Abdellahi Ahmed Zein

Expediente 582/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
582/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
10/08/2023

Partes del expediente

  • Abdellahi Ahmed Zein

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diez de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja contra el auto de doce de julio del año en curso, por medio del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo con que se formó este expediente; en tal razón, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones correspondientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, por lo que se ordena que una vez que transcurran tres años a esta fecha, se proceda a la destrucción previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido; por lo que, se establece como fecha probable el diez de agostos de dos mil veintiséis. En cumplimiento al artículo 34 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, doce de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, así como el estado de autos, se advierte que mediante proveído de veintinueve de junio del año en curso, se requirió al promovente Librado Heriberto Trujillo González, a efecto de que dentro del término de veinticuatro horas, por escrito y bajo protesta de decir verdad informara si tiene conocimiento de algún dato que pudiera ser de utilidad para la localización de los directos quejosos (1) Abdellahi Ahmed Zein, (2) Behah Alouch, (3) Mohamed Meme, (4) El Moustapha Brahim, (5) Sidi Mohamed Sad Ballah, (6) Aly M ´Beirick y (7) Abdi El Wakef; de lo que fue notificado vía electrónica a las nueve horas del cinco de los corrientes; y por ende, se evidencia que transcurrió el término concedido al citado promovente, sin que se pronunciara sobre el particular. 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ce.ec CAROLINA PULIDO GONZALEZ JUICIO DE AMPARO 582/2023-2 2 En ese sentido, al no haber localizado a los directos quejosos para ratificar la demanda de amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintinueve de junio del año en curso, y se tiene por no presentada la demanda de derechos fundamentales; asimismo, quedan sin efectos las providencias dictadas en el aludido proveído. Notifíquese y vía electrónica al promovente.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que para esta fecha se encuentra programada la audiencia constitucional; asimismo, que en proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés se tuvo al quejoso Amado Rodríguez Delgado ampliando la demanda de amparo por cuanto al acto reclamado consistente en la respuesta emitida por el Gerente de Registro y Control de Suelo y 04/05/24 15:38:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.0f.83 OSCAR ABDALA DELGADO Juicio de amparo 941/2022 2 Bienes Inmuebles del Instituto Veracruzano de la Vivienda, a la petición que dio inicio al presente juicio, a través del oficio GRCSBI/SBS/0373/2023, de fecha catorce de marzo de dos mil veintitrés. De igual forma, que mediante proveído de dos de junio de dos mil veintitrés se giraron los oficios dirigidos a las autoridades responsables denominadas Gerente de Retiro y Control del Suelo y Bienes Inmuebles de Instituto Veracruzano de la Vivienda; y el Subgerente de Bolsa de Suelo-Alicia Elena Báez Hernández, a la dirección correcta en la que se ubica su domicilio en la ciudad de Xalapa, Veracruz, a efecto de que se encontraran en aptitud de rendir su informe justificado; sin que hasta esta data obren en autos los mismos, pero tampoco se advierte el acuse de recibo de los referidos oficios con los que se solicitó su informe a dichas autoridades, los cuales, según se observa de la factura 3674, fueron depositados el siete de junio del año en curso en el Módulo del Servicio Postal ubicado en este Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, por lo que resulta evidente de que aún no transcurre el plazo que les fue concedido para que rindieran sus correspondientes informes de ley. Sin que sea el caso requerir al jefe del referido módulo postal los acuses de recibo de los oficios dirigidos a las mencionadas autoridades responsables, toda vez que a la fecha no ha transcurrido el término de veinticinco días hábiles que debe mediar desde la fecha en que fue depositada la factura correspondiente y la data en la que se le haga el requerimiento, para realizar cualquier aclaración respecto al destino del oficio que se emite para su entrega a esa dependencia, como lo ha informado la referida oficina de correos en diversos juicios de amparo del índice de este juzgado. 