Abdallah Alejandro Feregrino Carpio

Expediente 537/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
537/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
19/11/2021

Partes del expediente

  • Abdallah Alejandro Feregrino Carpio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia de terminada de engrosar el veinte de octubre de dos mil veintiuno, mediante la cual se negó el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, sin que se hayan inconformado; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la ley de la materia, para todos los efectos legales correspondientes, se declara que ha causado ejecutoria; por tanto, dése el aviso correspondiente a las partes; y, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. Por otra parte, se hace constar que este juicio carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste y en los cuadernos incidentales que derivan del mismo, no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Ahora, toda vez que se otorgó la suspensión provisional y definitiva, se hace la observación que el cuaderno principal y original del incidente son susceptibles de depuración, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, así como en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por cuanto hace al duplicado del cuaderno incidental, con fundamento el aludido Acuerdo General 1/2009, destrúyase. Al resultar innecesaria la conservación de un tomo de pruebas y tres discos compactos remitidos por el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número Dos, Maestro Christian Ricardo Franco Reyes, devuélvansele sin que haya necesidad de solicitar el acuse de recibo correspondiente, pues como tal se tendrá la constancia en la que obre el sello de recibido. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    AVISO.Se notifica por medio de lista de acuerdos a la parte quejosa el proveído de veinte de octubre del año en curso, que en lo conducente dice: "VISTOS para resolver, los autos del juicio de amparo 537/2021; y, RESULTANDO: ÚNICO. El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo que oportunamente presentó .; tramitado el juicio, se celebró audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio, conforme con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Federal, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; así como, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. El acto reclamado lo es el auto de vinculación a proceso emitido en audiencia de ocho de junio de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta judicial 002/0662/2021-O, que se atribuyó al Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la unidad de gestión judicial número dos, Maestro Christian Ricardo Franco Reyes, quien al rendir su informe justificado lo aceptó, lo que se acredita con las constancias y discos compactos que exhibió, que por tratarse de documentales públicas, adquieren valor probatorio de conformidad con los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2, motivo por el cual se tiene probado. TERCERO. Las partes no hicieron valer causal de improcedencia, ni este juzgador advierte la existencia de alguna. CUARTO. La parte quejosa señaló que el acto reclamado vulnera en su perjuicio los artículos 1°, 14, 16, 19 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expuso como conceptos de violación esencialmente que: I. No se encuentra suficientemente fundado y motivado. II. Está sustentado en una "ilícita e ilógica ponderación jurídica" por parte del juez de control, respecto de los datos de prueba que expuso el agente del ministerio público, ya que se contraponen con la propia investigación. II. Las pruebas aportadas por la representación social, se obtuvieron con base en falsas declaraciones realizadas por Erika Jiménez Chávez, aunado a que no se localizó lesión alguna al menor que haga presumir violencia y, su entrevista es vaga e imprecisa, la que incluso no se llevó a cabo bajo los protocolos respectivos, por lo que no existen indicios que hagan presumir fundadamente que intervino la su comisión de delito alguno. III. Se suplen los medios de prueba aportados por la representación social, mostrando parcialidad hacía la fiscalía, ya que demerita los medios de prueba ofertados por la defensa bajo argumentos falaces y carentes de razonabilidad y, por el contrario, concede valor total a los de la fiscalía. IV. Se incumplen las reglas de la lógica y valorativas de la prueba, así como las máximas de la experiencia que se utilizan como medio de control de razonamiento empleado, basándose únicamente en suposiciones e inferencias. Conceptos de violación que resultan infundados. Los artículos 14, 16 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen diversas garantías, entre ellas, la de legalidad, conforme a la cual, la actuación de las autoridades debe estar fundada y motivada , así como efectuada dentro del marco de sus facultades legales; de seguridad jurídica, que se constituye como una prerrogativa para los gobernados de conocer, dentro del texto de la ley, cuáles son los elementos con que cuenta para hacer valer sus derechos frente a la autoridad y cuáles son las consecuencias de su inobservancia; de debido proceso, es