Abdiel Salgado Cruz

Expediente 410/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
410/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
13/03/2023

Partes del expediente

  • Abdiel Salgado Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, trece de marzo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el telegrama enviado por la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social, número dieciocho, con sede en Saltillo, Coahuila, mediante el cual informa respecto a la suspensión de plano otorgada al quejoso ********************, en proveído de trece de febrero del año en curso. Sin embargo, visto estado que guardan los autos del presente asunto, se advierte que en el aludido acuerdo, este órgano jurisdiccional declinó competencia al Juzgado de Distrito en el Estado de Coahuila, en turno, con sede en Saltillo, el cual correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en aquella localidad, quien mediante proveído de uno de marzo de dos mil veintitrés, aceptó la competencia y admitió a trámite el asunto, registrándolo con el número de amparo ******************** de su estadística. Por tanto, remítase de inmediato el original del referido telegrama, y agréguese copia simple del mismo a los autos para que obre como corresponda. Notifíquese.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, seis de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, del estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de catorce de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo definitivo del presente juicio de amparo; sin embargo, no se advierte en autos que se haya pronunciado respecto al incidente. Por tanto, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el original del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, inciso c), del citado acuerdo general, dado que se negó la suspensión definitiva. Por lo que hace al duplicado del incidente de suspensión, debe ser destruible en un plazo de seis meses posteriores al presente archivo, lo cual podrá materializarse en un plazo de treinta días posteriores a los seis meses, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general. Con fundamento en los artículos 21, penúltimo párrafo, y 24 del Acuerdo en comento, el expediente debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir el expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, incluyendo la de la destrucción respectiva, conforme al artículo 23 del Acuerdo General de trato. Finalmente, devuélvase el juicio de amparo en que se actúa al archivo definitivo de donde se extrajo, para efectuar el presente acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido de la Secretaria de Juzgado Nora Hilda Luna Lugo, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veinte de febrero de dos mil veintitrés.****************************************Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el auto de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, haya sido recurrida por la parte quejosa, que es a quien le pudo causar agravio, y no obstante ello, no la recurrió; por tanto, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes.****************************************ARCHIVO Y VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE****************************************En consecuencia, ARCHÍVENSE las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario.****************************************Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis del Artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo que sobreseyó; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo.****************************************Por otra parte, el original del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de depuración, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 fracción I, inciso a), del citado acuerdo general, dado que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados.****************************************Una vez concluido el plazo de tres años posteriores al archivo, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente incidental, conservando las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión.****************************************Por lo que hace al duplicado del incidente de suspensión, debe ser destruible en un plazo de seis meses posteriores al presente archivo, lo cual podrá materializarse en un plazo de treinta días posteriores a los seis meses, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general.****************************************Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, incluyendo la de la destrucción respectiva, conforme al artículo 23 del Acuerdo General de Trato.*

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, trece de febrero de dos mil veintitrés.****************************************Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social, Número dieciocho "CPS-COAHUILA", con sede en Ramos Arizpe, Coahuila, y otras autoridades; en consecuencia, con fundamento en los artículos 15, 17, fracción IV, 20 y demás relativos de la Ley de Amparo, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 410/2023-V, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).****************************************SUSPENSIÓN DE PLANO****************************************Con fundamento en los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede de plano la suspensión de los actos reclamados consistentes en la falta de atención médica otorgada al quejoso ********************, respecto de los padecimientos que presenta, esto es, las autoridades responsables deberán, en forma inmediata, prestar el servicio requerido de acuerdo con los artículos 49 y 50 del Reglamento de los Centros Federales, conforme a los cuales se prevé la existencia de un Área de Servicios Médicos encargada de velar por la salud física y mental de la población; ello con la finalidad de preservar su derecho humano a la salud.