04/05/24 15:38:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.0f.83 OSCAR ABDALA DELGADO Juicio de amparo 941/2022 3 En consecuencia, a fin de dar oportunidad a que se cumplimente lo anterior y en acatamiento de las reglas procedimentales que rigen el juicio de derechos humanos, la audiencia constitucional prevista para este día se difiere y se fijan para su verificativo las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS; lo anterior, atendiendo a la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional de acuerdo con la agenda de audiencias, además de que el quince de febrero del año en curso, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio SEPLE./GEN./007/679/2023, autorizó la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación los días tres y cuatro de julio del presente año, con motivo de las festividades que se realizarán en esta ciudad y en el puerto de Veracruz, en cuyas fechas no correrán los términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo presentada en línea por ********************, en favor de (1) ******************** (2) ********************(3)********************(4)********************(5)********************(6) ********************y (7)******************** (quienes dice son de nacionalidad ********************); fórmese expediente; regístrese en el libro de gobierno con el juicio ********************/2023, y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. SUSPENSIÓN DE PLANO De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el promovente señala como actos reclamados la detención, presentación y privación de la libertad de la que los quejosos han sido objeto, sin que hayan cometido delito alguno y fuera de todo procedimiento administrativo, sin que se cumpla con las formalidades esenciales, ya que no fueron llamados a juicio, ni emplazados, y sin la menor provocación o justificación han sido privados de su libertad; deportación, expulsión o repatriación, el posible el traslado a la Estación Migratoria en la Ciudad de México; asimismo, señalan como autoridades responsables al Representante del Instituto Nacional de Migración y al Titular y/o encargado responsable de la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California, ambos con domicilio conocido ********************, Tijuana, Baja California. Ahora, la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia, de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio de los directos quejosos, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). En ese orden, con apoyo en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano de (1) ******************** (2) ********************(3)********************(4)********************(5)********************(6) ********************y (7)******************** (quienes dice son de nacionalidad ********************); para que de inmediato cese cualquier acto de incomunicación, de privación de la libertad fuera de procedimiento, actos de tortura y golpes, intimidación o cualquier acto que afecte la vida, la salud o cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna; por tanto, las autoridades responsables deberán hacerles saber a la parte quejosa el derecho que tienen a comunicarse con quien estimen conveniente. Por ende, en cuanto a la privación de la libertad fuera de procedimiento, se concede la medida cautelar para el efecto de que la autoridad que los tenga a su disposición los ponga en inmediata libertad. De igual manera, se concede la medida cautelar, para que, mientras los directos quejosos estén alojados en alguna estancia migratoria se les garanticen los derechos previstos en el artículo 109 de la Ley de Migración. Ello, con el único fin de salvaguardar los derechos humanos de los directos quejosos, y dado que en el presente asunto se trata de personas extranjeras, su detención no es un acto restrictivo de libertad con efecto de una sanción de carácter punitivo, sino un acto de naturaleza administrativa regulada por la Ley de Migración que persigue el control, la regulación del ingreso y la permanencia de personas extranjeras dentro del territorio nacional, de ahí que de conformidad con el artículo 106 del citado ordenamiento en ninguna circunstancia se podrá establecer como estaciones migratorias los centros de encarcelamiento, o reclusión. Asimismo, no se pierde de vista que la finalidad del alojamiento temporal de los extranjeros que no acreditan su situación migratoria es con la intención de regularizar su estancia en el país o la asistencia para su retorno; por lo que su detención no implica la comisión de alguna conducta antijurídica, pues de ser así, la autoridad jurisdiccional se encuentra obligada a dar a conocer la filiación del extranjero que se está sujeto a providencias precautorias o medidas cautelares, o bien que cuente con una orden de presentación, aprehensión o vinculación a proceso en el momento en que se dicten, informando del delito del que sean presuntos responsables, lo cual se encuentra previsto en los artículos 99, 100 y 103 de la Ley de Migración. Asimismo, para el caso de que los directos quejosos se encuentren a disposición de algún Agente del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención, salvo el caso de la detención por caso urgente, se concede la presente medida para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis horas, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sean puestos en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente; en el entendido que cuando se encuentren a disposición del Ministerio Público por haber sido detenidos en flagrancia o caso urgente, dicho plazo contará a partir de que sean puestos a disposición; en cualquier caso distinto de los anteriores y en la detención por caso urgente, en los que el Ministerio Público restrinja la libertad de la parte quejosa, para el efecto de que sea puesta en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Si la privación de la libertad se relaciona con algún procedimiento del orden penal iniciado en su contra o que no deban ser privados de dicha libertad, por no ser un ilícito de