Abdiel Benjamín Robles Martínez

Expediente 383/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
383/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
15/04/2019

Partes del expediente

  • Abdiel Benjamín Robles Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Como de autos se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso d) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de revisión contra el auto de quince de marzo de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia, sin que lo haya hecho, se declara firme. Por otra parte, toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. Del análisis del presente expediente se considera que carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos a que alude el punto vigésimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse las hipótesis previstas en la fracción II del punto vigésimo primero, párrafo primero, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se sobreseyó en el juicio y no se tramitó incidente de suspensión. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Asimismo, se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario que permanezcan en este juzgado los documentos exhibidos por la parte quejosa, se le requiere para que acuda a este Juzgado de Distrito a recogerlos dentro del plazo de diez días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique. Apercibido que de no acudir por éstos, en el plazo indicado, serán destruidos junto con el expediente.

  2. Principal

    Téngase por recibido el ocurso signado por ***, en su carácter de autorizado en amplios términos de la parte quejosa, a través del cual y, en atención a lo que solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídasele copia certificada de las constancias que peticiona y que integran el presente sumario constitucional, previo razón de recibo que otorgue en autos.Por otra parte, acorde a lo que indica el promovente de que se le tenga designando como autorizados a las personas que señala, a fin de que recaben las copias peticionadas, dígasele que no ha lugar, ya que de conformidad al numeral 12 de la Ley de Amparo, la facultad para designar autorizados es inherente únicamente a las partes procesales, y no puede ser delegada a terceros.Tiene aplicación el siguiente criterio que establece:"AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS CONFORME AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESIGNAR A UNA DIVERSA PERSONA SÓLO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES E IMPONERSE DE LOS AUTOS. El artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo permite al quejoso y al tercero perjudicado designar un autorizado para oír notificaciones en su nombre y faculta a éste para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento, pedir que se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad o prescripción y realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no se le autoriza para designar a una diversa persona sólo para recibir notificaciones e imponerse de los autos, pues esto únicamente corresponde a los contendientes, conforme a la última parte de dicho párrafo. Asimismo, tampoco puede justificarse tal designación bajo el argumento de que lo realizan como un acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pues éstos deben entenderse como aquellos relacionados con el fondo de la litis constitucional, tales como ampliar la demanda de garantías o cumplir un requerimiento, mas no para realizar los que corresponden únicamente a las partes en cuanto a la representación en juicio"

  3. Principal

    aviso.- por este medio de lista se notifica al quejoso del proveido de quince de marzo del año en curso, mediante el cualTéngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Presidente Auxiliar de la Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, mediante el cual, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, rinde informe justificado; consecuentemente, dese vista a las partes. I. Se sobresee fuera de audiencia. Ahora, de las constancias certificadas que se adjuntaron, se advierte que ha sobrevenido una causa de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. Bajo esa postura, el artículo 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de garantías. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De esta manera, si en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, la sentencia protectora persigue reparar las violaciones de garantías que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso concreto, el acto reclamado consiste en la omisión de avocarse al conocimiento de la demanda laboral del impetrante. Luego, de las constancias que acompañó a su informe la referida autoridad se advierte que han cesado los efectos de tal acto reclamado dado que el veintiséis de febrero del año en curso, la autoridad responsable dictó un auto por el cual se tuvo al quejoso desistiéndose del juicio laboral. Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado en virtud de que como se estableció, la omisión de que se duele la parte quejosa en su demanda de garantías, fue cubierta con la recepción del estudio en cita. Tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Bajo ese contexto, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V , del mismo ordenamiento legal, se sobresee en el juicio de amparo fuera de audiencia. II. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas en el presente juicio de garantías, para la celebración de la audiencia constitucional para las nueve horas con cuarenta y un minutos del veinte de marzo del dos mil diecinueve.

  4. Principal

    De la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días concedido a la parte quejosa, para que compareciera a este juzgado a recibir los documentos exhibidos con el escrito inicial de demanda, sin que dentro de ese lapso lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, por ende, la documental de referencia, podrá ser destruidas junto con el expediente. Lo anterior sin perjuicio de que el último de los días concedidos hubiera sido inhábil, en razón de que a la fecha en que se autoriza el presen te proveído, transcurrió en exceso el plazo concedido.

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