Abel Castrejon Gomez
Expediente 321/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 321/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Abel Castrejon Gomez
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, nueve de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se interpuso recurso de revisión dentro del término de diez días que contempla el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra del auto de quince de diciembre de dos mil veinte, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Uruapan, Michoacán, quince de diciembre de dos mil veinte. Agréguense a los autos los oficios suscritos por las autoridades responsables Subdirector Jurídico y Jefe de Departamento de Seguridad y Vigilancia, ambos del Centro Penitenciario de Apatzingán, Michoacán, mediante los cuales informan lo siguiente: / Y para acreditar tal situación, anexan copia certificada de las documentales siguientes: Boleta de Libertad del siete de diciembre de dos mil veinte, deducida del toca penal I-56/2020, derivada del proceso penal 90/2019, instruida al aquí quejoso Abel Castrejón Gómez y otros. Acta administrativa de libertad de persona privada de la libertad número 77, de ocho de diciembre del año en curso, signada por Abel Castrejón Gómez. Documentales con fe pública, que tiene pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Sobre el particular, tiene aplicación la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal de la Nación, que expresa: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Cabe señalar que el estudio de las causales de sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo, que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7º.P.13 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, página 1947, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. ****Sobreseimiento Fuera de Audiencia Constitucional.Así, de párrafos que anteceden, se advierte que el quejoso Abel Castrejón Gómez fue puesto en libertad el ocho de diciembre de dos mil veinte, lo que se acredita con el Acta administrativa de libertad de persona privada de la libertad número 77, signada por el mismo; de lo que se advierte que el acto reclamado ha cesado, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido los actos reclamados que originaron el presente juicio de amparo, y con ello la afectación al citado quejoso.Por tanto, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia de cesación de efectos del acto reclamado, que ocurre cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación u omisión; lo que implica, no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, lo que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad del acto ya que no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, al haberse restituido al quejoso en el goce de su derecho humano violado establecido para su protección.De ahí que, resulta dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado, pues la materia del juicio de amparo, era la incomunicación, aislamiento o medida disciplinaria impuesta al quejoso directo, habida cuenta que, como ya se dijo, el quejoso ya se encuentra en libertad y es imposible que subsista el citado acto reclamado, pues la causal de improcedencia citada se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica de la parte quejosa. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:"CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. *****Así como, la jurisprudencia número P.CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente:"ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. ***Y la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. ***A mayor abundamiento, la razón que justifica la improcedencia del juicio de amparo por la cesación de efectos del acto reclamado, no es la simple destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos en la esfera jurídica de la parte quejosa, no los surtirá más y no dejó huella que amerite el otorgamiento del amparo para ser borrada.****En esa tesitura, el sobreseimiento en el juicio constitucional impide realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la peticionaria del amparo, para demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados, que en esta vía combate, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: ***"SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. ****Por lo antes expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la ley en cita, lo procedente es decretar fuera de audiencia el sobreseimiento en el presente juicio de amparo.Encuentra sustento lo anterior, en la jurisprudencia 1a./J. 3/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito.".El sobreseimiento decretado se hace extensivo a todas las autoridades ejecutoras, toda vez que no se les reclaman actos por vicios propios, sino en vía de consecuencia de la incomunicación o medida disciplinaria reclamada.Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ilustra: "SOBRESEIMIENTO, RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE POR LOS ACTOS DE LAS EJECUTORAS SI NO SE COMBATEN ESTOS POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto de los de las autoridades que tienen el carácter de ejecutoras, ya que no se puede examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.".Por lo expuesto, se deja insubsistente la audiencia constitucional fijada para las trece horas con diez minutos de esta propia data. Háganse las capturas correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).Finalmente, vista la certificación secretarial de cuenta y atendiendo al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió en los términos asentados en la misma el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa mediante acuerdo de veinte de octubre