Abel Alvarado Tijerina

Expediente 1440/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1440/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
10/10/2016

Partes del expediente

  • Abel Alvarado Tijerina
  • Juez Primero de lo Civil del Primer Distrito Judicial En el Estado. Ciudad.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ha causado ejecutoria, la sentencia. En consecuencia, previas las anotaciones de estilo en el libro de gobierno, en su oportunidad, envíese este expediente al archivo.

  2. Principal

    SENTENCIA Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1440/2016. RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el seis de julio de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, turnado a este juzgado el mismo día de su presentación, Abel Alvarado Tijerina, por conducto de su apoderado legal, Francisco Samuel Loredo Martínez, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de autoridad. SEGUNDO. Trámite. El titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas con residencia en esta ciudad, mediante proveído de siete de julio de dos mil dieciséis, admitió a trámite la demanda; y ordenó su registro con el número 1440/2016. (fojas 9 a 12). Seguido el juicio su curso legal, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Ley aplicable. En principio, resulta necesario destacar que el análisis y resolución del presente juicio de amparo se realizará atendiendo a las disposiciones contenidas en la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, debido a que la demanda fue recibida por este Juzgado de Distrito con posterioridad a la entrada en vigor de la aludida Ley. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas es competente para resolver el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el artículo cuarto, fracción XIX, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto que se reclama debe tener ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce competencia. TERCERO. Precisión del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Así, considerada la demanda de amparo como un todo, se obtiene que al Juez Primero Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, se reclama el acuerdo de veintiuno de junio de dos mil dieciséis, pronunciado en los autos del juicio sobre extinción de la copropiedad sobre un inmueble, mediante el cual se desecha por extemporáneo el recurso de revocación promovido en contra del diverso auto de quince de junio de dos mil dieciséis. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe con justificación aceptó la existencia del acto reclamado, en tal virtud, este debe tenerse por cierto. Máxime si se toma en cuenta que obra en autos copia certificada de las actuaciones del juicio sumario civil sobre acción extinción de copropiedad en contra del tercero interesado Juan Carlos Hernández Escamilla, mismas que gozan de valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos emitidos por servidor público en ejercicio de sus funciones, que contiene sellos y firmas que así lo denotan, en las que puede advertirse que la autoridad responsable emitió el acto reclamado, de ahí que se tengan por demostrados. Tiene aplicación la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Oportunidad en la presentación de la demanda. La demanda de amparo se presentó dentro del término de quince días que para ese efecto prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que el acuerdo reclamado fue notificado por medio de lista el día veintiuno de junio de dos mil dieciséis. Luego, entre la fecha en que se notificó el acto reclamado -veintiuno de junio de dos mil dieciséis - y la de la presentación de la demanda -seis de julio del mismo año-, no transcurrió el plazo que refiere el dispositivo 17 de la Ley de la materia. En consecuencia, la demanda fue presentada oportunamente. SEXTO. Es procedente el amparo indirecto, en contra del acuerdo de veintiuno de junio de dos mil dieciséis, pronunciado por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, residente en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en el que desecha por extemporáneo el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa, en contra del diverso proveído de quince del propio mes y año, por el que se desestima lo solicitado mediante escrito de fecha trece de junio del actual año, signado por Francisco Samuel Loredo Martínez, en su carácter de parte actora en el juicio de origen, en virtud de lo siguiente: ". lo que solicita no forma parte de la Litis del presente juicio, ni se ordenó en la sentencia; aunado al hecho de que de acuerdo a las fechas que narra en su escrito, el embargo que refiere es previo a la adjudicación que se hiciera en su favor, por lo tanto, de considerar tener legitimación para el ejercicio de la acción correspondiente deberá, en su caso, ejercerla en la vía y forma procedente." En tales condiciones, la resolución reclamada es un acto dictado después de concluido el juicio, cuyos efectos son de imposible reparación en términos del articulo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Informa la consideración anterior, en lo conducente, el contenido de la tesis XX.1o.177 C, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 1241, tomo X, octubre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación, que se lee: "AUTO QUE NIEGA DAR TRÁMITE A LOS RECURSOS DE APELACIÓN Y/O REVOCACIÓN, INTERPUESTOS EN CONTRA DEL ACUERDO QUE SE DICTÓ EN EL INCIDENTE DEDUCIDO DEL JUICIO NATURAL EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo puede promoverse el amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubiesen dejado sin defensa al quejoso, en términos del artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, también lo es que, el auto que niega dar trámite a los recursos de apelación y/o revocación, interpuestos en contra del acuerdo que se dictó en el incidente deducido del juicio natural, en ejecución de sentencia, el cual tiene autonomía propia y destacada en relación con la ejecución que se pretende, no