Aaron Tello Betancourt

Expediente 188/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
188/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
18/08/2022

Partes del expediente

  • Aaron Tello Betancourt
  • Junta Especial Número 2A de la Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Ejecutoria. Visto lo de cuenta, se advierte que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la resolución recaída en este juicio, motivo por el cual lo conducente en el caso es, de acuerdo con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que, a la fecha, la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, ha sido omisa en remitir las constancias que acrediten haber dado cumplimiento total al fallo protector. Efectos del fallo protector: Cabe señalar que mediante resolución de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, dentro del amparo en revisión 365/2016, modificó la sentencia recurrida, sobreseyendo por una parte, y concediendo por la otra el amparo a los quejosos Carlos Onofre Martija Flores, Jesús Ramón Cárdenas, Mayra Angélica Vázquez Aguilar, Gabriel Alfonso Vega Rubio, Cesáreo Estrada Casares, Guillermo Cázares Quintero, Miguel Ángel Magdaleno Aguirre, Francisco López Navarro, Ángel Cantor Garay, Adalberto Flores Gutiérrez, Pablo López Miguel, Trinidad Navarro Solorio, Gaspar Rosas López, Daniel Cantor Garay y María Leticia Gracia Miquirray, para los siguientes efectos: "I. Que las autoridades responsables Dirección de Seguridad Pública Municipal, Ayuntamiento XXI de Mexicali, Baja California e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, todos con sede en esta ciudad, dentro de su ámbito de competencia, realicen los actos necesarios para dar y lograr el total cumplimiento al laudo emitido en el juicio laboral burocrático 432/2008 y su acumulado 433/2008, conforme lo ordena el artículo 85 de la Constitución Política del Estado de Baja California." Ahora, de lo informado por el tribunal responsable destaca el proveído de siete de abril del año en curso, del que se advierte lo siguiente: Que Víctor Daniel Amador Barragán, Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Mexicali, ha exhibido mes con mes diversos títulos de crédito a favor de ISSSTECALI por concepto de aportaciones a favor de los actores, sin que obre convenio en pagos, por lo que el laudo no se encuentra cumplido de manera total, por lo que giró nuevo oficio a dicha autoridad para que cumpliera con el pago total de aportaciones en representación de Ayuntamiento demandado, y lo apercibió con multa. De igual forma, hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos e impuso multa a Héctor Ismael Ceseña Mendoza, Síndico Procurador del Ayuntamiento de Mexicali, por no haber dado cumplimiento total al laudo dictado en el juicio de origen, no obstante los múltiples requerimientos que le fueron efectuados. Asimismo, la responsable informa que el punto resolutivo segundo del laudo dictado dentro del juicio de origen, estableció lo siguiente: "SEGUNDO:- Se CONDENA a la parte demandada H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI Y DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA DE MEXICALI, de otorgar a los actores ****, la prestación consistente en cubrir al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, las aportaciones a que se refiere el artículo 21 de la Ley de ISSSTECALI, y que la demandada haya omitido cubrir desde la fecha do ingreso reconocida para cada uno de los actores, las que deberán ser cubiertas en los términos del trascrito articulo 21 y demás relativos de la Ley de ISSSTECALI, en los términos y por las rezones ya expuestas en el considerando que antecede." Por lo que, manifiesta lo siguiente: "se desprende que no existe cantidad alguna pendiente por cubrir a las partes actoras dentro del presente juicio". Por otro lado, la responsable informa a este Juzgado, que obran en autos estudios actuariales remitidos por el ISSSTECALI, de los cuales se desprenden las siguientes cantidades que debe cubrir el Ayuntamiento demandado por concepto de aportaciones: "La cantidad de $918,669.93 pesos m.n., por lo que corresponde a la parte actora C. ****Aclarando que de los anteriores mencionados, ha cubierto lo siguiente: ****2.- Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (vinculada el once de febrero de dos mil veinte) 3.-Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California (autoridad vinculada en auto de veintiuno de enero de dos mil veintiuno) 4.- Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Mexicali (vinculada por acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno) 5.- Presidenta Municipal de Mexicali, Baja California; 6.- Síndico procurador del Ayuntamiento de Mexicali, baja California; 7.