ABEL BENITEZ ALBITER y Otros.

Expediente 1208/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1208/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
30/07/2021

Partes del expediente

  • ABEL BENITEZ ALBITER y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    ...Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, de los que se advierte que, a la fecha ha transcurrido el término de cinco días...para que la parte quejosa en este juicio interpusiera el recurso de queja contra la determinación a través de la cual se desechó la demanda de amparo; SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    agréguese el oficio 17082/2020, signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, al que anexa las constancias del juicio de amparo 800/2020 de su índice, promovido por *********** contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 18 "CPSCOAHUILA". Fórmese expediente y regístrese con el número 1208/2020, que es el que le corresponde en el libro uno de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. Ahora bien, a fin de dar seguimiento a la demanda presentada promovida por ***********se advierte que la autoridad de cuenta, mediante la determinación de treinta de octubre de dos mil veinte, se declaró legalmente incompetente para conocer de la citada demanda de amparo, por razón de territorio; luego, de conformidad con lo establecido por el artículo 37 y 48 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, este Juzgado acepta la competencia planteada. Acúsese de recibo a la autoridad de cuenta. Ahora, es el caso precisar que la demanda de amparo, no se subsume en algún supuesto comprendido en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo; Sin embargo, dichos actos se encuentran en el catálogo de asuntos calificados como urgentes conforme a lo dispuesto en el del ACUERDO GENERAL 8/2020 y los diversos 13/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO AL ESQUEMA DE TRABAJO Y MEDIDAS DE CONTINGENCIA EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES POR EL FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA DERIVADO DEL VIRUS COVID-19. Así, se procede a emitir los pronunciamientos esenciales que permitan encontrar un equilibrio entre el acceso a la justicia a favor de la parte quejosa y la tutela de la salud del personal jurisdiccional, litigantes, personas involucradas con mensajería que pudiera derivar de la tramitación del presente asunto, autoridades responsables y en general, cualquier persona que deba tener intervención directa o indirecta para integrar este expediente. Ahora, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito inicial de demanda, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El artículo 113 de la Ley de Amparo, permite desechar una demanda de amparo cuando se advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Precepto, que no distingue entre causas de improcedencia constitucionales, legales o jurisprudenciales, pues la única condicionante para su actualización es que se advierta de forma manifiesta e indudable; motivo por el cual, rige a todas las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil setenta y ocho de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, junio de 2017, Tomo II, Materia Común, Décima Época, con número de registro electrónico 2014433, la cual establece: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." En efecto, la característica que define si un juicio es manifiesta e indudablemente improcedente, radica en determinar si la causa de improcedencia puede desvirtuarse, ya que en ese caso, deberá admitirse la demanda y dar oportunidad a la quejosa para que pueda aportar las pruebas que estime pertinente, lo que podrá ocurrir hasta la celebración de la audiencia constitucional (cuestión probatoria); mas si no es factible que ello ocurra, entonces la causa advertida tendrá el grado de manifiesta e indudable (por corresponder a una cuestión de derecho). Lo que en concepto del suscrito, incluso encuentra sustento en la interpretación del artículo 134, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados." Precepto, interpretado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CXLV/2009 visible en la página dos mil setecientos doce del entonces Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, Materia Constitucional, Novena Época, con número de registro electrónico 166422, la cual establece: "GASTO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ELEVA A RANGO CONSTITUCIONAL LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ EN ESTA MATERIA. Del citado precepto constitucional se advierte que el correcto ejercicio del gasto público se salvaguarda por los siguientes principios: 1. Legalidad, en tanto que debe estar prescrito en el Presupuesto de Egresos o, en su defecto, en una ley expedida por el Congreso de la Unión, lo cual significa la sujeción de las autoridades a un modelo normativo previamente establecido. 2. Honradez, pues implica que no debe llevarse a cabo de manera abusiva, ni para un destino diverso al programado. 3. Eficiencia, en el entendido de que las autoridades deben disponer de los medios que estimen convenientes para que el ejercicio del gasto público logre el fin para el cual se programó y destinó. 4. Eficacia, ya que es indispensable contar con la capacidad suficiente para lograr las metas estimadas. 