Abdon Bonilla González
Expediente 1053/2023 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1053/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Abdon Bonilla González
Actuaciones
- Principal
Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Abdon Bonilla González, contra actos de Juez de Control, adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Tercer Distrito Judicial, en Huatusco, Veracruz y otras autoridades, por violación a derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Admisión y registro. Con fundamento en los artículos 1, fracción I, 37, 107, 108, 112, 115, 117 relativos de la Ley de Amparo, se admite dicha demanda, la cual se registró en el libro de registro de juicios de amparo bajo el expediente 1053/2023. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias necesarias para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Requerimiento de Informe justificado a la[s] autoridad[es] responsable[s]. Pídase el informe justificado a la[s] autoridad[es] responsable[s], quien[es] deberá[n] rendirlo por escrito y de la siguiente forma: 1. Dentro del plazo de quince días hábiles. 2. Aun cuando de ser el caso de que el informe sea en sentido negativo, se le solicita (sin que sea obligatorio) lo rinda en el plazo de cinco días hábiles; lo anterior sin que contravenga la jurisprudencia por contradicción P./J.22/2018, ya que no se les restringirá el término de quince días que les otorga la Ley de Amparo para rendir su informe justificado, a fin de preparar con mayor cuidado y calidad la exposición de los argumentos en los que basarán su pretensión, al ser un acto inexistente, lo que permite garantizar a las partes el derecho a la tutela judicial efectiva y se impartirá una justicia completa, pronta e imparcial. El cual se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este proveído; debiendo acompañar, en su caso, el expediente original o el duplicado o copias certificadas (o autentificadas), legibles, completas y ordenadas de las constancias que apoyen el ocurso respecto del acto reclamado; incluyendo las pruebas que hubiesen sido rendidas y que por alguna razón no se hayan incorporado al expediente, considerando las siguientes directrices: Si algunas fojas se encuentran ilegibles, porque así están los documentos de donde se obtuvieron; entonces, deberá aclarar esa circunstancia, especificando el número de folio que le corresponda a cada una de ellas. Si las copias son legibles, pero las reproducciones fotostáticas se obtienen ilegibles; deberá efectuar su transcripción (trasunto) y enviarla. Si las copias solicitadas pueden enviarse legibles obteniéndolas con cuidado, así lo realice. En la inteligencia que de no hacerlo o de no remitir, en su caso, las referidas constancias, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, que corresponden a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos ($10,374.00), de conformidad con el numeral 260, fracción II, de la citada ley, en relación con el arábigo 238 del mismo cuerpo normativo. Para tal efecto, se hace del conocimiento de las autoridades que el respectivo informe que se requiere se deberá rendir, preferentemente, de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y con la correspondiente firma electrónica, de conformidad con lo previsto por los artículos 2, fracción XVI y 3, fracción I, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En la inteligencia de que en aquellos casos en los cuales no sea factible la rendición del informe en la vía electrónica que se destaca, deberá remitirse físicamente a la dirección calle 13, número 1309, entre avenidas Uno (1) y Tres (3) colonia Centro, código postal 94500; lo anterior, con fundamento en el artículo 117, primer párrafo, de la ley de la materia, en relación con el numeral 17 constitucional, que obliga a una justicia pronta. En el entendido de que la remisión del citado informe deberá hacerla por cualquiera de las vías que estime conveniente, sin que deba hacerlo por todas. Aviso de causal de improcedencia y existencia amparos previos. De acuerdo con lo dispuesto en el precepto 64 del ordenamiento legal invocado, requiérase tanto a las autoridades responsables, como a la parte quejosa, para que en el supuesto de que haya ocurrido alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por ocurrir alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber así a este juzgado; asimismo, se solicita que se informe sobre la existencia de amparos promovidos previamente por el solicitante de amparo, o bien, por alguna de las partes intervinientes en el juicio de origen, para lo cual se deberá precisar el estado procesal de estos y el juzgado del conocimiento; lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, con apoyo en el dispositivo 251 de la ley en comento. Pronunciamiento a la suspensión de oficio y/o apertura de cuaderno incidental. Toda vez que la parte quejosa solicita la medida cautelar del acto reclamado, tramítese por separado el cuaderno incidental relativo al presente juicio de amparo, conforme con lo dispuesto por artículo 128 de la Ley de Amparo. Audiencia constitucional. Se fijan las ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Emplazamiento e intervención al Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado de Distrito. Dese la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional. Asimismo, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese por medio de lista el trámite de este juicio al agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado federal. Se le informa que está a su disposición copia de la demanda en la actuaría de este juzgado. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia V1. 3o. J/2, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo II, julio a diciembre de 1988, página 673, que dice: NOTIFICACIONES AL MINISTERIO PÚBLICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DEBEN HACERSE POR LISTA. Acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Con fundamento en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la consulta del expediente vía electrónica con el [los] usuario[s] que indica, así como la realización de las notificaciones personales, derivadas de la substanciación del presente juicio, por esa misma vía. Por otra parte, se tiene[n] como autorizado[s] en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la [los] licenciada[s] Monsserrat Contreras Ojeda (13405903) en virtud de contar con cédula inscrita en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el actuario judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaría encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaría encargada del trámite quien legalmente se encuentre facultado para ello. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio es pública, accesible a cualquier persona, y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional, o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquellas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.