****************************************Además, deberán informar a este órgano de control constitucional dentro del término de veinticuatro horas el cumplimiento que hayan dado a la presente suspensión; apercibidas que de no dar cumplimiento a lo anterior se harán acreedoras en forma individual a una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, con apoyo en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo.****************************************Cabe destacar que si bien los actos reclamados no encuadran exactamente en las hipótesis del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera procedente conceder la suspensión de plano porque se aducen violaciones a derechos humanos y la medida es acorde al principio Pro persona.****************************************Lo que encuentra apoyo en la jurisprudencia PC.XVI.P. J/1 P (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Decimosexto Circuito, consultable en la página 1421 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo III, Materias Común y Penal, Décima Época, cuyos rubro y texto son:****************************************"SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. PROCEDE OTORGARLA CUANDO QUIEN LA SOLICITA SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO PENITENCIARIO Y SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA POR LAS AUTORIDADES DE ÉSTE, PUES ESA OMISIÓN CONLLEVA UN TRATO CRUEL E INHUMANO. El artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, el cual abarca a quienes se encuentran privados de su libertad en un centro penitenciario y, por lo mismo, en estado de vulnerabilidad, situación esta última que convierte al Estado en garante de ese derecho. Ahora bien, el artículo 126 de la Ley de Amparo, dispone que la suspensión se concederá de oficio y de plano, entre otros casos, cuando se trate de actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre ellos, los que implican un trato o pena cruel, inhumano o degradante; así, si se atiende a que acorde con el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el Caso Vélez Loor vs Panamá, el Estado tiene el deber de salvaguardar la salud y el bienestar de los reclusos brindándoles, entre otras cosas, asistencia médica, cuyo incumplimiento puede resultar en una violación a la prohibición absoluta de aplicar tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se concluye que el Juez de Distrito que conozca del amparo promovido por un interno en algún centro carcelario que señale como acto reclamado la falta de atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, a partir de las manifestaciones y los elementos contenidos en su demanda, debe conceder la suspensión de oficio y de plano, ya que el hecho de continuar con esa situación, implica un trato cruel e inhumano y, por ende, se actualiza un caso de excepción que torna procedente la medida suspensional, dada su gravedad, notoria urgencia e imposible restitución, que debe paralizarse inmediatamente, sin necesidad de contar con pruebas acerca de la existencia y consecuencias del acto reclamado, ya que en esos casos el nivel probatorio debe ser mínimo."****************************************Ahora, por lo que hace al acto reclamado consistente en incomunicación, en el sentido de aislar al quejoso en su dormitorio y se le impida realizar actividades que se imparten en centro de reclusión en cita, prohibido por el artículo 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de que se dicen son objetos los directamente agraviados, con fundamento en el numeral 126 de la Ley de Amparo, se DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO DEL MISMO, para el efecto de que cesen de inmediato.************************************************************INCOMPETENCIA****************************************En otro aspecto, resulta necesario analizar lo relacionado a la competencia de este Juzgado de Distrito, para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y, por tanto, preferentes.****************************************Así, este tribunal se declara incompetente para conocer del presente asunto, por razón de territorio, con base en las siguientes consideraciones:****************************************El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece textualmente:********************"Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. ****************************************Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. ****************************************Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda."****************************************Del precepto legal transcrito, se advierten tres reglas básicas que determinan la competencia de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo, a saber:****************************************a) Atender a la naturaleza del acto reclamado y determinar si tiene ejecución material, dado que el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.********************b) En tratándose del acto reclamado cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los tribunales de esas jurisdicciones que haya prevenido, será competente.********************c) Cuando la resolución reclamada no requiere de ejecución material, será competente el juzgador en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.