Abed Nego Rivas Torres
Expediente 83/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 83/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Abed Nego Rivas Torres
Actuaciones
- Principal
SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACION Y SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos los autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede, se desprende que el auto de veintiséis de enero de dos mil veintidós por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido.
- Principal
Vistos los autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede, se desprende que el auto de veintiséis de enero de dos mil veintidós por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido.
- Principal
SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACION Y SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE VEINTISEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Puebla, Puebla, veintiséis de enero de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ABED NEGO RIVAS TORRES, contra los actos del JUEZ DE ORALIDAD Y DE EJECUCIÓN DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO PONIENTE, CON SEDE EN SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 83/2022. DESECHADAAhora bien, debe puntualizarse que el Juez de Distrito esta constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte de manera notoria y manifiesta la actualización de una causal de improcedencia que motiva desecharla. Lo anterior, debido a que si este órgano jurisdiccional analizara el acto planteado por el quejoso infringiría los principios de contradicción, inmediación e igualdad que rigen el nuevo sistema de justicia penal, que se prevén en el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional, establece que la presentación de los argumentos y elementos de prueba se deben presentar de manera pública, contradictoria y oral; y la diversa fracción VI mandata que en todo momento el juzgador debe respetar el principio de contradicción el cual consiste en el derecho de las partes, en conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba y oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte. Así, uno de los principios que rige el sistema penal acusatorio implica que, ante cualquier petición de alguna de las partes, su contraria tiene el derecho de conocerla para poder controvertirla, lo que inclusive garantiza el principio de igualdad, pues ambas estarán en un mismo plano para poder defender y oponerse respectivamente a sus pretensiones. Como se advierte, tanto a nivel constitucional como legal se establecen diversos principios que rigen el proceso penal acusatorio, cuyo complimiento y vigencia deberán ser respetados. El respeto y cumplimiento a esos principios se ve reflejado en la propia Ley de Amparo, en la cual el legislador estableció la posibilidad de admitir pruebas en la vía indirecta, tratándose de actos emanados de un procedimiento penal de corte acusatorio y oral, siempre y cuando esa admisión respete los principios que rigen el sistema penal, es decir, el de contradicción, igualdad e inmediación. En ese orden de ideas, podemos advertir que la Ley de Amparo pugna por el respeto a los principios que rigen en el nuevo sistema de justicia penal, de lo que se sigue la regla implícita consistente en la improcedencia del juicio de amparo cuando con ello se vulneren los principios que rigen el sistema penal antes citado. En el caso, el quejoso reclama la continuidad de la prisión preventiva decretada en su contra, la cual refiere ha superado el término de dos años en virtud de que ésta le fue impuesta el veinticuatro de enero de dos mil veinte en la causa penal 11/2020/SAN MARTIN. Por tanto, el cuestionamiento de la subsistencia de la continuación de la prisión preventiva no se puede analizar en el juicio de amparo de modo autónomo e independiente al proceso penal acusatorio, sino que es menester que primeramente, dentro de éste, todas las partes involucradas conozcan, controviertan o confronten los medios de prueba y de esa manera se opongan a las peticiones y alegatos de sus contrarias, ya que la prerrogativa prevista en el párrafo segundo de la fracción IX del apartado B del artículo 20 constitucional, constituye un derecho que está condicionado a la justificación de diversas circunstancias, como es que esa prolongación no se deba al ejercicio del derecho de defensa de los detenidos. Aspectos que en términos de la Ley de Amparo no se podrían analizar sin que previamente se haya realizado el debate correspondiente en el proceso de origen, de lo contrario, es decir, de aceptar el análisis del acto reclamado, implicaría el análisis directo de la información, sin que las partes del proceso de origen hayan tenido la oportunidad de ejercer los derechos protegidos constitucionalmente bajo los principios del proceso penal acusatorio, con lo cual además de vulnerar el artículo 20, apartado A, fracciones IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se soslayaría directamente el artículo 75 de la Ley de Amparo que por un lado impide valorar pruebas no practicadas o desahogadas ante la responsable y que vía excepción lo permite en materia penal, a condición de que ello no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. Con esta consideración no se deja en indefensión a los quejosos porque el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma. Es decir, en la norma ordinaria se prevé una vía específica para que los quejosos puedan formular su planteamiento y pretensiones en cuanto a que alegan que cambiaron las condiciones objetivas de la prisión preventiva que les fue impuesta de tal manera que la misma carece de justificación. