Abel Bonilla Vázquez
Expediente 1099/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1099/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Abel Bonilla Vázquez
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el secretario de acuerdos adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con domicilio en Xalapa, Veracruz. Atento a su contenido, téngasele remitiendo testimonio de la resolución dictada en el toca ********************/2023 de su índice, de la que se advierte que se declaró infundado el recurso de queja interpuesto por el promovente ********************, contra el auto de treinta de noviembre de la pasada anualidad, en el que se desechó la demanda de amparo, quedando en su único punto resolutivo lo siguiente: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja ********************/2023 interpuesto por ********************, contra del auto dictado el treinta de noviembre de dos mil veintidós, por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto ********************/2022, promovido por el propio recurrente." Acúsese el recibo de estilo; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívense el expediente en que se actúa como concluido. Así, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veinticuatro de marzo de dos mil veintiséis. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, seis de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz. Atento a su contenido, téngasele comunicando la admisión del recurso de queja interpuesto por el promovente del amparo********************, en contra del auto de veintiocho de diciembre de la pasada anualidad, en el que se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen a este juicio; radicándose el expediente ********************/2023. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, siete de diciembre de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta, signado por el promovente de amparo ********************, y seis copias del mismo. Atento a su contenido, téngase al promovente interponiendo recurso de queja contra el auto de treinta de noviembre del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de protección derechos fundamentales; por consiguiente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, remítase el original del escrito mediante el cual se formula la queja al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito en turno, con residencia en Xalapa, Veracruz, al que se acompaña copia certificada de las actuaciones que se han practicado hasta el momento en el presente expediente y ríndase informe en el sentido de que es cierto el acto materia de la queja, señalando que en el citado proveído se desechó la demanda instaurada con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo presentada por********************, por propio derecho, cinco copias de la misma; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno con el juicio ********************/2022-I y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO En principio, conviene precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, dado que lo manifiesto e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, lo que nada impide al operador jurídico sustentar consideraciones profundas o de gran amplitud. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS: De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el promovente señala como acto reclamado la resolución dictada el diecisiete de agosto de dos mil veintidós, dentro de las actuaciones del expediente ********************/2022, del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia de la ciudad de Veracruz, en la cual se fijó una pensión alimenticia provisional consistente en el cuarenta por ciento (40%) del salario y demás prestaciones que percibe el quejoso como pensionado de la Empresa Paraestatal Petroquímica Pajaritos, a favor de sus acreedores alimentarios. Sentando lo anterior, en la especie, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo, por lo que se debe desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo. A fin de sustentar dicha premisa, resulta oportuno citar el contenido del precepto citado, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado [.]" De la transcripción anterior se advierte que, los elementos de la hipótesis contenida en dicha norma son: a) Que se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal. b) Que ese medio de defensa haya sido propuesto por el quejoso; y, c) Que dicho medio de defensa pueda tener por efecto, modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. La causa de improcedencia antes señalada no admite la posibilidad de que coexistan el juicio constitucional y los recursos o medios de defensa ordinarios que puedan hacerse valer simultáneamente, es decir, sólo se permite: I. El ejercicio de una vía, que excluye a la otra; o, II. El ejercicio de ambas vías, pero no simultáneo, sino en todo caso sucesivo, que se actualiza cuando el interesado opta por interponer el recurso o medio de defensa ordinario, por lo cual debe agotar todas las instancias ordinarias subsecuentes y esperar a que éstas sean resueltas en definitiva, para después tener la oportunidad de combatir en la vía constitucional la resolución correspondiente, si tal resolución le fuera desfavorable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 144/2000, sustentada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Diciembre de 2000, página 15, Registro digital: 190665 de rubro: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." En el caso, como quedó precisado, la parte promovente reclama la resolución dictada el diecisiete de agosto de dos mil veintidós, dentro de las actuaciones del expediente ********************/2022, del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia de la ciudad de Veracruz, en la cual se fijó una pensión alimenticia provisional consistente en el cuarenta por ciento (40%) del salario y demás prestaciones que percibe el quejoso como pensionado de la Empresa Paraestatal Petroquímica Pajaritos, a favor de sus acreedores alimentarios. Para evidenciar que en la especie se actualiza la citada causa de improcedencia, se estima conveniente destacar que el quejoso en el capítulo de antecedentes del acto reclamado del escrito de demanda manifestó, bajo protesta de decir verdad; los siguientes hechos: 1. El doce de agosto de dos mil veintidós ******************** presentó la demanda de alimentos, radicada el diecisiete siguiente, con el número ********************/2022 en el Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia de la ciudad de Veracruz. 