Abdiel Sumano Cuesta

Expediente 1301/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1301/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
15/12/2021

Partes del expediente

  • Abdiel Sumano Cuesta

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL.1301/2021.MESA-8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de diciembre de dos mil veintiuno. 1° Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, particularmente la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra la determinación de tres de diciembre de dos mil veintiuno, en la cual se desechó la demanda de amparo. 2° Firmeza resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación. 3° Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto en el que se desechó la demanda de amparo, estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de dicha determinación en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4° Instrucción Secretaría y Actuaría. Se instruye a la secretaria (o) y actuario (a), que se atiendan los lineamientos precisados en la circular DGGJ/STG/17/2020, de quince de octubre de dos mil veinte, para que la versión pública del acuerdo de desechamiento sea consultable por internet. 5° Archivo. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en sentido contrario), 21, inciso b) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6° Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21 y 24, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es destruible en relación con las especificaciones previstas en el "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal", por lo cual será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, este órgano jurisdiccional destruirá el expediente, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda destruible. 7° Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula de este expediente obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y, como se precisó en el auto inicial, b) que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. 8° Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo Notifíquese por lista de acuerdos. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL.1301/2021.MESA-8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de diciembre de dos mil veintiuno. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo depositada el uno de diciembre del año en curso, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnada a este órgano jurisdiccional el dos de diciembre siguiente, promovida por el quejoso Abdiel Sumano Cuesta, por propio derecho, contra un acto del director general del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, en la que reclama actos que vulneran derechos fundamentales, como es el de igualdad ante la ley, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 1301/2021. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que llevará el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tenga acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 3. Desechamiento de la demanda de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Como se ve, la causa de improcedencia referida no establece un motivo concreto, pues requiere complementarse con otra norma jurídica o, en su caso, con la jurisprudencia del Pleno, de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito. En ese sentido, el artículo 6° de la Ley de Amparo prevé que para que una persona pueda acudir al juicio de amparo en su carácter de quejosa, se requiere que, efectivamente, el acto u omisión que reclama afecte sus derechos fundamentales; precepto que es del tenor siguiente: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. (...)". En la demanda de amparo el quejoso reclama del director General del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca: La falta de contestación al escrito de veinte de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual solicitó se le expida una copia de su certificado de libertad de gravamen. Sin embargo, con fundamento en los numerales referidos, este juicio de amparo se torna improcedente, en razón que, por ahora, el quejoso carece de interés jurídico, pues no existe violación a sus derechos fundamentales que le produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica; por lo siguiente: El artículo 8° de la Constitución Federal dispone que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; además, que a toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Es decir, tal precepto normativo no establece un plazo en el que las autoridades (federales, locales o municipales) deben dar contestación a las solicitudes presentadas por los gobernados, limitándose a señalar que los funcionarios o empleados públicos tienen la obligación de dar una respuesta en breve término, entendiéndose por éste, el periodo racional y justificado para estudiar y acordar la petición, conforme a su complejidad, las circunstancias específicas del caso, las cargas de trabajo de la autoridad y, además, atendiendo los términos que para ello fijen las leyes. Bajo ese tenor, es menester acudir a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca que, en su artículo 13, señala: "Artículo 13.