decir, el respeto a las "formalidades esenciales del procedimiento", que implica la certeza de que el asunto se decidirá con una resolución que dirima las cuestiones planteadas; y, de presunción de inocencia que garantiza que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito atribuido, ya que dicha carga le corresponde a quien acusa. De las audiencias relativas al dictado del auto de vinculación a proceso, se advierte que se desahogó de conformidad con lo previsto en el artículo 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin advertirse violación a los derechos fundamentales de la parte quejosa, ya que la responsable expuso con claridad los fundamentos legales, argumentos y razones a partir de los cuales construyó las consideraciones en que sustenta el sentido de la determinación reclamada. En efecto, la autoridad judicial analizó lo establecido en los citados preceptos al tenor de los siguientes requisitos: 1) Se haya formulado imputación. Requisito que se configura a cabalidad, pues del acto reclamado se advierte que la agente del Ministerio Público en presencia del juez de control responsable, formuló imputación contra el ahora quejoso, haciéndole de su conocimiento los hechos con apariencia de delitos consistentes en retención de menores y violencia familiar, que prevén y sancionan los artículos 173 y 200, ambos del Código Penal para la Ciudad de México. 2) Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. Posterior a la formulación de la imputación por parte de la autoridad ministerial, el juez de control responsable dio el uso de la voz al quejoso, quien depuso de forma libre. 3) Se exprese el hecho que la ley señala como delito, estableciendo el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. Este requisito se cumple en el presente asunto, puesto que el juez de control responsable indicó dichas circunstancias, precisando que de la relación que el imputado sostenía con Erika Jimenez Chávez, procrearon a su menor hijo de iniciales L.Z.F.J; al separase en dos mil catorce, Erika inició un juicio del orden familiar, en el que el once de abril de dos mil dieciséis, ambos firmaron un acuerdo con efectos de sentencia ejecutoriada, en el sentido de que la guardia y custodia la detentaba de manera definitiva la madre y con efectos de convivencia el imputado, esto, únicamente sábados y domingos de cada quince días. El cuatro de septiembre de dos mil veinte, se presentó en el domicilio de Erika, para efectos de convivencia, sin embargo, en esa ocasión, el ahora quejoso no reintegró al menor tampoco avisó a la madre que no lo haría, por lo que desde esa fecha lo tiene bajo su resguardo en su domicilio particular. El veintiuno de septiembre de dos mil veinte, el menor al tomar clases en línea, realizó un comentario que el imputado tomó a mal, por lo que éste le pidió salir de la sesión, cuando lo hizo, el imputado le dio varios cinturonazos, patadas en el cuerpo y en la cara, por lo que le sacó sangre de la nariz, a las veinte horas de ese día el menor a través de video llamada se comunicó con su madre y le mostró su cara, del lado derecho la tenía rojiza e hinchada, diciéndole el menor que su progenitor le había pegado, ante lo cual, la madre tomó una captura de pantalla y, reconoció el lugar como el domicilio particular del imputado. El diez de marzo de dos mil veintiuno, se encontraba el imputado con el menor en su habitación, cuando aquél le preguntó a éste que quién había agarrado un aparato electrónico y el menor contestó que había sido él, por lo que el imputado le pegó con el cinturón en seis ocasiones en la pompas y piernas, además que en diversas ocasiones cuando no hacía la tarea le decía insultos como estúpido, tonto, guey, pendejo, golpeándolo aproximadamente diez veces durante el tiempo que estuvo con el imputado. Por lo anterior, el once de marzo de dos mil veintiuno, se solicitó orden de cateo para recuperar al menor, el doce de marzo se cumplimentó y, fue reintegrado con su madre. Así, el juzgador después de realizar un ensayo argumentativo simple, logró identificar, en esos hechos, aspectos estructurales que lo llevaron a considerar con un grado de aproximación que incursionaban en el campo de lo ilícito, esto es, que tenían la apariencia de delito de violencia familiar diversos dos, cuya clasificación jurídica preliminar, se encuentra prevista y sancionada, en el artículo 200 Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Sin que pase inadvertido que en uso de su facultad y, sin vulnerar derecho humano alguno, decretó auto de no vinculación a proceso por los hechos con apariencia de delito de retención de menores y, especificó en cuanto al diverso hecho, que fue en dos ocasiones que el imputado ejerció violencia física y psicoemocional en contra de su menor hijo. 4) Se dicte por el hecho que fue motivo de la imputación. El juez de control responsable al emitir el auto de vinculación a proceso se ciñó a los hechos que motivaron la imputación, tal y como fueron narrados por la agente del Ministerio Público, sin variarlos o complementarlos, sin omitir ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresó consideraciones contrarias entre sí, para concluir que resultaba procedente vincular a proceso al peticionario del amparo. En consecuencia, contrario a lo manifestado por la parte quejosa, la autoridad judicial responsable fundó y motivó el auto de vinculación tildado de inconstitucional; aunado a que éste fue dictado de manera congruente en relación con los hechos motivo de la imputación formulada en contra del impetrante, sin vulnerar derechos fundamentales, resolviendo sólo conforme a lo expuesto por las partes. 