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación los artículos 20, apartado A, fracciones IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6 y 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el 75 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tienen como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que para tales efectos señala y, como autorizados en los términos que indica a los profesionistas que cita. Asimismo, se le tiene señalando el correo electrónico o mpalmah3(@yahoo.com.mx; únicamente para cuestiones no procesales. NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA Ahora bien, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla, gírese atento despacho al JUEZ DE LO PENAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, instruya al diligenciario de su adscripción, a efecto de que se constituya en el CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, y notifique el presente proveído, corriéndole traslado con copia autorizada del mismo, para lo cual, deberá realizar lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso ABED NEGO RIVAS TORRES, y se cerciore de su identidad; c) Les haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación "Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla", así como el número de expediente -juicio de amparo 83/2022; d) Le notifique el presente acuerdo y le corra traslado con copia autorizada del mismo. e) Asiente razón en el sentido de si el impetrante de amparo quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que la persona encargada de realizar la diligencia en comento se encuentre facultada para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. De conformidad con el artículo 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, se requiere al Juez despachado para que habilite al Actuario encargado de practicar la notificación que nos ocupa en días y horas inhábiles. Hágase del conocimiento de la autoridad a quien corresponda diligenciar la comunicación de mérito, que el funcionario al que le corresponda llevarla a cabo deberá practicar la notificación respectiva de inmediato, ajustándose a lo previsto en la Ley de Amparo, particularmente los artículos 24 y 27, por lo cual éste debe efectuarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente; y una vez practicado el mismo, la autoridad requerida deberá devolver dicha comunicación oficial de inmediato o, en su caso, informar las razones por las que no se llevó a cabo dicha diligencia. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo solicitado, sin causa justificada, o de no informar las causas que se lo impidiese, se le impondrá una multa de CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, toda vez que el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ha determinado la implementación de medidas para evitar la propagación del virus COVID-19, así como privilegiar el acceso a la justicia federal; conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, el cual faculta a los juzgadores, a exhortar a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, asimismo propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En tales condiciones, se exhorta a las partes, para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, y 29 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf. En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataforma "Android" o "iOS". FORMA DE NOTIFICACIÓN Así, en atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Se habilita al actuario judicial para que notifique de manera electrónica los oficios derivados del presente asunto a través de correo electrónico institucional o interconexión, levantando la razón de confirmación correspondiente; y, para el caso de existir imposibilidad para ello, previa certificación, sin mayor acuerdo, proceda a notificarlos de manera física o por correo certificado, según corresponda. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Puebla, Puebla, veintiséis de enero de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ABED NEGO RIVAS TORRES, contra los actos del JUEZ DE ORALIDAD Y DE EJECUCIÓN DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO PONIENTE, CON SEDE EN SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 83/2022. DESECHADAAhora bien, debe puntualizarse que el Juez de Distrito esta constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte de manera notoria y manifiesta la actualización de una causal de improcedencia que motiva desecharla. Lo anterior, debido a que si este órgano jurisdiccional analizara el acto planteado por el quejoso infringiría los principios de contradicción, inmediación e igualdad que rigen el nuevo sistema de justicia penal, que se prevén en el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional, establece que la presentación de los argumentos y elementos de prueba se deben presentar de manera pública, contradictoria y oral; y la diversa fracción VI mandata que en todo momento el juzgador debe respetar el principio de contradicción el cual consiste en el derecho de las partes, en conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba y oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte. Así, uno de los principios que rige el sistema penal acusatorio implica que, ante cualquier petición de alguna de las partes, su contraria tiene el derecho de conocerla para poder controvertirla, lo que inclusive garantiza el principio de igualdad, pues ambas estarán en un mismo plano para poder defender y oponerse respectivamente a sus pretensiones. Como se advierte, tanto a nivel constitucional como legal se establecen diversos principios que rigen el proceso penal acusatorio, cuyo complimiento y vigencia deberán ser respetados. El respeto y cumplimiento a esos principios se ve reflejado en la propia Ley de Amparo, en la cual el legislador estableció la posibilidad de admitir pruebas en la vía indirecta, tratándose de actos emanados de un procedimiento penal de corte acusatorio y oral, siempre y cuando esa admisión respete los principios que rigen el sistema penal, es decir, el de contradicción, igualdad e inmediación. En ese orden de ideas, podemos advertir que la Ley de Amparo pugna por el respeto a los principios que rigen en el nuevo sistema de justicia penal, de lo que se sigue la regla implícita consistente en la improcedencia del juicio de amparo cuando con ello se vulneren los principios que rigen el sistema penal antes citado. En el caso, el quejoso reclama la continuidad de la prisión preventiva decretada en su contra, la cual refiere ha superado el término