Abel Diaz Martínez
Expediente 717/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 717/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/05/2018
Partes del expediente
- Abel Diaz Martínez
Actuaciones
- Principal
I. Toluca, Estado de México; veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido y de conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales el oficio de cuenta signado criptográficamente por la Actuaria Judicial del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, a través del cual comunica la aceptación de la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, por lo que, se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por el quejoso ********************. Atento a lo anterior y al estado procesal del presente cuaderno de antecedentes evidencian que no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido, por lo tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, pues el mismo se resolvió mediante una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto referido. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Alejandro de la Cruz Martínez Bohorquez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, Encargado del Despacho por licencia del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón que autoriza, firma y da fe.
- Principal
I RADICACIÓN DE DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Abel Díaz Martínez, por propio derecho, contra actos del Juzgado Sexto Mercantil de Primera Instancia Toluca, México y otra autoridad; por tanto, fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 717/2018-I. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda que se atiende, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la resolución interlocutoria de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, dictada en los autos de la tercería excluyente de dominio derivada del juicio ejecutivo mercantil 155/2016, del sumario del Juzgado Sexto Mercantil de Primera instancia de Toluca, Estado de México, así como su cumplimiento y ejecución. INCOMPETENCIA. Establecido lo anterior, el suscrito estima que de conformidad a lo dispuesto por los artículos 34, 170, fracción I y 47 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer y resolver en esta instancia respecto del citado acto reclamado. Ahora bien, el artículo 34 de la Ley de Amparo, establece literalmente lo siguiente: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." Por su parte el artículo 170, fracción I, establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II..." Así como el numeral 47 del ordenamiento legal en mención, es del tenor literal siguiente: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." Así, de conformidad con lo dispuesto en dichos preceptos, las reglas para la procedencia del juicio de amparo en la vía directa y que es competencia exclusiva de los tribunales colegiados de circuito, son: I. Que el acto reclamado sea una sentencia definitiva o laudo, que resuelva el juicio en lo principal y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario; y, Que el acto reclamado sea una resolución que ponga fin al juicio, esto es, que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario. En ese orden, primero, conviene precisar que en diversos criterios jurisprudenciales se ha establecido que sentencia definitiva es la que define una controversia en lo principal, estableciendo el derecho en cuanto a la acción y excepción que hayan motivado la litis sin que proceda recurso ordinario. Por su parte, resoluciones que pongan fin al juicio, no es sinónimo de sentencia definitiva, por el contrario, se refiere a aquellas resoluciones que sin tener tal naturaleza ponen también fin al juicio, esto es, que puede tratarse de un simple auto o de una resolución interlocutoria. Lo común tanto a los autos definitivos como a las sentencias interlocutorias que ponen fin al juicio para efectos del caso que nos ocupa, estriba en que deben impedir o paralizar definitivamente la prosecución de éste, dándolo así por concluido. Luego, si en la especie el acto reclamado consiste en la resolución interlocutoria de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, dictada en los autos de la tercería excluyente de dominio derivada del juicio ejecutivo mercantil 155/2016, del sumario del Juzgado Sexto Mercantil de Primera instancia de Toluca, Estado de México, así como su cumplimiento y ejecución; es evidente que ésta se trata de una sentencia que resuelve la tercería en lo principal y por ello, se estima que dicha resolución debe impugnarse a través del juicio de amparo directo y, por ende, el conocimiento del presente asunto, de conformidad con los preceptos trascritos con antelación corresponde al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno. Por lo anterior, remítase la demanda y las copias que se anexaron como traslado al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, para lo que tenga a bien determinar, solicitándole de la manera más atenta acusar el recibo correspondiente e informe la determinación que tenga a bien tomar. Con copia certificada de los insertos necesarios, fórmese el cuaderno de antecedentes. DOMICILIO PROCESAL. En otro orden, de conformidad con el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquese al quejoso las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal, por medio de la lista que se fija en el local que ocupa este de este Juzgado de Distrito, por así solicitarlo expresamente en el escrito de demanda. AUTORIZADOS. Téngase por autorizados en términos de la parte final del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Sergio Díaz Garduño, y a Josefina González Ávila, el primero de ellos por no tener registrada su patente para ejercer la profesión de licenciada en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese; personalmente a la quejosa en términos de la presente determinación. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón que autoriza, firma y da fe.
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