5. Se expresen los datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El juez de control responsable, a partir de la relatoría de los hechos por parte de la Agente del Ministerio Público, determinó que se tuvieron por colmados los requisitos constitucionales relativos al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, habida cuenta que el aquí quejoso en dos ocasiones ejerció violencia física y psicoemocional en contra del menor víctima; y, que existe la probabilidad de que el ahí imputado lo cometió o participó en su comisión, sin que hubiese realizado juicio de valor alguno en relación con los datos de prueba expresados por la representación social, siendo hasta la etapa de juicio en la que, con igualdad de condiciones, se llevará a cabo la producción probatoria de las partes y se demostrarán los hechos objeto del proceso. De aquí que resulte incorrecto hablar de insuficiencia probatoria o deficiente valoración, pues de hacerlo, se rebasarían las directrices constitucionales que rigen el sistema penal acusatorio, ya que en esta estancia, se itera, sólo se cuenta con datos y no propiamente con pruebas, debiendo sujetarse a los antecedentes de la investigación que expresa la autoridad ministerial y en su caso su refutación por parte del imputado y/o su defensa, valorando su razonabilidad. Lo anterior es así, toda vez que de la interpretación de los artículos 16, párrafo tercero, 19, párrafo primero y 20, apartado A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la audiencia inicial el juzgador tiene la prohibición de revisar las actuaciones practicadas en la carpeta de investigación, con el fin de evitar que prejuzgue, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones, así como los principios de igualdad y contradicción; de aquí que el sustento de su determinación lo constituya la valoración de la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por el órgano técnico de investigación y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor y el decantamiento por alguna de esas hipótesis, tal como ocurrió en el caso. Además, debe destacarse que el auto de vinculación a proceso se trata de una etapa preliminar de la investigación en la cual no se resuelve el fondo del asunto, sino que tiene como finalidad determinar si se justifica la continuación del proceso que se ha de llevar a una etapa posterior intermedia de depuración, por ello la autoridad constitucionalmente facultad para determinar si existen datos suficientes para continuar con el proceso, es el juez de control; consecuentemente, en el amparo no se puede sustituir esa valoración. Por tanto, resultan infundados los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, en el sentido que el juez realizó una "ilícita e ilógica ponderación jurídica" de los datos de prueba que expuso el agente del ministerio público; que las pruebas aportadas por la representación social, se obtuvieron con base en falsas declaraciones realizadas por Erika Jiménez Chávez, aunado a que no se localizó lesión alguna al menor que haga presumir violencia y, que su entrevista es vaga e imprecisa, la que incluso no se llevó a cabo bajo los protocolos respectivos; que se suplen los medios de prueba aportados por la representación social, mostrando parcialidad; y, que se incumplen las reglas de la lógica y valorativas de la prueba, así como las máximas de la experiencia, ya que se basa en suposiciones e inferencias. Lo anterior, ya que como también lo expuso el juez responsable, el análisis de los datos de prueba en la etapa inicial es sintético y no analítico, esto es, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos constitucionales de mérito, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, sino que sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; para ello, el juez de control debe examinar el grado de racionabilidad para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. Incluso, como lo refiere la responsable, en las primeras etapas del procedimiento, de investigación (inicial y complementaria) e intermedia, se dilucidan cuestiones preliminares, en tanto que, en la de juicio, las esenciales; por ello, se estableció un estándar probatorio menor para resolver las solicitudes de vinculación a proceso. Por ende, en resolución de vinculación a proceso, debe ponderarse en forma armónica el contenido de los antecedentes de investigación propuestos, sin que el alcance probatorio se verifique por partes, como pareciera lo pretende la parte quejosa, cuyos datos de prueba, según se adelantó, únicamente deben satisfacer los requisitos de suficiencia, idoneidad y pertinencia, como de facto acontece en el caso concreto. En otro aspecto, resulta igualmente infundado lo expuesto por la parte quejosa, en el