5. Economía, en el sentido de que el gasto público debe ejercerse recta y prudentemente, lo cual implica que los servidores públicos siempre deben buscar las mejores condiciones de contratación para el Estado; y, 6. Transparencia, para permitir hacer del conocimiento público el ejercicio del gasto estatal." Ello, pues si bien el citado precepto se dirige en principio al manejo de los recursos económicos (en su aspecto líquido financieramente abordado), el suscrito juzgador considera que igualmente debe tutelarse por todo servidor público, que se apliquen los mismos principios rectores en el empleo de los recursos materiales y humanos vinculados a dichos recursos (verbigracia, no expedir copias salvo los casos legalmente -artículo 110 de la Ley de Amparo- o jurisprudencialmente contemplados). Así, admitir y tramitar un juicio de amparo manifiesta e indudablemente improcedente (aspectos que como se verán, se colman en el presente caso) en concepto del suscrito contravendría el artículo 134, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se destinarían recursos materiales y humanos para postergar una conclusión que se pudo advertir desde un inicio, con la consecuente tutela de esos recursos. Máxime, que los gastos y costas generados durante la tramitación del juicio de amparo, no podrán ser recuperados por las partes; motivo por el cual, el juzgador tiene un mayor deber de ponderación sobre la procedencia del juicio desde el primer auto, cuando existe tercero interesado. Así, incluso sin desconocer la suplencia de la deficiencia de la queja, pues la procedencia del juicio debe ser analizada incluso de oficio, se estima que los anteriores aspectos rigen para la aplicación al presente caso del artículo 113 de la Ley de Amparo, por lo que sin desatender dicha figura jurídica (suplencia de la queja) y deber de análisis oficioso de la procedencia del juicio, se estima que en el presente caso el mismo es manifiesta e indudablemente improcedente. En el caso, se estima que se actualiza la causal improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" En la que está inmerso el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, conforme el cual, antes de acudir a esa vía es necesario agotar los medios de defensa ordinarios, por virtud de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados en el propio juicio de amparo. Al respecto, cobra aplicación, la jurisprudencia I.6º.CJ/37, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, mayo de dos mil dos, novena época, página novecientos dos, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En principio es necesario mencionar que la citada causa de improcedencia establece como presupuestos procesales de actualización los siguientes: Que el acto sea emitido por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. ? Que en contra de dicho acto proceda un recurso o medio ordinario de defensa que lo pueda modificar, revocar o nulificar y que la ley respectiva regule a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Que dicho recurso se encuentre establecido en una ley formal, es decir, expedida por el órgano legislativo competente. Que para la suspensión del acto impugnado no se exijan mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. Sobre esa base, se estima importante destacar que con la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se introdujo el modelo penitenciario con características de reinserción social y de judicialización, por lo que, conforme con el nuevo sistema se asignó al Poder Ejecutivo la facultad de administrar las prisiones y se confirió a las autoridades judiciales el régimen de reinserción social y judicialización de modificación y duración de las penas; en consecuencia, el Poder Judicial es el encargado de vigilar el estricto cumplimiento de la pena dictada de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que surjan durante la ejecución de la pena, entre ellos, el suministro de medicamentos y atención medica brindada a los internos, queden bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal. En la especie, la parte quejosa reclama la falta de atención médica; por lo que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, el juicio de amparo se torna improcedente. Efectivamente, los artículos 116, 117, fracción I, ambos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, disponen: "Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; III. Los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil; IV. La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y V. La duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad. Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones 30/11/20 10:20:58 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.84.b1 BERNARDO GAMBOA ESCOBAR administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa (.)." De dichos preceptos legales, se advierte que contra el acto reclamado, la parte quejosa cuenta con un medio de defensa previo a la promoción del juicio de amparo; así, de una interpretación sistemática de dichos preceptos legales se infiere, que corresponde a las autoridades administrativas la intervención para que se brinde la atención médica urgente, de los internos, así como salvaguardar la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad y dicha determinación puede ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada, en términos de la fracción I, del citado artículo 117, que establece que los sujetos legitimados para interponer peticiones administrativas, también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados, acción que podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente. Asimismo, los artículos 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 129, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, disponen: "Artículo 120. Principios del procedimiento. Las acciones y recursos judiciales se sustanciarán conforme a un sistema adversarial y oral y se regirán por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad. La persona privada de la libertad deberá contar con un defensor en las acciones y recursos judiciales; mientras que la Autoridad Penitenciaria podrá intervenir por conducto de la persona titular de la dirección del Centro o de la persona que ésta designe. El promovente podrá desistirse de la acción y del recurso judicial en cualquier etapa del procedimiento, siempre que esto no implique la renuncia a un derecho fundamental. Artículo 