- Incidental
Como está ordenado en el cuaderno principal, con copia del escrito de demanda, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo, promovido por Abdon Bonilla González, contra actos del Juez de Control, adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Tercer Distrito Judicial, en Huatusco, Veracruz, y otras autoridades. De conformidad con los artículos 131, 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la[s] autoridad[es] responsable[s] su[s] respectivo[s] informe[s] previo[s], que deberá[n] rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes al momento en que sea[n] notificada[s], enviándole[s] al efecto copia de la demanda de amparo. Se apercibe a la[s] autoridad[es] responsable[s] de que en caso de que no rinda[n] el [los] informe[s] requeridos, se le[s] sancionará con multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos ($10,374.00), lo anterior con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se hace del conocimiento de la[s] autoridad[es] que el informe que se le[s] requiere debe[n] preferentemente enviarlo al correo electrónico (16jdo7cto@correo.cjf.gob.mx), (medio magnético); previa confirmación que se realice por este juzgado en el número telefónico (271) 4052251; sin que lo anterior, en caso de que deban de acompañar constancias para justificar sus actos, la[s] autoridad[es] las remitirán por la mensajería rápida que estimen conveniente, lo anterior, con fundamento en el artículo 17 constitucional, que obliga a una justicia pronta. Solo en el supuesto de que no tenga[n] la posibilidad o los medios para enviarlos así, lo puede hacer en la forma tradicional (por escrito). En el entendido de que la remisión del citado informe[s] deberá[n] hacerla por cualquiera de las vías que estime conveniente, sin que deban hacerlo por todas. Se señalan las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. En ese sentido, del escrito de demanda de amparo de donde deriva el presente incidente de suspensión, se advierte que la parte quejosa señala esencialmente como acto reclamado, la supuesta orden privativa de libertad girada en su contra, así como su ejecución. En tal virtud, para el caso de orden de aprehensión, con fundamento en los artículos 162 y 163 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente se encuentran y no se prive de la libertad al [los] referido[s] quejoso[s], quedando a disposición de este juzgado en cuanto a su libertad personal se refiere y a disposición del tribunal de la causa para la prosecución del proceso penal, para todas las cuestiones inherentes a sus facultades que como autoridades jurisdiccionales tienen, hasta en tanto reciba notificación de la suspensión definitiva que se dicte en el presente incidente. Al caso, cobra aplicación la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo título reza: SUSPENSIÓN PROVISIONAL. REGLAS PARA CONCEDERLA EN LOS JUICIOS DE AMPARO PROMOVIDOS CONTRA ÓRDENES DE APREHENSIÓN, TRATÁNDOSE DE DELITOS NO PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. De los artículos primero y segundo transitorios de los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2011 y el 18 de junio de 2008, respectivamente, mediante los cuales se reformó, entre otros, el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente en lo relativo a que la prisión preventiva se ordenará oficiosamente respecto de los delitos expresamente señalados, se advierte que en el decreto de 2011 sólo se incorporó al catálogo de delitos el de trata de personas, sin derogar el referido artículo segundo, en cuanto a la vacatio legis para implementar en todo el territorio nacional el sistema procesal penal acusatorio ni superar la condicionante impuesta a las legislaturas locales, del Distrito Federal y de la Federación, de emitir la declaratoria correspondiente. Por tanto, para resolver sobre la concesión de la suspensión provisional en los juicios de amparo promovidos en contra de órdenes de aprehensión, tratándose de delitos no previstos en el citado artículo 19 constitucional, los Jueces de Distrito deben sujetarse a las normas de la Ley de Amparo atinentes a la procedencia, efectos y medidas que han de adoptarse si se está en presencia de delitos graves así considerados en la legislación secundaria o de aquéllos no ubicados en esa hipótesis. Lo anterior surtirá efectos siempre que estos actos no tengan como antecedente el cumplimiento de una orden de aprehensión dictada por autoridad judicial a solicitud del Ministerio Público y que cumpla lo dispuesto en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando advierta que existe la necesidad de cautela o que el promovente resista o evada la orden de comparecencia judicial, cuando el delito que se le imputa merezca pena privativa de la libertad; así también, no surtirá sus efectos cuando estos actos deriven de un caso de flagrancia; sin perjuicio de la práctica de diligencias en averiguación de hechos delictivos, lo que es de orden público; y, que por tanto, no son materia de