- Oficial Mayor del Ayuntamiento de Mexicali. Dichos servidores públicos que integran el Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, están obligados a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para el eficaz cumplimiento del fallo protector, y por ende, están sujetos a las mismas responsabilidades que la ley de la materia establece en tratándose de la falta de cumplimiento y ejecución de las ejecutorias de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia 1a./J. 57/2007, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página 144, Tomo XXV, Mayo de 2007 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es el siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO." Requerimiento para que se cumpla en forma total el fallo protector. Por tanto, antes de imponer las multas respectivas y mandar en inejecución del presente asunto, requiérase a todas y cada una de las autoridades siguientes que se encuentran obligadas a dar cumplimiento al fallo protector en el presente juicio: Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California (autoridad responsable); Ayuntamiento de Mexicali, (autoridad responsable); Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Mexicali (vinculada por auto de treinta y uno de enero de dos mil veinte); Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Mexicali (vinculada por acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno); Presidenta Municipal de Mexicali, Baja California (autoridad vinculada en el presente proveído); Síndico procurador del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California (autoridad vinculada en el presente proveído); Oficial Mayor del Ayuntamiento de Mexicali (autoridad vinculada en el presente proveído); Lo anterior, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, cumplan en forma total con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, y remitan de inmediato las constancias con las que acrediten lo anterior. Actos específicos que deben realizar las autoridades en cumplimiento al fallo protector: a) Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad (autoridad responsable). Por cuanto hace a la citada autoridad responsable, está debe acreditar que tomó todas las medidas necesarias para lograr que se cumpla el laudo condenatorio que dictó en el juicio laboral burocrático 432/2008 y su acumulado 433/2008. Asimismo, deberá informar a este Juzgado de Distrito con precisión y claridad cuáles son las prestaciones que no se han cubierto única y exclusivamente a la parte actora, aquí quejosa, y que fueron materia del laudo, asimismo, si existe algún monto que aún se encuentra pendiente de cubrir, y exactamente qué autoridades no han dado cumplimiento a lo ordenado. b) Por lo que respecta a las restantes autoridades vinculadas pertenecientes al Ayuntamiento demandado, deberán llevar a cabo en nombre y representación del citado Ayuntamiento, todas y cada una de las adecuaciones e incorporaciones presupuestarias para satisfacer las obligaciones contenidas en la condena impuesta en el laudo dictado dentro del juicio laboral burocrático 432/2008, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, promovido por la actora, aquí quejosa contra el Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, así como llevar a cabo todos y cada uno de los actos necesarios para lograr el pago y cumplimiento de las prestaciones a que dicha parte demandada fue condenada, pues están obligadas a realizar cada una dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para el eficaz cumplimiento del laudo de referencia, mismas cantidades que consisten en las siguientes: A ÁNGEL CANTOR GARAY (quejoso), la cantidad total de $229,555.29 pesos; A PABLO LÓPEZ MIGUEL (quejoso), la cantidad de $197,042.57 pesos; Lo anterior, en virtud de que los Municipios administran libremente su hacienda, tal y como se advierte fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado..." De lo antes citado se establece que es competencia exclusiva de los Municipios administrar libremente su hacienda, debido a que se encuentran investidos de personalidad jurídica y facultades para manejar su propio patrimonio conforme a la Ley, por lo tanto, el ejercicio, evaluación, vigilancia y verificación del gasto público es responsabilidad de los Municipios a través del Ayuntamiento, en sus respectivos ámbitos de competencia. De ahí que en cumplimiento al fallo protector, las autoridades municipales deberán realizar cada una los actos que les competan en términos de la legislación constitucional y municipal que corresponda, para que sea satisfecha la condena impuesta en el laudo. Apercibimiento de multa. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en los artículos 258, 192 y 193 todos de la Ley de Amparo, se les impondrá en lo particular, esto es, a la PERSONA FÍSICA que ocupe el cargo correspondiente a la autoridad obligada al cumplimiento del fallo protector, una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; misma multa que deberán cubrir con su propio peculio y no con recursos públicos. Por lo que si conforme a la página oficial de Internet https://www.inegi.org.mx/temas/uma/, el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el presente año (2022) equivale a $96.22 M.N. (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), al multiplicarla por CIEN, la citada multa es equivalente a la cantidad de $9,622.00 M.N. (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), la cual deberá cubrir con su propio peculio y no con recursos públicos. Separación del cargo y consignación. Asimismo, una