****************************************Precisadas las reglas básicas de competencia para los tribunales federales en materia de amparo, procede establecer a continuación la naturaleza del acto reclamado por el quejoso, ello para delimitar cuál de las contenidas en el artículo 37 de la ley de la materia se actualiza en el caso a estudio.****************************************Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A de la Novena Época, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de 2001, tomo XIV, que a la letra dice:****************************************"COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora."****************************************Ahora bien, del estudio del escrito de cuenta, se advierte que el promovente señala como acto reclamado la falta e inadecuada atención médica por parte del Director General, Director técnico, Director Jurídico, Coordinador de servicios médicos y Director de seguridad, todos del Centro Federal de Readaptación Social, Número dieciocho "CPS-COAHUILA", con sede en Ramos Arizpe, Coahuila, lugar en que se encuentra recluido, debido a que ha estado solicitando atención médica para sus padecimientos y no le han dado una solución.****************************************Por tanto, en concordancia con lo que estipula el primer párrafo del precepto legal invocado, se advierte que los actos reclamados tienen ejecución fuera del territorio en el cual ejerce jurisdicción este juzgado.****************************************En efecto, el deficiente otorgamiento de atención médica de las responsables tiene ejecución material fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, esto es, en el lugar en que se encuentra privado de su libertad el quejoso ********************, esto es, el Centro Federal de Readaptación Social, Número dieciocho "CPS-COAHUILA", con sede en Ramos Arizpe, Coahuila, por lo que es obvio que la misma se está llevando a cabo en aquel lugar; en consecuencia, el competente para conocer de la demanda que se provee es un Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar de reclusión del agraviado.****************************************Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 86/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el seis de diciembre de dos mil diecinueve, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen:****************************************"OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo."****************************************En ese contexto, de conformidad con lo que prevé el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, es evidente que este órgano jurisdiccional resulta incompetente para conocer de la controversia que se le plantea y estima competente al Juzgado de Distrito en el Estado de Coahuila, en turno, con sede en Saltillo, pues es dentro de su jurisdicción donde se localiza el Centro Federal de Readaptación Social, Número dieciocho "CPS-COAHUILA", con sede en Ramos Arizpe, Coahuila, lugar en el que se encuentra recluido el peticionario del amparo.****************************************Sirve de apoyo, por identidad de razón, el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente:****************************************"COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse."****************************************Asimismo, es aplicable el criterio también sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:****************************************"COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYA DE EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que debe conocer de un juicio de garantías biinstancial es el de la jurisdicción en donde haya de ejecutarse el acto reclamado, independientemente de que la autoridad responsable radique en una demarcación distinta."****************************************En consecuencia, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, mediante atento oficio remítase el presente asunto al Juez de Distrito en el estado de Coahuila, en turno, con sede en Saltillo, con el propósito de que continúe con el trámite del juicio, dada la competencia que se le plantea.********************EXHORTO********************Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Coahuila, en turno, con sede en Saltillo, para que en auxilio de las labores de este tribunal, ordene a quien corresponda se constituya en el citado centro de reclusión y previa localización de ********************, le notifique el presente acuerdo.****************************************De igual forma, se solicita al Juez exhortado que genere un oficio con motivo del acuerdo que recaiga a la presente comunicación oficial, y lo dirija a las autoridades responsables de aquella ciudad, al cual deberá adjuntar copia certificada del presente auto y de la demanda de amparo, para que les notifique el presente proveído y estén en condiciones de rendir su informe respecto de la suspensión de plano aquí concedida.****************************************Facultando desde este momento al similar jerárquico para que realice cuantas diligencias sean necesarias para realizar las diligencias solicitadas, así como habilitar días y horas inhábiles. Sin necesidad de que se acuse recibo dado que el sistema lo genera automáticamente.****************************************Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Liliana Margarita Villarreal Medrano, Secretaria que autoriza y da fe.LDLGReynosa, Tamaulipas, trece de febrero de dos mil veintitrés.****************************************Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social, Número dieciocho "CPS-COAHUILA", con sede en Ramos Arizpe, Coahuila, y otras autoridades; en consecuencia, con fundamento en los artículos 15, 17, fracción IV, 20 y demás relativos de la Ley de Amparo, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 410/2023-V, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).