Abdon Vázquez Tuxpan

Expediente 573/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
573/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
20/06/2023

Partes del expediente

  • Abdon Vázquez Tuxpan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veinte de junio de dos mil veintitrés. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del proveído de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicho auto para todos los efectos legales procedentes.  Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido.  Valoración del expediente. Destruible. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EL JUICIO. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el expediente. Destrúyase el juicio principal dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En ese contexto, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Incidente de suspensión Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión por una parte se concedió la suspensión provisional y por otra se declaró sin materia la medida definitiva, es susceptible de destrucción. Así, respecto al original del incidente de suspensión, al haberse concedió la suspensión provisional y por otra se declaró sin materia la medida definitiva, de conformidad con el numeral 21, inciso c), del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, es susceptible de destrucción. Por lo que respecta al duplicado del referido incidente, de conformidad con el numeral 20, fracción II, inciso a), del multicitado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de seis meses, procédase a la destrucción de este expediente. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos al no constar en autos. Devolución de constancias. Por otra parte, devuélvase al Juez Segundo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, el Disco Digital Versátil -DVD-, que remitió como apoyo a su informe justificado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que en la caja de valores de este juzgado se encuentra el billete de depósito 845238,, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, que ampara la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100, moneda nacional), a fin de garantizar la suspensión definitiva que le fue concedida el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, el cual quedó registrado con número de orden 156/2019, en el respectivo libro de certificados de depósito. Asimismo, de la copia certificada del proveído de esta fecha, dentro de los autos del juicio de amparo del que deriva el presente incidente, se evidencia que el citado expediente se encuentra totalmente concluido. En ese sentido, hágase devolución de dicho billete de depósito al depositante ******************** debidamente endosado a su nombre, previa identificación, razón de recibo y firma que para debida constancia quede en autos. En consecuencia, hágase del conocimiento de la parte quejosa que deberá comparecer ante este órgano jurisdiccional para la devolución del referido billete de depósito, previa razón de recibo que obre en autos, lo que deberá realizar dentro de los dos años siguientes, contados a partir de la legal notificación del presente proveído; apercibida que de no presentarse a recogerlo en esa temporalidad, se hará efectivo a favor del erario federal, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa ******************** Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante ********************, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.ciov

  3. Principal

    A las nueve horas del uno de junio de dos mil veintitrés, la suscrita Karen Aguas Pérez, Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, HAGO CONSTAR: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte tercero interesado Rodolfo Hernández Guitiérrez, el contenido del proveído de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo referido al rubro. Doy fe: Apizaco, Tlaxcala, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese el oficio signado por la Juez Segundo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su respectivo informe justificado. Pruebas Por otro lado, se advierte que de las constancias remitidas por la autoridad de cuenta, copia autentica así como un disco versátil digital (DVD), que contiene copia autentica de la audiencia celebrada el doce de mayo de dos mil veintitrés, relativos a la causa judicial ********************de su índice, documentales que serán relacionadas en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Tomo 1, Agosto 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Resguardo de disco versátil digital (DVD) En consecuencia a fin de tener un mejor manejo y seguridad del DVD de referencia, se ordena que sea resguardado en la Secretaria de este órgano jurisdiccional. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable remitiendo copia autentica de las constancias de la causa judicial********************de su índice, así como un disco versátil que contiene las audiencias celebradas en la citada causa judicial, documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Disco versátil digital. Ahora bien, dada la naturaleza del anexo remitido consistente en un disco compacto que contiene las audiencias celebradas dentro de la causa judicial********************de su índice, manténgase por separado como anexo, y procédase a elaborar la caratula de identificación respectiva. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, en primer lugar, se destaca que en proveído de nueve de mayo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, respecto al acto reclamado consistente en: Atento a lo anterior y a lo informado por la autoridad responsable, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción XVII, del artículo 61, en relación con la fracción V, del numeral 63, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.)" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Asimismo, conforme a los preceptos transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Ahora, para que opere la causal de improcedencia del juicio de amparo referida se requiere necesariamente de la concurrencia de los elementos que se enuncian: a) Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto reclamado en el juicio constitucional; c) Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio de amparo, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en razón de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Lo anterior, se sustenta en el criterio que se cita: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional" Ahora bien, de las constancias remitidas por la Juez Segundo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, a las que se les otorga valor probatorio pleno conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, se evidencia que el doce de mayo de dos mil veintitrés, se levantó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso ********************, y luego suscitado el debate entre las partes se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Precisado lo anterior, es evidente, que al haberse decretado a la parte quejosa ********************, la medida cautelar de prisión preventiva justificada, dentro de la causa judicial ********************por el hecho que la ley señala como delito de amenazas, cometido en agravio de la víctima ********************, es patente, que no puede emprenderse estudio de la inconstitucionalidad planteada contra la resolución dictada en la audiencia de revisión de medida cautelar impuesta a la quejosa, el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, consistente en prisión preventiva oficiosa, dentro de la causa judicial ********************del índice de la autoridad responsable, porque no puede decidirse sobre ella sin afectar la nueva situación a la que sujeta la quejosa, es decir, a la resolución de doce de mayo de dos mil veintitrés, en donde se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, pues se trata de un diverso acto que genera sus propios efectos, de tal modo que las violaciones reclamadas por la quejosa, deben considerarse consumadas de modo irreparable. Por tanto, se configura la causa de improcedencia prevista en el primer párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la propia legislación, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, respecto del acto consistente en: Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 17/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación localizable en la página 270 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia Penal, Novena Época, cuyo contenido es: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE. Por otra parte, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Miriam Atonal Sánchez Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.EDUARDO

