Abel Cruz Reséndiz
Expediente 694/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 694/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/06/2018
Partes del expediente
- Abel Cruz Reséndiz
- Juez Único de Primera Instancai Penal del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro
Actuaciones
- Principal
SE DICTA SENTENCIA ÚNICO: SE NIEGA EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN
- Incidental
téngase a las autoridades oficiantes, rindiendo su informe previo con vista a las partes.
- Incidental
Querétaro, Querétaro, a siete de junio de dos mil dieciocho. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 694/2018-IV, promovido por Abel Cruz Reséndiz, contra actos del Juez Único de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro y otras autoridades, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 128, 130, 131, 138 y 140 de la Ley de Amparo, fórmese y tramítese por duplicado el incidente de suspensión. Fecha para la celebración de la audiencia incidental. Se señalan las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia incidental, de conformidad con la fracción II, del artículo 138 de la Ley de Amparo vigente. Solicitud de informes previos. Con fundamento en el artículo 138 fracción III, de Ley de Amparo solicítese a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, el cual deberán rendir por duplicado dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, contado a partir del en que reciban la notificación respectiva; en dicho informe se concretará a expresar si son o no ciertos los hechos que se le atribuyen, que determine la existencia del acto que se reclama, pudiendo agregar las razones que se estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan a este órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes, como en el particular sería, la naturaleza, modalidades y peculiaridades del delito que se atribuya a la parte quejosa, así como su situación económica. Se provee la suspensión solicitada. Ahora bien, la quejosa señala como actos reclamados en esencia la orden de aprehensión, comparecencia, presentación, y orden entrevista con algún elemento de la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado de Querétaro y/o con algún elemento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río, Querétaro, (actos que se desprenden del estudio integral de la demanda). - ORDEN DE PRESENTACIÓN, COMPARECENCIA, Y ENTREVISTA. Ahora bien, en relación a los actos reclamados consistentes en la orden de presentación, comparecencia, y entrevista, es menester precisar que tales órdenes no tienen como propósito lograr su detención, no menos cierto es que, dado sus efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse, se limita temporalmente su derecho a la libertad, ya que una vez cumplida, ésta finaliza al instante que comparece ante el Fiscal responsable para tal efecto, y hasta ese momento podrá retirarse para regresar a sus actividades cotidianas, y por tanto es evidente que sí afecta la libertad deambulatoria de las personas involucradas. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 1ª./J. 109/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la Página 1059, Libro I, Octubre de 2011, Tomo II, Registro 160811, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI BIEN NO TIENE LOS ALCANCES DE UNA ORDEN DE DETENCIÓN, AFECTA TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEAMBULATORIA DE LA PERSONA. La comparecencia ante el agente del Ministerio Público, obtenida a través del cumplimiento de la orden de localización, búsqueda y presentación del indiciado para que declare dentro de la averiguación previa, si así lo estima conveniente, si bien es verdad no tiene como propósito lograr su detención, no menos cierto es que, dados sus efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse al indiciado, se limita temporalmente su derecho a la libertad, ya que una vez cumplida, ésta finaliza al instante que el Ministerio Público desahoga la diligencia que motiva su presencia, y es hasta ese momento en que -de no existir alguna causa legal que lo impida-, podrá retirarse del lugar para regresar a sus actividades cotidianas y, por tanto, es evidente que sí se afecta la libertad deambulatoria de la persona involucrada." Ahora bien, debe decirse que, de conformidad con el artículo 21, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, compete al Ministerio Público la investigación y persecución de los delitos, por lo que, en uso de tales facultades, puede legalmente girar citatorios para hacer comparecer a las personas que de la indagatoria resulte necesario citar a declarar, a fin de estar en condiciones de obtener los medios de convicción suficientes para determinar la existencia o no de algún delito. Razón por la que se estima que las personas a quienes se les cita a declarar deben presentarse ante la autoridad ministerial cuando ésta lo requiera legalmente. No obstante lo anterior, dependiendo de la legislación aplicable, se prevén diversos supuestos de excepción en los que no se obliga a declarar a las personas relacionadas con alguna indagatoria. Por otra parte, se debe tomar en consideración que sería hasta que la autoridad responsable rinda su informe previo cuando se tenga la certeza de la legislación penal aplicable al caso que nos ocupa. Por lo tanto, se debe determinar lo conducente a la suspensión provisional de los actos reclamados tomando en consideración los supuestos posibles. CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES "Artículo 244. Cosas no asegurables No estarán sujetas al aseguramiento las comunicaciones y cualquier información que se genere o intercambie entre el imputado y las personas que no están obligadas a declarar como testigos por razón de parentesco, secreto profesional o cualquiera otra establecida en la ley." "Artículo 360. Deber de testificar Toda persona tendrá la obligación de concurrir al proceso cuando sea citado y de declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado; asimismo, no deberá ocultar hechos, circunstancias o cualquier otra información que sea relevante para la solución de la controversia, salvo disposición en contrario. El testigo no estará en la obligación de declarar sobre hechos por los que se le pueda fincar responsabilidad penal." "Artículo 365. Excepciones a la obligación de comparecencia No estarán obligados a comparecer en los términos previstos en los artículos anteriores y podrán declarar en la forma señalada para los testimonios especiales los siguientes: I. Respecto de los servidores públicos federales, el Presidente de la República; los Secretarios de Estado de la Federación; el Procurador General de la República; los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión; los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los Consejeros del Instituto Federal Electoral; II. Respecto de los servidores públicos estatales, el Gobernador; los Secretarios de Estado; el Procurador General de Justicia o su equivalente; los Diputados de los Congresos locales e integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Estatal Electoral y los Consejeros del Instituto Electoral estatal; III. Los extranjeros que gozaren en el país de inmunidad diplomática, de conformidad con los Tratados sobre la materia, y IV. Los que, por enfermedad grave u otro impedimento calificado por el Órgano jurisdiccional estén imposibilitados de hacerlo. Si las personas enumeradas en las fracciones anteriores renunciaren a su derecho a no comparecer, deberán prestar declaración conforme a las reglas generales previstas en este Código." CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO (abrogado mediante el Decreto por el que la Quincuagésima Séptima Legislatura del estado de Querétaro, declara que en la legislación local ha quedado incorporado el sistema procesal penal acusatorio y declara el inicio de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales) "ARTICULO 179 (Deber de dar testimonio). Toda persona que tenga conocimiento de los hechos objeto de un procedimiento penal, tiene el deber de declarar como testigo, excepto en los casos determinados por la Ley." "ARTICULO 182 (Personas que no están obligadas a declarar). No tienen obligación de declarar: I. Los ascendientes o descendientes del imputado, consanguíneos o por adopción; II. El cónyuge, concubina o concubinario y parientes colaterales por consanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo, y III. Los que estén ligados al imputado por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad. Si las personas mencionadas, con excepción de quienes deben guardar secreto profesional, tuvieren voluntad de declarar, se hará constar esta circunstancia y se recibirá su testimonio." Por otra parte, debe decirse que la suspensión del acto reclamado sólo constituye una medida cautelar (preventiva), por medio de la cual se paraliza la ejecución de los actos que se impugnan en la demanda de amparo, donde su finalidad es conservar la materia del juicio mientras dura su trámite para evitar, al que se dice agraviado, daños y perjuicios de difícil reparación que le pudiera ocasionar la ejecución de dichos actos. De ahí que si el objetivo de la suspensión del acto reclamado es mantener viva la materia del juicio constitucional, conceder la suspensión del acto reclamado (citatorio para comparecer en calidad de testigo en una averiguación previa), y condicionar su efectividad a que el quejoso comparezca ante la autoridad ministerial responsable, y si esta última advierte que, efectivamente, el peticionario de garantías se encuentra en alguno de los supuestos de excepción previstos en la ley procedimental, no se le obligue a declarar en relación con los hechos materia de la indagatoria, se estaría dejando sin materia el juicio de amparo. En consecuencia, SE CONCEDE la suspensión provisional, para el efecto de que sin paralizar la investigación, solamente la parte quejosa no comparezca a declarar como testigo ante la autoridad ministerial responsable y/o ante elementos de la Policía de Investigación del Delito y/o elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, siempre y cuando la parte solicitante del amparo se ubique en alguno de los estados de excepción previstos en la ley para testificar. De lo contrario, la suspensión solamente tiene el efecto de que no se le prive de su libertad, pero habrá de acudir por su propia cuenta ante la autoridad ministerial a verificar el objeto de la citación, hechos, y en su caso, si está o no en los casos de excepción para testificar. Se cita en apoyo de la anterior determinación, la tesis jurisprudencial PC.I.P. J/12 P (10a.), sostenida por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 3140, del Libro 23, de Octubre de dos mil quince, Tomo III, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común: "SUSPENSIÓN. SUS EFECTOS CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO SE IMPUGNA EL CITATORIO GIRADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO PARA