es de aquellos que pueden estimarse reparables en la última resolución que se pronuncie en el incidente respectivo, o bien en el auto que aprueba o no el remate de los bienes embargados, y que deben hacerse valer hasta entonces en el juicio de garantías, pues el aviso surgido con motivo de la desestimación de los recursos relativos, durante el periodo de ejecución de sentencia, no pueden ser materia de la última resolución que se pronuncie en el incidente respectivo, por una parte, porque el auto que aprueba o no el remate sólo debe ocuparse de examinar si se observaron o no, los procedimientos relativos al mismo, tales como el avalúo, las convocatorias y la forma de celebrar la almoneda, pero nunca sobre el desechamiento de los recursos; por tanto, al tener autonomía propia el auto que se reclama no debe ser materia de estudio en el auto que pone fin a la ejecución, además que contra el auto en comento no procede recurso ordinario, y en esas condiciones procede el amparo indirecto." SÉPTIMO. Son infundados los conceptos de violación hechos valer. En principio, a efecto de dar mayor claridad a la exposición del caso, es pertinente, citar a manera de antecedentes, los siguientes: Mediante sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil catorce, el Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, resolvió en definitiva el juicio sumario civil sobre extinción de copropiedad, promovido por el licenciado Francisco Samuel Loredo Martínez, apoderado general para pleitos y cobranzas de Abel Alvarado Tijerina, contra Juan Carlos Hernández Escamilla, declarando fundada la acción, por lo que consecuentemente se declaró el cese de la copropiedad que ambas partes ostentaban respecto del bien inmueble correspondiente, por lo que en vía de liquidación de sentencia, debería ejecutarse la sentencia respectiva a fin de adjudicar el bien inmueble a alguno de los copropietarios, o en su defecto, proceder a su remate, toda vez que el mismo no admite cómoda división, condenando al demandado al pago de gastos y costas.. Una vez que se declaró ejecutoriada la sentencia referida, mediante resolución de veinticinco de febrero de dos mil quince, se resolvió el incidente de liquidación de ejecución, promovido por el actor licenciado Francisco Samuel Loredo Martínez, dejando a salvo los derechos del promovente. Mediante resolución de siete de agosto de dos mil quince, se resolvió como procedente el diverso incidente de liquidación de ejecución promovido por el actor en el juicio natural y ahora quejoso, por lo que, en consecuencia, se declaró que el interés del negocio era por la cantidad de $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 M.N.), es decir, que correspondía a cada una de las partes la cantidad de $45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), lo que sería asignado mediante adjudicación del bien a uno de los copropietarios, previo pago de la parte alícuota correspondiente o mediante la venta del mismo, dejando a salvo los derechos del promovente por lo que hace a gastos y costas. Seguido el juicio de origen por sus trámites, mediante proveído de treinta de marzo de dos mil dieciséis, se ordenó hacer entrega al demandado del certificado de depósito que amparaba la cantidad de $45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), mismo que fue entregado a JUAN CARLOS HERNÁNDEZ ESCAMILLA, el siete de abril de dos mil dieciséis. Mediante proveído de cuatro de abril de dos mil dieciséis, se ordenó expedir en rebeldía de la parte demandada, la escritura correspondiente, para lo cual se ordenó remitir testimonio de los autos a la notaría pública correspondiente, a fin de que llevara a cabo la protocolización de las constancias del juicio de origen. Por acuerdo de quince de junio de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el escrito de la parte actora de trece de junio del año en curso, teniendo al compareciente realizando las manifestaciones referidas, proveyendo lo siguiente: ". sin que resulte procedente lo que pide, en principio porque lo que solicita no forma parte de la litis del presente juicio, ni se ordenó en la sentencia; aunado al hecho de que de acuerdo a las fechas que narra en su escrito, el embargo que refiere es previo a la adjudicación que se hiciera a su favor, por lo tanto, de considerar tener legitimación para el ejercicio de la acción correspondiente, deberá en su caso, ejercerla en la vía y forma procedente." Al estar inconforme con dicha determinación, el ahora quejoso promovió recurso de revocación. Mediante el proveído que constituye el acto reclamado, se desechó por extemporáneo el recurso de revocación interpuesto por el ocursante. En criterio de este Juzgador, resultan infundados los conceptos de violación expresados por el quejoso, en virtud de que el acuerdo de quince de junio de dos mil dieciséis, fue publicado en la lista de acuerdos, según se advierte de la leyenda estampada al final de dicho proveído: "Enseguida se hizo la publicación de Ley. Conste", por lo que debe entenderse publicada ese mismo día. Sin embargo, en términos del artículo 63 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, se señala que "las notificaciones por medio de lista y de cédula se considerarán hechas al día siguiente del que sean fijadas aquellas.", de donde se sigue que el auto de quince de junio de dos mil dieciséis, si fue publicado el mismo día en la lista de acuerdos, debe considerarse que fue hecha al día siguiente de aquél en que se fijó, por disposición expresa del artículo 63 antes citado. De forma que, contrariamente a lo aseverado por la parte quejosa, la presentación del recurso de revocación es extemporánea, en virtud de que la publicación aconteció el quince de junio de dos mil dieciséis, misma que por disposición expresa del artículo 63 del Código Adjetivo de la entidad, debe considerarse hecha al día siguiente, es decir el dieciséis siguiente, por lo que el término empezó a computarse, el diecisiete de esos mismos mes y año, de conformidad con el artículo 55 