121. Partes procesales En los procedimientos ante el Juez de Ejecución podrán intervenir como partes procesales, de acuerdo a la naturaleza de la controversia: I. La persona privada de la libertad; (.) Artículo 122. Formulación de la controversia La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. Artículo 123. Auto de inicio Una vez recibida la solicitud, la administración del juzgado de ejecución registrará la causa y la turnará al juez competente. Recibida la causa, el Juez de Ejecución contará con un plazo de setenta y dos horas para emitir un auto en cualquiera de los siguientes sentidos: I. Admitir la solicitud e iniciar el trámite del procedimiento; II. Prevenir para que aclare o corrija la solicitud, si fuere necesario, o III. Desechar por ser notoriamente improcedente. Cuando se realice una prevención, el solicitante tendrá un plazo de setenta y dos horas para que aclare o corrija la solicitud, en caso de no hacerlo, se desechará de plano. Artículo 124. Sustanciación En caso de ser admitida la solicitud o subsanada la prevención, la administración del juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de prueba que estimen pertinentes; además se requerirá a la Autoridad Penitenciaria para que dentro del mismo término rinda el informe que corresponda. En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia de las mismas a las partes que correspondan y se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, la cual deberá realizarse al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días. En caso de que las partes ofrezcan testigos, deberán indicar el nombre, domicilio y lugar donde podrán ser citados, así como el objeto sobre el cual versará su testimonio. En la fecha fijada se celebrará la audiencia, a la cual deberán acudir todos los interesados. La ausencia del director del Centro o quien lo represente y de la víctima o su asesor jurídico no suspenderá la audiencia. Artículo 125. Reglas de la audiencia Previo a cualquier audiencia, el personal de la administración del juzgado de ejecución llevará a cabo a identificación de toda persona que vaya a participar, para lo cual deberá proporcionar su nombre, apellidos, edad y domicilio. Las audiencias serán presididas por el Juez de Ejecución, y se realizarán en los términos previstos en esta Ley y el Código. Artículo 126. Desarrollo de la audiencia La audiencia se desarrollará sujetándose a las reglas siguientes: I. El Juez de Ejecución se constituirá en la sala de audiencias el día y hora fijados y verificará la asistencia de los intervinientes, declarará abierta la audiencia y dará una breve explicación de los motivos de la misma; II. El Juez de Ejecución verificará que las partes conocen de sus derechos constitucionales y legales que les corresponden en la audiencia y en caso contrario, se los hará saber; III. El Juez de Ejecución concederá el uso de la palabra al promovente y con posterioridad a las demás partes; IV. Las partes discutirán sobre la admisión de los medios de prueba y podrán apelar el desechamiento; V. El Juez de Ejecución admitirá los medios de prueba y se procederá a su desahogo conforme a las reglas del Código; VI. Las partes formularán los alegatos finales y de ser procedente, el Juez de Ejecución observará el derecho de réplica y dúplica cuando el debate así lo requiera; VII. El Juez de Ejecución declarará cerrado el debate, y VIII. Emitirá su resolución y la explicará a las partes en la misma audiencia. Artículo 127. Resolución El Juez de Ejecución tendrá un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final. En la resolución el juez deberá pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales de los sentenciados. Artículo 128. Efectos generales Los jueces de ejecución podrán dar efectos generales a las resoluciones relativas a las condiciones de internamiento, extendiendo sus efectos a todas las personas privadas de la libertad que se encuentren en las mismas condiciones que motivaron la resolución. El juez establecerá un calendario para la instrumentación progresiva de la resolución, previa audiencia a las partes. Artículo 129. Ejecución de la resolución La resolución definitiva se ejecutará una vez que quede firme. Transcurrido el término para el cumplimiento de la resolución por parte de la Autoridad Penitenciaria, el Juez de Ejecución, de oficio o a petición de parte, requerirá a la autoridad el cumplimiento de la misma. Cuando la Autoridad Penitenciaria manifieste haber cumplido con la resolución respectiva, el Juez de Ejecución notificará tal circunstancia al promovente, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga; transcurrido dicho término sin que hubiese objeción, el Juez de Ejecución dará por cumplida la resolución y ordenará el archivo del asunto. Cuando el interesado manifieste su inconformidad en el cumplimiento de la resolución, el Juez de Ejecución notificará a la Autoridad Penitenciaria tal inconformidad por el término de tres días para que manifieste lo que conforme a derecho corresponda y transcurrido el mismo, se resolverá sobre el cumplimiento o no de la resolución. Cuando la autoridad informe que la resolución sólo fue cumplida parcialmente o que es de imposible cumplimiento, el juez, si considera que las razones no son fundadas ni motivadas, dará a la Autoridad Penitenciaria un término que no podrá exceder de tres días para que dé cumplimiento a la resolución, de no hacerlo se aplicarán las medidas de apremio que correspondan. Cuando la Autoridad Penitenciaria alegue imposibilidad material o económica para el cumplimiento total o parcial de la resolución, el Juez de Ejecución, escuchando a las partes, fijará un plazo razonable para el cumplimiento." De dichos preceptos legales, se advierte que la tramitación de la acción judicial prevista en la fracción I, del artículo 117, de la Ley en cita, se encuentra regulada en los citados artículos, de los que se advierte -en lo que aquí interesa- que podrán intervenir como partes procesales de acuerdo a la naturaleza de la controversia, entre otros, la persona privada de la libertad; en virtud, de que se establece la posibilidad de solicitar la suspensión del acto, y cuando se considere que se trata de caso urgente -a petición de parte o de oficio- el juez de ejecución la decretará de inmediato. Al margen de lo anterior, es evidente que tratándose de una solicitud de atención médica, la persona privada de su libertad tiene la posibilidad de reclamarla mediante un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, con los mismos alcances pretendidos y posibles como si intentara la acción de amparo; por ende, si el interno promueve la acción constitucional contra dicho acto, sin que previamente hubiera agotado el recurso ordinario previsto, el juicio de amparo se torna improcedente. Sin que en el caso se actualice alguna de las excepciones al principio de definitividad previstas en el penúltimo párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Esto, porque no se está en el supuesto de que se aleguen sólo violaciones directas a la Constitución; ni que el acto carezca de fundamentación. En esas condiciones, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, por inobservancia al principio de definitividad, por ende, procede desechar de plano la presente demanda de amparo, al ser notoriamente improcedente. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, tomo: XIV, agosto de 2001, tesis: I.13o.A.4 K, página: 1318, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Apoya lo anterior, en lo que interesa, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad" Asimismo, la diversa sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1573, Libro 56, Julio de 2018, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA AUTORIDAD CARCELARIA Y LA CONTROVERSIA PLANTEADA AL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYEN LOS MEDIOS DE DEFENSA JUDICIALIZADOS, EFICACES E IDÓNEOS PARA RESOLVER SUS PETICIONES E INCONFORMIDADES EN RELACIÓN CON LOS ASPECTOS QUE INCIDAN EN LAS CONDICIONES DE SU RECLUSIÓN, POR LO QUE DEBEN AGOTARSE, PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La Ley Nacional de Ejecución Penal, en sus artículos 1, 2, 4, 9, 25, 30, 107 al 115, 122 y 130 al 135, prevé sendos procedimientos, uno administrativo y otro de índole jurisdiccional (procedimiento administrativo ante la autoridad carcelaria o la controversia planteada al Juez de Ejecución Penal), instituidos a favor de las personas privadas de su libertad y demás sujetos legitimados con el objeto de que, en principio, sea la propia autoridad penitenciaria la que conozca y resuelva las peticiones e inconformidades en torno a todos aquellos aspectos que incidan en las condiciones de reclusión, y de subsistir la inconformidad u omisión en atender la petición, podrá plantearse controversia ante el Juez de Ejecución, excepto en los casos urgentes en los que pudieran estar en riesgo la vida e integridad física del interno, en los que se acudirá directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición o controversia, quien posee facultades para ordenar de inmediato la suspensión de los actos u omisiones respectivas. Así, como esos procedimientos se traducen en un medio de defensa judicializado, eficaz e idóneo para resolver dichas inconformidades o peticiones, deberán agotarse previo a instar el juicio de amparo indirecto en su contra, de lo contrario será improcedente en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; máxime que, acorde con el artículo 25, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el Juez de Ejecución se instituyó como protector inmediato de los derechos y garantías fundamentales de las personas privadas de su libertad" Téngase al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar donde actualmente se encuentra recluido. Asimismo, autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado ******** quien no podrá delegar o sustituir las facultades que dicha disposición legal les confiere ni sustituir a la parte quejosa en aspectos personalísimos, como ocurre ejemplificativamente con la formulación de protestas de decir verdad o ampliaciones de demanda. De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa a ************ sin perjuicio de que los quejosos designen a uno diverso. Por otro lado, atendiendo a que los artículos 93, 188 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme a su artículo 2° a la Ley de Amparo, reconoce como medios de prueba los descubrimientos de la ciencia, como son fotografías, grabaciones y documentos obtenidos con lectores ópticos, por lo que en aras de una impartición de justicia expedita en términos del artículo 17 constitucional, se autoriza el uso de aparatos electrónicos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, entre otros, a fin de agilizar la reproducción de las constancias que obran en el expediente, como lo establece la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal el dieciocho de marzo de dos mil nueve; en el entendido de que deberá dejarse constancia de recibo en autos de aquellas que se reproduzcan. Ahora bien, para mejor proveer en el presente juicio de amparo, se faculta para practicar las notificaciones que se le ordenen en el asunto, aún en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Por otra parte, en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico; y el diverso 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye al Secretario actuante, para efectos de que digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se procesa a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Finalmente, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberán cumplir ellas (no sus autorizados o delegados) con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

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