los considerados como de prisión preventiva oficiosa en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales; con fundamento en el artículo 163 de la Ley de Amparo, quedarán a disposición de este órgano jurisdiccional, únicamente por lo que se refiere a su libertad personal, pero a disposición de la autoridad que debe juzgarlos, para la continuación del procedimiento respectivo. En el caso de órdenes o medidas de protección impuestas en cualquiera de las etapas de un procedimiento penal, se estará a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 128 de la legislación en comento, el cual contempla que no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona, la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Por tanto, la suspensión no puede tener por efecto que dichas autoridades dejen de acatar lo mandatado por la norma, pues ésta conforme el artículo 1° de la Ley de Migración, que es de orden público y de observancia general en toda la República, tiene por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales. Es necesario hacer notar que el cumplimiento de la suspensión decretada en el presente proveído, es de orden público y por ende debe velarse que se acate de conformidad con lo previsto en el Título Quinto de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 24, 126 y 158 del mismo ordenamiento; preceptos que establecen que la medida cautelar debe ser cumplida de inmediato, cuando la naturaleza del acto, así lo permita, circunstancia por la cual la autoridad o autoridades responsables, como se dijo, de inmediato deben cumplir esta determinación con el objeto de restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos violentados. De igual manera, se deberá girar oficio a las autoridades ejecutoras o a la autoridad a donde los directos quejosos estén privados de su libertad o hayan sido trasladados para que se notifique la suspensión concedida, o en su caso, a la autoridad que en ese momento lo represente o lo sustituya en sus funciones. Por otro lado, respecto del acto reclamado consistente en la orden de deportación, expulsión, retorno asistido y/o la orden de salida del país con fines de obligar a los directos quejosos a abandonar territorio nacional por parte de las autoridades responsables; con fundamento en los artículos 15 y 126, párrafo primero y 160 de la Ley de Amparo, se concede de plano la suspensión de los actos reclamados, para el efecto de que no se ejecuten y los quejosos (1) ******************** (2) ********************(3)********************(4)********************(5)********************(6) ********************y (7)******************** (quienes dice son de nacionalidad ********************), queden en el lugar donde se encuentren, a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia número P./J. 80/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, Tomo XXVI, diciembre de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción 1, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa , pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación , manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción 1, de la Ley de Amparo." De igual forma, se cita la jurisprudencia PC.X. J/15 K (1Oa.), emitida por el Pleno del Décimo Circuito, publicada en la página 879, tomo 1, septiembre 2020, Libro 78, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 2022090, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS. Cuando una persona con calidad de migrante solicita el amparo contra su posible deportación o repatriación y simultáneamente reclama actos restrictivos de su libertad personal, efectuados por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, el juzgador de amparo, en atención a los principios de continencia de la causa y pro persona, deberá otorgar la suspensión de oficio y de plano respecto de ambos actos en términos del artículo 126de la Ley de Amparo, y fijar los requisitos de eficacia que estime pertinentes conforme lo establecen los artículos 138, fracción I y 164, del referido ordenamiento, aun cuando el primero de los indicados artículos se refiere a la suspensión provisional. Lo anterior en razón de que no se puede ordenar la libertad del quejoso, sin que se fijen medidas de eficacia y tampoco se pueden desvincular los actos privativos de la libertad consistentes en la deportación del quejoso, pudiendo en su caso, tomarse como parámetro, sin ser vinculantes, las condicionantes establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración". En otro orden, del alojamiento reclamado procede señalar que en caso de que éste derive del procedimiento administrativo migratorio, no procede conceder la suspensión de plano en este momento; en virtud de que el artículo 126 de la Ley de Amparo establece que la suspensión de plano procede (para que los quejosos sean puestos en libertad inmediatamente) sólo cuando el ataque a la libertad personal ocurra fuera de procedimiento, y eso no es lo que sucede para el caso de que los quejosos estén sujetos a la medida personal de alojamiento en una estación migratoria siempre y cuando no haya transcurrido el plazo de treinta y seis horas, contadas a partir de que ingresaron en la estación, porque conforme a los artículos 3, fracción XXIX, 68, 99, 111, 118, 132 y 143 de la Ley de Migración y 222 del reglamento de esa ley, aunque