de ese ordenamiento legal, que dice: "Los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente al en que se hubiere hecho el emplazamiento o notificación." Por lo que es válido concluir que, de acuerdo con el numeral 915 del código procesal en consulta, el recurso de revocación se debe interponer en el momento de la notificación o a más tardar al día siguiente en que se haya notificado, si el término inició el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, debe puntualizarse que ese día era el último para interponer dicho medio impugnativo, porque este día "es el siguiente en que quede notificado"; y, si el peticionario del amparo presentó el recurso el veinte de junio de dos mil dieciséis, resulta claro que no lo presentó en tiempo. Sin que asista la razón al ahora quejoso, porque precisamente el día en que surte efectos la notificación por lista (día siguiente al que sea fijada), es el que se le otorga para que se entere de que en el juicio en el que contiende recayó un acuerdo, dado que en lista solo aparece el nombre de las partes y tipo de juicio; y, que en ese entendido debe imponerse del expediente condigno, si así lo estima conveniente, para examinar el acuerdo de que se trate, para en el caso de que se inconforme con el mismo, en ese acto interponga el recurso de revocación o, al día siguiente, como lo permite el numeral 915 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas. De forma tal que al dictarse el auto de quince de junio de dos mil dieciséis y publicarse en lista en esa fecha, el quejoso tuvo la debida oportunidad para enterarse de ese proveído al día siguiente, esto es, el dieciséis de esos mes y año, en que surtió efectos. Contando con el plazo de un día para interponer el recurso de revocación, que en el caso, se trató del diecisiete de junio de dos mil dieciséis, o bien, sin soslayar que también pudo interponer ese medio impugnativo en el acto de la notificación, es decir, el mismo dieciséis de junio de ese año. Con lo cual, el quejoso no logra demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, pues debe hacerse énfasis, la lista solo revela los datos de las partes e identifican el juicio de que se trate, correspondiendo al interesado como carga, verificar en el expediente que corresponda el contenido del auto a notificar, en el momento en que se imponga de dicho expediente, con lo que tuvo la oportunidad debida para interponer el recurso de revocación, como antes se puso de manifiesto. Sin que tenga razón el quejoso, en aducir que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado, son obligaciones de los Jueces, remitir diariamente al Supremo Tribunal de Justicia copia de la lista de acuerdos, así como el archivo digital a la Dirección de Informática a efecto de que se publique la citada información, porque contrario a lo aseverado por el quejoso, con independencia de la citada obligación de los juzgadores, ello no significa que la lista de acuerdos se fije a las ocho horas con treinta minutos del día siguiente, al en que se emitió el acuerdo correspondiente, sino que se tiene por hecha la notificación el día siguiente al en que se hubiere fijado la lista en los estrados del órgano jurisdiccional, lo que aconteció en la especie el día quince de junio del presente año, teniéndose por hecha la notificación al día siguiente, es decir, el dieciséis del mismo mes y año, y siendo el siguiente día el diecisiete, siendo ésta última la fecha en que debió presentarse el recurso de revocación. Ello, porque precisamente el día en que surte efectos la notificación por lista (día siguiente al que sea fijada), es el que se le otorga para que se entere de que en el juicio en el que contiende recayó un acuerdo, dado que en lista solo aparece el nombre de las partes y tipo de juicio; y, que en ese entendido debe imponerse del expediente condigno, si así lo estima conveniente, para examinar el acuerdo de que se trate, para en el caso de que se inconforme con el mismo, en ese acto interponga el recurso de revocación o, al día siguiente también permitido por el numeral 915 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas. En conclusión, lo que procede es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicita Abel Alvarado Tijerina, por conducto de su apoderado legal. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, aprobado en sesión de ocho de agosto de dos mil siete, se ordena a la secretaría supervise que el analista jurídico encargado del aludido sistema capture la presente resolución y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 124, 217 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se NIEGA el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, en el presente juicio de amparo promovido por Abel Alvarado Tijerina, por conducto de su apoderado legal, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, por las razones expuestas en el considerando séptimo de este fallo. SEGUNDO. Se ordena a la secretaría supervise la captura de esta resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregue la constancia que así lo acredite. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Del estado que guardan los presentes autos y de la certificación de cuenta, se advierte que el Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil, con sede en esta ciudad, no rindió el informe justificado con los ocho días de anticipación, para que las partes se impongan del mismo, por lo que no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha. En consecuencia, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere, citándose para su celebración las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado; en consecuencia, dese vista a las partes, sin perjuicio de hacer nueva relación al celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, recíbanse las constancias que remite la autoridad de cuenta, las cuales atento a su naturaleza se tienen por desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional.

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