Aaron Rodriguez Mendoza
Expediente 415/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 24 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 415/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 26/10/2021
Partes del expediente
- Direccion de Seguridad Publica Municipal de Playas de Rosarito Baja California
- Aaron Rodriguez Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de sentencia emitida el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, en la que en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo; sin que lo hubieren hecho. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que no han transcurrido los diez días otorgados a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Contra la Vida, con sede en Playas de Rosarito, en virtud de que el oficio 18812, con el que se notificó la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, fue el trece de octubre del presente año, ya que se sobreseyó en el presente juicio de amparo y dicho sentido no le causa ningún perjuicio, ni la legitima para interponer recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por el numeral 87 de la ley de la materia. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse sobreseído en el mismo, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Cuaderno incidental original. Por su parte, se establece que el original del incidente de suspensión, se ubica en la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), toda vez que se concedió la suspensión provisional y se negó y concedió la definitiva; por tanto, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se depurará el original del incidente. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al encuadrar en el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo de referencia y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido acuerdo, procédase a su destrucción previa acta que se elabore para constancia. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Apertura. En Tijuana, Baja California, a las once horas con cincuenta minutos del veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 415/2021-II, promovido por Aarón Rodríguez Mendoza, por su propio derecho, estando en audiencia pública Magali María Díaz Villarreal, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Aarón Abraham Rodríguez Agúndez, Secretario de juzgado con quien actúa y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta sin la asistencia de las partes. Certificación de relación de constancias. Acto seguido, el Secretario certifica que se dio lectura a las constancias que obran en el presente expediente. Asimismo, el Secretario certifica que con fundamento en el artículo 3, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, que las promociones y determinaciones que se encuentran glosadas a este expediente físico -al día de hoy- se encuentran digitalizadas e integradas al expediente electrónico y éstos son coincidentes entre sí. Acuerdo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, la Jueza tiene por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el expediente, para los efectos legales conducentes. Es aplicable la jurisprudencia PC.II.P. J/8 K (10a.), emitida por el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA CUMPLIR EL REQUISITO FORMAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ QUE "ABIERTA LA AUDIENCIA SE PROCEDERÁ A LA RELACIÓN DE CONSTANCIAS", BASTA QUE EN AQUÉLLA SE CERTIFIQUE QUE SE DIO LECTURA A LAS CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE. El artículo 124, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece, en lo conducente, que "abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias". Si se parte de dicha referencia normativa, no puede afirmarse que se configure una transgresión a las formalidades esenciales del procedimiento en el juicio de amparo indirecto, cuando al celebrarse ese acto procesal únicamente se precise que se da lectura a las constancias del expediente y que se tienen por reproducidas, sin que queden plasmadas por escrito en esa diligencia, pues ello constituye un requerimiento extremo no previsto en los artículos 107, párrafo primero, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 124 indicado pues, por el contrario, si se atiende a los principios que emanan de los artículos 17, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Federal, 2, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se concluye que en la resolución de los asuntos jurisdiccionales, las autoridades deben privilegiar, por encima de los aspectos formales, la resolución de fondo, toda vez que esta prevención evitará que en un juicio o procedimiento seguido en forma de juicio se impongan obstáculos entre la acción de las autoridades y las pretensiones de los justiciables, o bien, límites a las funciones de las autoridades en la decisión de fondo del conflicto; lo que deriva en que basta que en la audiencia constitucional se certifique que se dio lectura a las constancias del expediente para entender que fueron relacionadas dentro de esa actuación procesal. Además, lo trascendente es que los actos desarrollados en la primera fase del acto mencionado (invocación de constancias, pruebas, alegatos y la intervención de las partes) se vean asentados en forma congruente en el fallo que ponga fin al acto unitario (audiencia constitucional y sentencia)." Pruebas. A continuación, se abre el periodo probatorio y el Secretario hace constar que las partes no ofrecieron medio de convicción alguno. Asimismo, hace constar que no existen pruebas pendientes por desahogar; y, que el expediente está debidamente integrado. Acuerdo. En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, toda vez que las partes no ofrecieron medios de convicción, y al no tener pruebas que acordar ni pendientes de desahogo, la Jueza da por concluida la etapa probatoria. Alegatos. Enseguida, se abre el periodo de alegatos y la Secretaria hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho, ni la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita presentó pedimento. Acuerdo. Con fundamento en el numeral 124 de la ley de la materia, toda vez que las partes no formularon alegatos ni la representación social presentó pedimento, la Jueza tiene por precluido