Abdon Federico Rodriguez Garcia
Expediente 1282/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1282/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Abdon Federico Rodriguez Garcia
Actuaciones
- Principal
Vista la captura de pantalla del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la comunicación oficial enviada (exhorto) 42/2021, en el que se ordenó notificar al quejoso Oscar Navarro Sánchez, el acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil veinte, dictado en el presente asunto, se advierte que el referido exhorto fue radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, tal y como se advierte de la siguiente captura de pantalla: Asimismo, se advierte que la comunicación oficial en comento no fue diligenciada; por tanto, se instruye dar de baja la comunicación oficial como "no diligenciada" en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el Libro de Gobierno, para los efectos estadísticos correspondientes. Sin que haya lugar a ordenar una nueva diligencia, toda vez que en auto de veintidós de diciembre de dos mil veinte, se ordenó el archivo del presente juicio como total y definitivamente concluido, ello como consecuencia de que el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca se avocó al conocimiento del presente asunto. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado procesal que guarda este asunto, se advierte que por acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional declinó competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Víctor Hugo López Ramírez en representación de Abdon Federico Rodríguez García, Oscar Navarro Sánchez y Amador Esquivel Orozco en favor de un Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno. Ahora bien, y toda vez que el quejoso Oscar Navarro Sánchez, señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar donde se encuentra recluido, esto es, en el interior del Centro Federal de Readaptación Social Quince CPS Chiapas; y toda vez que el domicilio del Centro Federal de Readaptación Social señalado con anterioridad, se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito, se giró atento exhorto, registrándolo con el exhorto 42/2020 vía electrónica a un Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, en turno, a efecto de que, en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirviera notificar el acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil veinte al quejoso Oscar Navarro Sánchez; sin que, después de la fecha en mención, se haya recibido comunicación alguna en la que algún órgano jurisdiccional informara sobre la determinación que haya adoptado en relación con dicha notificación del acuerdo antes mencionado. Por tanto, con la finalidad de que, de ser el caso, este órgano jurisdiccional tenga de vuelta la comunicación en mención y seguro de reciprocidad en casos análogos, amablemente se solicita al Titular de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, para que en el plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído manifieste a que Juzgado de Distrito le toco conocer del exhorto marcado con el número 42/2020 del índice de este Juzgado de Distrito mediante acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Notifíquese.
- Principal
Demanda de Amparo. Vista la demanda de amparo presentada vía electrónica por Víctor Hugo López Ramírez en representación de Abdon Federico Rodríguez García, Oscar Navarro Sánchez y Amador Esquivel Orozco en contra de los actos dictados por el Director General del CEFERESO 1 Altiplano y otra autoridad. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1282/2020 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Determinación jurisdiccional. Del análisis integral al escrito de demanda, se advierte que los actos reclamados a las autoridades señaladas de responsables, en esta instancia constitucional consisten medularmente en, i) la omisión y negativa de poner en libertad a los quejosos, ii) un pago por la cantidad de cincuenta y cien mil pesos respectivamente y iii) la existencia de una posible incomunicación en contra de los mismos actos atribuidos a los Directores Generales de los Centros Federales de Readaptación Social Número Uno Altiplano y Quince CPS Chiapas, respectivamente. I.- Incompetencia. Una vez analizado en su integridad la demanda de amparo, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente por cuestión de territorio para conocer del presente juicio. Como cuestión preliminar, se debe destacar que la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, debido a que define, aparte de qué juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar, que para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De la clasificación anterior que define la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la primera, es decir, la definida por razón de territorio. La competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. Ahora bien, en relación con lo anterior, es necesario conocer los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, en los que se prevé lo siguiente: "107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia". "37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De las normas transcritas se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de juicios de amparo, a saber: Será competente