del año en curso, a efecto de que realizara las precisiones que estimara necesarias respecto de la denominación correcta de la autoridad señalada como Jefe del departamento de Trabajo Social, sin que lo haya hecho,En tales condiciones, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); se tiene por inexistente a la autoridad referida, ordenándose suspender toda comunicación con la misma.Notifíquese; y personalmente vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Uruapan, Michoacán, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Vistas las piezas postales de cuenta que contienen los oficios derivados del proveído de cuatro de septiembre de dos mil veinte a las autoridades responsables siguientes: NO.AUTORIDADESOFICIO1 Jefe del Departamento de Trabajo social del Centro de Readaptación Social de Apatzingán, Michoacán96462 Comité Técnico del Centro de Readaptación Social de Apatzingán, Michoacán9644 De las que se advierte la imposibilidad de la Administración de Correos para su entrega, por los motivos plasmados en el reverso de dichas piezas: "Cambio de domicilio." Ahora bien, toda vez que es un hecho notorio que el domicilio actual es el ubicado en calle Independencia poniente, número 441, colonia Los Arquitos, Apatzingán, Michoacán c.p. 60685; por tanto, en obvio de dilaciones procesales, mediante oficio que al efecto se gire, reenvíense las piezas postales devueltas de que se trata, a fin de que dichas autoridades queden notificadas de su contenido; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. En ese contexto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE para que tenga verificativo la misma, por videoconferencia. Lo anterior, debido a la suspensión de labores en los Órganos Jurisdiccionales Federales, derivada de la pandemia originada por el virus Sars-Cov2, debe privilegiarse el desahogo de las audiencias por videoconferencia, en tanto sea posible, con lo que se satisface el derecho procesal de las partes para acudir a éstas, toda vez que de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, éstas se encuentran facultadas para comparecer al desahogo de la misma. Toda vez que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020, el ocho de junio y treinta y uno de julio de dos mil veinte, respectivamente, el primero, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; mientras que, el segundo, determina lo relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órgano Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, los cuales entraron en vigor a partir del dieciséis de junio y tres de agosto de la presente anualidad. Normativa que permite recibir las audiencias con la presencia de las partes pero por videoconferencia, particularmente el segundo acuerdo, que en sus artículos 25 y 26 prevé que por regla general se desahoguen las audiencias por videoconferencias. Por lo anterior, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, específicamente en su artículo 27, fracción III, relativo a la impartición de justicia más expedita, con fundamento en el artículo 28, fracción I, del mencionado Acuerdo General 12/2020. Ahora bien, mediante citatorio para audiencia, requiérase a las partes interesadas para que acudan a la hora y fecha indicadas, quienes deberán entrar a la sesión virtual, quince minutos antes de la hora señalada, con identificación oficial fehaciente, para preparar el desahogo de la audiencia, así como la implementación de la logística operacional; diligencia que se llevará a cabo virtualmente a través de la plataforma Cisco Webex; el que personal de este juzgado fungirá como organizador de la audiencia por medio de la plataforma tecnológica indicada; además, las partes deben indicar quienes serán las personas que acudirán por vía electrónica en su representación, de ser el caso; o, en su caso manifiesten la imposibilidad material que presenten para ello. De igual manera, requiérase a las partes para que a la brevedad posible proporcionen a este órgano jurisdiccional (con excepción de la parte quejosa), un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo previo al momento de la diligencia en el que personal de este juzgado fungirá como organizador de la audiencia por medio de la plataforma tecnológica indicada; además, indicarán quienes serán las personas que acudirán por vía electrónica en su representación, de ser el caso; o, en su caso manifiesten la imposibilidad material que presenten para ello. En el entendido, que de no hacer manifestación al respecto, dicha audiencia se desahogará en esa plataforma virtual, aún sin la presencia de las partes; sin embargo, a fin de garantizar la publicidad, se realizará un registro de la citada videoconferencia, para su posterior consulta; lo anterior, de conformidad con el artículo 28, fracciones I y II, del mencionado acuerdo General, pues dada la trascendencia de los actos reclamados, materia del amparo es necesario privilegiar la conclusión del asunto, para resolver, acorde con el artículo 17 Constitucional, y se entiende que las partes que no comparezcan a la audiencia, al no proporcionar los medios requeridos para entregarles las claves, no tienen interés en presentarse. Finalmente, toda vez que la promovente proporcionó correo electrónico bellasimprebella@gmail.com y número telefónico, se comisiona a la actuaria judicial deberá enviar a los mismos la información de evento y contraseña que se le anexa en tarjeta, necesarias para la celebración de la audiencia constitucional; dicha funcionaria deberá levantar la razón respectiva dando fe de que remitió esos datos, que habrán de quedar expresamente identificados. Notifíquese; personalmente vía electrónica a la parte quejosa y cúmplase.
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