- Ninguna ley ni autoridad podrá limitar el derecho de petición, con tal que ésta se formule por escrito o por medios electrónicos, de manera pacífica y respetuosa. En asuntos políticos, sólo podrán ejercerlo los ciudadanos de la República. La autoridad a quien se dirija la petición tiene la obligación de contestarla por escrito o por medio electrónico solicitado, en el término de diez días, cuando la ley no fije otro, y hacer llegar desde luego su respuesta al peticionario. A las peticiones que se realicen en lengua indígena se les dará respuesta en la misma forma, quedando a cargo del Estado la labor de traducción o interpretación". Como se advierte, la Constitución local establece un plazo genérico de diez días para que las autoridades del Estado de Oaxaca contesten las peticiones de los gobernados, siempre y cuando la ley de la materia no fije otro. En la especie, en este juicio de amparo la parte quejosa señala como autoridad responsable al director General del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, la cual es una dependencia desconcentrada de la Administración Pública Estatal; por tanto, su actuar se rige por la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, en términos de su artículo 1°. De los artículos 23 y 26 de esa Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca se desprende que la dependencia, entidad u organismo descentralizado, desconcentrado, paraestatal o paramunicipal deberá resolver lo conducente en cuanto al ejercicio del derecho de petición en un plazo no mayor a noventa días naturales. De ahí que si en este asunto se reclama del director General del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca la falta de contestación a una solicitud de veinte de octubre de dos mil veintiuno, es evidente que entre esa fecha y la de presentación de la demanda de amparo -uno de diciembre de dos mil veintiuno-, no ha fenecido el término de noventa días naturales con el que cuenta la responsable para atender la solicitud formulada de conformidad con el artículo 26 de la Ley de Procedimiento. En esas condiciones, la autoridad señalada como responsable se encuentra dentro del plazo legal para emitir la contestación correspondiente. De ahí que, por ahora, la parte quejosa no está en la posibilidad jurídica de alegar una violación a su derecho de petición consagrado en el artículo 8° constitucional. Por tratar sobre el particular, se invoca la jurisprudencia XIX1o5 K, visible en la página 633, tomo IV, septiembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, de la Novena Época: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACION EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo". Así, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6°, de la Ley de Amparo, procede desechar, de plano, la demanda de amparo promovida por Abdiel Sumano Cuesta, por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Con la precisión que la determinación adoptada no deja en estado de indefensión al peticionario de amparo, porque en el supuesto de que la autoridad responsable no atienda la solicitud que presentó el veinte de octubre de dos mil veintiuno en el plazo legal para ello, el quejoso podrá promover de nueva cuenta el juicio constitucional, en caso de que lo estime conveniente. Acceso a la justicia. La actualización de la causa de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA" 4. Exhortación a la parte quejosa para continuar la tramitación del juicio en línea mediante el uso de su Firel o e.firma (antes Fiel). Se exhorta a la parte quejosa, para que, preferentemente, continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); ello, con fundamento en el artículos 28 y 29, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. En caso de no poder continuar con el trámite de este juicio de amparo en línea, conforme a lo establecido en el acuerdo general 21/2020, podrá promover físicamente ante la Oficialía de Partes Comunes (OPC), la cual está colocada en la parte exterior de este edificio, que opera de las 9:00 a las 14:00 horas. 5. Precisión. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que, respecto a las cuestiones relativas a la a) atención al público, b) funcionamiento de buzones judiciales y oficialías de partes, c) publicación de lista de acuerdos, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, entre otras cuestiones, deberán estarse a lo indicado en el referido acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en su periodo de vigencia por su similar 20/2021. 6. Domicilio y autorizados. a). Debido a que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de acuerdos y notificaciones, los estrados de este Juzgado; con fundamento en los artículos 26, fracción III y 27, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones personales que le correspondan en este asunto, hágansele mediante lista de acuerdos, como así lo ilustra la tesis XXII.1o. 22 K. publicada en la foja 1067 del tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL". b). Asimismo, téngase como autorizada, en términos del artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, a Susana Raquel Jiménez Ortiz, por no haberse encontrado registro de su cédula profesional en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales, aunado a que en la demanda tampoco se señalaron datos con los que acredite su profesión de licenciada en derecho o abogada; sin embargo, una vez que acredite tal carácter con la información o documental idónea, si es que a sus intereses así conviene, se le tendrá por autorizada en los términos amplios que establece el numeral indicado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. VIII/2020 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, con Registro 2021840, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO." 7. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de resoluciones y sentencia que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia en que se encuentra el país, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 9. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 10. Anotaciones. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno impreso y electrónico, siempre y cuando así proceda. Notifíquese por lista de acuerdos. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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