Abel Castrejón Rodríguez
Expediente 880/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 880/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Abel Castrejón Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a ocho de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicados supletoriamente a la ley de la materia, se declara que el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, por el que se tuvo por NO PRESENTADA la demanda de amparo promovida por Jesús Bernardo Monroy Coronel, quien se ostentó como defensor privado del quejoso Abel Castrejón Rodríguez, en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el Libro Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el presente juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo. Además, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su Capítulo Segundo, artículo 6, fracción II; y, Capítulo Octavo, numeral 21, inciso b), que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL. Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; (.)" "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES. (...) Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (.)." Por tanto, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues se trata de un asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Aunado a ello, no se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Notifíquese por medio de lista a las partes, de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General 21/020, del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que la parte quejosa no desahogó los puntos de prevención que se le formularon en proveído de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, siendo que el término de cinco días concedido para tal efecto ha transcurrido en su totalidad. Por lo tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el aludido proveído, y con fundamento en el artículo 114, de la Ley de Amparo, se tiene POR NO PRESENTADA, la demanda de amparo promovida por Jesús Bernardo Monroy Coronel, quien se ostentó como defensor privado del quejoso Abel Castrejón Rodríguez. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Jesús Bernardo Monroy Coronel, quien se ostenta como defensor privado del quejoso Abel Castrejón Rodríguez, contra actos del Juez de Control adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Judicial de Tlalnepantla y otra autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 880/2021-VII. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora bien, el numeral 114 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente: No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias por el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De lo antes transcrito, se desprende que dicho artículo no limita las facultades del Juzgador Federal para exigir la aclaración de la demanda cuando se omiten los requisitos del artículo 108, de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los que son proporcionados por la parte que promueve, con lo cual se considera prevenir al quejoso cuando se estime que: 1.- Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. 2.- Si se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia, consistentes en: "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgado de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que conforme al artículo 1º de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1° de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo se señalara el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y, VIII. Los conceptos de violación." 3.- No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. 4.- No hubiere expresado con precisión el acto reclamado. 5.- No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. En consecuencia, precisado lo anterior y con apoyo en lo previsto en el artículo 114, de la Ley de Amparo, se considera necesario requerir a Jesús Bernardo Monroy Coronel, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: Manifieste "bajo protesta de decir verdad" que es defensor particular del quejoso Abel Castrejón Rodríguez, y ante qué autoridad tiene reconocido ello. Lo anterior es así, tomando en consideración que de conformidad con lo que señala el artículo 14, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en amparo indirecto en materia penal bastará que los defensores manifiesten bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En efecto, el artículo 14, de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribual que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente. Si el promovente del juicio posteriormente carece del carácter con el que se ostentó, el órgano jurisdiccional de amparo le impondrá una multa de cincuenta a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada y ordenará la ratificación de la demanda al agraviado dentro de un término de tres días. Al ratificarse la demanda se tramitará el juicio, entendiéndose las diligencias directamente con el agraviado siempre en presencia de su defensor, ya sea de oficio o designado por él, mientras no constituya representante dentro del juicio de amparo. De lo contrario, la demanda se tendrá por no interpuesta y quedarán sin efecto las providencias dictadas en el expediente principal y en el incidente de suspensión." De lo anterior, se desprende que no es necesario acreditar fehacientemente con algún documento la personalidad del promoverte; sin embargo, deben cumplirse dos elementos para reconocer la personalidad del representante en materia penal, a saber: 1. Que el defensor manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con ese carácter; y, 2. La autoridad que conozca del amparo, en el caso, el juez de Distrito, pedirá a la autoridad que conozca del asunto, que remita la certificación correspondiente. En el caso, Jesús Bernardo