Abel Castañeda Sánchez

Expediente 623/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
623/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
12/07/2018

Partes del expediente

  • Abel Castañeda Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación puesta en esta fecha por la secretaría de este juzgado, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso d, de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que el auto de veinte de junio del año en curso, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, al no existir actuación pendiente por realizar, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente de acuerdo a sus particularidades, es susceptible de destrucción una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en el se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. No obsta a lo anterior, que no se haga referencia al cómputo respecto a las autoridades responsables, pues de conformidad con el artículo 87 de la ley de la materia, éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que se les haya reclamado y, en el caso, se determinó conforme a derecho sobreseer en este juicio; de ahí que no se surte la hipótesis establecida para que las responsables puedan recurrir el auto de que se trata. Finalmente, se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en la ciudad de Saltillo, mediante el cual acusa recibo del oficio 21346/2018; agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; mediante oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    Se notifica por lista al quejoso Agréguese a sus antecedentes el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Coahuila, con sede en Saltillo, mediante el cual remite copia del laudo de fecha catorce de junio de este año, dictado dentro de los autos del expediente 47/2017, promovido por Abel Castañeda Sánchez en contra de Republicano Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, a través del cual se condenó a la citada dependencia (aquí tercero interesado) al pago por concepto de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, al quejoso. En tales condiciones, este juzgado estima que lo anterior actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". Del texto del precepto legal reproducido se deduce que, para que opere la causal de improcedencia en cuestión, es menester que se actualice un hecho del cual se derive la cesación de los efectos del acto reclamado, de modo tal que exista una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo. El sentido gramatical de la aludida disposición permite precisar que, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa, por lo que, de acuerdo con el texto de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga, y para que sea aplicable esta improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de las garantías violadas, por tanto, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de las garantías violadas. Tiene aplicación, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, tomo VII , del mes de febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En ese sentido, cabe precisar que el acto reclamado consiste esencialmente en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- Reclamo de la Autoridad señalada como responsable, la negativa de dictar el proyecto de resolución en forma de laudo". Sobre el particular, se estima que se actualiza la causal de improcedencia en cuestión, ya que de las constancias que remitió la autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Coahuila, con sede en Saltillo, las cuales gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aparece que el catorce de junio de dos mil dieciocho, se dictó la resolución en forma de laudo y se condenó al tercero interesado Republicano Ayuntamiento de esta ciudad al pago de diversas prestaciones, dentro del juicio ordinario laboral 47/2017. Es decir, resulta indiscutible que cesaron los efectos del acto reclamado en el presente juicio, con el dictado del laudo del juicio ordinario laboral 47/2017, cuya omisión de proveer reclama en este juicio de amparo, por ende, tal hecho actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia en estudio. Por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento de este asunto fuera de audiencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 26/2002, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en página 386, tomo XVII, marzo de 2003, Novena época, del Semanario Judicial y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Finalmente, en virtud de lo anterior se deja sin efectos la audiencia señalada para las doce horas con treinta minutos del veintiuno de junio de dos mil dieciocho.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, y toda vez que de los mismos se advierte que el cinco de junio de dos mil dieciocho, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en la ciudad de Saltillo; en tales condiciones, el referido informe no se puso a la vista de las partes con la debida anticipación a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, esto es, con ocho días antes de la fecha de la audiencia, por lo tanto, de conformidad con el artículo en cita de la ley de la materia, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y se fijan de nueva cuenta las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su verificativo. Finalmente, se tiene por recibido el escrito signado por el licenciado... mediante el cual ofrece como medios de prueba, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana y formula alegatos; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las pruebas que ofrece el promovente en el escrito de cuenta; asimismo, de conformidad con el diverso numeral 124 de la ley de la materia, se tienen por formulados los alegatos que vierte en el referido escrito; sin perjuicio de dar nueva cuenta con lo anterior en la audiencia constitucional. Notifíquese; mediante oficio a la autoridad responsable y tercero interesado.

  4. Principal

    Agréguese con vista a las partes en el juicio de amparo en que se actúa el informe justificado que rinde la autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo; y dése nueva cuenta con él en la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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