sí se trata de un ataque a la libertad porque están materialmente detenidos, ello ocurre dentro del denominado procedimiento administrativo migratorio. Bajo ese contexto, con fundamento en el artículo 68 de la Ley de Migración, se precisa que la presentación de la parte quejosa en caso de encontrarse en situación migratoria irregular, no podrá exceder de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición y una vez cumplidas no podrán ser retenidos. En el entendido, que las autoridades migratorias deberán actuar con la debida diligencia para prevenir violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas (alojados) en la estación migratoria de referencia con motivo del procedimiento migratorio, cuidar que sean tratados con respeto a la dignidad inherente al ser humano, proporcionarles condiciones dignas de detención como evitar el hacinamiento, garantizarles el derecho a la alimentación, a la salud y propiciar actividades de recreación. En la inteligencia, que la suspensión de plano otorgada no implica que los directos quejosos deambulen o transiten de manera libre por el territorio nacional, sino únicamente es para efecto de que, en su caso, se les permita realizar el trámite respectivo a su situación migratoria ante las autoridades migratorias con sede en la ciudad de Tijuana, Baja California, en libertad. Sustenta lo anterior, la tesis con registro digital 2026673; Instancia Plenos Regionales de la undécima época, Materia Común, Penal Tesis: PR.P.CN. J/5 P (11a.), Fuente Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA A LAS PERSONAS MIGRANTES QUE RECLAMAN LA PRIVACIÓN DE SU LIBERTAD POR MÁS DE TREINTA Y SEIS HORAS EN ESTACIONES MIGRATORIAS, AL SER UN ATAQUE A SU LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes conocieron de diversas quejas en las que se dilucidó si procede o no la suspensión de oficio y de plano en tratándose de personas extranjeras privadas de la libertad, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) por más de treinta y seis horas en una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), al constituir la detención alegada un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, lo que actualiza la hipótesis prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México determina que cuando en el juicio de amparo indirecto las personas migrantes en situación irregular reclamen un ataque a su libertad personal fuera de procedimiento, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción), por más de treinta y seis horas, atribuida al Instituto Nacional de Migración, derivado del procedimiento administrativo en estaciones migratorias, procede conceder la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que sean puestas en libertad, al actualizarse la hipótesis del artículo 126 de la Ley de Amparo. Justificación: En atención al principio de excepcionalidad de la detención por ingreso irregular previsto en el Protocolo para Juzgar Casos que involucren Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el apartado F, fracción I, numeral 3, inciso b, denominado "b. Excepcionalidad y medidas alternativas", en el que establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado que la Ley de Migración y su reglamento prevén la detención migratoria como la regla y no como la excepción. Asimismo, el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional, en su capítulo VIII, intitulado "Reglas específicas de actuación", entre otros aspectos, expone ampliamente el tópico relativo a la excepcionalidad de la detención, por lo que la irregularidad en el ingreso es considerada una falta administrativa. En consecuencia, los derechos y las garantías que deben observar quienes juzgan son aquellas propias de las personas que son sujetas a procedimientos administrativos sancionadores. Ello, además, atendiendo el principio pro persona previsto en el artículo 1o. constitucional, conforme al cual las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Ley Fundamental y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, se considera que en el caso debe privilegiarse la solución conforme con el derecho a la libertad personal de los quejosos, por lo que se debe conceder la suspensión de oficio y de plano cuando la detención de las personas migrantes sea, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) por más de treinta y seis horas en la estación migratoria con motivo del procedimiento administrativo previsto en la Ley de Migración, al ser esa detención reclamada un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, lo que actualiza la hipótesis prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo, para el efecto de que sean puestas en libertad inmediata, para continuar con el trámite migratorio. En el entendido de que la autoridad migratoria, a efecto de dar el debido seguimiento al procedimiento, podrá fijar los requisitos y medidas necesarias, tomando como parámetro las establecidas en los artículos 101 y 102 de la Ley de Migración, una vez que ya haya decretado la libertad". Cabe precisar que, acorde con el antecedente segundo de la demanda de amparo, el veintiséis de junio del año en curso, fueron intervenidos los directos quejosos por agentes adscritos a la sub representación Local del Instituto Nacional de Migración, residente en Tijuana, Baja California; por tanto, hasta