sentido de que no existen indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en la comisión de delito alguno. Como ya se ha dicho, el auto de vinculación a proceso es un acto dentro del procedimiento penal, cuya emisión trae como consecuencia que a la persona imputada se le sujete a una investigación formalizada, a fin de que las partes involucradas en el conflicto penal recaben medios de convicción que permitan determinar en una etapa posterior denominada intermedia, si lo obtenido es suficiente para que la autoridad ministerial formule acusación al imputado y, en su caso, se le lleve a juicio oral para determinar su responsabilidad en el hecho delictuoso imputado. Así, conforme a los requisitos constitucionales y legales, en esta etapa procesal el juez de control no está obligado a especificar su mayor o menor proximidad con el hecho con apariencia de delito imputado, ni a determinar su elaboración, contribución o aporte material o intelectual, pues en esta fase solo se le exige que sea factible establecer la posibilidad de que participó en su comisión, lo que ocurre cuando existen indicios razonables que así permitan suponerlo, por lo que no se requiere de un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas que puedan acreditar con esa especificidad tales extremos, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, sino que se fortalece, al ser la única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatorio de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. 6. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente de delito. La juez de control responsable no advirtió alguna causa de extinción de la acción penal ni causas excluyentes del delito previsto. Consecuentemente, no se advierte violación al artículo 1° constitucional, el cual establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Carta magna, sino también por aquellos previstos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que en la especie acontece, pues como se ha visto, la responsable respetó sus garantías al resolver la cuestión planteada. Tampoco se advierte transgresión a los criterios jurisprudenciales que refiere la parte quejosa, en tanto que la autoridad se ajustó a los que constituyen jurisprudencia, mientras que los que invoca de naturaleza aislada, no son vinculantes para la decisión a la que se arriba. Por lo anterior, se concluye que el acto reclamado cumple con la regularidad constitucional que exigen los artículos 14, 16, 19 y 20 constitucionales, sin que se adviertan violaciones a sus derechos humanos. En consecuencia, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. QUINTO. Las partes no se opusieron ni hicieron manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente, por lo que únicamente se suprimirán los datos sensibles que en su caso pueda contener la presente resolución. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ., contra el acto precisado en el considerando segundo de este fallo, por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando quinto. SEGUNDO. Se tiene a las partes conformes de que se incluyan sus nombres y datos personales en la consulta o en caso de hacerse pública esta sentencia. Notifíquese personalmente." toda vez que me constituí en el domicilio señalado en autos y al no haberse encontrado, de conformidad con el Artículo 27 Fracción I inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, le notifico por Lista de Acuerdos dicho proveído. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTOS para resolver, los autos del juicio de amparo 537/2021; y, RESULTANDO: ÚNICO. El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo que oportunamente presentó .; tramitado el juicio, se celebró audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio, conforme con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Federal, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; así como, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. El acto reclamado lo es el auto de vinculación a proceso emitido en audiencia de ocho de junio de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta judicial 002/0662/2021-O, que se atribuyó al Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la unidad de gestión judicial número dos, Maestro Christian Ricardo Franco Reyes, quien al rendir su informe justificado lo aceptó, lo que se acredita con las constancias y discos compactos que exhibió, que por tratarse de documentales públicas, adquieren valor probatorio de conformidad con los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2, motivo por el cual se tiene probado. TERCERO. Las partes no hicieron valer causal de improcedencia, ni este juzgador advierte la existencia de alguna. CUARTO. La parte quejosa señaló que el acto reclamado vulnera en su perjuicio los artículos 1°, 14, 16, 19 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expuso como conceptos de violación esencialmente que: I. No se encuentra suficientemente fundado y motivado. II. Está sustentado en una "ilícita e ilógica ponderación jurídica" por parte del juez de control, respecto de los datos de prueba que expuso el agente del ministerio público, ya que se contraponen con la propia investigación. II. Las