****************************************SUSPENSIÓN DE PLANO****************************************Con fundamento en los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede de plano la suspensión de los actos reclamados consistentes en la falta de atención médica otorgada al quejoso ********************, respecto de los padecimientos que presenta, esto es, las autoridades responsables deberán, en forma inmediata, prestar el servicio requerido de acuerdo con los artículos 49 y 50 del Reglamento de los Centros Federales, conforme a los cuales se prevé la existencia de un Área de Servicios Médicos encargada de velar por la salud física y mental de la población; ello con la finalidad de preservar su derecho humano a la salud.****************************************Además, deberán informar a este órgano de control constitucional dentro del término de veinticuatro horas el cumplimiento que hayan dado a la presente suspensión; apercibidas que de no dar cumplimiento a lo anterior se harán acreedoras en forma individual a una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, con apoyo en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo.****************************************Cabe destacar que si bien los actos reclamados no encuadran exactamente en las hipótesis del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera procedente conceder la suspensión de plano porque se aducen violaciones a derechos humanos y la medida es acorde al principio Pro persona.****************************************Lo que encuentra apoyo en la jurisprudencia PC.XVI.P. J/1 P (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Decimosexto Circuito, consultable en la página 1421 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo III, Materias Común y Penal, Décima Época, cuyos rubro y texto son:****************************************"SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. PROCEDE OTORGARLA CUANDO QUIEN LA SOLICITA SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO PENITENCIARIO Y SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA POR LAS AUTORIDADES DE ÉSTE, PUES ESA OMISIÓN CONLLEVA UN TRATO CRUEL E INHUMANO. El artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, el cual abarca a quienes se encuentran privados de su libertad en un centro penitenciario y, por lo mismo, en estado de vulnerabilidad, situación esta última que convierte al Estado en garante de ese derecho. Ahora bien, el artículo 126 de la Ley de Amparo, dispone que la suspensión se concederá de oficio y de plano, entre otros casos, cuando se trate de actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre ellos, los que implican un trato o pena cruel, inhumano o degradante; así, si se atiende a que acorde con el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el Caso Vélez Loor vs Panamá, el Estado tiene el deber de salvaguardar la salud y el bienestar de los reclusos brindándoles, entre otras cosas, asistencia médica, cuyo incumplimiento puede resultar en una violación a la prohibición absoluta de aplicar tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se concluye que el Juez de Distrito que conozca del amparo promovido por un interno en algún centro carcelario que señale como acto reclamado la falta de atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, a partir de las manifestaciones y los elementos contenidos en su demanda, debe conceder la suspensión de oficio y de plano, ya que el hecho de continuar con esa situación, implica un trato cruel e inhumano y, por ende, se actualiza un caso de excepción que torna procedente la medida suspensional, dada su gravedad, notoria urgencia e imposible restitución, que debe paralizarse inmediatamente, sin necesidad de contar con pruebas acerca de la existencia y consecuencias del acto reclamado, ya que en esos casos el nivel probatorio debe ser mínimo."****************************************Ahora, por lo que hace al acto reclamado consistente en incomunicación, en el sentido de aislar al quejoso en su dormitorio y se le impida realizar actividades que se imparten en centro de reclusión en cita, prohibido por el artículo 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de que se dicen son objetos los directamente agraviados, con fundamento en el numeral 126 de la Ley de Amparo, se DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO DEL MISMO, para el efecto de que cesen de inmediato.************************************************************INCOMPETENCIA****************************************En otro aspecto, resulta necesario analizar lo relacionado a la competencia de este Juzgado de Distrito, para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y, por tanto, preferentes.****************************************Así, este tribunal se declara incompetente para conocer del presente asunto, por razón de territorio, con base en las siguientes consideraciones:********************El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece textualmente:********************"Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. ********************Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. ********************Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda."********************Del precepto legal transcrito, se advierten tres reglas básicas que determinan la competencia de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo, a saber:********************a) Atender a la naturaleza del acto reclamado y determinar si tiene ejecución material, dado que el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.