vez impuestas las multas respectivas, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que podrá culminar con la SEPARACIÓN DE SU CARGO y su consignación ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, por el delito de DESACATO A UN MANDAMIENTO JUDICIAL; lo anterior, con fundamento en los artículos 108 párrafo tercero, 109 fracción III y 110 párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 267, fracción I, y último párrafo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 29/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2019625, publicada en cinco de abril de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DELITO DE DESACATO A UNA SENTENCIA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO NUMERAL, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. Del citado precepto se advierte que el tipo penal se integra por los siguientes elementos: a) que el sujeto activo tenga la calidad de autoridad, b) con esa calidad incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir y c) que la acción u omisión sea en forma dolosa, lo que revela que se está en presencia de un tipo penal mixto alternativo, pues basta que se realice cualquiera de las conductas, ya sea incumplir una sentencia de amparo o no hacerla cumplir, para que se consume el ilícito. Ahora bien, por incumplir debe entenderse no llevar a efecto, dejar de cumplir, esto es, el tipo penal requiere que se deje de cumplir una sentencia de amparo, también el término "no la haga cumplir", redunda en el incumplimiento del fallo, lo que revela que en ambos supuestos se pretende sancionar la conducta que implica una resistencia de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en una sentencia protectora, ya sea a la responsable obligada al cumplimiento o a su superior jerárquico. Aunado a lo anterior, el legislador expresamente señaló en el referido artículo 267, último párrafo, de la Ley de Amparo que las mismas penas que se impongan por incumplir una sentencia de amparo o no hacerla cumplir, serán impuestas al superior de la autoridad responsable. Asimismo, estableció el rango de punibilidad para ambas conductas, a saber, pena de cinco a diez años de prisión, entre otras sanciones, ya que conforme al precepto 194 de la ley citada, en caso de que no se logre el cumplimiento de la sentencia, el superior jerárquico incurre en responsabilidad en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Por tanto, la porción normativa impugnada señala las diversas conductas que están plenamente descritas en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, lo que hace posible a la autoridad responsable directamente vinculada con el cumplimiento y a su superior jerárquico, anticipar cuál es la conducta penalmente relevante, el parámetro de punibilidad y, en consecuencia, la pena que les sería aplicable en caso de incumplir o no hacer cumplir dolosamente una sentencia de amparo, pues el juzgador cuenta con un rango mínimo y máximo de cinco a diez años de prisión, el que también es aplicable a la autoridad directamente vinculada con el cumplimiento y su superior jerárquico, por lo que el precepto mencionado cumple con el grado de determinación necesario de la conducta que es objeto de prohibición y contempla una penalidad clara, de forma tal, que dota de certeza jurídica a su destinatario y, por ende, no es contrario al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, contenido en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, diversos actos de retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales, de las propias autoridades responsables o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente. Por su aplicación, cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, el siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Notifíquese.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiocho de abril de dos mil veintidós. Escrito. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta remitido por (1) ****************, autorizado de la parte quejosa; y, en atención a lo solicitado -se imponga los apercibimientos de multa correspondientes a la autoridad responsable, en razón al diferimiento de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones-; dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, en razón a que de las constancias que obran dentro del presente juicio, no logra advertirse el incumplimiento de algún requerimiento que este apercibida con dicha medida de apremio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Luis Omar Pérez Ochoa, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintidós de marzo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto lo de cuenta, fórmese cuaderno de antecedentes, toda vez que como se advierte de la certificación que antecede, el expediente se encuentra pendiente de dictar la sentencia correspondiente. Oficio. Por tanto, se ordena agregar a los autos el oficio por la Presidenta de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, para que obre como legalmente corresponda. Notifíquese. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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