Abel Cortes Esparza
Expediente 664/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 19 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 664/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 22/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Abel Cortes Esparza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, veintidós de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la interesada interpusieran recurso de revisión contra el auto que sobreseyó el presente juicio, sin que a la fecha hayan presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria; para todos los efectos legales a que haya lugar; por tanto, remítase el presente expediente al archivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Lo anterior atendiendo además a que conforme a la certificación secretarial de cuenta, en el presente expediente no existen diligencias pendientes de practicar, ni documentos en original o copia certificada exhibidos por las partes, que deban ser devueltos al interesado y en su caso ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente; de igual forma, que este juzgado da fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad con la versión impresa. En la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1,12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es destruible.
- Incidental
Visto; para resolver el presente incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 664/2021-IV, promovido por Abel Cortés Esparza, por conducto de Jorge Alberto Vázquez Quezada, contra actos del Inspector Jefe de la Policía de Investigación del Estado de Zacatecas, adscrito al Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas y otras autoridades. (...) Tercero. La autoridad responsable Agente del Ministerio Público (Fiscal) adscrito a la Unidad Especializada en Investigación Mixta, del Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, fue omisa en rendir su informe previo, no obstante haber recibido el oficio por el cual le fue solicitado, según se desprende del acuse de recibo que obra agregado en autos del incidente en que se actúa; por lo que con fundamento en el párrafo tercero del artículo 142 de la Ley de Amparo, tiene por presuntivamente cierto el acto a dicha autoridad reclamado. No obstante a lo anterior y en atención a la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el quejoso Abel Cortes Esparza, ya no se encuentra en prisión preventiva, con motivo del auto de vinculación a proceso que le decretó el Juez de Control del Sexto Distrito Judicial en Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, ya que dicha autoridad, en el oficio 0654, en el juicio principal de amparo del que deriva este incidente, comunicó que el uno de octubre de dos mil veintiuno, celebró audiencia de solicitud de sobreseimiento y/o reclasificación del hecho jurídico, en la que no procedió el sobreseimiento, pero reclasificó el hecho delictivo a lesiones simples y que ante esa clasificación jurídica las partes optaron por la solución alterna de suspensión condicional del proceso, por el plazo de seis meses lo cual aprobó en los términos solicitados y, ordenó de manera inmediata la libertad del aquí quejoso Abel Cortés Esparza; por ende se niega la suspensión definitiva solicitada, al no haber materia para decretarla. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se Resuelve: Único. Se niega al quejoso Abel Cortés Esparza, por conducto de Jorge Alberto Vázquez Quezada, la suspensión definitiva solicitada, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable señalada en el considerando tercero de esta resolución, por los motivos expuestos en el mismo.
- Incidental
Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Visto; el estado que guardan los presentes autos del que se advierte que no obra el informe previo de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público (Fiscal) adscrito a la Unidad Especializada en Investigación Mixta, del Distrito Judicial De Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, ni constancia de notificación de los oficios por el que le fue peticionado el mismo; en consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para esta fecha y, en su lugar se fijan las nueve horas con treinta y seis minutos del nueve de noviembre de dos mil veintiuno, para su celebración.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio y anexo de cuenta que remite la autoridad responsable Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, mediante el cual, hace del conocimiento que en audiencia celebrada el primero de octubre de dos mil veintiuno dentro de la causa penal 40/2021, se llevó a cabo la audiencia de sobreseimiento y/o reclasificación del hecho jurídico, en el que se reclasificó el hecho delictivo a lesiones simples, ante ello, las partes optaron por la solución alterna de suspensión condicional del proceso, por el plazo de seis meses, lo cual fue aprobado en los términos solicitados y en virtud a lo anterior, se ordenó de manera inmediata la libertad del quejoso Abel Cortés Esparza, para lo cual remite copia certificada del audio y video de dicha audiencia. Al efecto, quien resuelve advierte que atento a lo que informa la autoridad responsable, sobreviene de manera notoria, manifiesta e indudable de una causal de improcedencia, siendo ésta una cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de amparo, atento a lo señalado en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 940, publicada en la página mil quinientos treinta, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años 1917-1988, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En el caso se advierte que sobreviene la causal de improcedencia aducida por la parte quejosa, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" A efecto de una mejor comprensión de lo que aquí se resuelve, es importante realizar ciertas precisiones en cuanto a la naturaleza y contenido de la causal de improcedencia que se invoca. En principio, cabe precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado diversas tesis que aparecen publicadas en las páginas 2443, 731, 774 y 2161, de los Tomos XVIX, LXXXIX, XCIII y LVIII, del Semanario Judicial de la Federación, respectivamente, cuyos rubros y textos son los siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo y por lo mismo, no hay cesación de efectos." "ACTOS RECLAMADOS, CESACIÓN DE LOS. Para que se pueda estimar que han cesado los efectos del acto reclamado, debe existir una revocación total de éste y de los efectos que haya producido, y la revocación debe ser definitiva y no provisional." "ACTO RECLAMADO, CUANDO HAY CESACIÓN DEL. Es cierto que la Ley de Amparo establece como causa de improcedencia, el hecho de que hayan cesado los efectos del acto reclamado; pero tratándose de actos que se tradujeron en una situación de hecho, esa cesación no puede producirse por la sola determinación de la autoridad responsable, revocando el acuerdo que dio origen anteriormente a ella, pues para que positivamente cesen esas consecuencias, es preciso que la autoridad, tras de revocar su resolución, dicte las medidas eficaces encaminadas a establecer positivamente las cosas al estado que tenían antes de ejecutarse el acto de que se trata." Del texto de las tesis reproducidas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales violados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que pueda ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. El quejoso Abel cortés Esparza, reclama el auto de vinculación a proceso dictado el día primero de septiembre de año en curso, y la imposición de la medida cautelar por el término de cuatro meses; así como su ejecución, dictado dentro de la causa penal 40/2021. Luego, en el ocurso de cuenta la autoridad responsable informó que en audiencia celebrada el primero de octubre de dos mil veintiuno dentro de la causa penal 40/2021, se llevó a cabo la audiencia de Sobreseimiento y/o reclasificación del hecho jurídico, en el que se reclasificó el hecho delictivo a lesiones simples; que ante ello, las partes optaron por la solución alterna suspensión condicional del proceso, por el plazo de seis meses, lo cual fue aprobado en los términos solicitados y en virtud a lo anterior, se ordenó de manera inmediata la libertad del quejoso Abel Cortés Esparza, para lo cual remite copia certificada del audio y video de dicha audiencia, documental que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por disposición de su ordinal 2°. Atento a lo anterior, queda de manifiesto que con la reclasificación del hecho delictivo y la orden de la inmediata libertad del quejoso, cesaron los efectos del acto reclamado, que éste atribuyó a la autoridad que señaló como responsable. A lo anterior se considera aplicable la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. Texto: De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Entonces, en tanto que han cesado los efectos del citado acto reclamado, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En vista de lo anterior, y toda vez que se encuentran programadas las doce horas del veintidós de octubre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, se procede a dejarla sin efectos, dado el sobreseimiento decretado en el presente juicio constitucional; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales a que haya lugar. Sirve de fundamento, la tesis jurisprudencial: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial".
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