2. En esa misma data, fijó una pensión provisional consistente en el cuarenta por ciento (40%) del salario y demás prestaciones ordinarias que percibe el demandado como pensionado de la empresa paraestatal Petroquímica Pajaritos. 3. El siete de noviembre del año en curso, se llevó a cabo la diligencia de notificación y emplazamiento del quejoso. 4. En auto de veinticinco de noviembre de esta anualidad, el juez responsable tuvo por presentado al peticionario de amparo dando contestación en tiempo y forma e interponiendo recurso de reclamación en contra de la medida provisional de alimentos fijada a favor de los acreedores alimentarios. (Lo destacado es propio). De lo expuesto, se observa en la parte que interesa, que en auto de veinticinco de noviembre de esta anualidad, el juez responsable tuvo por presentado al peticionario de amparo dando contestación en tiempo y forma e interponiendo recurso de reclamación en contra de la medida provisional de alimentos fijada a favor de los acreedores alimentistas. Asimismo, resulta pertinente considerar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tenor del contenido en la jurisprudencia P./J. 144/2000, antes citada, para la actualización de la causa de improcedencia que se estudia, es necesario que se configuren los siguientes requisitos: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo o bien contra un acto que derive del acto que se combate en el medio ordinario de defensa; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya una vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. En el caso, al requisito señalado con el inciso a), se encuentra colmado, toda vez que el recurso judicial de reclamación, fue interpuesto por la parte quejosa, contra el acto que aquí se reclama, el cual fue admitido mediante acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, el cual se encuentra pendiente por resolver. Respecto al requisito marcado en el inciso b), se advierte que también se encuentra colmado, en atención a que el quejoso manifestó que en auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, el Juez lo tuvo por presentado dando contestación en tiempo y forma a la demanda instaurada en su contra e interponiendo recurso de reclamación en contra de la medida provisional de alimentos; que por lo tanto, se encuentra admitido. Finalmente, en atención al último de los requisitos en el sentido de que el recurso o medio de defensa legal constituya una vía de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo, debe decirse que el recurso interpuesto por el quejoso, puede ser resuelto a los intereses que defiende, y puede traer como consecuencia que se revoque, nulifique o modifique en sus términos la resolución en la cual se fijó una pensión alimenticia provisional del cuarenta por ciento (40%) del salario y demás prestaciones que percibe el quejoso como pensionado de la Empresa Paraestatal Petroquímica Pajaritos, a favor de sus acreedores alimentarios, que pretende combatir en esta vía constitucional. Así, se advierte que el citado recurso de reclamación fue interpuesto por el aquí quejoso, y que dicho recurso fue admitido y que se encuentra pendiente de resolver; lo que constituye una vía de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto destacado, en términos de párrafo tercero del artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz; esto es, se dan los supuestos de actualización de la causa de improcedencia en estudio. En ese contexto, se concluye que existe un medio ordinario de defensa por medio del cual puede ser nulificado el acto reclamado en el presente juicio de amparo; motivo por el cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo pues, se insiste, dicho acto puede ser modificado, revocado o nulificado con motivo del estudio que se realice en el recurso de revocación en mención. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia PC.VII.C. J/3 C (10a.), sustentada por Pleno en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en el Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III, página 2221, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2010523, de rubro y texto siguientes: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. TANTO EL ACTOR COMO EL DEMANDADO PUEDEN FORMULAR LA RECLAMACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 210, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, CONTRA EL AUTO INICIAL QUE LA FIJA. Atento a lo dispuesto por el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, la fijación de una pensión alimenticia provisional (medida cautelar surgida a la par del procedimiento) tiene como presupuesto básico que quien pretende obtenerla pruebe la necesidad de la medida y el derecho para que se le conceda, es de naturaleza accesoria y sumaria, no constituye un fin en sí misma, se tramita en plazo breve y su objetivo es suplir internamente la falta de una resolución sobre el fondo de la controversia, asegurando la eficacia de la sentencia y previniendo los peligros de la dilación; y está destinada a cubrir necesidades impostergables de quienes se encuentran en situación de desamparo, las cuales son una prioridad de orden público, así como de naturaleza