de dos años en virtud de que ésta le fue impuesta el veinticuatro de enero de dos mil veinte en la causa penal 11/2020/SAN MARTIN. Por tanto, el cuestionamiento de la subsistencia de la continuación de la prisión preventiva no se puede analizar en el juicio de amparo de modo autónomo e independiente al proceso penal acusatorio, sino que es menester que primeramente, dentro de éste, todas las partes involucradas conozcan, controviertan o confronten los medios de prueba y de esa manera se opongan a las peticiones y alegatos de sus contrarias, ya que la prerrogativa prevista en el párrafo segundo de la fracción IX del apartado B del artículo 20 constitucional, constituye un derecho que está condicionado a la justificación de diversas circunstancias, como es que esa prolongación no se deba al ejercicio del derecho de defensa de los detenidos. Aspectos que en términos de la Ley de Amparo no se podrían analizar sin que previamente se haya realizado el debate correspondiente en el proceso de origen, de lo contrario, es decir, de aceptar el análisis del acto reclamado, implicaría el análisis directo de la información, sin que las partes del proceso de origen hayan tenido la oportunidad de ejercer los derechos protegidos constitucionalmente bajo los principios del proceso penal acusatorio, con lo cual además de vulnerar el artículo 20, apartado A, fracciones IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se soslayaría directamente el artículo 75 de la Ley de Amparo que por un lado impide valorar pruebas no practicadas o desahogadas ante la responsable y que vía excepción lo permite en materia penal, a condición de que ello no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. Con esta consideración no se deja en indefensión a los quejosos porque el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma. Es decir, en la norma ordinaria se prevé una vía específica para que los quejosos puedan formular su planteamiento y pretensiones en cuanto a que alegan que cambiaron las condiciones objetivas de la prisión preventiva que les fue impuesta de tal manera que la misma carece de justificación. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación los artículos 20, apartado A, fracciones IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6 y 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el 75 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tienen como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que para tales efectos señala y, como autorizados en los términos que indica a los profesionistas que cita. Asimismo, se le tiene señalando el correo electrónico o mpalmah3(@yahoo.com.mx; únicamente para cuestiones no procesales. NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA Ahora bien, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla, gírese atento despacho al JUEZ DE LO PENAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, instruya al diligenciario de su adscripción, a efecto de que se constituya en el CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, y notifique el presente proveído, corriéndole traslado con copia autorizada del mismo, para lo cual, deberá realizar lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso ABED NEGO RIVAS TORRES, y se cerciore de su identidad; c) Les haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación "Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla", así como el número de expediente -juicio de amparo 83/2022; d) Le notifique el presente acuerdo y le corra traslado con copia autorizada del mismo. e) Asiente razón en el sentido de si el impetrante de amparo quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que la persona encargada de realizar la diligencia en comento se encuentre facultada para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. De conformidad con el artículo 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, se requiere al Juez despachado para que habilite al Actuario encargado de practicar la notificación que nos ocupa en días y horas inhábiles. Hágase del conocimiento de la autoridad a quien corresponda diligenciar la comunicación de mérito, que el funcionario al que le corresponda llevarla a cabo deberá practicar la notificación respectiva de inmediato, ajustándose a lo previsto en la Ley de Amparo, particularmente los artículos 24 y 27, por lo cual éste debe efectuarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente; y una vez practicado el mismo, la autoridad requerida deberá devolver dicha comunicación oficial de inmediato o, en su caso, informar las razones por las que no se llevó a cabo dicha diligencia. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo solicitado, sin causa justificada, o de no informar las causas que se lo impidiese, se le impondrá una multa de CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, toda vez que el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ha determinado la implementación de medidas para evitar la propagación del virus COVID-19, así como privilegiar el acceso a la justicia federal; conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, el cual faculta a los juzgadores, a exhortar a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, asimismo propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En tales condiciones, se exhorta a las partes, para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, y 29 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf. En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataforma "Android" o "iOS". FORMA DE NOTIFICACIÓN Así, en atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Se habilita al actuario judicial para que notifique de manera electrónica los oficios derivados del presente asunto a través de correo electrónico institucional o interconexión, levantando la razón de confirmación correspondiente; y, para el caso de existir imposibilidad para ello, previa certificación, sin mayor acuerdo, proceda a notificarlos de manera física o por correo certificado, según corresponda. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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