por el artículo 2°, fracción XIX del Acuerdo General 21/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene por señalado el correo electrónico y el teléfono que refiere el promovente en el libelo de cuenta, a efecto de que por dichos medios, este juzgado establezca comunicaciones no procesales en los casos que se estime necesario, sin que ello implique que dicho contacto sustituya las notificaciones que, en su caso, se practiquen. Sin que sea necesario ordenar la notificación personal al promovente del amparo, toda vez que, al no haberse aceptado la competencia del presente juicio, es evidente que este juzgado federal no se vinculó con el procedimiento. El presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye a la secretaria encargada del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad de la secretaria la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio.
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