Abel Edgar Hassan Ledesma y Otros.

Expediente 595/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
595/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
27/06/2017

Partes del expediente

  • Abel Edgar Hassan Ledesma y Otros.
  • Abel Edgar Hassan Ledesma

Actuaciones

  1. Principal

    ... se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la ley de la materia.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, doce de junio de dos mil diecisiete. Visto lo de cuenta, agréguense a los autos las copias certificadas de la demanda de amparo promovida por Abel Edgar Hassan Ledesma, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese con el número 595/2017-I, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Ahora, del contenido del oficio 9534/2017, de la estadística de este juzgado, se advierte que en proveído de ocho de junio del año en curso, se decretó de plano la separación de autos, ordenándose, entre otras cosas, que en un juicio de amparo diverso, se tramitara la demanda de amparo promovida por Abel Edgar Hassan Ledesma, contra actos del Subdelegado Administrativo de la Procuraduría General de la República, Delegación Estatal Tamaulipas, con sede en esta ciudad, únicamente respecto al acto reclamado consistente en: D) La omisión o negativa de otorgarme los medios necesarios que me permitan realizar mi actividad profesional como perito en Psicología, particularmente la entrega de recursos económicos que me permitan trasladarme, hospedarme y pagar alimentos (viáticos) en los distintos destinos donde soy requerido para prestar mis servicios profesionales como perito de la PGR: Por tanto, el presente juicio de amparo únicamente versara respecto del acto reclamado descrito en el párrafo que antecede. Ahora, antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo generadora del presente asunto, debe precisarse que del análisis de los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente, se desprende que es facultad del Juez de Distrito, desechar una demanda de garantías cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego, es ineludible precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Analizada en su integridad la demanda, se advierte que la misma resulta notoriamente improcedente, en términos artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la ley de la materia. En efecto, el precepto citado en primer término, es del tenor siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo al efecto establecen: "ARTÍCULO 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "ARTÍCULO 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos legales transcritos se desprende que: a) El juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo vigente. b) El segundo de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. c) El último de los preceptos trascritos establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; además, dispone que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad. Como puede advertirse, el segundo párrafo del artículo 5 de la Ley de Amparo, establece que para efectos del juicio constitucional, los particulares pueden tener la calidad de autoridad responsable, siempre y cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad; por tanto, acorde a la legislación vigente, con independencia de la denominación y naturaleza formal de quien emita el acto, si éste reúne las características de ser considerado como un acto de autoridad, debe tenerse a su emisor como autoridad responsable; sin embargo, no todos los actos de los particulares son susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo, sino sólo aquellos que sean equiparables a los actos de autoridad, los que como se indicó, exigen de requisitos indispensables. Ahora bien, la nota distintiva del concepto jurídico de "autoridad responsable" consiste en el ente público que actuando unilateralmente crea, modifica o extingue una situación jurídica que afecta a un particular mediante el ejercicio de sus facultades de imperio y de coercibilidad, esto es, todo acto de autoridad es unilateral, imperativo y coercitivo. Así, el acto de autoridad es unilateral, porque el ente público actúa motu proprio; es imperativo debido a que constriñe al particular a un hacer u omisión que se le exige inexcusablemente y es coercitivo puesto que a través de la infraestructura del Estado, se somete obligatoriamente la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorios para que se cumpla una decisión del ente público. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 4/2014, expuso: "... Aun cuando el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece establece que: "para los efectos de esta Ley los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general"; lo cierto es que la procedencia del juicio, en esos términos, está condicionada a que los actos de particulares sean equivalentes a los de autoridad; esto es, que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra subordinación. Lo que no ocurre en los casos que dieron origen a la presente contradicción de tesis, donde la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, deriva ?como se dijo? de actos de una relación de coordinación entre la empresa y el usuario del servicio, derivada de un contrato de suministro de energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier relación contractual..." [Lo subrayado es propio] Ahora, en el caso concreto en la demanda de amparo, el quejoso reclama del Subdelegado Administrativo de la Procuraduría General de la República, Delegación Estatal Tamaulipas, con sede en esta ciudad, lo siguiente: La omisión o negativa de otorgarme los medios necesarios que me permitan realizar mi actividad profesional como perito en Psicología, particularmente la entrega de recursos económicos que me permitan trasladarme, hospedarme y pagar alimentos (viáticos) en los distintos destinos donde soy requerido para prestar mis servicios profesionales como perito