ese derecho y da por concluida la presente etapa. Cierre de la audiencia. Con lo expuesto, se tienen por cumplidas las etapas precedentes de la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar el fallo que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 415/2021-II; y, R E S U L T A N D O S Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de junio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en esta ciudad, Aarón Rodríguez Mendoza, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Playas de Rosarito, Baja California, con sede en esta ciudad y otras autoridades; y, por los actos señalados en la demanda de amparo. Segundo. Trámite del juicio. Por auto de ocho de junio de dos mil veintiuno, la demanda se registró bajo el número de expediente 415/2021-II, se admitió a trámite la demanda de amparo. Por auto de treinta de junio de dos mil veintiuno, se tuvo por inexistentes a las autoridades: Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Tijuana, B. C., Titular de la Célula 1-1 Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Tijuana, B. C., Titular de la Célula 1-2 Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Tijuana, B. C., Titular de la Célula 1-3 Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Tijuana, B. C., Titular de la Célula 1-4 Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Tijuana, B. C., Titular de la Célula 1-5 Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Tijuana, B. C., Titular de la Célula 1-6 Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Tijuana, B. C., Titular de la Célula 11-1 Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Tijuana, B. C., Titular de la Célula 11-2 Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Tijuana, B. C., Titular de la Célula 11-3 Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Tijuana, B. C., Titular de la Célula 11-4 Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Tijuana, B. C., Titular de la Célula 11-5 Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Tijuana, B. C., Titular de la Célula 11-6 Encargado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial del Estado del Estado de Baja California, con sede en Tijuana Encargado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional en el Estado de Baja California, de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República en Tijuana. Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Tijuana, B. C., Titular de la Célula 111-1 Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Tijuana, B. C., Titular de la Célula 111-2 Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Tijuana, B. C., Titular de la Célula 111-3 Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Tijuana, B. C., Titular de la Célula 111-4 Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Tijuana, B. C., Titular de la Célula 111-5 Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Tijuana, B. C., Titular de la Célula 111-6. Agente del Ministerio Público Supervisor de Playas de Rosarito, B. C. Fiscalía Especializada de Unidades Especializadas en Playas de Rosarito, B. C. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en Playas de Rosarito, B. C. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Playas de Rosarito, B. C. Dirección General de Policía de Proximidad Social de la Fiscalía General de Justicia del Estado en Playas de Rosarito, B. C. Dirección General de Protección Institucional y de Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado en Playas de Rosarito, B. C. Dirección de Grupo Especial de Operaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado en Playas de Rosarito, B. C. Dirección de Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado en Playas de Rosarito, B. C. Dirección de Cumplimiento de Mandatos Judiciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado en Playas de Rosarito, B. C. Coordinación de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado en Playas de Rosarito, B. C. Comandante de la Guardia Estatal de Seguridad en Playas de Rosarito, Baja California Luego, seguidos los trámites de ley se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O S Primero. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, al realizarse una lectura integral de la demanda y constancias allegadas al juicio, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y autoridades que enseguida se precisan: No. Autoridades responsables Actos reclamados 1 Director de Planeación, Prevención y Combate al Delito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playas de Rosarito, B. C. Orden de detención o captura y cualquier privación de la libertad personal previo al proceso. 2 Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California en Playas de Rosarito, B. C. 3 Fiscalía Regional de Playas de Rosarito, B. C. 4 Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Contra la Vida, con sede en Playas de Rosarito. 5 Fiscal de la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo en Playas de Rosarito, B. C. 6 Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, Zona Rosarito. 7 Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Tijuana, B. C., Titular de la Célula IV-1 8 Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Tijuana, B. C., Titular de la Célula IV-2 9 Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Tijuana, B. C., Titular de la Célula IV-3 10 Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Tijuana, B. C., Titular de la Célula IV-4 11 Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Tijuana, B. C., Titular de la Célula IV-5 12 Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Tijuana, B. C., Titular de la Célula IV-6 13 Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Tijuana, B. C., Titular de la Célula V-1 14 Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Tijuana, B. C., Titular de la Célula V-2 15 Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Tijuana, B. C., Titular de la Célula V-3 16 Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Tijuana, B. C., Titular de la Célula V-4 17 Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Tijuana, B. C., Titular de la Célula V-5 18 Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Tijuana, B. C., Titular de la Célula V-6 19 Comandante Regional Zona Playas de Rosarito. 