Abel Dionicio Torres
Expediente 988/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 988/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Abel Dionicio Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se aprecia que dentro del término legal, no se interpuso recurso de queja contra el proveído por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, 288, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme para todos los efectos legales a que haya lugar. En virtud de que se desechó la demanda que dio origen a este juicio, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Notifíquese: por medio de lista al quejoso.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso B) Y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa, del acuerdo de veintiuno de diciembre del año en curso, en virtud de que no acudió a notificarse personalmente a este juzgado. que dice textualmente: Juicio amparo 988/2020. Acuerdo de 21 dic 20 "Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, veintiuno de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por Abel Dionicio Torres, por medio del cual desahoga el requerimiento realizado en proveído de quince de diciembre de dos mil veinte. En atención a lo anterior, se provee en relación a la demanda de amparo, promovida por Abel Dionicio Torres, por propio derecho, quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridad que enseguida se precisan: Actos reclamados ? La resolución de catorce de octubre de dos mil veinte, dictada en el Toca 438/2020, del índice de la Sala responsable, por la cual se ordenó a los demandados Nallely Reyes Hernández, Esmeralda Reyes Hernández, Margarita Reyes Hernández y Apolinar Dionicio Torres salir del domicilio ubicado en Andador Álamo, manzana 01, lote 06, colonia El Bosque, código postal 52777, Huixquilucan, Estado de México, y su ejecución. Autoridades responsables ?Sala Familiar Regional de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. ? Juez Décimo Familiar de Huixquilucan, Estado de México. ?Notificadora adscrita al Juzgado Décimo Familiar de Huixquilucan, Estado de México. ?Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Huixquilucan, Estado de México. No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Lo anterior encuentra apoyo, por identidad de razón, en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro:1 "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA". 1 Visible en la página 4549, tomo II, procesal constitucional 4, controversias constitucionales, primera parte - SCJN, materia constitucional, Apéndice 1917-Septiembre 2011. Urgente 3 Amparo indirecto 988/2020 ??????????????? Ahora bien, este órgano de control constitucional, considera que en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Dicho precepto, dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Para arribar a tal conclusión, resulta conveniente precisar lo establecido por los preceptos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 5°, fracción I, primer párrafo de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De la interpretación diligente de los artículos 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I, en relación con el 61, fracción XXIII, ambos de la ley de la materia, se concluye que el juicio de amparo se seguirá siempre a petición de parte agraviada, es decir que, como requisito para la procedibilidad del mismo, debe demostrarse el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, que un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal se vea afectado por un acto de autoridad, ocasionándole un perjuicio a su titular. Así, el interés jurídico resulta de la unión de las siguientes condiciones. a) Un interés reconocido y tutelado por la ley, y b) Esta protección legal se resuelva en la actitud de su titular para exigir del obligado su satisfacción mediante la prestación debida. El interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional, por esa razón, el peticionario de amparo debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de amparo, que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se acredita, el juicio de amparo resulta improcedente. Lo que sucede en el caso concreto, pues la resolución reclamada, no se encuentra dirigida hacia el quejoso, ni se Urgente 5 Amparo indirecto 988/2020 ??????????????? ha ejecutado en su contra, por lo que su emisión, no lesiona ningún derecho sustantivo del quejoso. Por tanto, es válido concluir que el quejoso no ha sufrido algún real y actual menoscabo en su esfera jurídica, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales, y sus efectos son restituir al agraviado en el goce de sus derechos fundamentales violentados, lo que se colige de la intelección de los artículos 1o. y 61 de la Ley de Amparo. No se soslaya la tesis de jurisprudencia III.5o.A. J/6 (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito2 , del rubro siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA DETERMINAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE DESECHARLA, ARGUMENTANDO QUE SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, SALVO QUE ÉSTA SE ADVIERTA EN FORMA PATENTE Y ABSOLUTAMENTE CLARA, Y SE TENGA LA CERTEZA Y PLENA CONVICCIÓN DE QUE ES OPERANTE.", que dispone que el auto inicial, no es la actuación procesal oportuna para desechar la demanda de amparo indirecto bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, porque no es evidente, claro ni fehaciente, de manera que se requerirá hacer un estudio profundo para establecer su improcedencia, propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe 2 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV, página 2505, Registro Ius: admitirse la demanda, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento realice el análisis exhaustivo de esos supuestos, salvo que se advierta en forma patente y absolutamente clara, y se tenga la certeza y plena convicción de que la causal de improcedencia es operante, de modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En el caso, la causa de improcedencia en estudio es evidente y clara, toda vez que el quejoso en su escrito de cuenta, bajo formal protesta de decir verdad, manifiesta que no es parte demandada en el juicio de origen, y que la resolución reclamada no se encuentra dirigido a él, ni se ha ejecutado en su contra, por lo que no sería posible arribar a una conclusión diversa. Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia, en esencia, radica en la circunstancia que el acto reclamado no causa al quejoso un agravio personal, directo y actual para efectos del juicio de amparo, lo cual se advierte de las manifestaciones vertidas en su escrito inicial de demanda. Es indudable, en virtud de que dicha circunstancia no puede ser desvirtuada con ninguna prueba que eventualmente ofrecieran las partes en el juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo que establece el numeral 113 de ese ordenamiento, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Amparo indirecto 988/2020 ??????????????? De conformidad con los artículos 191 y 192 correspondientes al Capítulo Cuarto (sentencia y tesis) del Título Cuarto (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de doce de noviembre de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince; captúrese el día de su publicación la presente resolución, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro; para lo cual, de conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir los datos personales de las partes en esta sentencia, así como la información reservada. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, se ordena integrar la versión pública de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expediente en el SISE, la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que ésta quede a disposición del público en su versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en el entendido que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Notifíquese: personalmente a la parte quejosa. Lo que se hace constar para los efectos conducentes.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso B) de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa, de los ACUERDOS DE QUINCE Y VEINTIUNO DE DICIEMBRE del año dos mil veinte, en virtud de que no acudió a notificarse personalmente a este juzgado.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, veintiuno de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por **************, por medio del cual desahoga el requerimiento realizado en proveído de quince de diciembre de dos mil veinte. En atención a lo anterior, se provee en relación a la demanda de amparo, promovida por Abel Dionicio Torres, por propio derecho, quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridad que enseguida se precisan: Actos reclamados La resolución de catorce de octubre de dos mil veinte, dictada en el Toca 438/2020, del índice de la Sala responsable, por la cual se ordenó a los demandados **************** salir del domicilio ubicado en A***********, y su ejecución. Autoridades responsables Sala Familiar Regional de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Juez Décimo Familiar de Huixquilucan, Estado de México. Notificadora adscrita al Juzgado Décimo Familiar de Huixquilucan, Estado de México. Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Huixquilucan, Estado de México. No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Lo anterior encuentra apoyo, por identidad de razón, en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, este órgano de control constitucional, considera que en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Dicho precepto, dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Para arribar a tal conclusión, resulta conveniente precisar lo establecido por los preceptos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 5°, fracción I, primer párrafo de la Ley de Amparo, los cuales establecen: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De la interpretación diligente de los artículos 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I, en relación con el 61, fracción XXIII, ambos de la ley de la materia, se concluye que el juicio de amparo se seguirá siempre a petición de parte agraviada, es decir que, como requisito para la procedibilidad del mismo, debe demostrarse el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, que un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal se vea afectado por un acto de autoridad, ocasionándole un perjuicio a su titular. Así, el interés jurídico resulta de la unión de las siguientes condiciones. Un interés reconocido y tutelado por la ley, y Esta protección legal se resuelva en la actitud de su titular para exigir del obligado su satisfacción mediante la prestación debida. El interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional, por esa razón, el peticionario de amparo debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de amparo, que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se acredita, el juicio de amparo resulta improcedente. Lo que sucede en el caso concreto, pues la resolución reclamada, no se encuentra dirigida hacia el quejoso, ni se ha ejecutado en su contra, por lo que su emisión, no lesiona ningún derecho sustantivo del quejoso. Por tanto, es válido concluir que el quejoso no ha sufrido algún real y actual menoscabo en su esfera jurídica, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales, y sus efectos son restituir al agraviado en el goce de sus derechos fundamentales violentados, lo que se colige de la intelección de los artículos 1o. y 61 de la Ley de Amparo. No se soslaya la tesis de jurisprudencia III.5o.A. J/6 (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, del rubro siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA DETERMINAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE DESECHARLA, ARGUMENTANDO QUE SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, SALVO QUE ÉSTA SE ADVIERTA EN FORMA PATENTE Y ABSOLUTAMENTE CLARA, Y SE TENGA LA CERTEZA Y PLENA CONVICCIÓN DE QUE ES OPERANTE.", que dispone que el auto inicial, no es la actuación procesal oportuna para desechar la demanda de amparo indirecto bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, porque no es evidente, claro ni fehaciente, de manera que se requerirá hacer un estudio profundo para establecer su improcedencia, propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitirse la demanda, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento realice el análisis exhaustivo de esos supuestos, salvo que se advierta en forma patente y absolutamente clara, y se tenga la certeza y plena convicción de que la causal de improcedencia es operante, de modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En el caso, la causa de improcedencia en estudio es evidente y clara, toda vez que el quejoso en su escrito de cuenta, bajo formal protesta de decir verdad, manifiesta que no es parte demandada en el juicio de origen, y que la resolución reclamada no se encuentra dirigido a él, ni se ha ejecutado en su contra, por lo que no sería posible arribar a una conclusión diversa. Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia, en esencia, radica en la circunstancia que el acto reclamado no causa al quejoso un agravio personal, directo y actual para efectos del juicio de amparo, lo cual se advierte de las manifestaciones vertidas en su escrito inicial de demanda. Es indudable, en virtud de que dicha circunstancia no puede ser desvirtuada con ninguna prueba que eventualmente ofrecieran las partes en el juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo que establece el numeral 113 de ese ordenamiento, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. De conformidad con los artículos 191 y 192 correspondientes al Capítulo Cuarto (sentencia y tesis) del Título Cuarto (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de doce de noviembre de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince; captúrese el día de su publicación la presente resolución, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro; para lo cual, de conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir los datos personales de las partes en esta sentencia, así como la información reservada. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, se ordena integrar la versión pública de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expediente en el SISE, la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que ésta quede a disposición del público en su versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en el entendido que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Notifíquese: personalmente a la parte quejosa.
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