urgente e inaplazable, con el fin de asegurar su subsistencia mientras el juicio respectivo se resuelve. Ahora bien, la fijación de la pensión alimenticia provisional en el auto de inicio puede impugnarse a través de la reclamación prevista en el citado artículo 210, toda vez que su trámite se desarrolla con un escrito de cada una de las partes, teniendo mayor oportunidad para impugnar, pues el término es más amplio, idéntico a aquel con que cuenta el demandado para contestar la demanda -9 días-, además de que lo resuelve la misma autoridad que conoce del asunto, lo que da seguridad jurídica, al permitir al juzgador contar con los elementos para pronunciarse acerca de los intereses alimentarios tanto del acreedor como del deudor. Y si bien el tercer párrafo del artículo 210 aludido dispone que cualquier reclamación contra dicha medida se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, lo que interpretado gramaticalmente da lugar a entender que sólo el demandado puede interponerla, desde un punto de vista funcional, y atendiendo a los alcances de la norma adjetiva, pero sobre todo por tratarse de una medida cautelar que surge a la par del procedimiento, se concluye que ambas partes están en igualdad de condiciones durante el proceso, por lo que la reclamación contra el auto inicial relativo a la fijación de los alimentos provisionales pueden formularla tanto el actor como el demandado, sean éstos concedidos o no. Sin que sea obstáculo a lo anterior que el párrafo indicado establezca que contra la resolución que recae a la reclamación no procede recurso ordinario, pues debe entenderse que se refiere al que interponga el demandado, pues si se trata de la que haga valer el actor, es evidente que el demandado tendrá expedito su derecho para impugnarla en términos del artículo citado." Así como también la tesis VI.2o. J/133, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, observable en la página 632, Tomo VII, abril de 1998, Novena Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO ORDINARIO ESTÁ PENDIENTE. Si el juicio de amparo se promueve antes de que sea resuelto un recurso ordinario intentado en contra del mismo acto reclamado, éste no tiene el carácter de definitivo y, por ello, es claro que la acción constitucional es improcedente." En consecuencia, satisfecha la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES: Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en el ocurso de cuenta, y por autorizados en términos amplios como lo dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, por encontrarse facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho mediante el registro de su cédula en el en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO: Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS: Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO: Al surtirse uno de los supuestos a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Amparo, conforme con el diverso numeral 21 de la misma legislación, se habilitan días y horas inhábiles para que en su caso los actuarios judiciales comisionados realicen las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio, y entreguen los oficios que del mismo deriven; ya que en el propio auto se indica la urgencia y además para obviar trámites innecesarios que sólo retrasarían el procedimiento del juicio de amparo que se provee. Lo anterior, sin perjuicio de que los oficios dirigidos a la autoridad responsable como tal o en su carácter de terceros interesados se hagan por los medios a su alcance, como fax o correo electrónico, según su practicidad, levantando la constancia correspondiente en la que se asiente la hora y fecha de la recepción del oficio relativo y los anexos en el caso de que los tuviere; el órgano que los remite; el servidor público adscrito de la autoridad responsable que la o los recibe, además de su nombre y cargo. Lo ordenado, para obviar trámites innecesarios y dar a la ley un alcance acorde a la realidad actual, evitar el desgaste innecesario a quienes se les encomienda la tarea de notificar; todo ello en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, 24 de la Ley de Amparo y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. No se opone dicha determinación con lo dispuesto en el numeral 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en el sentido de que los oficios y anexos dirigidos a la responsable o a las autoridades que tengan el carácter de terceros interesados, serán entregados en el domicilio de su oficina principal por el funcionario del juzgado, quien recabará la constancia de recibo correspondiente; toda vez que el dispositivo en comento no establece que dicho diligenciario deba constituirse físicamente en la oficina principal de la autoridad a notificar, sino que bastará que el empleado entregue a la autoridad y recabe el acuse de recibo, lo cual se cumple con la constancia actuarial que al respecto se ordena levantar en cada caso, bastando ello para que surta efectos la notificación, solicitud o requerimiento respectivo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable que de no recibir el oficio o telegrama, la notificación se tendrá por hecha, previo conocimiento que de tal circunstancia haga el fedatario a la encargada de la oficina correspondiente; de igual forma, se apercibe al encargado de la oficina pública de comunicaciones, que si no envía el oficio librado en el presente juicio, de conformidad con el numeral 237, fracción I, 238 y 243 de la ley de la materia, se le impondrá una multa de cien veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente al momento de realizarse la conducta sancionada. Notifíquese personalmente a la parte promovente del amparo. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Yonaji Nuria Juárez Rivas, secretaria con quien actúa y da fe.YNJR/avh*
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