Aaron Moreno Espinosa
Expediente 759/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 759/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/05/2023
Partes del expediente
- Aaron Moreno Espinosa
Actuaciones
- Principal
III. Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, mediante el cual, informa que aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional para conocer del presente asunto; por tanto, con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, intégrense al expediente electrónico y físico para los efectos legales conducentes. Por tanto, toda vez que ya no existe asunto que cumplimentar en el juicio que nos ocupa, archívese este juicio como concluido y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno electrónico y físico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En términos del artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, que dice: "Artículo 35. Orden de archivo. Todos los expedientes judiciales en los que se acordó su archivo como asunto concluido deberán indicar la valoración que corresponda, incluyendo alguna de las siguientes leyendas: Relevancia documental, Conservable, Depurable o Destruible. Las leyendas referidas en el párrafo que antecede deberán constar en la carátula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia. El servidor público designado verificará que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad." Con el fin de proveer lo relativo al destino del presente expediente, se especifica lo siguiente: Criterio de valoración "Artículo 12. Valoración de expedientes. Los titulares de los órganos jurisdiccionales deberán valorar los expedientes que generen, de conformidad con los supuestos que se establecen en el presente Acuerdo" A) Expedientes destruibles "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: I. Expedientes Auxiliares: Cuadernos de antecedentes; Expedientes varios; Comunicaciones oficiales (exhortos, despachos, requisitorias); y Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones. II. Expedientes judiciales: Duplicados, siempre que se cuente con el original; y Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que no se haya establecido jurisprudencia; En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes auxiliares que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General. B) Plazo para destrucción. "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. Impedimentos; Recusaciones Excusas; Returnos; Incompetencias; Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General." 1.- Criterio de valoración. En virtud de lo expuesto en los párrafos que preceden y en cumplimiento al artículo 12 del citado Acuerdo General se indica que el presente expediente carece de relevancia documental, al no encontrarse en los supuestos establecidos en el artículo 15 del referido Acuerdo; de igual forma, se precisa que en el asunto que nos ocupa no hay información reservada a la que hace referencia el diverso artículo 19. 2.- Expediente destruible. Se indica que de conformidad con el artículo 21, inciso b) del multicitado acuerdo este expediente es destruible, porque este juzgador se declaró incompetente para conocer del presente asunto. 2.1.- Plazo para destrucción. Una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, es decir, del ********************, y cumplido tal término, con veinticuatro horas de anticipación a los treinta días siguientes que prevé el tercer párrafo del artículo 21 del multicitado acuerdo, el Secretario encargado deberá dar cuenta para destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General referido se ordena al oficial judicial "c" a fin que anote en la carátula del expediente la leyenda respectiva, es decir "Relevancia documental, Conservable, Depurable o Destruible"; asimismo, el Secretario encargado deberá dar fe que la leyenda anotada sea la correcta. De igual forma que queda a cargo del oficial judicial "c, sin mayor proveído e indicación la integración y preparación de las formalidades de ley, del expediente tanto físico como electrónico; la realización y captura de los datos de éste, en el acta de destrucción que se prepare, una vez trascurrido el plazo citado en párrafos precedentes, a fin de dar cumplimiento a la circular 2/2020. Se comisiona al Secretario encargado del trámite del presente asunto, para que al día siguiente de que obre la notificación del presente auto lo entregue físicamente al archivo y en los términos señalados, sin mayor proveído e indicación de cuenta con el inicio y fin del procedimiento de destrucción, como el cumplimiento del mismo por los oficiales judiciales c y a. Se ordena al oficial judicial "c" y a los secretarios respectivos, que una vez que el expediente sea entregado físicamente al archivo y se realice el procedimiento de destrucción; verifiquen las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno electrónico y físico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) de parte de oficial judicial (a). Lo incorporen a la lista de reporte estadístico mensual de la mesa III, a fin que los Secretarios de las mesas IV y VI actualicen el concentrado general y generen su reporte estadístico mensual.