el Juez de Distrito del lugar en que se ejecute, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, deba tener ejecución o se haya ejecutado el acto reclamado. Será competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o bien, si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro. Será competente el Juez de Distrito ante el que se haya presentado la demanda cuando el acto reclamado no requiera ejecución material. En ese sentido, como cuestión esencial, es necesario determinar, en primer lugar, si los actos reclamados tienen o no ejecución material, para lo cual se debe tener en cuenta que lo que reclama medularmente es, i) la omisión y negativa de poner en libertad a los quejosos, ii) un pago por la cantidad de cincuenta y cien mil pesos respectivamente y iii) la existencia de una posible incomunicación en contra de los mismos. Atento lo anterior y de la revisión de las constancias que se acompañan a la demanda de amparo, es menester relatar los siguientes antecedentes: El seis de marzo de dos mil diecinueve, el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, determinó dentro de la causa penal 11/2018, ante el incidente no especificado de revisión de medida cautelar, interpuesto por los hoy quejosos, que debían permanecer privados de la libertad bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, determinación que fue apelada y confirmada por el Cuarto Tribunal Unitario del Segundo Circuito. Ante tal determinación, los quejosos promovieron juicio de amparo indirecto, mismo que conoció el Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, bajo el número 50/2019, en donde por resolución de veintiocho de febrero del año en curso, negó la protección de la justicia federal. Ante tal circunstancia interpusieron recurso de revisión, mismo que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, bajo el toca penal 77/2020, donde resolvió revocar la sentencia emitida por el Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito y amparando a los quejosos contra la resolución pronunciada por el Cuarto Tribunal Unitario del Segundo Circuito. Por lo que, en cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, el Cuarto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, revocó la resolución de seis de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, declarando fundado el incidente no especificado de revisión de medida cautelar, interpuesto por los hoy quejosos, ello en la resolución de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, dictada en el toca penal 52/2019. Acto seguido, el diecisiete del mes y año que transcurren, el Juzgado multicitado, proveyó respecto el fallo citado en el punto anterior, señalando diversos requisitos de cumplimiento obligatorio por parte de los hoy quejosos, para otorgar su libertad, con la finalidad de garantizar la comparecencia en el procedimiento, en lo que interesa, la de exhibir una garantía económica por la cantidad de cincuenta mil pesos, por cada uno de los imputados. El día siguiente a saber, es decir, el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, los promoventes de amparo, por conducto de su defensor particular, exhibieron diversos billetes de depósito, expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI), tal y como se advierte de la imagen que se agrega a su escrito de demanda de amparo. Como se puede apreciar, es evidente que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la demanda presentada, pues es en Toluca, Estado de México, donde tendrá ejecución el acto que se reclama, para ello, es menester, explicar lo siguiente: De la relatoría de los antecedentes antes precisados, se advierte que los quejosos, exhibieron la cantidad de cincuenta mil pesos cada uno a través de billetes de depósito, lo que resulta cumplir con uno de los requisitos impuestos por el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, dentro de la causa penal 11/2018; sin embargo, la idoneidad de los billetes en cita, se encuentra supeditada a la calificación que de ellos haga el juez, así como de los demás requisitos impuestos, para el posible otorgamiento de su libertad. Además de que también, la excarcelación de los quejosos por parte de las autoridades responsables, se encuentra a expensas de que el Juez del conocimiento, gire las órdenes respectivas a los Centros Federales de Readaptación Social correspondientes, lo que implica, que depende de la determinación y calificación de los requisitos que cumpla cada quejoso, lo que dará pauta a una ejecución de una determinación jurisdiccional. En la inteligencia de que si éstas no son giradas a fin de que se ponga en libertad a los imputados, sería el momento donde en su caso, se inicie la negativa a ponerlos en libertad, como lo reclama el promovente de amparo. En las relatadas condiciones, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, en concordancia con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, declina competencia a favor del Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sin número, sustentada por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de la Nación, misma que al rubro dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO." En consecuencia, con fundamento en los artículos 36 y 52 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de garantías en cita y ordena remitirla al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno, quien se estima es competente para conocerla, por los motivos antes expuestos. Sin que haya lugar a conformar cuaderno de antecedentes de este expediente, ya que las constancias serán remitidas de manera electrónica. II.