de la PGR: Asimismo, el propio quejoso, bajo protesta de decir verdad, manifestó: ".me desempeño como perito en Psicología adscrito a la PGR Delegación estatal Tamaulipas puesto que desempeñó desde el año 2003." Cabe mencionar que el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que aquí interesa, dice: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales se regirán: (.) B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: (.) XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. (.)" Por su parte, el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en lo que aquí interesa, establece: "Artículo 13. El personal de la Procuraduría General de la República se organizará como sigue: I. Los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal Ministerial y los peritos, quedarán sujetos al Servicio Profesional de Carrera, salvo en los casos previstos en los artículos 37 y 38, en los términos de los artículos 21 y 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables; (.)" Por lo hasta aquí expuesto, es inconcuso que al Subdelegado Administrativo de la Procuraduría General de la República, Delegación Estatal Tamaulipas, con sede en esta ciudad, no le reviste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que actúa como particular en un plano de igualdad frente al quejoso, dado que la relación entre ellos es la de patrón-trabajador. Ello, ya que es claro que los actos que aquí se reclaman, al encontrarse relacionado con aspectos laborales entre una institución pública del Estado (Subdelegado de la Procuraduría General de la República) y el quejoso en su calidad de empleado de la Procuraduría General de la República, tales actos deben entenderse desplegados por aquélla, como patrón y no como autoridad dotada de imperio; por tanto, al no encontrarse en un plano de supra subordinación, no puede afirmarse que dicho acto sea equiparado o equivalente a uno de autoridad, pues dicha condición sigue siendo necesaria para la procedencia del juicio de garantías cuando se reclaman actos de particulares equivalentes a los de autoridad, como lo refirió Segunda Sala del Alto Tribunal de la República en la mencionada contradicción de tesis 4/2014. En efecto, la relación jurídica que se suscita en la especie no corresponde a la de autoridad y gobernado (relación de supra a subordinación) sino una relación de coordinación que caracterizan las relaciones laborales, entre el Subdelegado de la Procuraduría General de la República, y el quejoso Abel Edgar Hassan Ledesma, en su calidad de empleado de dicha procuraduría (perito), aunado a que, como se destacó, los actos reclamados versan sobre la falta de pago de viáticos, importe que constituye una remuneración que el quejoso tiene derecho por sus servicios prestados como empleado de la citada procuraduría, por lo que se insiste, dicha institución no actuó investida de imperio, pues esa determinación deriva de la existencia de un vínculo laboral que se proyecta en un plano de igualdad entre ambas partes, por lo que se está en presencia de un conflicto entre particulares que constituyen el binomio patrón-trabajador, de ahí la improcedencia del juicio de garantías. Lo anterior, es congruente por con I.6o.T.26 L, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, así como la diversa del Tribunal Colegiado Supernumerario en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que respectivamente dicen: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." [Énfasis propio] "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. AUTORIDADES DESIGNADAS COMO RESPONSABLES, QUE ACTÚAN COMO PARTICULARES EN UNA RELACIÓN OBRERO PATRONAL. Cuando la autoridad prescindiendo de su imperio, se sitúa en el mismo plano que los gobernados, y celebra un contrato de trabajo que regirá entre ellos las relaciones laborales, bajo las cuales los trabajadores desempeñarán sus servicios, y dentro de dichas relaciones los trabajadores estiman violados sus derechos laborales, y fueron esas transgresiones las que dieron origen al conflicto planteado ante el Juez Federal, la autoridad actuó como simple particular y sus actos necesariamente tienen ese carácter, por lo que el juicio de garantías resulta improcedente, en los términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 1o., fracción I, de la misma ley, y 103, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." [Énfasis propio] Así como la diversa tesis I.3o. (I Región) 11 A (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, que dice lo siguiente: "PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. LA INDEBIDA CUANTIFICACIÓN DE PRESTACIONES, RECLAMADA CON MOTIVO DE LA EMISIÓN DE UN RECIBO DE PAGO DE UNO DE LOS AGENTES DE SU POLICÍA DE INVESTIGACIÓN, POR SÍ MISMA, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO Y MENOS AÚN UN ACTO DE MOLESTIA QUE DEBA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 104/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 371, de rubro: "POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. LOS NOMBRAMIENTOS DE SUS AGENTES NO SON CONTRATOS DE TRABAJO SINO 'ACTOS CONDICIÓN'.", el nombramiento de estos servidores públicos no genera situaciones jurídicas individuales y tampoco derechos y obligaciones recíprocos. No obstante, la indebida cuantificación de prestaciones, reclamada con motivo de la emisión de un recibo de pago de un agente de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por sí misma, no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, y menos aún puede considerarse como un acto de molestia que deba cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al derivar de una relación jurídica de coordinación dentro del ámbito administrativo." [Énfasis propio] Sobre esa base, es inconcuso que en el particular se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la propia ley, se DESECHA la demanda de amparo que promueve Abel Edgar Hassan Ledesma.

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