este momento no ha transcurrido el plazo de treinta y seis horas contadas a partir de que se verificó el ingreso de dichos impetrantes a la estación migratoria de Tijuana, Baja California. No obstante, se decreta la suspensión de plano para el efecto de que las autoridades responsables brinden a los directos quejosos agua, alimentos adecuados y proporcionen condiciones dignas propias a su naturaleza humana, en el lugar en el que se encuentran a su disposición, lo que implica que les den acceso a un baño para su aseo personal y necesidades fisiológicas, así como un lugar para dormir; y se les permita la asistencia técnica de un abogado, en términos del artículo 70 de la Ley de Migración; lo anterior, a fin de salvaguardar su integridad física y en atención a la condición de vulnerabilidad en la que pueden encontrarse dada su calidad de inmigrantes; todo ello hasta en tanto transcurra el plazo de las 36 horas anteriormente precisado. De igual forma, las autoridades responsables deberán tomar las medidas necesarias y realizar los trámites conducentes para salvaguardar su integridad física y la vida de los directos quejosos, lo que incluye primigeniamente conocer cuál es el estado de salud, por lo que quedan bajo su más estricta responsabilidad las medidas que tome en acatamiento de la medida cautelar. Se precisa que la presente medida cautelar no implica suspender la tramitación del procedimiento administrativo inherente a la situación migratoria de los directos quejosos, toda vez que dicho procedimiento resulta una cuestión de orden público e interés social; solo tiene por objeto que la autoridad migratoria responsable mantenga las cosas en el estado en que se encuentran y, por ende, que se abstenga de trasladar a los quejosos a otro lugar u obligarlos a abandonar materialmente el territorio nacional. En mérito de lo expuesto, hágase del conocimiento de las autoridades responsables esta medida suspensional, para que bajo su más estricta responsabilidad la acaten inmediatamente, entiéndase que el cumplimiento de la suspensión decretada en el presente proveído es de orden público y debe velarse que se acate de conformidad con lo previsto en el Título Quinto de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 24, 126 y 158 del mismo ordenamiento; preceptos que establecen que la medida cautelar debe ser cumplida de inmediato, cuando la naturaleza del acto, así lo permita, circunstancia por la cual las autoridades responsables, como se dijo, de inmediato deben cumplir esta determinación. Se precisa a la responsable que la Ley de Migración señala, como primer principio de la política migratoria, el respeto irrestricto a todos los derechos humanos de las personas migrantes, nacionales y extranjeras, con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad. Atento a lo anterior, tratándose de actos que constriñen a las autoridades a un "hacer", éstas deben de informar en el término preestablecido, las providencias que dicten para dar estricto cumplimiento de la medida suspensional, o en su caso, manifestar la imposibilidad fáctica o jurídica que tengan para hacerlo. INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO Hágase lo anterior del conocimiento de las responsables para que lo acaten bajo su más estricta responsabilidad, quienes, además dentro del término de veinticuatro horas, deberán comunicar a este Juzgado el cumplimiento a dicha medida cautelar, lo que podrá hacer enviando su informe a los correo electrónico oficial 3jdo7cto@correo.cjf.gob.mx, debiendo confirmar su recepción al número (229) 9236720 extensión 1101. Dicho requerimiento conlleva el apercibimiento que de no hacerlo, o de no informar el impedimento que tengan para ello, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y su actualización, de conformidad con los preceptos 158, 237, fracción I, 238 y 259, fracción II, de la Ley de Amparo, la cual hoy equivale a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), pues la unidad de medida equivale a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional); y se informará al Servicio de Administración Tributaria. Asimismo, se enfatiza a las autoridades responsables, que el incumplimiento a una suspensión de plano actualiza el supuesto previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; (.)" Y en ese caso, se otorgaría vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por la probable comisión de un delito, con fundamento en el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual manera, se deberá girar oficio a las autoridades ejecutoras o a las autoridades a donde los directos quejosos estén privados de su libertad o hayan sido trasladados para que se notifique la suspensión concedida, o en su caso, a la autoridad que en ese momento lo represente o lo sustituya en sus funciones. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Precisado lo anterior, y en atención a la solicitud que hizo la parte promovente en el sentido de solicitar copias certificadas de la resolución que sobre la suspensión provisional emita este Juzgado, cabe aclarar que en el presente asunto no se está ordenando la apertura del incidente de suspensión dado que, derivado de la naturaleza de los actos reclamados, en este auto se concedió la suspensión de plano en los términos en los que fue expuesto. RATIFICACIÓN Ahora, ya que los directos quejosos de (1) ******************** (2) ********************(3)********************(4)********************(5)********************(6) ********************y (7)******************** (quienes dice son de nacionalidad ********************), se encuentran en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, ubicada en Tijuana, Baja California, es decir, fuera del lugar de residencia de este juzgado de Distrito, con fundamento en lo previsto por los artículos 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 27 de la Ley de Amparo, 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, en turno, con sede en Tijuana, para que en auxilio de las labores de este juzgado, realice lo siguiente: a) Comisione a cualquiera de los actuarios de su adscripción, para que se constituya en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, Baja California, lugar en el que refirió el promovente que se pueden encontrar los directos quejosos y, de no encontrarlos ahí, se constituya en cualquier centro de detención, es decir, en diferentes corporaciones policiacas y militares, en donde existan separos o celdas, así como centros carcelarios, instancias gubernamentales (autoridades federales, estatales y municipales), o en cualquier otro lugar del que tengan conocimiento que pudiera localizarse, a fin de que localice a los directos quejosos (1) ******************** (2) ********************(3)********************(4)********************(5)********************(6) ********************y (7)******************** (quienes dice son de nacionalidad ********************), y los requiera para que en el acto de la diligencia o dentro del término de tres días, siguientes a aquél en que surta efectos la notificación que se les realice, manifiesten si ratifican la demanda de protección de derechos fundamentales promovida en su favor por ********************, así como para que señalen domicilio para oír y recibir notificaciones; lo anterior, para estar en posibilidad de acordar lo conducente, apercibiéndolos que de no ratificarla dentro del plazo que se les concede, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias que se hubiesen dictado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo; y, en caso de que no estén en algunos de esos lugares preguntar si estuvo, así como la causa de ello, fecha y motivo del egreso. En la inteligencia de que al realizar la búsqueda, el funcionario comisionado deberá requerir al encargado de la dependencia o institución para que le permita el acceso al lugar donde se está constituyendo, a fin de cerciorarse si se encuentran o no los directos quejosos en términos de la ley de la materia; y en el supuesto de que el encargado del lugar se niegue a permitirle el acceso a dichas instalaciones, deberá apercibirlo que de persistir en su actitud, se procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación con tales hechos, mismos que son constitutivos de delito. Ahora bien, se precisa que para el desahogo de la diligencia encomendada el personal actuante deberá realizar lo siguiente: * Vocear a los directos agraviados en el lugar respectivo; * Notificarles el presente auto, a fin de que manifiesten si es su intención ratificar la demanda de amparo promovida en su nombre; requiriéndolos para que en ese acto o dentro del término de tres días, manifiesten si la ratifican o no y los aperciba que de no ratificarla en el término concedido se tendrá por no presentada la demanda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo y quedarán sin efecto las medidas decretadas; * Dar fe del estado físico en el que se encuentren los directos quejosos y los requiera para que de viva voz manifiesten si fueron víctimas de alguno de los actos señalados en el artículo 22 constitucional o 15 de la Ley de Amparo; * Analizar el libro de registro de entrada, para verificar cuándo ingresaron las personas buscadas al lugar donde se les ubicó; y, en específico, el momento exacto de su arribo y de ser posible, el motivo o fundamento de ingreso a dicho establecimiento y a cargo de qué autoridad se encuentran a disposición en cuanto a su libertad personal; * Notificar a la autoridad ante la cual estén detenidos los agraviados, la suspensión de plano decretada respecto de los actos reclamados, requiriéndola para de inmediato la acate, debiendo informar en el improrrogable término de veinticuatro horas sobre el cumplimiento dado a dicha medida; y, * Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. b) Notificar el presente proveído a las autoridades señaladas como responsables con sede en Tijuana, Baja California, esto es, al Representante del Instituto Nacional de Migración y al Titular y/o encargado responsable de la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California, ambos con domicilio conocido en Boulevard Esmeralda sin número, Fraccionamiento La Esmeralda, C.P. 22640, Tijuana, Baja California; debiendo entregar los oficios correspondientes con copia de la demanda de amparo. Con el fin de salvaguardar el derecho humano a la tutela judicial efectiva, que consagran los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta a cualesquiera de los actuarios de la adscripción del juzgado auxiliar para que, en los oficios librados a las autoridades responsables locales, puedan testar y corregir las denominaciones