Abel de Jesús Gómez Antonio
Expediente 296/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 1 actuación registrada, la última del 29 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 296/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 29/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Abel de Jesús Gómez Antonio
Actuaciones
- Principal
PREVIO CITATORIO.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo que promueve Abel de Jesús Gómez Antonio, contra actos del Gerente Regional de la Comisión Nacional del Agua, Región Pacífico Sur; fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 296/2019. La demanda de garantías debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. En la especie, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" Del citado precepto se desprende que el juicio de amparo debe promoverse dentro de los plazos contenidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Es pertinente también citar el artículo 18 del ordenamiento legal en comento, que indica lo siguiente: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Lo anterior, en la medida que el acto reclamado se constriñe en la resolución de fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, pronunciada en el expediente PNI-2016PSU-096, por el Gerente Regional de la Comisión Nacional del Agua, Región Pacífico Sur, residente en la ciudad de Oaxaca, determinación que manifiesta el promovente Abel de Jesús Gómez Antonio bajo protesta de decir verdad, se le notificó el veintisiete de febrero de esta anualidad. De lo que se concluye, que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 18 de la Ley de Amparo, el quejoso tuvo conocimiento del acto impugnado a partir del día siguiente en que surtió efectos la notificación, esto es, del uno de marzo de dos mil diecinueve; en ese sentido, el promovente consintió tácitamente el acto reclamado, en la medida que no promovió el juicio de amparo dentro del término de quince días que establece el artículo 17 de la ley de la materia, pues de esa fecha (uno de marzo de dos mil diecinueve), al veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, en que se presentó la demanda de garantías en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta localidad, transcurrieron dieciocho días, sin contar los días dos, tres, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, dieciocho, veintiuno, veintitrés y veinticuatro de marzo del presente año por ser inhábiles. De ahí, que haya transcurrido con exceso los quince días para ocurrir al juicio biinstancial. En ese contexto, la demanda resulta improcedente por extemporánea, por tanto, con fundamento en el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Tiene aplicación el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página: 364, Tomo: IX, Junio de 1992, Materia(s): Común, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el epígrafe y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda". El criterio invocado, a pesar de haber sido integrado conforme a la Ley de Amparo anterior, resulta aplicable al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se opone a ésta. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda, así como por autorizado en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Francisco Ramos Méndez, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Miguel Ángel Rubielas Miguel, y Rigoberto Martínez López, sin gozar de la plenitud de las facultades que establece artículo 12 de la Ley de Amparo, por no contar con ellas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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