********************b) En tratándose del acto reclamado cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los tribunales de esas jurisdicciones que haya prevenido, será competente.********************c) Cuando la resolución reclamada no requiere de ejecución material, será competente el juzgador en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.********************Precisadas las reglas básicas de competencia para los tribunales federales en materia de amparo, procede establecer a continuación la naturaleza del acto reclamado por el quejoso, ello para delimitar cuál de las contenidas en el artículo 37 de la ley de la materia se actualiza en el caso a estudio.********************Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A de la Novena Época, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de 2001, tomo XIV, que a la letra dice:********************"COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora."********************Ahora bien, del estudio del escrito de cuenta, se advierte que el promovente señala como acto reclamado la falta e inadecuada atención médica por parte del Director General, Director técnico, Director Jurídico, Coordinador de servicios médicos y Director de seguridad, todos del Centro Federal de Readaptación Social, Número dieciocho "CPS-COAHUILA", con sede en Ramos Arizpe, Coahuila, lugar en que se encuentra recluido, debido a que ha estado solicitando atención médica para sus padecimientos y no le han dado una solución.********************Por tanto, en concordancia con lo que estipula el primer párrafo del precepto legal invocado, se advierte que los actos reclamados tienen ejecución fuera del territorio en el cual ejerce jurisdicción este juzgado.********************En efecto, el deficiente otorgamiento de atención médica de las responsables tiene ejecución material fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, esto es, en el lugar en que se encuentra privado de su libertad el quejoso ********************, esto es, el Centro Federal de Readaptación Social, Número dieciocho "CPS-COAHUILA", con sede en Ramos Arizpe, Coahuila, por lo que es obvio que la misma se está llevando a cabo en aquel lugar; en consecuencia, el competente para conocer de la demanda que se provee es un Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar de reclusión del agraviado.********************Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 86/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el seis de diciembre de dos mil diecinueve, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen:****************************************"OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo."********************En ese contexto, de conformidad con lo que prevé el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, es evidente que este órgano jurisdiccional resulta incompetente para conocer de la controversia que se le plantea y estima competente al Juzgado de Distrito en el Estado de Coahuila, en turno, con sede en Saltillo, pues es dentro de su jurisdicción donde se localiza el Centro Federal de Readaptación Social, Número dieciocho "CPS-COAHUILA", con sede en Ramos Arizpe, Coahuila, lugar en el que se encuentra recluido el peticionario del amparo.****************************************Sirve de apoyo, por identidad de razón, el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente:****************************************"COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse."****************************************Asimismo, es aplicable el criterio también sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:****************************************"COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYA DE EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que debe conocer de un juicio de garantías biinstancial es el de la jurisdicción en donde haya de ejecutarse el acto reclamado, independientemente de que la autoridad responsable radique en una demarcación distinta."****************************************En consecuencia, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, mediante atento oficio remítase el presente asunto al Juez de Distrito en el estado de Coahuila, en turno, con sede en Saltillo, con el propósito de que continúe con el trámite del juicio, dada la competencia que se le plantea.********************EXHORTO********************Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Coahuila, en turno, con sede en Saltillo, para que en auxilio de las labores de este tribunal, ordene a quien corresponda se constituya en el citado centro de reclusión y previa localización de ********************, le notifique el presente acuerdo.****************************************De igual forma, se solicita al Juez exhortado que genere un oficio con motivo del acuerdo que recaiga a la presente comunicación oficial, y lo dirija a las autoridades responsables de aquella ciudad, al cual deberá adjuntar copia certificada del presente auto y de la demanda de amparo, para que les notifique el presente proveído y estén en condiciones de rendir su informe respecto de la suspensión de plano aquí concedida.****************************************Facultando desde este momento al similar jerárquico para que realice cuantas diligencias sean necesarias para realizar las diligencias solicitadas, así como habilitar días y horas inhábiles. Sin necesidad de que se acuse recibo dado que el sistema lo genera automáticamente.****************************************Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Liliana Margarita Villarreal Medrano, Secretaria que autoriza y da fe.

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