de las autoridades a las que se encuentran dirigidos, esto es así, si al constituirse en el domicilio oficial sean informados que la denominación es incorrecta y sea proporcionada la correcta o, dada las funciones que realizan propias a su puesto, es de su conocimiento la denominación correcta de las autoridades a las que se dirigen las misivas. Así también, se otorga plenitud de jurisdicción al juez exhortado para la práctica de la diligencia encomendada, habilite días y horas a efecto de desahogarla, en caso de dificultad de encontrar a los buscados en horas hábiles; realice cualquier acto tendiente al desahogo de la comunicación oficial de que se trata, acuerde todo tipo de promociones, girar los oficios que sean necesarios, expedir copias, dejar citatorios e imponer medidas de apremio a fin de completar y perfeccionar la diligencia que se soliciten e intentar cuantas veces sea necesario el desahogo de la diligencia para lograr su realización. Asimismo, y ya que los directos quejosos son de nacionalidad ********************, deberá cerciorarse de que hablan y entienden el idioma castellano y en caso de no entenderlo deberán especificar cuál es la lengua que hablan, a fin de auxiliarse de algún medio electrónico o persona que se encuentre en el lugar para realizar la notificación encomendada, especificando pormenorizadamente en su constancia la identificación de la misma, así como los detalles de la diligencia mencionada. A fin de cumplimentar lo anterior, se informa respetuosamente al juez exhortado que con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se le faculta para que habilite días y horas inhábiles, para que se esté en posibilidad de llevar a cabo la diligencia encomendada. Envíese el exhorto de mérito a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 79 al 82 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales del propio Consejo; de igual modo, pídase al órgano jurisdiccional al que por razón de turno corresponda diligenciar los exhortos referidos, que una vez desahogada la solicitud, remita la totalidad de la comunicación oficial únicamente mediante el sistema en comento. APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte promovente de que en caso de no localizar a los directos quejosos en el lugar donde refiere se encuentran alojados o detenidos, la notificación del presente proveído se realizará por lista que se fije en los estrados de este órgano judicial en términos del artículo 27 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, pues acreditó estar legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través de su alta de cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública y a la restante persona, únicamente para oír y recibir notificaciones, por así haberlo solicitado expresamente en su escrito de demanda. USUARIO, CONSULTA Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Como lo solicita el promovente, de conformidad con los artículos 3, 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 37, 38, 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, se autoriza al usuario "********************", para el ingreso, consulta y notificaciones electrónicas de los acuerdos correspondientes a este expediente a través del portal www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx. En razón de lo anterior, se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano de control constitucional, para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones técnicas necesarias a fin de habilitar al usuario ********************, para que pueda ingresar y consultar vía internet el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. Por tanto, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado, realicen las notificaciones respectivas en la vía indicada. Respecto a los correos electrónicos y números telefónicos que proporciona, serán utilizados únicamente como medios de contacto tratándose de comunicaciones no procesales. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS. Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que de conformidad con los numerales 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, a fin de optimizar los recursos materiales, a partir de ahora únicamente les serán notificadas por oficio, aquellas determinaciones que por la trascendencia de su contenido lo ameriten; en tanto, que los acuerdos de trámite de menor importancia se les notificarán por lista de acuerdos. Ahora bien, tomando en consideración que el segundo de los artículos citados en el párrafo que antecede, prevé que en los juicios de amparo, las notificaciones por lista de acuerdos se harán en una que se fije y publique en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a la(s) autoridad(es) responsable(s) que en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx o bien, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx puede(n) realizar la consulta de dicha lista, así como la información del expediente que se encuentra capturada dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, registro 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese, vía electrónica al promovente, vía exhorto a los directos quejosos y a las autoridades responsables, mediante oficios anexos a la comunicación oficial correspondiente.

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