COMPARECER A DECLARAR COMO TESTIGO EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA, Y EL QUEJOSO ARGUMENTA ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 243 Y 243 BIS DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y 192 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL. Si bien es cierto que conforme al artículo 21, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, compete al Ministerio Público investigar y perseguir los delitos, por lo que en uso de esas facultades puede girar citatorios para hacer comparecer a las personas que de la indagatoria, resulte presenciaron, en calidad de testigos, los hechos investigados para obtener los medios de convicción suficientes para determinar sobre la existencia de un delito y, en consecuencia, a quienes les asiste la calidad de testigos deben comparecer ante la autoridad ministerial cuando ésta lo requiera legalmente, también lo es que los artículos 243 y 243 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, así como 192 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, prevén diversos supuestos de excepción en los que no se obliga a declarar a los testigos. En ese sentido, si el quejoso manifiesta, bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo en la que impugna el citatorio girado por el Ministerio Público para comparecer como testigos en una averiguación previa, que se encuentra en alguno de los supuestos de excepción, o prueba esta circunstancia en la audiencia incidental, con apoyo en el numeral 124 de la Ley de Amparo, sin paralizar la investigación, la cual es de orden público, y tomando en consideración que no se aplicarán los supuestos de excepción de declarar cuando se trate de los delitos especificados en el párrafo segundo del numeral 192 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, debe concederse la suspensión provisional o definitiva, en su caso, para el efecto de que el peticionario del amparo no comparezca a declarar ante la autoridad ministerial responsable, hasta en tanto se resuelva el juicio en lo principal, siempre y cuando en la demanda se acredite su estado de excepción." ORDEN DE APREHENSIÓN. Ahora bien, respecto al acto reclamado restante, con fundamento en los artículos 128, 163 y 166, fracción II, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, para efecto de que: 1. Las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no sea privado de su libertad personal, hasta en tanto se notifique a las responsables la resolución interlocutoria que se dicte sobre la definitiva. 2. Si la detención del quejoso es efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público como probable responsable de algún delito, sin dilación sea puesto a disposición del Ministerio Público, para que este determine su libertad o retención dentro del plazo y en los términos del artículo 16 de la Constitución Federal, o en su caso su consignación. 3. Si la detención del quejoso es efectuada por el Ministerio Público, para que el quejoso sea puesto en libertad o se le consigne dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis horas, según sea el caso. 4. En la inteligencia de que, si la parte quejosa se encuentra a disposición del Ministerio Público en cumplimiento de una orden de presentación, la presente medida suspensional tendrá exclusivamente como efecto de que esta sea puesta en libertad o consignada ante el juez penal correspondiente, dentro del término de cuarenta y ocho horas o noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de su detención, y en caso de detención por flagrancia, a partir de que sea puesta a disposición. 5. Si se refiere a delito que conforme a la ley no permita libertad provisional bajo caución; es decir, dicha orden haya sido emitida por alguno de los delitos contemplados como graves en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Querétaro, para el efecto de que el quejoso quede a disposición de este Juzgado en el lugar en que se señale, únicamente en lo que se refiere a su libertad personal. 6. Para el caso de que la orden de privación de la libertad no guarde relación alguna con la comisión de un ilícito, el quejoso deberán ser puesto en inmediata libertad. La citada suspensión surte sus efectos de inmediato, pero dejará de hacerlo, en términos del artículo 168 de la ley de la materia vigente, si el quejoso no da cumplimiento dentro de los plazos que se establezcan, con las medidas de aseguramiento que al efecto se les fijan en los siguientes términos: a) Constituya garantía a disposición de este Juzgado, por la cantidad de $3,400.00 (tres mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional), en certificado de depósito, cuyo depositante será la parte quejosa; o en cualquiera de las formas establecidas por la ley; sin perjuicio de que de aparecer mayores datos, la garantía se adecue al monto estimado de la reparación del daño y de las sanciones pecuniarias que en su caso pueda imponérsele. En la inteligencia de que deberá exhibir la garantía aludida dentro del TÉRMINO DE CINCO DÍAS, contados a partir de la legal notificación de este auto, puesto que de no cumplir, se REVOCARÁ la presente medida, lo cual se hará del conocimiento de las autoridades responsables, de conformidad con los artículos 139, 166 penúltimo párrafo y 167 todos de la ley de Amparo. Lo anterior, se apoya en la tesis número 39, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página un mil doscientos treinta y uno, Tomo XVIII, julio de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL, APLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 124 BIS DE LA LEY DE AMPARO. Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecte la libertad personal, de conformidad con el artículo 124 bis de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe exigir del quejoso que exhiba una garantía, cuyo monto se fija tomando en cuenta la naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute, la situación económica del mismo y la posibilidad de que el impetrante se sustraiga a la acción de la justicia. Sin embargo, tratándose de la suspensión provisional, en la mayoría de los casos el juzgador carece de los elementos suficientes que le permitan constatar esas circunstancias; no obstante, en este caso, ante el inminente peligro de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, al otorgar la suspensión provisional del acto reclamado, lo procedente es cuantificar la garantía con los datos asentados en la demanda interpuesta, ya que con base en los informes previos podrá modificarse su monto para que surta efectos la suspensión definitiva, pues es hasta ese momento que se cuenta con los elementos suficientes para tal efecto, y tiene de facto plena aplicación el precepto 124 bis." b).- No se ausente del lugar del juicio del que emanan los actos reclamados o de su domicilio. c).- Acudir cuantas veces sea citado dentro del proceso penal que se le instruya; ello, por tratarse de un procedimiento de orden público que no se puede paralizar, pues se contravendría lo dispuesto por el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo. En la inteligencia, que de conformidad con el artículo 166, fracción I de la Ley de Amparo, si el delito que se imputa a la parte incidentista, es de los considerados como delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 Constitucional, la suspensión solo produciría el efecto de que el quejoso quede a disposición de este tribunal, únicamente en lo que se refiere a su libertad personal, en la cárcel distrital donde se le recluya, quedando a disposición de la autoridad responsable, por lo que hace a la continuación del procedimiento penal que se le siga. Asimismo, hágase del conocimiento al quejoso que conforme al artículo 166, fracción II de la Ley de Amparo, deberá comparecer ante la autoridad responsable para la continuación del proceso penal dentro del plazo de tres días, que se le instruye, una vez que se tenga certeza del acto reclamado con motivo del informe previo respectivo, corriendo el plazo a partir del día siguiente que surta efectos la notificación de la vista respectiva del informe, apercibido que de no hacerlo SE REVOCARÁ la medida cautelar que nos ocupa, lo anterior con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, para lo cual, la autoridad responsable deberá de informar si el quejoso cumple con dicha obligación. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, Página 371, Registro 170432, Material Penal, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso." De igual manera, hágase del conocimiento del incidentista que en caso de incumplir con las medidas de aseguramiento señaladas en el presente acuerdo o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la medida cautelar otorgada se revocará con la simple comunicación a las autoridades responsables, de conformidad con el último párrafo del artículo 166 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía y las razones que expone, la jurisprudencia por contradicción 94/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 26, del Tomo XIV, Noviembre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 138, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO AL CONCEDERLA GOZA DE LA MÁS AMPLIA FACULTAD PARA IMPONER AL QUEJOSO LA OBLIGACIÓN DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA PARA RENDIR SU DECLARACIÓN PREPARATORIA, COMO REQUISITO DE EFECTIVIDAD DE ESA MEDIDA.- Del criterio sustentado por esta Primera Sala en la tesis de jurisprudencia 1ª. /J. 16/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, mayo de 1997, página 226, así como de la exposición de motivos de la iniciativa que adicionó un segundo párrafo al artículo 138 de la Ley de Amparo, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, y de los preceptos de dicha ley que rigen la suspensión del acto reclamado, se desprende que el Juez de amparo cuenta con las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime pertinentes cuando conceda la suspensión tratándose de una orden de aprehensión emitida en contra del quejoso, entre ellas, la prevista en el citado párrafo, consistente en su comparecencia ante el Juez de la causa, como requisito para que surta efectos la suspensión concedida; medida que tiene como finalidad que el quejoso sea devuelto a la autoridad responsable en caso de que le sea negado el amparo, que no se sustraiga a la acción de la justicia, y que la concesión de la suspensión no constituya un obstáculo para la continuación del procedimiento penal, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del propio artículo 138, dicho procedimiento debe continuar para asegurar un equilibrio entre el interés particular del agraviado que solicita amparo en contra de un acto que afecta su libertad personal y el interés de la sociedad en general. De manera que aun cuando el segundo párrafo del citado precepto, no establece expresamente que la comparecencia del quejoso ante el juzgado de la causa tenga por objeto que rinda su declaración preparatoria, del análisis de los