pruebas aportadas por la representación social, se obtuvieron con base en falsas declaraciones realizadas por Erika Jiménez Chávez, aunado a que no se localizó lesión alguna al menor que haga presumir violencia y, su entrevista es vaga e imprecisa, la que incluso no se llevó a cabo bajo los protocolos respectivos, por lo que no existen indicios que hagan presumir fundadamente que intervino la su comisión de delito alguno. III. Se suplen los medios de prueba aportados por la representación social, mostrando parcialidad hacía la fiscalía, ya que demerita los medios de prueba ofertados por la defensa bajo argumentos falaces y carentes de razonabilidad y, por el contrario, concede valor total a los de la fiscalía. IV. Se incumplen las reglas de la lógica y valorativas de la prueba, así como las máximas de la experiencia que se utilizan como medio de control de razonamiento empleado, basándose únicamente en suposiciones e inferencias. Conceptos de violación que resultan infundados. Los artículos 14, 16 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen diversas garantías, entre ellas, la de legalidad, conforme a la cual, la actuación de las autoridades debe estar fundada y motivada , así como efectuada dentro del marco de sus facultades legales; de seguridad jurídica, que se constituye como una prerrogativa para los gobernados de conocer, dentro del texto de la ley, cuáles son los elementos con que cuenta para hacer valer sus derechos frente a la autoridad y cuáles son las consecuencias de su inobservancia; de debido proceso, es decir, el respeto a las "formalidades esenciales del procedimiento", que implica la certeza de que el asunto se decidirá con una resolución que dirima las cuestiones planteadas; y, de presunción de inocencia que garantiza que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito atribuido, ya que dicha carga le corresponde a quien acusa. De las audiencias relativas al dictado del auto de vinculación a proceso, se advierte que se desahogó de conformidad con lo previsto en el artículo 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin advertirse violación a los derechos fundamentales de la parte quejosa, ya que la responsable expuso con claridad los fundamentos legales, argumentos y razones a partir de los cuales construyó las consideraciones en que sustenta el sentido de la determinación reclamada. En efecto, la autoridad judicial analizó lo establecido en los citados preceptos al tenor de los siguientes requisitos: 1) Se haya formulado imputación. Requisito que se configura a cabalidad, pues del acto reclamado se advierte que la agente del Ministerio Público en presencia del juez de control responsable, formuló imputación contra el ahora quejoso, haciéndole de su conocimiento los hechos con apariencia de delitos consistentes en retención de menores y violencia familiar, que prevén y sancionan los artículos 173 y 200, ambos del Código Penal para la Ciudad de México. 2) Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. Posterior a la formulación de la imputación por parte de la autoridad ministerial, el juez de control responsable dio el uso de la voz al quejoso, quien depuso de forma libre. 3) Se exprese el hecho que la ley señala como delito, estableciendo el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. Este requisito se cumple en el presente asunto, puesto que el juez de control responsable indicó dichas circunstancias, precisando que de la relación que el imputado sostenía con Erika Jimenez Chávez, procrearon a su menor hijo de iniciales L.Z.F.J; al separase en dos mil catorce, Erika inició un juicio del orden familiar, en el que el once de abril de dos mil dieciséis, ambos firmaron un acuerdo con efectos de sentencia ejecutoriada, en el sentido de que la guardia y custodia la detentaba de manera definitiva la madre y con efectos de convivencia el imputado, esto, únicamente sábados y domingos de cada quince días. El cuatro de septiembre de dos mil veinte, se presentó en el domicilio de Erika, para efectos de convivencia, sin embargo, en esa ocasión, el ahora quejoso no reintegró al menor tampoco avisó a la madre que no lo haría, por lo que desde esa fecha lo tiene bajo su resguardo en su domicilio particular. El veintiuno de septiembre de dos mil veinte, el menor al tomar clases en línea, realizó un comentario que el imputado tomó a mal, por lo que éste le pidió salir de la sesión, cuando lo hizo, el imputado le dio varios cinturonazos, patadas en el cuerpo y en la cara, por lo que le sacó sangre de la nariz, a las veinte horas de ese día el menor a través de video llamada se comunicó con su madre y le mostró su cara, del lado derecho la tenía rojiza e hinchada, diciéndole el menor que su progenitor le había pegado, ante lo cual, la madre tomó una captura de pantalla y, reconoció el lugar como el domicilio particular del imputado. El diez de marzo de dos mil veintiuno, se encontraba el imputado con el menor en su habitación, cuando aquél le preguntó a éste que quién había agarrado un aparato electrónico y el menor contestó que había sido él, por lo que el imputado le pegó con el cinturón en seis ocasiones en la pompas y piernas, además que en diversas ocasiones