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado remite ejecutoria. Agréguese el oficio signado por la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo ******************** del índice de este órgano jurisdiccional, así como copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el incidente de inejecución de sentencia 2/2023, del índice del Tribunal oficiante, cuyos puntos resolutivos establecen lo siguiente: "ÚNICO. DEVUELVANSE los autos del juicio de amparo 298/2020 que motivo el presente incidente de inejecución de sentencia al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con la finalidad de que continué con el trámite correspondiente a fin de lograr el cumplimiento del amparo." De igual modo, ordenó la devolución del expediente a este juzgado para los efectos siguiente: (.) "En efecto, la autoridad municipal debe integrar el expediente personal de la impetrante, esto en términos de lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad, sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que la quejosa ya no labore a su servicio, pues ello no es obstáculo para el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo, máxime cuando la formación material del expediente personal de la quejosa obedece a un trámite de tipo administrativo. De ahí que, se insiste el organismo municipal debe hacer todo aquello que sea necesario hasta lograr el cumplimiento del amparo, esto es, recabar la información necesaria e integrar materialmente el expediente de la quejosa, toda vez que ello atiende a la obligación que tiene la autoridad responsable de cumplir los efectos de la sentencia de derechos fundamentales." (.) "En el asunto en estudio, de acuerdo a la mecánica que hasta ahora se ha seguido para lograr el cumplimiento del amparo, se debe constreñir a la Secretaria de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala, quien al igual que las autoridades responsables, deberá efectuar todo aquello que sea necesario para lograr la anotación en el expediente de la quejosa. Para tal efecto, dicha autoridad estatal deberá establecer el mecanismo correspondiente, conforme a la normatividad que resulte aplicable, a fin de lograr una coordinación con la autoridad municipal responsable, a fin de lograr el cumplimiento del amparo otorgado a Juana Paredes Castro." En tal virtud, acúsese el recibo correspondiente; asimismo, se ordena destruir las copias con las que se integró el cuaderno de antecedentes con motivo del incidente interpuesto, a excepción de las constancias originales las cuales deberán glosarse al presente asunto. Además, dese a conocer a las partes la devolución de los presentes autos, mismos que se encontraban en revisión y comuníqueseles que la superioridad declaró improcedente el incidente de inejecución planteado por este órgano jurisdiccional. Se requiere cumplimiento. En consecuencia, es procedente requerir el cumplimiento a la ejecutoria de mérito, con base en el artículo 192 de la Ley de Amparo, para el efecto de que el Ayuntamiento de Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala, realice lo siguiente: "a) Integre el expediente personal de la quejosa como elemento de la Policía de Seguridad Pública Tránsito y Vialidad Municipal. b) Dé de alta a la quejosa en el Registro Nacional de Seguridad Pública como elemento de policía del Ayuntamiento responsable c) Una vez efectuado lo anterior, realice la anotación de que fue dado de baja con motivo de la renuncia voluntaria presentada, tanto en el expediente personal como en el Registro Nacional de Seguridad Pública." Lo cual deberá efectuar dentro del plazo de tres días siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo, y así lo acredite ante este Juzgado de Distrito el cumplimiento, en el entendido de que deberá remitir copia certificada de las constancias para acreditar dicho cumplimiento. Apercibimiento. Lo anterior, bajo el apercibimiento, para el caso de incumplimiento sin causa justificada, con que se les impondrá una multa de cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, conforme al artículo 258 de la Ley de Amparo. Se requiere nombre del encargado de dar cumplimiento al fallo protector. En relación con lo anterior, requiérase al Síndico del Ayuntamiento de Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala, en su calidad de represente legal de dicho órgano colegiado, para que dentro del término de tres días informe los nombres y apellidos de los integrantes del mismo, y quienes para efectos del presente asunto, serán responsables de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ello con la finalidad de individualizar el requerimiento de cumplimiento, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así en el término concedido, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se aplicará en su contra una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Anotaciones SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Carmen Esther Pérez Vargas Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

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