Monroy Coronel, omitió manifestar bajo protesta de decir verdad que tiene acreditado el carácter de defensor particular del directo quejoso ante la autoridad que conoce del asunto, pues del escrito inicial no se desprende manifestación expresa en ese sentido. Consecuentemente, no se tiene la certeza de que Jesús Bernardo Monroy Coronel, tenga reconocido el carácter de defensor particular dentro del expediente del que deriva el acto reclamado; por tanto, no resulta procedente tenerlo con ese carácter en la presente instancia constitucional, hasta en tanto desahogue la prevención referida. En tal virtud, analizar la personalidad del promovente del amparo, implica que el estudio oficioso de esta cuestión no debe realizarse en cualquier momento del juicio, ni tampoco dejarse a la oportunidad con que el conductor del proceso advierta una irregularidad en su acreditamiento, porque este criterio conduce a un resultado que abiertamente se opone a los fines del artículo 17, Constitucional, en cuanto favorece la tramitación ociosa de un juicio, en una o dos instancias, que no culmina con la solución del conflicto y sí en cambio distrae la atención de los Tribunales Federales y causa perjuicios a las partes litigantes, ya que de estimarse lo contrario acarrearía un empleo estéril de recursos materiales y humanos dispuestos para su tramitación y decisión, con la que ocasionaría perjuicios a las partes del proceso. 2). Deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, de manera clara, precisa y cronológica, los antecedentes que precedieron al acto reclamado. Lo anterior, ya que de la demanda que se atiende se observa que reclama la imposición de la medida cautelar económica consistente en la cantidad de $400.000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 moneda nacional); sin embargo, en unas partes de su demanda indicada que ello aconteció el diez de agosto de dos mil veintiuno, y en otras partes, señala que fue el tres de agosto de dos mil veintiuno, lo que genera incertidumbre en su narrativa. En ese sentido, cabe destacar que los antecedentes del acto reclamado son la base para analizar la acción constitucional en cuestión, entendiéndose por éstos, la relación breve de las actuaciones previas al acto reclamado, así como las condiciones de hecho que generaron la actividad que reprocha. 3). De igual manera, deberá manifestar "bajo protesta de decir verdad", la fecha en que quedaron notificados de cada uno de los actos, esto es, si se les notificada en la propia audiencia en la que se emitió cada uno de sus reclamos. Se hace del conocimiento del promovente que la información que se desprenda de las manifestaciones que vierta serán confrontadas con las constancias que en su momento obren en autos, por lo que de realizar manifestaciones que se traduzcan en hechos falsos, se le impondrá una multa de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización, de conformidad con el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo , del cual se desprende la sanción correspondiente cuando se afirmen hechos falsos. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de ocho de enero de dos mil veintiuno, cuyo monto vigente es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Asimismo, de ser el caso, se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, para que investigue sobre la posible comisión de delitos. Se apercibe al promovente, que de no desahogar el primer punto de prevención dentro del pazo concedido para tal efecto, se ordenará la ratificación de la demanda al directo quejoso, dentro término de tres días, de conformidad con el artículo 14, de la Ley de Amparo; mientras que, para el caso de no desahogar las restantes requerimientos dentro del mismo plazo, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, conforme a lo establecido en el diverso numeral 114 de la legislación en comento. En otro orden de ideas, en atención a que la parte quejosa solicita la consulta electrónica del asunto y las notificaciones vía electrónica, y al efecto proporciono los usuarios "JURIDICOMONROY" y "COBR941120MMCNZS04", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se le autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo; por tanto, instrúyase a la Analista Jurídico Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para que realice las gestiones necesarias. Asimismo, en términos del numeral 26, fracción IV, de la legislación de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa, la vía electrónica, por así haberlo indicado. De igual forma, se tienen como autorizados de la parte quejosa a las personas que indica en su demanda de amparo, para los efectos que precisa, esto es, sólo para oír y recibir notificaciones, documentos, valores e imponerse de autos, así como realizar tomas fotográficas del asunto. También, se tiene a la parte quejosa proporcionando los correos electrónicos juridico_monroy@hotmail.com y doconsuelo@hotmail.com para establecer contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios. En diverso aspecto, en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 22 y cuarto transitorio, se sugiere a la parte quejosa, que de ser posible transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrá acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. Aunado a ello, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico del Secretario encargado del asunto Jesús Facio Rodríguez, siendo el número 5553870500, extensión 1387, para la atención del presente asunto, ello dentro de un horario a partir de nueve a dieciocho horas, de lunes a viernes. Por otro lado, se hace del conocimiento de la quejosa que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Finalmente, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
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