Aarón Robles Paralta o Aarón Robles Peralta
Expediente 603/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 603/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Aarón Robles Paralta o Aarón Robles Peralta
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de julio de dos mil veintitrés. ... NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
(SE NOTIFICO POR LISTA AL PROMOVENTE) San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Vistos los autos y las certificaciones de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que desechó la demanda de amparo origen de este expediente, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. I. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. II. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. III. Se considera que este expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el precepto 20, fracción IV, del referido Acuerdo General2; en consecuencia, se ordena su destrucción. IV. Una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción de este asunto. V. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Pónganse a disposición de la parte quejosa las documentales que acompañó a su escrito inicial de demanda por el plazo de noventa días, apercibiéndola que en caso de no recogerlas en ese término, podrán ser destruidas junto con este expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. ... NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
SE NOTIFICO POR LISTA AL PROMOVENTE) Téngase por recibida la demanda de amparo señalada en la nota de cuenta. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados; regístrese con el progresivo 603/2023. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. Igualmente, el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Acto reclamado: Primeramente debe señalarse que del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que el inconforme ***, reclama lo siguiente: 1.- la omisión del Agente del Ministerio Público de la Federación encargada de la célula III-2 OAXACA, llevador de la carpeta de investigación ***, de no ordenar al representante legal de la persona moral denominada Encierro Gruas "Vesco" la devolución sin costo alguno de la camioneta marca Chevrolet, modelo 1985 ambulancia, número de serie 1703LFM129752, número de motor M04021Vo, la cual fue asegurada en la carpeta de investigación antes citada. 2.- Del representante LEGAL DE LA PERSONA MORAL denominada ENCIERRO GRUAS "VESCO", la negativa verbal de entregarme la Camioneta de mi propiedad marca Chevrolet, modelo 1985 ambulancia, número de serie 1703LFM129752, número de motor M04021Vo, la cual fue asegurada en la carpeta de investigación antes citada, que se encuentra depositada en las instalaciones de la empresa, sin cobrar los derechos generados, donde el representante social ordenó mediante oficio OAX-EIL-E3C2-652/2023, de fecha veinticinco de mayo del año dos mil veintitrés, la devolución de la camioneta de mi propiedad por haberse acreditado fehacientemente la propiedad del mismo, en consecuencia ordene su liberación y entrega, a lo que dicho concesionario de la grúa me reclama el pago para poder liberarme mi unidad de motor. Asimismo, es necesario citar los antecedentes del acto reclamado que en lo que interesan señalan: ". BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO: 1.- Con fecha catorce de marzo del año dos mil veintitrés fui detenido por ***, ***, *** y ***, policías estatales por el aparente delito de portación de arma de fuego, quedando registrado en la carpeta de investigación número *** del Agente del Ministerio Público de la Federación, encargada de la célula 111-2, de la Fiscalía General de la Republica Delegación Oaxaca, sede San Bartolo Coyotepec, fui puesto a en libertad al fenecer el término constitucional de las 48 horas. 2.- Con fecha veinticinco de mayo del año dos mil veintitrés mediante oficio número ***, el Agente del Ministerio Público de la Federación, encargada de la célula 111-2 llevador de la carpeta de investigación número FED/OAX/0000441/2023, ordeno la devolución de la camioneta Chevrolet, modelo 1985 ambulancia número de serie 1703LFM129752, número de motor M04021Vo, al encargado del Encierro Grúas "VESCO", pero omitió ordenar se me hiciera entrega de mi unidad sin costo alguno, en virtud de que estaba a disposición de la autoridad ministerial. 3.- Inmediatamente después de que me entregaran el oficio ***, donde habían ordenado la devolución de la camioneta de mi propiedad me traslade al ENCIERRO GRUAS "VESCO", con domicilio ubicado en la calle olivos, número doscientos treinta (230), Col. ExHacienda Candiani, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, a lo que verbalmente la persona encargada me indico que solo me entregarían mi camioneta previo al pago de traslado, arrastre y resguardo de dicha unidad de motor y que no me hará entrega de la misma hasta en cuento no tenga un oficio donde la misma se ordene devolverme sin costo alguno." Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales... En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas, lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial, se dicta la determinación siguiente: Desechamiento de la demanda. De la lectura del capítulo de acto reclamado así como de los antecedentes de este, quien esto provee determina que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los numerales 133, fracción I, 229, 231, fracción III, 240 y 246, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, si bien no dispone de manera específica un motivo manifiesto que vuelva improcedente el juicio de amparo, si estatuye el fundamento de las causas que bien pueden derivar de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo...Al respecto, es necesario precisar que el acto reclamado se rige por el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece en sus artículos 133, fracción I, 229, 231, fracción III, 240 y 246, que tal acto es materia de conocimiento del Juez de Control, autoridad facultada para devolver a la persona que acredite o demuestre derechos sobre los bienes que no estén sometidos a decomiso, aseguramiento, restitución o embargo, inmediatamente después de realizar las diligencias conducentes. En principio, conviene establecer para el estudio de la causa de improcedencia, el contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prevé lo siguiente: "Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.] Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes.." El artículo constitucional antes citado establece que los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial. Por su parte, los artículos 133, fracción I, 229, 231, fracción III, 240 y 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan lo siguiente: "Artículo 133. Competencia jurisdiccional Para los efectos de este Código, la competencia jurisdiccional comprende a los siguientes órganos: I. Juez de control, con competencia para ejercer las atribuciones que este Código le reconoce desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio;." "Artículo 229. Aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito Los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, serán asegurados durante el desarrollo de la investigación, a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. Para tales efectos se establecerán controles específicos para su resguardo, que atenderán como mínimo a la naturaleza del bien y a la peligrosidad de su conservación." "Artículo 231. Notificación del aseguramiento y abandono El Ministerio Público deberá notificar al interesado o a su representante legal el aseguramiento del objeto, instrumento o producto del delito, dentro de los sesenta días naturales siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición, según sea el caso, una copia del registro de aseguramiento, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, la notificación se hará por dos edictos que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación o su equivalente, medio de difusión oficial en la Entidad federativa y en un periódico de circulación nacional o estatal, según corresponda, con un intervalo de diez días hábiles entre cada publicación. En la notificación se apercibirá al interesado o a su representante legal para que se abstenga de ejercer actos de dominio sobre los bienes asegurados y se le apercibirá que de no manifestar lo que a su derecho convenga, en un término de noventa días naturales siguientes al de la notificación, los bienes causarán abandono a favor de la Procuraduría o de las Entidades federativas, según corresponda. Transcurrido dicho plazo sin que ninguna persona se haya presentado a deducir derechos sobre los bienes asegurados, el Ministerio Público solicitará al Juez de control que declare el abandono de los bienes y éste citará al interesado, a la víctima u ofendido y al Ministerio Público a una audiencia dentro de los diez días siguientes a la solicitud a que se refiere el párrafo anterior. La citación a la audiencia se realizará como sigue: [.] III. Al interesado de manera personal y cuando se desconozca su domicilio o identidad, de conformidad con las reglas de la notificación previstas en el presente Código." "Artículo 240. Aseguramiento de vehículos En caso de que se presente alguno de los supuestos anteriores, el Ministerio Público podrá ordenar el aseguramiento y resguardo del vehículo hasta en tanto se esclarecen los hechos, sujeto a la aprobación judicial en términos de lo previsto por este Código." "Artículo 246. Entrega de bienes Las autoridades deberán devolver a la persona que acredite o demuestre derechos sobre los bienes que no estén sometidos a decomiso, aseguramiento, restitución o embargo, inmediatamente después de realizar las diligencias conducentes. En todo caso, se dejará constancia mediante fotografías u otros medios que resulten idóneos de estos bienes. Esta devolución podrá ordenarse en depósito provisional y al poseedor se le podrá imponer la obligación de exhibirlos cuando se le requiera. Dentro de los treinta días siguientes a la notificación del acuerdo de devolución, la autoridad judicial o el Ministerio Público notificarán su resolución al interesado o al representante legal, para que dentro de los diez días siguientes a dicha notificación se presente a recogerlos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, los bienes causarán abandono a favor de la Procuraduría o de las Entidades federativas, según corresponda y se procederá en los términos previstos en este Código. Cuando se haya hecho constar el aseguramiento de los bienes en los registros públicos, la autoridad que haya ordenado su devolución ordenará su cancelación." De los numerales transcritos se advierte que, el aseguramiento de los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, asegurados durante el desarrollo de la investigación, es susceptible de impugnarse ante el Juez de Control, ya que establece en forma clara, que es a esta autoridad jurisdiccional a quien le corresponde determinar si es correcta dicha medida -aseguramiento-, así como el instruir a la autoridad ministerial a su devolución, conforme a lo dispuesto por el artículo 16 constitucional. Bajo tales aspectos, se estima conveniente destacar, que los