- Principal
III. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo indirecto promovida por ********************, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México; se ordena formar el expediente electrónico e impreso; capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 759/2023-III. +++. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO En términos de lo previsto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se hace la precisión de que el acto tildado de inconstitucional es el siguiente: La determinación emitida en audiencia de ********************, en la causa de control ********************del índice del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, por la que se calificó de legal la detención del aquí quejoso ********************, por la probable intervención en la comisión del hecho delictuoso de ********************. INCOMPETENCIA Ahora bien, este Juzgador considera que es legalmente incompetente por razón de territorio. Para arribar a esta determinación, es necesario tomar en consideración lo dispuesto por el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: +++. Ahora bien, como los actos reclamados son los que determinan la competencia de los Jueces Federales, es necesario hacer algunas reflexiones al respecto, en relación con las reglas competenciales indicadas. Por lo que hace a la primera, el lugar en que vaya a ejecutarse el acto reclamado es el elemento básico que fija la competencia de Juez de Distrito, es decir, es Juez competente aquél en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. En el segundo supuesto, si los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos Jueces de Distrito, la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de aquél ante quien se presentó la demanda. Por último, cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juez de Distrito es ante quien se presentó la demanda. Esta regla se aplica a actos negativos o declarativos, que no originen ejecución alguna, pues en este último supuesto, rigen las dos reglas precedentes. Por tanto, en la especie se actualiza la primera de las hipótesis descritas, pues, el acto reclamado en esta instancia no conlleva ejecución en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, toda vez que atendiendo a la naturaleza de éste, sus efectos se trasladan, directamente al proceso y es ahí donde tendrá su principal impacto y repercusión, es decir, en la jurisdicción del Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno. En abundamiento, se afirma que en el caso se actualiza la primera hipótesis contenida en el artículo 37 de la Ley de la materia, toda vez que de los antecedentes del acto reclamado se advierte que la causa de control ********************de origen se encuentra radicada ante el Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. De esta manera, si en el amparo se reclama la determinación emitida en audiencia de ********************, en la causa de control ********************del índice del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, por la que se calificó de legal la detención del aquí quejoso ********************, por la probable intervención en la comisión del hecho delictuoso de ********************, es evidente que el referido acto reclamado tendrá repercusión directa en el procedimiento de origen; de ahí que se reitere que este órgano jurisdiccional, carece de competencia legal para conocer del presente asunto, en razón a que el juicio de origen se encuentra radicado en Tlalnepantla, Estado de México, lugar en el que este Juzgado de Distrito, no ejerce jurisdicción. Además, de que el quejoso ********************, manifestó que se encontraba recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Barrientos, Estado de México, quien tiene su residencia en Tlalnepantla, Estado de México. Por ello, se estima que en el caso resulta competente para conocer del presente juicio de amparo un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en Turno, en cuya jurisdicción conlleva ejecución el acto reclamado, conforme a la primera regla de competencia establecida con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y adicionado en su similar 3/2021, publicado el once de octubre de dos mil diecinueve. Resulta aplicable en por analogía, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, consultable en la página 2183, Tomo III, con número de registro 160608, cuyo rubro y contenido son: +++. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítase la demanda y sus traslados al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en Turno, pues, es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde produce sus efectos el acto reclamado. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno físico y electrónico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por imperativo expreso del numeral 2° de la ley de la materia, téngase como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que indica. AUTORIZADOS En atención a la certificación de cuenta, ténganse como su autorizada únicamente en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas señalados en la demanda de amparo por así haberlo solicitado expresamente. USO DE MEDIOS DE ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de todas las partes en el presente asunto que a partir de esta fecha se les permite la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pero se les informa que deberán conducirse con lealtad procesal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados; con excepción de la información que se haya remitido por las autoridades responsables clasificada como reservada o confidencial, la cual no podrá ser objeto de reproducción, en términos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debiéndose glosar constancia en autos de dicha circunstancia. LEY DE TRANSPARENCIA Conforme a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los tribunales de circuito y juzgados de distrito; en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que sus datos personales serán clasificados como confidenciales, salvo que expresen su consentimiento para permitir el acceso a dicha información.
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