elementos antes citados se advierte que esa es precisamente su finalidad, toda vez que al ser dicha declaración parte de la instrucción, resulta necesaria para la continuación del proceso seguido en contra del quejoso, quien no puede quedar eximido de rendirla por gozar de la suspensión. Lo anterior, sin menoscabo del beneficio que a favor del gobernado prevé la fracción II del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que no podrá ser obligado a declarar, prerrogativa que puede hacer valer en el m omento en que comparezca ante el Juez de la causa, al desahogo de dicha diligencia." Debiendo acreditar el quejoso, haber cumplido con las obligaciones impuestas en el presente proveído, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, la garantía exhibida en autos se hará efectiva en favor del erario Federal. Habilitación de días horas inhábiles. Con apoyo en el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, debido a las cargas de trabajo de este Juzgado de Distrito, se habilitan los días y horas inhábiles necesarios a efecto de practicar las notificaciones personales que se deriven de la tramitación del presente juicio de amparo. Expedición de copias. Como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, expídasele copia certificada por duplicado de la suspensión provisional, previa identificación y toma de razón que de su recibo se asiente en autos. Se da vista a la parte quejosa para que, en el caso de que las autoridades señaladas como responsables, con la denominación que indica en su demanda, no existan, con fundamento en la fracción III del artículo 108, de la Ley de Amparo vigente, sin diverso acuerdo, se les tendrá como inexistentes. Vista para omitir datos personales Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. Domicilio procesal y autorizados. Finalmente, se tiene como autorizado de la parte quejosa al licenciado Abraham Amador González, con todas las facultades de representación que indica el artículo 12 de la Ley de Amparo y en términos de la última parte del segundo párrafo del mismo artículo y ordenamiento legal, a las personas restantes que indica, hasta en tanto den cumplimiento con lo estipulado en el mencionado numeral de dicha Ley. Asimismo se tiene como domicilio procesal, el señalado en su escrito de demanda. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el Licenciado Karlos Alberto Soto García, Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, ante el Secretario César Ricardo Luna Rodríguez, que autoriza. Doy Fe. G.A.P.H. G.A.P.H.
- Principal
Querétaro, Querétaro, a siete de junio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Abel Cruz Reséndiz, contra actos del Juez Único de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro y otras autoridades, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 37, 107, 108, 115 y 117 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Cabe precisar que entre las autoridades responsables señaladas por la parte quejosa, destaca la siguiente: Autoridad que señala el quejoso. Fiscalía General del Estado de Querétaro, con sede en San Juan del Río. Respecto de la cual resulta un hecho notorio para este Juzgado que tal y como la denominó no existe en términos de la página oficial de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, http://www.fiscaliageneralqueretaro.gob.mx., por lo que se tiene por inexistente dicha autoridad. Sin perjuicio de que la parte quejosa cuenta con el término de tres días, para aclarar o manifestar lo que a su interés convenga en relación a dicha circunstancia, pero de no hacerlo se estará a tal inexistencia sin mayor providencia. Se tramita incidente de suspensión Con fundamento en el artículo 115 y 128, de la Ley de Amparo, fórmese por cuerda separada y por duplicado el incidente de suspensión que se solicita. Solicitud de informes justificados Requiérase su informe justificado a las autoridades responsables quienes deberán rendirlo dentro del plazo de QUINCE DÍAS, al que deberán acompañar las constancias a que se refiere el artículo 117 de la Ley de la materia, en la inteligencia de que las mismas, deberán remitirse debidamente legibles y completas, apercibidas que, de no dar cumplimiento en la forma y términos solicitados, se les impondrá, en lo individual, multa por la cantidad $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a CIEN valores diarios de la unidad de medida y actualización , de conformidad con el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Federal, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Independientemente de lo anterior, se requiere a las autoridades responsables, para que en caso de ser cierto el acto reclamado con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo Vigente, en el término de tres días informe el último domicilio que hubieren señalado el ofendido o persona que tenga derecho a la reparación del daño en la indagatoria de origen, apercibidos que de no hacerlo, se les impondrá una multa por la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a CIEN valores diarios de la unidad de medida y actualización. Causal de sobreseimiento A su vez, requiéraseles para el caso de que se actualice alguna causal de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este Juzgado, conforme lo dispone el numeral 64, de la Ley de Amparo. Emplazamiento al Agente del Ministerio Público adscrito Con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso e), en concordancia con el diverso numeral 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, solicítese