artículos 40 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagran el principio de supremacía constitucional, en tanto disponen que la Constitución es la ley fundamental o suprema, naturaleza que niega la posibilidad de que esté sometida a otro cuerpo normativo superior y, en cambio, requiere que todo le sea inferior y que cada acto de autoridad esté de acuerdo con ella; de lo que colige que, la Constitución es la norma fundamental que unifica y da validez a todas las demás normas que constituyen un orden jurídico determinado y conforme a su artículo 133. Ello es así, en virtud de que es precisamente la Carta Fundamental la que unifica la pluralidad de normas que componen el derecho positivo de un Estado. De ahí que la Constitución no puede ser violatoria de derechos fundamentales, pues precisamente el carácter de Norma Fundamental le otorga la prerrogativa formal de ser el único ordenamiento que puede llegar al extremo de limitar o restringir alguna garantía individual; en atención a lo dispuesto en el primer párrafo, del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala: ". En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que está Constitución establece." Por consiguiente, el principio de supremacía constitucional permite incorporar a la Ley Fundamental ciertas restricciones, modalidades, limitaciones e incluso supresiones de los derechos políticos o de los derechos fundamentales, sin que ello implique una contravención a los mismos, ya que no son inmutables, ni existe constitucionalmente impedimento alguno para ajustar su contenido a la voluntad social predominante. De ahí que al ser la Constitución el fundamento de validez formal de todo orden jurídico, sus disposiciones adquieren un rango que no es posible discutir en un órgano jurisdiccional, ya que los tribunales también se apoyan y se alojan dentro de dicho orden, y en el caso de querer resolver sobre la justificación de alguna norma constitucional, carecería de una referente jurídico contra el cual contrastarla, pues no puede subordinar entre si sus contenidos, con lo cual dejaría de ser la razón de validez de todo el sistema de normas que de ella derivan. Por tanto, sí el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial; y por su parte, los artículos 133, fracción I, 229, 231, fracción III, 240 y 246, del Código Nacional de Procedimientos Penales, definen que el Juez de Control es la autoridad facultada para devolver a la persona que acredite o demuestre derechos sobre los bienes que no estén sometidos a decomiso, aseguramiento, restitución o embargo, inmediatamente después de realizar las diligencias conducentes. Por lo que, es claro que bajo el nuevo paradigma Constitucional, antes de ocurrir al juicio de amparo indirecto, los gobernados que reclamen una retención o aseguramiento de cualquier objeto, deberán acudir ante la autoridad judicial reconocida por la Constitución, para impugnar lo relativo a dicha retención. Aunado a que, de sostener que es innecesario acudir ante dicha instancia judicial previo a la promoción del juicio de amparo o declararlo como optativo, propiciaría el abuso del juicio Constitucional, pues para hacerlo procedente bastaría aducir que las actuaciones del Fiscal investigador durante la integración de la carpeta de investigación viola derechos humanos, obligando al Juez de Distrito a estudiar las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis ante la instancia judicial correspondiente. Es por ello que, en el caso, se surte la causa de improcedencia invocada, ya que previamente al ejercicio de la acción constitucional, la parte quejosa debió de acudir ante el Juez de Control y agotar el procedimiento jurisdiccional de referencia, pues a través de la expresión de los agravios correspondientes, tiene la posibilidad de atacar la omisión que aquí combate y que tiene que ver directamente con el aseguramiento del vehículo que describe en su demanda... Sin que pase inadvertido para quien esto resuelve el hecho de que también señale como responsable al representante legal de la persona moral denominada Encierro Gruas "Vesco", a quien le atribuye la omisión de entregarle la camioneta materia del litigio, porque dicha negativa es consecuencia de la actuación del agente del Ministerio Público de la Federación encargada de la célula III-2 OAXACA, llevador de la carpeta de investigación ***; pues al no referir como debe realizarse la entrega del vehículo, no es clara la orden de devolución del mismo; cuestión que está íntimamente relacionada con la omisión atribuida a la autoridad investigadora y tal motivo de disenso también puede ser alegado ante el Juez de Control para que se determine si la devolución del vehículo debe ser sin ningún costo para el aquí quejoso o no. Por lo cual, con motivo de lo antes expuesto y al no advertirse que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, ocasione una afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa, se desecha de plano la demanda de amparo, al actualizarse en forma evidente la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los numerales 133, fracción I, 229, 231, fracción III, 241 y 246, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin que el anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo... Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda; y por autorizado para tales efectos sin las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que designa, toda vez que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las persona que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
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