cuando no hacía la tarea le decía insultos como estúpido, tonto, guey, pendejo, golpeándolo aproximadamente diez veces durante el tiempo que estuvo con el imputado. Por lo anterior, el once de marzo de dos mil veintiuno, se solicitó orden de cateo para recuperar al menor, el doce de marzo se cumplimentó y, fue reintegrado con su madre. Así, el juzgador después de realizar un ensayo argumentativo simple, logró identificar, en esos hechos, aspectos estructurales que lo llevaron a considerar con un grado de aproximación que incursionaban en el campo de lo ilícito, esto es, que tenían la apariencia de delito de violencia familiar diversos dos, cuya clasificación jurídica preliminar, se encuentra prevista y sancionada, en el artículo 200 Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Sin que pase inadvertido que en uso de su facultad y, sin vulnerar derecho humano alguno, decretó auto de no vinculación a proceso por los hechos con apariencia de delito de retención de menores y, especificó en cuanto al diverso hecho, que fue en dos ocasiones que el imputado ejerció violencia física y psicoemocional en contra de su menor hijo. 4) Se dicte por el hecho que fue motivo de la imputación. El juez de control responsable al emitir el auto de vinculación a proceso se ciñó a los hechos que motivaron la imputación, tal y como fueron narrados por la agente del Ministerio Público, sin variarlos o complementarlos, sin omitir ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresó consideraciones contrarias entre sí, para concluir que resultaba procedente vincular a proceso al peticionario del amparo. En consecuencia, contrario a lo manifestado por la parte quejosa, la autoridad judicial responsable fundó y motivó el auto de vinculación tildado de inconstitucional; aunado a que éste fue dictado de manera congruente en relación con los hechos motivo de la imputación formulada en contra del impetrante, sin vulnerar derechos fundamentales, resolviendo sólo conforme a lo expuesto por las partes. 5. Se expresen los datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El juez de control responsable, a partir de la relatoría de los hechos por parte de la Agente del Ministerio Público, determinó que se tuvieron por colmados los requisitos constitucionales relativos al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, habida cuenta que el aquí quejoso en dos ocasiones ejerció violencia física y psicoemocional en contra del menor víctima; y, que existe la probabilidad de que el ahí imputado lo cometió o participó en su comisión, sin que hubiese realizado juicio de valor alguno en relación con los datos de prueba expresados por la representación social, siendo hasta la etapa de juicio en la que, con igualdad de condiciones, se llevará a cabo la producción probatoria de las partes y se demostrarán los hechos objeto del proceso. De aquí que resulte incorrecto hablar de insuficiencia probatoria o deficiente valoración, pues de hacerlo, se rebasarían las directrices constitucionales que rigen el sistema penal acusatorio, ya que en esta estancia, se itera, sólo se cuenta con datos y no propiamente con pruebas, debiendo sujetarse a los antecedentes de la investigación que expresa la autoridad ministerial y en su caso su refutación por parte del imputado y/o su defensa, valorando su razonabilidad. Lo anterior es así, toda vez que de la interpretación de los artículos 16, párrafo tercero, 19, párrafo primero y 20, apartado A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la audiencia inicial el juzgador tiene la prohibición de revisar las actuaciones practicadas en la carpeta de investigación, con el fin de evitar que prejuzgue, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones, así como los principios de igualdad y contradicción; de aquí que el sustento de su determinación lo constituya la valoración de la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por el órgano técnico de investigación y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor y el decantamiento por alguna de esas hipótesis, tal como ocurrió en el caso. Además, debe destacarse que el auto de vinculación a proceso se trata de una etapa preliminar de la investigación en la cual no se resuelve el fondo del asunto, sino que tiene como finalidad determinar si se justifica la continuación del proceso que se ha de llevar a una etapa posterior intermedia de depuración, por ello la autoridad constitucionalmente facultad para determinar si existen datos suficientes para continuar con el proceso, es el juez de control; consecuentemente, en el amparo no se puede sustituir esa valoración. Por tanto, resultan infundados los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, en el sentido que el juez realizó una "ilícita e ilógica ponderación jurídica" de los datos de prueba que expuso el agente del ministerio público; que las pruebas aportadas por la representación social, se obtuvieron con base en falsas declaraciones realizadas por Erika Jiménez Chávez, aunado a que no se localizó lesión alguna al menor que haga presumir violencia y, que su entrevista es vaga e imprecisa, la que incluso no se llevó a cabo bajo los protocolos respectivos; que se suplen los medios