al Juez responsable, que en su caso acepte el acto reclamado, notifique al Agente del Ministerio Público que actúe en el expediente penal respectivo, en su carácter de tercero interesado, de la presentación de la demanda de amparo promovida por los quejosos, a efecto de que si a su interés conviene, realice cualquier acto necesario para la defensa del interés que representa, en todos aquellos casos que la Ley de Amparo así lo prevea para la parte tercero interesada, debiendo el referido Juez, justificar tal notificación por separado y remitir las constancias respectivas al momento de rendir su informe con justificación; apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa de $4,030.00 (cuatro mil treinta pesos 00/100 moneda nacional) equivalente a CINCUENTA valores diarios de la unidad de medida y actualización, y en términos de lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y su correlativo 259, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada 1a. CCXXXVII/2015 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo I, Agosto de 2015, página 468, que al rubro dice: "MINISTERIO PÚBLICO QUE ACTÚA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL DEL QUE DERIVE EL ACTO RECLAMADO. LA NUEVA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 LE RECONOCE EL CARÁCTER DE PARTE TERCERO INTERESADA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, POR TANTO HABILITA A SU FAVOR UNA MAYOR INTERVENCIÓN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 87/2012, (1) de rubro: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. LA OMISIÓN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 155 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE VIOLACIÓN A LAS REGLAS ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO QUE LA PROVOCA.", emitida a partir de la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, estableció que el Ministerio Público que actúa en el procedimiento penal de origen estaba facultado para formular alegatos en la audiencia constitucional. Empero, ante la aplicabilidad de dicho criterio en términos del artículo Sexto Transitorio de la nueva Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de ese mismo año, toda vez que no se opone a este último ordenamiento, debe establecerse que subsiste la aludida facultad del Ministerio Público, pues el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente permite dicha posibilidad indistintamente a las partes del juicio constitucional; pero además, se amplía con la entrada en vigor de la referida ley, al reconocer al Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal el carácter de parte tercero interesada, siempre que no sea señalada como autoridad responsable. De ahí que se habilite a favor del citado tercero interesado una mayor intervención en el juicio constitucional, al quedar facultado para promover incidentes, interponer recursos e intervenir en los que promuevan las demás partes, ofrecer y rendir u objetar pruebas, solicitar la suspensión y diferimiento de audiencias, recusar, plantear motivos de incompetencia, causas de improcedencia y, en general, realizar cualquier acto necesario para la defensa del interés que representa, en todos aquellos casos que la Ley de Amparo vigente así lo prevea para la parte tercero interesada. Lo anterior, con independencia de la intervención que se le dé al Ministerio Público adscrito al órgano jurisdiccional de amparo." Fecha para la celebración de la audiencia constitucional Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la audiencia constitucional. Vista al Agente del Ministerio Público Federal Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, la intervención que legalmente le corresponde, y se deja a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, copia simple de la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 110, de la Ley de Amparo. Habilitación de Días y Horas inhábiles Con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. Vista a la parte quejosa Se da vista a la parte quejosa para que, en el caso de que las autoridades señaladas como responsables, con la denominación que indica en su demanda, no existan, con fundamento en la fracción III del artículo 108, de la Ley de Amparo vigente, sin diverso acuerdo, se les tendrá como inexistentes. Conforme lo dispone el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se de vista a las partes para que se impongan de los autos; implica que quedan en la secretaría del Juzgado, y, que el acuerdo correspondiente sea notificado en términos del artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo. Vista para omitir datos personales Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. Señala domicilio y autorizados Finalmente, se tiene como autorizado de la parte quejosa al licenciado ********************, con todas las facultades de representación que indica el artículo 12 de la Ley de Amparo y en términos de la última parte del segundo párrafo del mismo artículo y ordenamiento legal, a las personas restantes que indica, hasta en tanto den cumplimiento con lo estipulado en el mencionado numeral de dicha Ley. Asimismo se tiene como domicilio procesal, el señalado en su escrito de demanda. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el Licenciado Karlos Alberto Soto García, Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, ante el Secretario César Ricardo Luna Rodríguez, que autoriza. Doy Fe. G.A.P.H.
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