Abel Chavez Garcia
Expediente 74/2014 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 16 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 74/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 19/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Abel Chavez Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Vista la certificación, se advierte que el término de quince días que concede la ley, a fin de que las partes se inconformaran respecto al proveído de treinta de noviembre de dos mil quince, por el que se declaró cumplida la sentencia ha fenecido, por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado; téngase este asunto como concluido y envíese al archivo. Notifíquese.
- Principal
Notifico al quejoso ABEL CHAVEZ GARCÍA, el proveído de treinta de noviembre de dos mil quince.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, la que desahogó la autorizada de la parte quejosa mediante escrito recibido en este juzgado el cinco de agosto del año en curso (foja 520), haciendo diversas manifestaciones respecto al cumplimiento dado por parte de la autoridad responsable. Por consiguiente, dado que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se analiza si de las constancias que integran el expediente, el fallo protector se encuentra cumplido, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Lo anterior, con base en la jurisprudencia número 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: ... Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia dictada el treinta y uno de marzo de dos mil quince (fojas 446 a 462), este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Abel Chávez García, para el efecto de que la autoridad responsable Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, ordene al Director de Trabajo y Previsión Social, residente en Chilpancingo, Guerrero, para que designe perito en materia de avalúo de bienes inmuebles, a quien deberá ordenar se presente ante sus instalaciones para que acepte y proteste el cargo conferido, y emita el dictamen respectivo, a fin de actualizar el valor del inmueble embargado en diligencia de veinticuatro de abril de dos mil doce, ya que únicamente obra en autos del juicio laboral el dictamen emitido por el perito Rafael Lépez Arredondo, de veinte de septiembre de dos mil doce, debiendo realizar las diligencias que estén a su calcance para cumplir con su mandato, y en caso de ser necesario haga uso de los medios de apremio con que la faculta la ley de la materia para imponer correcciones disciplinarias a quien no cumpla sus determinaciones. En ese contexto, mediante proveído de siete de mayo de dos mil quince, causó ejecutoria la sentencia antes referida (fojas 473 a 476), y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Ahora bien, como un esbozo sobre los efectos restitutorios de una sentencia protectora, es pertinente dejar apuntado que el efecto jurídico de toda sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, conforme a lo preceptuado por el artículo 77 de la Ley de Amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven cuando el acto sea de carácter positivo, en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, y para su procedencia es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. En efecto, el artículo 77 de la Ley de Amparo, prevé dos hipótesis con relación a la finalidad de la sentencia que concede la protección de la justicia federal: si el acto reclamado es de carácter positivo, esto es, cuando la autoridad responsable actúa afectando la esfera jurídica del particular, el efecto de la sentencia que le otorga el amparo en contra de dicha actuación, estribará en la restitución al quejoso del pleno goce de la garantía individual violada, restableciéndose las cosas al estado que guardan antes de la violación. Una segunda hipótesis se actualiza cuando el acto reclamado es de carácter negativo: en estos casos, el objeto de la sentencia que concede el amparo consistirá en constreñir a la autoridad responsable a que acate lo ordenado por la garantía constitucional de que se trate. Tal supuesto acontece cuando la autoridad responsable rehúsa otorgar a un particular algún beneficio previsto por la ley. Bajo ese orden de ideas, debe precisarse que en el caso que nos ocupa, se está en presencia de actos de carácter negativo, puesto que la ejecución de la sentencia de amparo se constriñe en que la autoridad responsable, obre en el sentido de respetar el principio de seguridad jurídica y acceso a la justicia, y éste se colma con obedecer lo que se ordena en forma obligada, pues dicho supuesto encuadra en la hipótesis normativa contemplada en la segunda parte del artículo 77 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a la sentencia de amparo, la Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por oficio número 4448 (foja 481), remitió copia certificada del diverso oficio 3334 de quince de abril de dos mil quince, dirigido al Director de Trabajo y Previsión Social, de Chilpancingo, Guerrero, en el que le solicitó requiriera al perito Rafael Lépez Arredondo, se sirva actualizar el dictamen emitido el veinte de septiembre de dos mil doce, en el expediente laboral 1328/2011, y que debería comparecer ante dicho órgano laboral para que emita dicha actualización, quedando desde ese momento los autos a su disposición para que se imponga de ellos y tome los elementos que le sean necesarios para su cumplimiento; asimismo, por diverso oficio 4730 (foja 487), la autoridad responsable remitió copia certificada del diverso 