Abdurasuloov Oybek Zafarjon Ugli

Expediente 2268/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2268/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • ABDURASULOOV OYBEK ZAFARJON UGLI y Otros.
  • Abdurasuloov Oybek Zafarjon Ugli

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por Ruht del Carmen Jerónimo Bautista, Presidenta de la Junta Especial número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, a través del cual, remite copia certificada de diversas constancias relacionadas con el expediente laboral 6590/2016 de su índice. Ahora, en atención al contenido del oficio de cuenta, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, requiérase Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, por conducto de sus integrantes a saber: Nombre Cargo Ruth del Carmen Jerónimo Presidenta de la Junta Especial Bautista. Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. David Noé Vidal Córdova. Representante Obrero de la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Álvaro Jesús Sastre González. Representante Patronal de la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Para que dentro del término de TRES DIAS HÁBILES, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remitan copia certificada de las constancias en las que acredite que la comunicación ordenada el diecisiete de noviembre del año en curso, fue depositada para su envío y recibida por su destinataria, para estar en aptitud de requerirle el cumplimiento. Apercibimiento De no cumplir lo ordenado en el párrafo anterior dentro del término señalado, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, en relación con los numerales 192, 193, 195, 238 y 258 de la Ley de Amparo; es decir, se les impondrá una medida de apremio consistente en una multa de cien unidades de medida y actualización equivalentes a $10,374.00 (diez mil trescientos noventa y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($103.74 ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, pues su eventual incumplimiento acarrearía un perjuicio en contra de la parte quejosa respecto del derecho humano de pronta impartición de justicia, prerrogativa fundamental consagrada por el numeral 17 Constitucional y por el que debe velar el suscrito juzgador. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la citada ley, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en Turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, en donde el fallo que se dicte puede tener como consecuencia, que se le destituya del cargo que desempeña y sea consignado al Juez de Distrito correspondiente, por la desobediencia cometida. Esto encuentra sustento en la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 2007918, que es del siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco; veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en debido acatamiento a lo establecido por los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio se ha restituido al quejoso José Manuel Avalos Díaz, en el goce de sus derechos vulnerados en términos de la sentencia dictada en el presente juicio; lo anterior en atención a que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y de análisis oficioso. Antecedente en relación al cumplimiento. El veintinueve de junio de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a José Manuel Avalos Díaz, contra el acto que reclamó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y su actuario, para el efecto siguiente: ".para el efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y actuario de su adscripción, realice lo siguiente: ? Notifique a las partes el proveído de doce de mayo de dos mil veintitrés, relativo al expediente laboral 213/2013, de su índice; concesión que se hace extensiva al actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, por no haberle sido reclamado por vicios propios." La sentencia dictada en el presente juicio, causó ejecutoria el dos de agosto de dos mil veintitrés. Acto de la Autoridad en relación con el cumplimiento. El Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, allegó copia certificada del auto de doce de mayo de este año, así como las constancias de notificación a las partes del mismo, relativo al expediente laboral 213/2013 de su índice. Dichas constancias tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su 2° numeral, al ser expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Análisis Evaluativo Así, del análisis de la constancia remitida por la responsable, se advierte que en el caso la SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, en razón a que la autoridad responsable notifico a las partes el acuerdo de doce de mayo de este año, emitido en el juicio laboral 213/2013 de su índice; sin que dicha determinación implique decidir sobre la legalidad del cumplimento dado por la responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional.

  3. Principal

    Villahermosa, Tabasco, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que precede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la misma ley de la materia, contra el auto de seis de octubre del presente año, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo a favor de Radjab Mamatkulov, Akhmadjon Askarov, Marufjon Usmanov, Muzaffar Sadikov, Khoshimjon Nuritdinov y Mansur Omonov.. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Por lo anterior, se dejan sin efectos las medidas cautelares decretadas en el auto de inicio Anotaciones y archivo del expediente Ahora, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, y que no existe acuerdo pendiente por dictar, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO del mismo, previas anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado en sesión plenaria de diez de mayo de dos mil veintitrés y publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de este año, se ordena: 1.- El presente expediente, debe decirse que si bien encuadra en lo dispuesto en el artículo 20 fracción II del citado acuerdo general conjunto, lo cierto es, que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, de ahí que el destino del archivo debe regirse conforme al arábigo 17, fracción III, inciso b), del citado ordenamiento, es decir, es conservable. 2.- TRANSFERIR el expediente, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en los artículos 17, fracción III, inciso b) y 29, segundo párrafo del acuerdo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. No se inadvierte que el promovente refirió que los directos quejosos se encontraban sufriendo posibles actos de tortura; luego en la demanda de amparo se dijo que se encontraban incomunicados, por lo que no es creíble que el promovente tuviera conocimiento de cómo se les trataba, máxime que no explicó en que consistieron esos actos y al no haberse encontrado ninguno de los quejosos detenidos, ante alguna de las autoridades responsables no existen elementos para considerar que existieron esos actos y por lo mismo es dable ordenar el archivo del presente juicio de amparo. Finalmente, requiérase al Actuario Judicial adscrito encargado, para que a la brevedad integre en el expediente electrónico todas y cada una de las notificaciones generadas. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    INFORME SIN FIRMA. Ténganse por recibidos los oficios remitidos por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, dependiente de la Secretaria de Gobernación, con sede en Tijuana, a través del Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de dicha oficina, por medio del cual pretende rendir informe de suspensión de plano; sin embargo, para que este juzgado se encuentre en aptitud de acordar lo conducente a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 52 Bis, fracción III del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, requiérase a la citada autoridad a efecto de que dentro del término de veinticuatro horas siguientes, contados a partir del día siguiente de la notificación del presente auto, remita nuevamente con firma electrónica o de manera física el citado oficio. Por lo que se instrúyase al actuario de la adscripción, comunique lo anterior, con el oficio que de este proveído se genere, a dicha autoridad, por medio del correo electrónico sroblesv@inami.gob.mx, solicitando el acuse de recibo y hecho que sea, realice la constancia de envío respectiva. Notifíquese en términos de ley.

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