- Suspensión de plano. Ahora bien, la parte quejosa solicita la suspensión de plano para el efecto de que las autoridades responsables, Directores Generales de los Centros Federales de Readaptación Social Número Uno Altiplano y Quince CPS Chiapas, respectivamente, pongan en inmediata libertad y absoluta libertad a los quejosos, pues su reclusión en las instalaciones de las responsables, no tiene razón de ser. Sin embargo, en el caso no se dan los extremos para conceder la suspensión de plano en los términos que pretende la parte quejosa, en razón de que el acto reclamado no se encuentra dentro de los comprendidos en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, esto es, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni tampoco, se está en presencia de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. En efecto, la negativa de poner en libertad a la parte quejosa, no se ubica en la hipótesis de aquéllos actos denominados como "ataques a la libertad fuera de procedimiento", dado que como ya quedó relatado, dicha negativa la sustenta en que ya exhibió la garantía que se le exigió dentro de la causa penal 11/2018. Esto es, dicha circunstancia evidencia que la privación de libertad de los quejosos fue dictada como medida cautelar dentro del procedimiento de índole penal que se les sigue, lo que de suyo implica que se dictó dentro de un procedimiento. Y, si bien, aún prevale dicha privación de libertad, con los elementos con que cuenta este juzgado, se advierte que ello obedece a que el juez en el proceso penal aún no se pronuncia sobre si se cumplieron o no los requisitos que garanticen la comparecencia de los ahora quejosos; en la inteligencia de que, fue el día de la fecha en la que la parte quejosa presentó la promoción relativa ante el juez de la causa y, la demanda de amparo la presentó apenas un par de horas después de ello. Por lo que respecta a la suspensión de plano en relación al diverso acto reclamado consistente en la incomunicación de la que se duelen los justiciables, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amaro por imperativo expreso de su ordinal 2°, constituye un hecho notorio que dentro del juicio de amparo 1277/2020, del índice de este Juzgado de Distrito, promovido por los mismos quejosos, en contra de las mismas autoridades responsables y actos reclamados señalados en el presente asunto, en auto de dieciocho de diciembre en curso, se proveyó sobre la medida cautelar que solicitan y se les concedió para el efecto que cesara de manera inmediata la incomunicación, que aducen se ejecuta en su contra con motivo de la negativa de enlazar comunicación telefónica o por el área de locutorios con sus defensores, así como cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se considera innecesario volver a pronunciarse en el asunto que nos ocupa. Autorizados Se tiene como autorizada en los términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona en su escrito de demanda de amparo, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente. Domicilio para oír y recibir notificaciones Como lo solicita el promovente, se tiene como domicilio para la práctica de notificaciones la vía electrónica, en virtud de que, conforme a la certificación de cuenta, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se encontró el nombre de usuario "vhlopez7" que corresponde a la persona ya autorizada. Por otra parte, con base en el arábigo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de la Materia, se tienen como domicilios de los quejosos para oír y recibir notificaciones, el lugar donde se encuentran recluidos, esto es, en el interior del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno Altiplano y Centro Federal de Readaptación Social Número Quince CPS Chiapas. Toda vez que el domicilio de los Centros Federales de Readaptación Social señalados en el párrafo anterior, se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, gírense atentos exhortos vía electrónica al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno, a efecto de que, en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirvan notificar el presente proveído a los quejosos Abdon Federico Rodríguez García y Amador Esquivel Orozco, respectivamente; asimismo el diverso exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, en turno, a efecto de que, en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva notificar el presente proveído al quejoso Oscar Navarro Sánchez. A efecto de agilizar la integración de este exhorto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se solicita al Juzgado exhortado que habilite horas y días inhábiles a fin de llevar a cabo la diligencia de que se trata. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Transparencia. En términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Juzgado de Distrito se testarán las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. Notifíquese y por exhorto personalmente a los quejosos.
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