4666 donde le vuelve a requerir al Director del Trabajo y Previsión Social, residente en Chilpancingo, Guerrero, a fin de que éste a su vez obligue al perito Rafael Lépez Arredondo, para que comparezca ante el órgano laboral responsable y se sirva actualizar el dictamen de veinte de septiembre de dos mil doce, apercibiendo al perito que de no dar cumplimiento a lo solicitado se haría acreedor a una multa equivalente a siete días de salario mínimo vigente en la región (foja 488); obra también el oficio 6678, por el que la Junta responsable remitió copia certificada del acuerdo de primero de julio de dos mil quince, en el que tuvo por recepcionada la actualización del dictamen pericial en materia de avalúo realizado por el perito Rafael Lépez Arredondo (fojas 504 a 513). Por lo anterior, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Debe precisarse que, existe defecto de ejecución cuando la autoridad responsable no se ciñe estrictamente a los términos de la ejecutoria de amparo, es decir, cuando su actuación es parcial o incompleta, en la medida que no obedece de manera cabal lo mandado; en contrapartida, hay exceso en la ejecución cuando va más allá de lo ordenado; de modo que cuando la concesión es "para efectos", no basta suprimir el acto inconstitucional, sino que la autoridad responsable queda vinculada a realizar uno o varios actos que restauren las garantías violadas. Ahora bien, en el presente asunto, no se advierte que la autoridad responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, puesto que, como ya se indicó, la protección constitucional se concedió para el efecto de que la Junta responsable requiriera al perito Rafael Lépez Arredondo, a fin de que emitiera actualización del valor del inmueble embargado en diligencia de veinticuatro de abril de dos mil doce, en el juicio de origen. De las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte que siguió los lineamientos dados en la sentencia de amparo, como se destacó a lo largo de esta resolución. Por consiguiente, se concluye que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía legal violada, al dar cumplimiento al fallo protector la autoridad responsable ciñéndose a los efectos precisados; de ahí que, no existe defecto o exceso en el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa. Tampoco se advierte, imposibilidad jurídica para cumplirla, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Por lo que hace a la reserva ordenada en auto de seis de agosto del presente año, relativa al escrito presentado por Olga Espinoza Ocampo, autorizada de la parte quejosa, registrado con el número 15458, por el que desahogó la vista otorgada en proveído de dos de julio del presente año, haciendo manifestaciones respecto al cumplimiento que se dio al fallo protector, en los siguientes términos: ".Que solicito a este Órgano de Control Constitucional tenga a la autoridad responsable por no dando cabal cumplimiento a la sentencia amparadora, toda vez que a la fecha no se ha emitido dictamen de avalúo a fin de actualizar el valor del inmueble embargado en diligencia de fecha 24 de abril del 2012, ya que no hay que perder de vista que la sentencia amparadora fue para los efectos de que:. la junta responsable ordene al Director del Trabajo y Previsión Social, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, para que inmediatamente designe en materia de avalúo de bienes inmuebles, a quien deberá ordenar se presente ante sus instalaciones, para que acepte y proteste el cargo conferido y emita el dictamen respecto (a fin de actualizar el valor del inmueble embargado en diligencia de veinticuatro de abril de dos mil doce, ya que únicamente obra en autos del juicio laboral el dictamen emitido por el perito Rafael Lépez Arredondo, de veinte de septiembre de dos mil doce), debiendo realizar las diligencia que estén a su alcance para cumplir con su mandato y en caso de ser necesario, haga uso de los medios de apremio con que la faculta la ley de la materia para imponer correcciones disciplinarias a quien no compla sus determinaciones." Al respecto, debe señalarse que la sentencia de amparo no contiene los alcances que pretende la autorizada de la parte quejosa; puesto que, como se dijo, la ejecutoria de mérito, obligaba a la autoridad responsable Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, obligara al perito a actualizar el valor del inmueble embargado en diligencia de veinticuatro de abril de dos mil doce; lo cual aconteció, como se advierte de las copias certificadas de la actualización del avalúo encomendado.. De tal forma que, como se dijo, la sentencia de amparo se encuentra cumplida. Notifíquese personalmente. En cumplimiento a lo ordenado en línes que anteceden, notifico mediante lista públicada en los estrados del juzgado de mi adscripción a la tercero interesada ELDA BERENICE DÁVALOS GUERRERO, MARIO HUMBERTO ADAME GUERRERO, HUGO CANO NEGROE, MARÍA AMPARO FIGUEROA MILLÁN Y REFACCIONARIA MENDOZA, POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LA REPRESENTE, el proveído que antecede.
- Principal
Agréguese el oficio que suscribe la Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, remite copia certificada del escrito que le presentó Olga Espinoza Ocampo, apoderada legal de la parte actora, por medio del cual le exhibe la solicitud de certificado de libertad de gravamen que fue requerido al Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Acapulco; sin dictar mayor providencia...
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