de prueba aportados por la representación social, mostrando parcialidad; y, que se incumplen las reglas de la lógica y valorativas de la prueba, así como las máximas de la experiencia, ya que se basa en suposiciones e inferencias. Lo anterior, ya que como también lo expuso el juez responsable, el análisis de los datos de prueba en la etapa inicial es sintético y no analítico, esto es, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos constitucionales de mérito, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, sino que sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; para ello, el juez de control debe examinar el grado de racionabilidad para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. Incluso, como lo refiere la responsable, en las primeras etapas del procedimiento, de investigación (inicial y complementaria) e intermedia, se dilucidan cuestiones preliminares, en tanto que, en la de juicio, las esenciales; por ello, se estableció un estándar probatorio menor para resolver las solicitudes de vinculación a proceso. Por ende, en resolución de vinculación a proceso, debe ponderarse en forma armónica el contenido de los antecedentes de investigación propuestos, sin que el alcance probatorio se verifique por partes, como pareciera lo pretende la parte quejosa, cuyos datos de prueba, según se adelantó, únicamente deben satisfacer los requisitos de suficiencia, idoneidad y pertinencia, como de facto acontece en el caso concreto. En otro aspecto, resulta igualmente infundado lo expuesto por la parte quejosa, en el sentido de que no existen indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en la comisión de delito alguno. Como ya se ha dicho, el auto de vinculación a proceso es un acto dentro del procedimiento penal, cuya emisión trae como consecuencia que a la persona imputada se le sujete a una investigación formalizada, a fin de que las partes involucradas en el conflicto penal recaben medios de convicción que permitan determinar en una etapa posterior denominada intermedia, si lo obtenido es suficiente para que la autoridad ministerial formule acusación al imputado y, en su caso, se le lleve a juicio oral para determinar su responsabilidad en el hecho delictuoso imputado. Así, conforme a los requisitos constitucionales y legales, en esta etapa procesal el juez de control no está obligado a especificar su mayor o menor proximidad con el hecho con apariencia de delito imputado, ni a determinar su elaboración, contribución o aporte material o intelectual, pues en esta fase solo se le exige que sea factible establecer la posibilidad de que participó en su comisión, lo que ocurre cuando existen indicios razonables que así permitan suponerlo, por lo que no se requiere de un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas que puedan acreditar con esa especificidad tales extremos, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, sino que se fortalece, al ser la única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatorio de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. 6. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente de delito. La juez de control responsable no advirtió alguna causa de extinción de la acción penal ni causas excluyentes del delito previsto. Consecuentemente, no se advierte violación al artículo 1° constitucional, el cual establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Carta magna, sino también por aquellos previstos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que en la especie acontece, pues como se ha visto, la responsable respetó sus garantías al resolver la cuestión planteada. Tampoco se advierte transgresión a los criterios jurisprudenciales que refiere la parte quejosa, en tanto que la autoridad se ajustó a los que constituyen jurisprudencia, mientras que los que invoca de naturaleza aislada, no son vinculantes para la decisión a la que se arriba. Por lo anterior, se concluye que el acto reclamado cumple con la regularidad constitucional que exigen los artículos 14, 16, 19 y 20 constitucionales, sin que se adviertan violaciones a sus derechos humanos. En consecuencia, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. QUINTO. Las partes no se opusieron ni hicieron manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente, por lo que únicamente se suprimirán los datos sensibles que en su caso pueda contener la presente resolución. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ., contra el acto precisado en el considerando segundo de este fallo, por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando quinto. SEGUNDO. Se tiene a las partes conformes de que se incluyan sus nombres y datos personales en la consulta o en caso de hacerse pública esta sentencia. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Visto el estado que guarda el sumario en que se actúa, así como la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan del informe justificado indicado en proveído de veintisiete de julio pasado; por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, fijándose en su lugar, las TRECE HORAS DEL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.

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