suspensión. De igual forma, en caso de que la orden de aprehensión se haya librado por el Juez de Control a solicitud del Ministerio Público, en términos del artículo 167, tercer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el segundo párrafo, del artículo 19 constitucional; esto es, en casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud; la suspensión solo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición de este juzgado en cuanto a su libertad personal se refiere, en el lugar en que sea recluido y a disposición de la autoridad correspondiente, para todas las cuestiones inherentes a sus facultades que como autoridades jurisdiccionales tienen, en términos del artículo 138, fracción I, de la Ley de Amparo, hasta que la autoridad responsable reciba notificación sobre la suspensión definitiva. Sin que en el caso, esta medida suspensional faculte al [los] quejoso[s] a violar disposiciones establecidas en el reglamento de la policía y buen gobierno, de conformidad con el dispositivo 162 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Ahora bien, toda vez que de los datos asentados en la demanda de amparo no se advierte dato alguno que justifique la situación económica de la parte quejosa o algún medio de convicción del que se advierta tal aspecto; en consecuencia, este órgano judicial discrecionalmente impone al impetrante del amparo una garantía por la cantidad de cinco mil pesos ($5,000.00), en cualquiera de las formas establecidas por la ley; lo anterior, con fundamento en el artículo 132 de la Ley de Amparo. En el entendido de que la parte quejosa deberá exhibir la garantía dentro del término de cinco días, siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, conforme lo dispone el artículo 136 de la Ley de Amparo. Resulta de aplicación la jurisprudencia del tenor literal siguiente: SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ FIJAR EL MONTO EXACTO DE LA CAUCIÓN. De la interpretación sistemática de los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo emerge la obligación del Juez de Distrito para fijar el monto de la caución a su prudente arbitrio; empero, su ejercicio está limitado en aquellos casos en que las pruebas rendidas y las condiciones particulares que imperen le permitan calcular de alguna forma el importe de los daños y perjuicios que con la suspensión del acto reclamado pudiera resentir el tercero perjudicado. Así pues, por regla general, es ineludible la obligación del Juez de fijar el monto preciso de la garantía, entendiéndose por ello la determinación del importe líquido o cantidad exacta que representará la caución que el quejoso habrá de exhibir para mantener la efectividad de la suspensión concedida; dado que, en el primero de los supuestos, ostenta la prerrogativa de especificarla discrecionalmente y, en el segundo, atenderá a las constancias de autos para calcular y obtener su cuantía; por lo que resulta contraria a derecho la actuación del Juez de Distrito mediante la cual simplemente establezca las bases y requisitos que el quejoso debe seguir y satisfacer para obtener de ellas el monto de la caución que se le exija para que continúe vigente la medida cautelar otorgada, ya que, además, ello conlleva declinar en el agraviado su obligación de especificar el monto de la caución e, incluso, implica postergar una determinación propia de la resolución que concede la medida cautelar al futuro acreditamiento del cumplimiento de los requisitos o condiciones impuestos para la cuantificación de la garantía. Y la jurisprudencia VI.2º.C.J/321, cuyo contenido textual es el siguiente: SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. LA FACULTAD DISCRECIONAL PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS CUANDO LOS DERECHOS QUE PUDIERAN AFECTARSE CON DICHA MEDIDA NO SEAN ESTIMABLES EN DINERO, NO PUEDE SER ARBITRARIA. El artículo 125 de la Ley de Amparo establece: "En los casos en que es procedente la suspensión, pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaron si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo.-Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero perjudicado que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía.". Ahora bien, del segundo párrafo de dicho precepto se colige que la facultad discrecional que concede a los órganos de control constitucional para fijar el monto de la garantía para que surta efectos la suspensión cuando los derechos que pudieran afectarse con tal medida no sean estimables en dinero no puede ser arbitraria, sino que debe ejercerse de manera razonada, atendiendo a las circunstancias peculiares del caso, a la naturaleza de los actos reclamados, al tiempo probable de la duración del juicio, así como a los derechos que pudieran afectarse. Sin que en el caso proceda imponer como medida de efectividad que la parte quejosa se presente ante las autoridades responsables, en virtud de que no se tiene la certeza de la existencia del acto reclamado.
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