20 Jefe de Grupo de Aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigación de Playas de Rosarito de Baja California. 21 Delegado Estatal del Estado Baja California de la Fiscalía General de la República, con sede en Tijuana 22 Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio 23 Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados en el presente asunto, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. En ese sentido, las autoridades responsables, en sus denominaciones correctas, reseñadas en el esquema anterior, su informe justificado, tal como se precisa a continuación: No. Autoridades responsables Sentido del informe Foja (s) 1 Director de Planeación, Prevención y Combate al Delito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playas de Rosarito, B. C. Niega 70 2 Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California en Playas de Rosarito, B. C. Niega 39 3 Fiscalía Regional de Playas de Rosarito, B. C. Niega 55 4 Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Contra la Vida, con sede en Playas de Rosarito. Niega 102 5 Fiscal de la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo en Playas de Rosarito, B. C. Niega 45 y 46 6 Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, Zona Rosarito. Niega 104 7 Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Tijuana, B. C., Titular de la Célula IV-1 Niega 62 8 Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Tijuana, B. C., Titular de la Célula IV-2 Niega 60 9 Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Tijuana, B. C., Titular de la Célula IV-3 Niega 47 10 Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Tijuana, B. C., Titular de la Célula IV-4 Niega 84 11 Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Tijuana, B. C., Titular de la Célula IV-5 Niega 113 12 Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Tijuana, B. C., Titular de la Célula IV-6 Niega 74 13 Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Tijuana, B. C., Titular de la Célula V-1 Niega 52 14 Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Tijuana, B. C., Titular de la Célula V-2 Niega 49 15 Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Tijuana, B. C., Titular de la Célula V-3 Niega 72 16 Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Tijuana, B. C., Titular de la Célula V-4 Niega 93 17 Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Tijuana, B. C., Titular de la Célula V-5 Niega 56 18 Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Tijuana, B. C., Titular de la Célula V-6 Niega 51 19 Comandante Regional Zona Playas de Rosarito. Niega 101 20 Jefe de Grupo de Aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigación de Playas de Rosarito de Baja California. Niega 105 21 Delegado Estatal del Estado Baja California de la Fiscalía General de la República, con sede en Tijuana Niega 78 22 Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio Niega 119 23 Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California Niega 119 Del recuadro que precede se advierte que las autoridades responsables indicadas al rendir sus informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados. Ello implica, necesariamente, que no sea cierto que hayan actuado en la forma en que se les reprocha, es decir, en el sentido de haber ordenado o ejecutado alguna orden de tortura, confiscación de bienes requerimiento, detención, aprehensión, arresto fuera de procedimiento y su ejecución. Por tanto, ante el hecho de que los actos reclamados son de naturaleza positiva, aunado a la carga procesal que impone a la parte accionante el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se concluye que corresponde al quejoso acreditar la existencia de la orden de detención, captura, privación de la libertad y su ejecución de las que se duele, por virtud de que éstas fueron negadas por las responsables; sin que así lo haya hecho, pues no aportó prueba idónea que desvirtúe tal negativa. En consecuencia, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo en torno a dichas autoridades, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Así como la tesis VI.2o.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Segundo Circuito, que literalmente dispone: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Por lo expuesto y fundado, se: Resuelve Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Aarón Rodríguez Mendoza, por su propio derecho, en contra de los actos y autoridades precisados en los considerandos segundo y tercero de la presente sentencia. Notifíquese.
- Principal
Certificación. Tijuana, Baja California, el treinta de julio de dos mil veintiuno, Naguib Enrique Hernández Delgado, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, CERTIFICA: que la audiencia constitucional se encuentra programada para el día de hoy; y, que el oficio que antecede cuenta con firma electrónica por parte de su signante; lo que se certifica para los efectos legales correspondientes. Doy Fe. Cuenta. El treinta de julio de dos mil veintiuno, se da cuenta con el oficio y anexo, registrado con el número 9487, con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, treinta de julio de dos mil veintiuno. Se rinde informe justificado. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por una de las autoridades responsables, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Diferimiento de la audiencia constitucional. A efecto de que transcurra el término otorgado con motivo de la recepción del informe justificado, y ya que de la certificación secretarial de cuenta se obtiene que la audiencia constitucional está programada para el día de hoy, es por lo cual procede diferir su celebración y en su lugar se fijan las once horas con cincuenta del veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese.
- Incidental
Tijuana, Baja California, doce de julio de dos mil veintiuno. Sin mayor proveído. Agréguese a los autos el informe previo que remite la autoridad responsable Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana; sin que sea el caso dictar mayor proveído, toda vez que el ocho de julio del presente año, se resolvió el presente incidente de suspensión. Notifíquese.
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