AARON NICOLAS PEREZ y Otros.
Expediente 507/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 507/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- AARON NICOLAS PEREZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, doce de abril de dos mil dieciséis. Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que, en la especie, mediante proveído de treinta y uno de marzo pasado (fojas 24 a 26), se desechó de plano la demanda de amparo promovida por AARON NICOLÁS PÉREZ, el cual se le notificó el uno de abril pasado (foja 27); como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción, ello de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE." MESA II
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por AARON NICOLÁS PÉREZ, contra actos del Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con residencia en la ciudad de México, y otras autoridades y anexo. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 507/2016. En principio, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5 de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) "Artículo 5. Son parte en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Los artículos transcritos, revelan que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no provienen de autoridad, verbigracia las relaciones de coordinación que son las entabladas entre particulares, en los cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley de los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; de este tipo de relaciones, las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En el caso, del contexto de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama "la falta de pagos de salarios de las dos quincenas del mes de marzo de dos mil dieciséis" Como se ve, el acto reclamado deviene de una relación entre particulares, esto es, del trabajador hacia el patrón. Entonces, el acto reclamado no puede ser materia del juicio de amparo, por ser ajeno a una relación de supra a subordinación, precisamente porque así lo ha dilucidado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia de carácter temática, 2a./J. 79/2014 (10a.), consultable en la página seiscientos noventa nueve, del Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro: 2007066; de epígrafe y contenido siguientes: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor." Ilustra lo anterior, la jurisprudencia de Pleno de Circuito, 2a./J. 79/2014 (10a.), consultable en la página mil novecientos treinta y uno, del Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro: 2008658; del rubro y contenido siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE CUANDO SE RECLAMA AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN, QUE DEBE RESPONDERSE EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR (APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 211/2009). Conforme a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 54/2012 (10a.), el auto inicial no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; sin embargo, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos en los que sí se actualice, por determinadas circunstancias, la consideración de que los actos reclamados no son de autoridad para efectos del juicio constitucional, ya que, de existir elementos de juicio indubitables de que se actualiza la causal de improcedencia; verbigracia, en los casos de que la actuación y sujeto (autoridad) a quien se les atribuya, subsumen en alguna hipótesis definida por el Alto Tribunal en el que se precise que determinado tipo de actuación u omisión no puede atribuirse a los emisores como autoridades para efectos del juicio de amparo, no sería posible arribar a una convicción diversa, de modo que, con independencia de los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, son innecesarios para configurar de manera notoria y manifiesta una improcedencia; dicho de otra forma, no se está en un supuesto de interpretación por parte del juzgador, sino de aplicación exacta de un criterio jurisprudencial por encuadrar en el caso concreto definido, pues denota que la causal se encuentre plenamente probada y no requiere inferirse con base en presunciones. En concordancia con ello, si la Sala referida, en la jurisprudencia 2a./J. 211/2009, precisó que contra la omisión atribuida al Instituto Mexicano del Seguro Social, de responder a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su carácter de ente asegurador, es improcedente el juicio constitucional, al no estar en presencia de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la relación que existe entre el asegurado y el Instituto en dicho supuesto es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano (de igualdad), es indudable que si en una demanda inicial de amparo, el Juez de Distrito advierte de su lectura que se actualizan de manera patente las hipótesis indicadas en el criterio jurisprudencial aludido, ello constituye una causa manifiesta e indudable de improcedencia, pues sólo tendrá que aplicar los supuestos del caso concreto al criterio jurisprudencial reseñado. Ahora bien, el contenido de dicha jurisprudencia continúa vigente en el régimen jurídico de la actual Ley de Amparo, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social, a la luz de las disposiciones de la Ley de Amparo abrogada y de las contenidas en la vigente, no ha cambiado su naturaleza jurídica y, por ello, no es autoridad para efectos del juicio constitucional, ni realiza actos equiparables a los de autoridad, tratándose de la omisión de dar respuesta, en su carácter de ente asegurador, a una solicitud elevada en ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. PLENO DEL DECIMOQUINTO CIRCUITO". En las relatadas consideraciones, se deduce que las negativas para cubrir el salario y enterar las cuotas obrero patronales, derivan de una relación de trabajo, puesto que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, residente en la ciudad de México, sustituye en sus obligaciones al patrón, por consiguiente, carece de las características de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por tratarse de un acto suscitado entre particulares, ya que, en el caso las partes mencionadas se encuentran en un mismo plano, no existe una relación jurídica entre gobernante y gobernado, sino una relación de coordinación regulada por el derecho privado en la que el ente público actúa como particular, y no con el carácter de autoridad, pues la indicada relación en el caso concreto, es de índole laboral. De manera que se encuentra en aptitud de combatir en otra vía, mediante el ejercicio de la acción que corresponda, si se toma en consideración que la relación subyacente es de índole laboral. Además, aun cuando la responsable tiene facultades para emitir actos unilaterales en un plano de supra a subordinación frente a los particulares, sin necesidad de acudir a los órganos judicial para hacer cumplir su voluntad, ello no implica que todos los actos que emitan necesariamente sean impugnables en amparo, sino que en cada caso tendrá que analizarse la naturaleza del acto para determinar si a través de él se crean, modifican o extinguen, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten los derechos de particulares. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia analizadas, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, DE PLANO, SE DESECHA, la demanda de garantías. Ahora, toda vez que señalan los estrados de este Juzgado, para oír y recibir notificaciones, el cual no es propiamente un domicilio procesal, con fundamento en los artículos 27 fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, las notificaciones personales se les practicarán por lista de acuerdos. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo." MESA II
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